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El diputado de IU, Gaspar Llamazares, se hace eco de un incidente ocurrido el
pasado 21 de mayo, según el cual “varios agentes de la Policía entraron en el
Centro Social La Madreña
(Oviedo) para entregar el requerimiento judicial previo al desalojo del centro
social ocupado”. Añade que “durante la visita policial se produjo un incidente
cuando los agentes exigieron las cámaras de algunos de los miembros de La Madreña, con las que
habían sido fotografiados, y borraron las imágenes y vídeos”. “Cuáles son el
criterio y las directrices del Ministerio del Interior para que la Policía se incaute de
cámaras pertenecientes a ciudadanos y borre las imágenes fotografiadas o
filmadas por ellos”, se pregunta Llamazares. La actual Ley de Seguridad
Ciudadana apoya la ideología de un Gobierno de derechas. El Ministerio del
Interior advierte que la
Policía puede incautar
cámaras de video, de fotos o cualquier otro objeto, si los agentes
consideran que pueden emplearse para “cometer algún acto ilegal”. IU cuestiona
al Gobierno por las directrices “para que la Policía se incaute de cámaras pertenecientes a
ciudadanos y borre las imágenes fotografiadas o filmadas por ellos”. El
Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz asegura que “no se ha impartido directriz o instrucción
alguna” a este respecto, pero advierte de que “con carácter
general” y “de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 1/1992,
de Protección de la
Seguridad Ciudadana”, los agentes policiales “podrán ocupar
preventivamente los efectos o instrumentos susceptibles de ser utilizados para
acciones ilegales”. E Interior precisa que “en aquellos casos en los que se
procediera a la intervención de este tipo de material, se informará a la
autoridad judicial y se pondrán a su disposición los efectos concernidos”.
Dunja Mijatovic, representante para la Libertad de Prensa de la OSCE.
Los antecedentes de estos hechos se remontan al
primero de abril de este año, en que Dunja Mijatovic, representante para la Libertad de Prensa de la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa), expresa su preocupación por la “violencia e
intimidación por parte de policías contra periodistas” que cubrían las
protestas del pasado 29 de marzo, en Madrid, e insta al Gobierno a abrir una “investigación en profundidad sobre
estos ataques”. “Cualquier intento de intimidar o atacar a periodistas es una
clara violación del derecho a la libertad de los medios y no puede tolerarse”,
dice Mijatovic. La OSCE
se basa en las informaciones de los medios electrónicos eldiario.es y periodismohumano.com y en las denuncias de la Asociación Nacional
de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión, la Federación de
Sindicatos de Periodistas de España y la Federación de Asociaciones de Periodistas de
España, según las cuales agentes de policía atacaron a periodistas que se
habían identificado claramente como
tales. Se trataba de los periodistas Gabriel Pecot, Mario Munera y Juan
Ramón Robles de eldiario.es, William A. Criollo (freelance) y Raul Capin
de Diario Independiente Digital
(DID) y Mundo Obrero. Mijatovic
advierte de la importancia de la seguridad de los periodistas, puesto que el
derecho a la información para unos medios de comunicación libres y democráticos
es una premisa básica para el derecho el ejercicio.
Cuatro fotoperiodistas denuncian las agresiones
de la Policía
el 29-M.
Ese mismo día, varios periodistas son golpeados
por los agentes antidisturbios de la
UIP (Unidades de
Intervención Policial), tras la movilización de “Jaque al
Rey” frente al Congreso, mientras graban y fotografían
la detención de una persona, que se identifica como prensa mientras es
esposada. Los hechos ocurren al lado de la Plaza del Reina Sofía, cercana a la estación de
Atocha, hasta donde la Policía
había empujado a los manifestantes. Varios agentes comienzan a perseguir a un periodista que,
según su versión, trata de evitar que continúen empujando a una compañera.
