José Luis Moreno, detenido
por presunta estafa y blanqueo de capitales y organización criminal.
El pasado marte detenían
al conocido productor televisivo, José Luis Moreno, por estafa y blanqueo de
capitales. Fue arrestado en el marco de una operación policial para desbaratar
una trama ilegal de decenas de empresas mercantiles internacionales que habría
utilizado para apropiarse del dinero de créditos bancarios y privados. La
Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Jefatura Superior
de la Policía de Madrid, en colaboración con la Guardia Civil de Barcelona, le detuvo
en una operación policial para desbaratar una trama ilegal de decenas de
empresas mercantiles internacionales que habría utilizado supuestamente el
empresario, de 74 años, para apropiarse del dinero de créditos bancarios y
privados. Según el diario El Confidencial, la operación policial, bautizada con
el nombre de Titella (títere o marioneta en catalán), se dirigió contra medio
centenar de involucrados, siendo supervisada por el titular del Juzgado Central
de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno.
Conocido por sus
actuaciones como ventrílocuo, entre las que destacan las realizadas con los
muñecos Monchito, Macario y el cuervo Rockefeller, José Luis Moreno también se
dedicó a producir y dirigir programas de televisión como “Noche de fiesta” y
series como “Aquí no hay quien viva”, “La que se avecina”, “Escenas de matrimonio”
y “Aquí me las den todas”. Los agentes calculan que los investigados en esta
operación estafaron más de 50 millones de euros a través de más de 700
sociedades con las que se apropiaban del dinero de créditos bancarios y
privados. Posteriormente, este dinero se desviaba para que no pudiera ser
reclamado.
Se acusa a Morreno de haber creado un entramado de empresas en el
extranjero para desviar y ocultar los millonarios beneficios de sus proyectos
audiovisuales. La Policía hizo varios
registros, entre ellos en la casa del empresario en la Urbanización Monte
Encinas en Boadilla del Monte, e intervino en más detenciones, sobre todo en Madrid
y Barcelona, donde actuaban la mayoría de los implicados, entre los que habría
directores de oficinas de bancos y algún abogado y notario. Según ElPlural.com,
el nombre del productor y empresario madrileño figuraba en la lista de morosos
que la Agencia Tributaria publicó el lunes. Dos de sus empresas, Kulteperalia
SL y Alba Adriática SL aparecen en este apartado y se le estima una deuda de 3
millones de euros. La situación económica de Moreno no atravesaba por su mejor
momento. Actores y artistas que han trabajado con él le han acusado de no
pagarle sus salarios y tenerlos sin contrato.
El Rey, compartiendo mesa, entre otros, con el
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el de la Generalitat, Pere Aragonés, y
con la alcaldesa, Ada Colau, durante la inauguración del MWC.
El presidente de la
Generalitat, Pere Aragonés, tal como vienen haciendo los representantes de las
instituciones catalanas desde hace más de tres años, evitó el pasado domingo
recibir al Rey y a Pedro Sánchez, a su llegada al pabellón de la Fira de
Barcelona donde se celebra la cena inaugural del Mobile Word Congress. Pero sí
se sentaron en la misma mesa de la cena, el Rey, el presidente, Sánchez, el
president Aragonés y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, junto al director
general de GSMA, Mats Granry, y el presidente de Fira, Pau Relat.
Era la primera vez que un
presidente del Gobierno acudía a la cena inaugural del MWC. Y la segunda visita
del Rey a Catalunya tras la que protagonizó el pasado día 16, cuando tuvo su
primer contacto con Aragonés en una recepción durante la reunión del Cercle
d'Economía. En esa ocasión, aunque el dirigente de ERC declinó participar en la
cena convocada por el foro empresarial, sí saludó al rey Felipe y al presidente
de Corea del Sur, Moon Jae-in, en el encuentro previo y se hicieron una foto de
grupo.
El lunes por la mañana,
las principales autoridades volvieron a coincidir en la inauguración del MWC;
acompañaron al Rey Sánchez, Aragonès, Calviño, los ministros Reyes Maroto
(Industria, Comercio y Turismo) y Juan Carlos Campo (Justicia), Cunillera, las
alcaldesas Colau y Marín (también presidenta de la Diputación de Barcelona), el
vicepresidente Puigneró y conseller Torrent. A pesar de los esos encuentros de
carácter simbólico, el Govern sigue con el criterio de mantener el veto
institucional al rey, instaurado por el anterior president, Quim Torra, en
protesta por el discurso del monarca contra el desafío independentista del 3 de
octubre de 2017. En la última edición
del MWC celebrada en febrero de 2019, el entonces president Torra acudió a la
cena y a la inauguración de la feria, pero se negó a participar en el saludo
protocolario al jefe del Estado y a fotografiarse con él ante el pabellón de
España.
Pese a estos gestos
simbólicos, la presidencia de la Generalitat ya ha informado que no se enviará
a ningún representante institucional a la ceremonia de entrega de los premios
Princesa de Girona que, con asistencia de los Reyes, la princesa Leonor y la
infanta Sofía, se celebrará el próximo jueves, 1 de julio, en la sede de Caixa-Forum,
en Montjuic.
Entre gritos de “independencia” y “autonomía”, 9
líderes independentistas salieron de las prisiones donde se encontraban
cumpliendo condena.
El
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba el lunes de la semana pasada,
desde el Gran Teatro del Liceo de Barcelona que propondría al Consejo de
Ministros la aprobación de los nueve indultos a los condenados en el ‘procés’: Junqueras,
Forcadell, Romeva, Cuixart, Sànchez, Bassa, Forn, Rull i Turull. Por su parte,
los miembros del Govern catalán, que siguieron la comparecencia de sus
compañeros ante el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, no alteraron
sus agendas y plantaron a Sánchez en su presentación en el Liceo. Ya habían
advertido de que la única manera de solucionar el conflicto político entre
Catalunya y España era la amnistía de presos y exiliados y poner fin a todas
las causas judiciales abiertas. “Los indultos –aseguraban
fuentes de Esquerra Republicana– son una respuesta
parcial y personal que no resuelve, en absoluto, la causa general contra el
independentismo”. Son unos 3.000 los afectados por las diferentes causas
abiertas en torno al procés. Y el principal exponente de la represión que quedaba
al margen de los indultos eran los exiliados: el expresident de la Generalitat,
Carles Puigdemont, y los exconsellers Toni Comín, Lluís Puig y Clara Ponsatí,
que residen en Bélgica, la secretaria general de ERC, Marta Vilalta, y la
diputada de la CUP, Anna Gabriel, que residen en Suiza. Son, según datos de
Òmnium Cultural, 44 cargos condenados (además de los seis exiliados) por el
1-O; otros 56 son investigados” por el Tribunal de Cuentas por la misma razón
y, supuestamente, por defender la causa soberanista en el exterior con dinero
público; 18 investigados por las webs que promovieron el referéndum; 18
docentes por implicarse en las votaciones y 712 alcaldes catalanes por permitir
y colaborar con la organización del referéndum del 1-O. Pero el pasado martes sólo
9 presos independentistas condenados a cárcel por el “procés fueron indultados.
Unos indultos aprobados en un Consejo de Ministros de 4 horas, firmados por el
rey y publicados en el BOE. Del resto, todo quedaba como antes.
Curiosamente,
el mismo lunes, el Consejo de Europa pedía en una resolución la liberación de
los políticos catalanes en prisión, el levantamiento de los cargos contra los
exiliados por el ‘procés’ y la reforma el Código Penal español. “¿Debería
enjuiciarse a los políticos por sus declaraciones realizadas en el ejercicio de
su mandato?” se preguntó la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE), al votar una resolución sobre los políticos
catalanes en prisión. El informe, liderado por el socialista de Letonia, Boriss
Cilevics, y aprobado por amplia mayoría (70 votos a favor, 28 en contra y 12
abstenciones), equiparó la situación de los independentistas catalanes con la
de la minoría kurda, reprimida y perseguida durante décadas por el Estado
turco. La Asamblea arrancó su análisis, reconociendo que España es una
democracia que garantiza la libertad de expresión. Sin embargo, estimó que los
políticos catalanes fueron enviados a prisión por “sedición y otros delitos,
como las declaraciones realizadas en el ejercicio de sus mandatos políticos”. El
informe fue una sacudida al Gobierno, que no la acogió con buenos ojos.