Varios fotógrafos les siguen. “Hasta ese momento habíamos trabajado con
normalidad y nos estaban viendo durante toda la manifestación”, explica Gabriel
Pecot, uno de los fotoperiodistas freelance agredidos. “Yo estaba a
varios metros haciendo un foto, respetando la distancia, cuando me golperon por detrás y
caí al suelo”, añade, asegurando que iba perfectamente
acreditado. “No me podía mover del
suelo. Mis compañeros intentaron venir a socorrerme y los agentes empezaron a
golpearles también a ellos. Y, en el forcejeo, vuelvo a recibir golpes”. Al
final, los UIP, que no llevaban visible el número de identificación
obligatorio, dicen que se vayan, o seguirán golpeándoles. Los cuatro
periodistas tuvieron que recibir asistencia médica. Con el parte que acredita
los golpes, el propio Pecot, Juan Ramón Robles, Mario Munera y Rodrigo García,
presentan una
denuncia en los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid. “Lo que pasó el 29 es una agresión más
que encuadramos en un contexto más amplio y sostenido”, asegura Pecot. En este
sentido, el fotoperiodista José Luis Cuesta ha recordado cómo se han vivido
situaciones de esta índole en muchas ocasiones anteriores. “Da igual que
llevemos chaleco o no, que además no es obligatorio”, asegura, recordando que “cualquier
ciudadano tiene derecho a informar. Cuando quieren que no estemos en un sitio,
se encargan de echarnos por cualquier medio”.
La
Federación de Sindicatos de
Periodistas asegura que estos hecho suponen un “salto
cualitativo en la actitud obstruccionista que algunos agentes mantienen, cada
vez con más frecuencia, contra los fotoperiodistas durante las protestas de la
ciudadanía en la calle” y exige a la Delegación del Gobierno que abra una
investigación y adopte las medidas necesarias para que no se repitan conductas
de este tipo. “El incremento de las agresiones a los fotógrafos
viene registrándose a la vez que aumentan las protestas contra las
políticas del Gobierno. Es preocupante que el Ministerio del Interior haya
elaborado un anteproyecto de reforma de la Ley sobre Protección de la Seguridad Ciudadana
que ha sido rechazado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y por
otros organismos, porque lo consideran anticonstitucional y contrario a
derechos de la ciudadanía como el de la libre expresión y manifestación”, añade
la FeSP en un
comunicado. Y recuerda que los policías no pueden exigir a los periodistas y
fotoperiodistas un carné oficial, como hacen con frecuencia, porque, en España,
esta profesión no está regulada por ley
y, por tanto, no existe ese carné. La propia OSCE expresa su preocupación por
la “violencia e intimidación por parte de policías contra periodistas” e insta
al Gobierno a abrir una “investigación en profundidad sobre estos
ataques”.”Cualquier intento de intimidar o atacar a periodistas –dice Dinja
Mijatovic, la representante para la
Libertad de Prensa de este organismo– es una clara violación
del derecho a la libertad de los medios y no puede tolerarse”. También la Federación de
Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha condenado los hechos y ha
pedido una investigación.
Ignacio Cosidó, director General de la
Policía.
Por su parte, Ignacio Cosidó, director
general de la Policía,
insiste, en estas mismas fechas, en recomendar a los periodistas que cubren las
protestas y manifestaciones, que vayan debidamente acreditados e identificados
con un chaleco, con el objetivo de que puedan ser claramente identificados. “En
esas situaciones de tensión, no es fácil distinguir a un periodista
de una persona que está, incluso a veces, agrediendo a la Policía”, afirma Cosidó,
apuntado que existe un diálogo “permanente” con los colegios de periodistas y
asociaciones de la prensa y considerando que un chaleco identificativo es algo
“muy útil” y que, por ello, lo recomienda. Sin embargo, el uso del chaleco, que otorgan las asociaciones de la prensa, no es
obligatorio ni están regulados legalmente. Cosidó insiste en que, en
las movilizaciones, se suelen producir situaciones de “tensión y de confusión”,
que hay que afrontar “con la mejor voluntad”. Y añade que, como el derecho de
información está “consagrado”, la
Policía lo “respeta siempre”. Aludiendo a las críticas
recibidas, incluso por el propio colectivo policial, tras los disturbios
del 22 de marzo en Madrid, en los que más de 100 manifestantes y 67 agentes
resultaron heridos, resalta que se ha puesto en marcha una investigación “reservada”
con objeto de aclarar lo sucedido.
Esperanza Aguirre se dio a la fuga, según la Agencia Atlas y Efe, y tras
arrollar la moto de un agente.