Estrasburgo instó a Madrid a considerar los indultos o cualquier otra vía para
liberar a los políticos catalanes por su participación en el referéndum ilegal de
octubre de 2017. Y recomendó la retirada de las demandas de extradición contra
Carles Puigdemont y el resto de exiliados del 1-O, amparando que ninguno de los
políticos en cuestión hizo llamamientos a la violencia. “Por el contrario,
llamaron a evitar incidentes violentos”. Por ello, la APCE pidió la “liberación
sin demora de todos los políticos, bajo la definición de prisionero político de
la Asamblea”. Y recomendó al Gobierno español una reforma del código penal que
evitase confusiones futuras sobre los delitos de rebelión y sedición que puedan
dar lugar a “penas desproporcionadas en delitos no violentos”. El documento
responde con dureza a la contemplación de estos dos delitos a los que se
refiere como “obsoletos” y “contraproducentes” y “convierten a los políticos en
héroes o mártires”, según la resolución, sometida a varias enmiendas del PSOE y
PP, que fueron rechazadas. Boriss Cilevics concluye que, si bien las leyes de
desconexión y la celebración del referéndum se llevaron a cabo “de forma clara
fuera de la Constitución”, nunca dieron lugar a la violencia. “Podrían haber
concluido en algunas sanciones, por ejemplo, por desobediencia”, pero no en las
largas y desproporcionadas condenas por sedición, concluye el socialista Cilevics.
España rechaza el informe del Consejo de Europa sobre
el 'procés'.
Tras
participar en un encuentro con sus homólogos europeos, Arancha González Laya,
ministra de Asuntos Exteriores español, señala, en rueda de prensa en
Luxemburgo, que el documento “adolece de un pecado original” por estas
cuestiones. Asimismo, asegura que las recomendaciones del informe son “incoherentes”
y “confusas”. “González Laya aplaude, por otra parte, que el documento
reconozca la solvencia del Estado de Derecho y la independencia del poder
judicial. El Gobierno de Sánchez no acoge bien la resolución, especialmente en
el cuestionamiento de la libertad de expresión. Y señala que “en España, rige
la separación de poderes”. Aplaude, por otra parte, que el documento reconozca
la solvencia del Estado de Derecho, la independencia del poder judicial y el
reconocimiento de que los actos del 1-O fueron ilegales e inconstitucionales. Por
su parte, Oriol Junqueras celebra que el texto reconozca a los catalanes como “presos
políticos” y pide, por lo tanto, la liberación de todos ellos. La resolución
calienta el anuncio sobre los indultos. El Consejo de Europa, que no forma
parte de la Unión Europea, es el principal garante de los derechos humanos, las
libertades y los derechos fundamentales en el continente. Y, aunque su
resolución no es vinculante, sí envía un mensaje simbólico a Madrid para que
actúe de urgencia en la causa catalana. Poco antes, el líder de ECR señalo en
una entrevista a Catalunya Ràdio que este gesto del Ejecutivo responde a una
necesidad de blindarse ante posibles condenas del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos de Estrasburgo. Pero su aprobación llega poco antes de que Pedro
Sánchez anuncie de forma oficial la concesión de esta medida de gracia para los
políticos catalanes encarcelados.
Las
reacciones de la clase política al anuncio de Sánchez sobre los indultos a los
presos del procés se suceden en las redes sociales, acumulándose tanto las
críticas como los aplausos a la decisión del Ejecutivo. Incluso dentro de las
propias formaciones hay voces discordantes con la postura 'oficial'. Tanto el
PP, Ciudadanos y Vox, como la CUP y Junts, arremeten por motivos diferentes
contra el Gobierno, mientras que el PNV, Más País, Podemos y el PSOE aplauden
la decisión. Ione Belarra, la nueva líder de Podemos y ministra de Derechos
Sociales, subrayaba el lunes que “los indultos acaban con el enquistamiento
político que durante años se ha vivido en Catalunya. Es hora construir un país
fraterno basado en el diálogo y la negociación”. Por el contrario, el dirigente
popular, Pablo Casado, señala que “Sánchez pretende presentar hoy este desfalco
de soberanía en formato de ópera bufa en el Liceo, con una platea subvencionada
por los fondos europeos. Lo que vemos hoy en el Liceo es una supuesta sociedad
civil rota y débil entregada a un Gobierno con dinero, pero sin principios”. El
líder de Vox escribe: “El espíritu de la Constitución es su fundamento, es
decir la indisoluble unidad de la Nación Española, patria común e indivisible
de todos los españoles. Debilitar esa unidad indultando a los golpistas es
pisotear la Constitución y, aún más grave, traicionar a España”. La dirigente
de Cs, Inés Arrimadas, sostiene que “las amenazas del separatismo y los
condenados, crecidos con el indulto, demuestran que el único reencuentro que
tendrá Sánchez es con los golpistas y el procés. Sánchez pasará y España
prevalecerá”. Íñigo Errejón, líder de Más País, afirma que “el Gobierno está
siendo valiente y pensando en el reencuentro. Para nosotros este no es el paso
final sino el que permite iniciar el camino”. El portavoz del PNV, Josune
Gorospe, declara que “es una decisión valiente y absolutamente necesaria. Nosotros
la aplaudimos y apoyamos porque es de justicia y por principios democráticos. Además,
consideramos que es un paso hacia adelante que va a favorecer lo realmente
importante”. Para el presidente catalán, Pere Aragonès, los indultos no son la
solución a esta causa general contra el independentismo. “Nuestra propuesta es
la amnistía y el ejercicio del derecho de autodeterminación a través de un
referéndum”. La portavoz de Junts, Elsa Artadi, señala: “Acabamos de ser
testigos de un acto de marketing político del PSOE. El Liceo no es el escenario
para hacer política. Los indultos no son ningún acto de generosidad, Sánchez se
ha visto obligado a concederlos por las presiones internacionales gracias al
trabajo realizado desde el exilio”. Según la diputada de la CUP, Mireia Vehí, “el
independentismo al completo sale a decir que los indultos no son la solución de
nada”. Mientras que Sira Rego, la portavoz de la dirección federal de Izquierda
Unida, considera que es el momento de “coser heridas”, por lo que valora que la
concesión a los políticos independentistas del ‘procés’ va a servir para
avanzar por las “vías de la sensatez” necesarias en el diálogo con Cataluña.
El 'Financial Times' apoya los indultos: “Una
oportunidad para la reconciliación”.
La
voluntad de “concordia y convivencia” expresada por Pedro Sánchez en el teatro
del Liceu fue recogida por medios como el Financial Times, The Guardian o el
Washington Post, analizando las posibles consecuencias de la puesta en libertad
de los líderes independentistas tras casi cuatro años en prisión. El británico
Financial Times publicó un editorial titulado “Los indultos catalanes ofrecen
una posibilidad de reconciliación”, con un subtítulo en el que afirman que “Pedro
Sánchez está en lo cierto al buscar una salida a la parálisis política y la
división social”. En el texto, se considera que “las duras penas de prisión
respondían a la dureza del código penal español y a la sed de venganza de
muchos españoles contra quienes deseaban romper el país, pero no han conseguido
curar las heridas de una Catalunya dividida ni han ayudado a España a encontrar
una solución para una región con una fuerte identidad política y cultural”. El periódico
inglés insiste en que estos indultos “no son una concesión a los nueve
políticos que permanecían en prisión, sino a los millones de catalanes que los
votaron” y critica que el Partido Popular “se opone a los indultos, pero no
ofrece soluciones”. Además, se plantean otras posibles consecuencias de los
indultos en una columna titulada “La apuesta del presidente español por la
calma podría avivar las tensiones en Catalunya”, abriendo el texto con una cita
de Ortega y Gasset en la que se afirma que “el problema catalán es un problema
que no se puede resolver, solo se puede soportar”. El autor asegura que esta
decisión de Pedro Sánchez es una apuesta arriesgada a la que se opone el 60% de
sus votantes y en la que corre el riesgo de desestabilizar su propio Gobierno. Otros
medios que cubren la decisión de dejar en libertad a los presos
independentistas son la BBC, Il Corriere della Sera, Le Figaro, o el Washington
Post, que destaca las críticas de la “ligera mayoría” de los españoles y del
informe en contra del Supremo pero, a su vez, considera la decisión como el
mayor cambio de las políticas del Gobierno hacia Catalunya desde “el caótico
referéndum de independencia de hace cuatro años”. En The Guardian señalan que
la decisión de conceder la medida de gracia es “controvertida” y recogen las palabras
del presidente español en su acto ante el Liceu. El 'Washington Post' titula: “El
presidente español dice que los separatistas catalanes condenados por sedición
serán indultados” y expone: “La decisión, con la oposición de una ligera
mayoría de españoles y del Tribunal Supremo del país, marcará el mayor cambio
político del gobierno central hacia Cataluña desde el caótico referéndum sobre
la independencia hace cuatro años”. Y argumenta que “la medida tiene como
objetivo aliviar las tensiones en la que se ha convertido en la mayor crisis
política de España desde la transición a la democracia, tras la muerte del
dictador Francisco Franco, en 1975. Para algunos catalanes, los nueve líderes
encarcelados se han convertido en un símbolo emocional de lo que dicen que es
un derecho, denegado por Madrid para elegir el destino de su región”. En
Francia, “Le Parisien” explica que “el objetivo es encontrar una salida a la
crisis separatista en Cataluña”, pero recoge recientes encuestas que muestran
que la mayoría de los españoles estaría en contra de conceder los indultos.