También Esperanza Aguirre, presidenta del PP de
Madrid, arremetía el pasado mes de abril contra la Organización para la Seguridad y Cooperación
en Europa (OSCE), una organización cuyos directivos “posiblemente tendrá unos
sueldazos impresionantes, una burocracia y una estructura” –que, a su juicio,
habría que “plantearse” si “conviene” –que “cuestiona” la actuación de la Policía. Aguirre repite sus críticas a los miembros de la OSCE que vigilaron la
actuación policial en las Marchas de la Dignidad del pasado 22 de marzo y después se
reunieron con miembros del Gobierno y mandos policiales, preguntando sobre el
dispositivo de seguridad y los disturbios producidos. “La OSCE es una organización que
se crea para llevar las libertades al Este cuando había muchos países bajo la órbita de la entonces Unión Soviética”,
recuerda Esperanza Aguirre, apostillando a continuación que “allí no hizo nada
o hizo muy poco”. “¿Quiénes se creen que son esos señores de la OSCE para venir a España a vigilar a
nuestra Policía como si esto fuese una república bananera?”, se
pregunta Esperanza
Aguirre, convencida de que el 22-M, Madrid vivió una jornada de
terrorismo callejero. A su juicio, los
organismos internacionales pueden establecer los criterios que consideren
“pertinentes”, pero también traslada su “máximo
respeto” por la labor de las fuerzas de orden público. La presidenta del
PP madrileño, además de despreciar la labor del organismo comunitario, se sube
al carro patriotero y se muestra convencida de que “un país serio” no hubiera
tolerado una inspección similar. “Una nación que se respete a sí
misma no puede permitir que se ataque así a sus policías, que son los últimos
garantes de nuestra libertad”, añade Aguirre, que valora la “templanza” de los
antidisturbios y su “verdaderamente admirable” sentido de la disciplina. Cuatro
días después de estas declaraciones, Aguirre se daba a la fuga, según la
policía, cuando iba a ser multada en el centro de Madrid. “Se puso muy
nerviosa, se subió a su vehiculo, arrancó y golpeó una moto”, señala el parte
oficial. La presidenta del PP en Madrid hizo “caso omiso” a una patrulla
policial que le ordenaba detenerse.
Meses más tarde, explotaba en Cataluña el Caso
Pujol. Y, el pasado miércoles, el “Financial Times”, rotativo británico,
analizaba en su editorial el escándalo sobre las cuentas
opacas en el extranjero del, “padre del nacionalismo catalán” y su familia,
que podrían “alterar significativamente” el futuro del debate independentista
catalán y la consulta prevista para el 9 de noviembre. El título era ““La vergüenza de Cataluña,
una mancha sobre España”. Y decía: “Los españoles más críticos
con el independentismo catalán, incluido el presidente Mariano Rajoy,
se deben estar frotando las manos de alegría”. Así arrancaba el texto del
diario salmón, que criticaba duramente al expresidente de la Generalitat: “El señor
Pujol sorprendió a muchos, hace algunas semanas, tras revelar que fue partícipe
de un fraude
fiscal durante 34 años. Una noticia que sin duda contamina la
imagen de rectitud y trabajo que el “honorable” estuvo defendiendo durante
tanto tiempo, y echa por tierra su argumento de que Cataluña aporta al Estado
más de lo que recibe. Al menos el argumento moral, ya que él es el primero que
se ha llevado dinero de las arcas”. El periódico tacha en su editorial de “hipócrita” al expresident. “El
señor Pujol escribió, tras la victoria de Alemania en la Copa del Mundo: ‘Es bueno
sentir orgullo al haber llegado donde hemos llegado sin hacer trampas’ –en
referencia a la trayectoria de la selección española durante un campeonato
lleno de polémica por la actuación de los árbitros–. Una frase poco acertada
‘para un evasor de impuestos’, insiste el FT. Pero además de los argumentos
morales y económicos, sugiere que el mayor varapalo a raíz del caso se lo puede llevar el
movimiento soberanista.
“Gobernó Cataluña durante 23 años, y su partido pasó de tener una postura
independentista moderada a pedir directamente un Estado independiente. Es el
padre del nacionalismo catalán moderno y esto puede suponer una gran decepción
para el movimiento”.
Mas y Rajoy, en el pasado mes de julio.
El diario inglés insiste en que este nuevo
escándalo, que se suma a otros recientes como los ERE falsos de
Andalucía, pone de manifiesto una vez más la “necesaria renovación
institucional de España”, y la “urgencia” de que el presidente
del Gobierno redefina las líneas de los gobiernos regionales. Porque no todo
tiene por qué ser negativo, según este diario: “La actual situación en Cataluña
lo que debe propiciar es un ‘necesario encuentro’ entre Rajoy y Artur Mas y la
concesión de algunas de las demandas catalanas sobre financiación, ‘que podrían
evitar al mismo tiempo unas elecciones anticipadas y, en ese proceso, abrir un
debate más profundo sobre el equilibrio de competencias entre las autonomías y
el Ejecutivo central”. Financial Times asegura que el escándalo Pujol ha asestado
un fuerte golpe a los anhelos soberanistas alentados por el partido
de Artur Mas, CiU, y cree que “los
españoles más críticos con el independentismo, incluido el presidente
del Gobierno Mariano Rajoy, se deben
estar frotando las manos de alegría”. El diario económico considera que
el fraude fiscal confesado por “el padre del independentismo catalán” alterará
“significativamente” el debate independentista. El editorial, muy duro con Jordi Pujol, insiste
en que el hecho de que éste se quedara con dinero de las arcas catalanas “socava la autoridad moral” del argumento
soberanista. “Gobernó Cataluña durante 23 años, y su partido pasó de
tener una postura independentista moderada a pedir directamente un Estado
independiente. Puede suponer una gran
decepción para el movimiento”, reflexiona el editorial. El FT considera
que es “necesaria la renovación institucional de España” y cree que el escándalo Pujol es una
oportunidad para “el diálogo entre el Gobierno de Madrid y la Generalitat de
Cataluña”, que podría “evitar unas elecciones anticipadas y, en ese
proceso, abrir un debate más profundo sobre el equilibrio de competencias entre
las autonomías y el Gobierno central”.
'Financial
Times' considera que
el escándalo
“presenta tanto oportunidades como peligros. El Periódico de Cataluunya opina
que, frente a la oportunidad que supone propiciar nuevas líneas de diálogo
entre el Gobierno de Madrid y la
Generalitat, el editorial del FT resalta que una
investigación más profunda podrían desembocar en “una ruptura de la coalición”
y la convocatoria de elecciones anticipadas. En ese caso, el diario británico
prevé que “más partidos independentistas podrían ganar poder” y el nuevo
parlamento resultante “podría tener la tentación de emitir una declaración
unilateral de independencia, sumiendo al país en una crisis constitucional sin
precedentes desde la transición a la democracia a finales de 1970”. En este sentido, y
como conclusión del editorial, la situación actual apunta a un necesario
encuentro Mas-Rajoy y la concesión de algunas de las demandas catalanas, “que
podrían evitar, al mismo tiempo, unas elecciones anticipadas y abrir un debate
más profundo sobre el equilibrio de competencias entre las autonomías y el
Gobierno central”.
Josep Tarradellas, en la toma de
posesión de Jordi Pujol
Por cierto, el diario digital Vozpópuli nos
recuerda lo que, en 1985 Tarradellas, decía sobre Pujol: “Debería dimitir por
lo de Banca Catalana; es un dictador que dejará un lastre muy grande. Su acción
de gobierno se limita a decir que nosotros somos formidables y Madrid siempre
se equivoca”. Lo recogía, en 1985, José Antich, futuro director de La Vanguardia, en el
diario El País. El primer presidente de la Generalitat después
del franquismo fue muy crítico con Jordi Pujol por el escándalo de
Banca Catalana. Y también con su acción de gobierno, basada en “nosotros
somos formidables y Madrid siempre se equivoca”. La presentación de una
querella contra 25 directivos de Banca Catalana, entre ellos el propio Pujol,
provocó que Tarradellas le aconsejara la dimisión: “Yo le dije que dimitiera,
pero prefirió plantar cara y no me hizo caso”. El propio Pujol desmentiría
estos consejos posteriormente, pero su predecesor añadía que “La gente se olvida de que,
en Cataluña, gobierna la derecha; que hay una dictadura blanca muy peligrosa,
que no fusila, que no mata, pero que dejará un lastre muy fuerte”.
Recogemos el marrón dejado por Juan Carlos I y
recogido por su hijo, Felipe VI. Otros fotomontajes de la semana: El
Principito, Juan Sebastián Elgramo y Juan Sebastián Elnarco, Estar tranquilos,
Rajoy y Santamaría, deliberando en las Cortes y Los monos locos.
Los dibujos de Erlich.
Seguimos en la sección de humor publicada en la
prensa de esta semana, con Alberto Montt. Vergara, Mora, Forges, Peridis, Raúl Salazar,
Vergara, Pat, Montt, Kap…
Pep Roig, desde Mallorca, nos recuerda con su
humor: Gramaticorrupteando, Caos oficial, “No sé qué pasa que lo veo todo
negro”, La traca, Hespañia ba vien y Parados selectivos.
Terminamos con cinco vídeos. En el primero, cuatro periodistas agredidos por policías presentan una denuncia contra la UIP.
El segundo es humorístico, sobre Pujol.
Dos temas del nuevo disco, “Mundo y aparte” de la banda de ska-fusión The Skartes, en el que Kiko, compañero trompetista, forma parte activamente.
El último es realmente divertido, como dice su título:
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