El exministro de Interior José Barrionuevo y el ex
secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera, a la salida del Tribunal Supremo
después de una de las sesiones del juicio por los GAL, en junio de 1998.
La
concesión de los indultos a los presos del procés ha vuelto a poner en la diana
esta medida de gracia que concede el Gobierno. Hasta ahora, la Fundación Civio
recopiló en su buscador 10.652 indultos concedidos en España desde el año 1996.
Si hacemos un repaso por la hemeroteca,
lo sucesivos gobiernos del PP aprobaron 152 de los 232 indultos para condenados
por casos de corrupción. El gobierno de José María Aznar (PP) es el que más
veces concedió veces esta medida de gracia, 139, por las 62 de José Luis
Rodríguez Zapatero (PSOE), las 16 de Mariano Rajoy (PP) o las 10 de Felipe
González (PSOE). El PP tiene en su haber polémicos indultos que incluyeron la
conmutación de la pena, parcial o totalmente, para dos altos cargos socialistas
condenados por los GAL, cuatro Mossos d'Esquadra que torturaron a un hombre
para obligarle a confesar, 15 terroristas de la organización terrorista
catalana Terra Lliure y un Guardia Civil cómplice de una agresión sexual, entre
otros. Rafael Vera y José Barrionuevo, exministro del Interior y el
exsecretario de Estado del gobierno de Felipe González, fueron condenados por
el caso Marey, en una de las acciones de los Grupos Antiterroristas de
Liberación (GAL), acusados por el secuestro de Segundo Marey, un ciudadano
francés al que confundieron con un cabecilla etarra. En diciembre de 1998, el
Gobierno del PP les concedió, junto a los demás condenados, el indulto parcial
y el tercer grado penitenciario, después de que fueran condenados a diez años
de cárcel y doce de inhabilitación por los delitos de detención ilegal y
malversación de fondos públicos. Otra de estas polémicas medidas de gracia
concedidas por Aznar fue el indulto a 15 ex miembros de la organización
terrorista catalana Terra Lliure. Pese a que la tramitación la inició el
gabinete de Felipe González, dejó en manos de los populares la decisión final por
un error en la tramitación burocrática y los indultos fueron publicados en el
Boletín Oficial del Estado (BOE) en agosto de ese mismo año. Además de estos
casos, en el año 2000 el Gobierno de Aznar decidió indultar a Javier Gómez de
Liaño, magistrado condenado por prevaricación en 1999. Meses antes, el Tribunal
Supremo se había posicionado en contra.
El PP indultó a un
conductor kamikaze que mató a una persona.
En
2014 el Gobierno de Rajoy aprobó el indulto para el agente de la Guardia Civil,
Manuel Arbesú, condenado a seis meses de inhabilitación especial para empleo o
cargo público y al pago de la mitad de las costas procesales. Su delito,
omisión del deber de perseguir delitos tuvo lugar en 2011. Arbesú grabó a otro
hombre mientras metía la mano entre las piernas a una mujer en un vagón de
tren, tocándole la zona del pubis por encima del pantalón. El indulto modificó
la pena, que implicaba la pérdida de plaza de funcionario, por una multa de
unos 500 euros, por lo que pudo seguir en el cuerpo. Dos años antes, el
Gobierno del PP concedió indultos a cuatro Mossos d' Esquadra de la policía
autonómica de Catalunya, condenados por torturar a un hombre detenido por
error, amenazarle, golpearle y meterle una pistola en la boca para obligarle a
confesar. Los policías debían cumplir penas de hasta cuatro años y seis meses
de prisión decretadas por el Tribunal Supremo, pero se les rebajó la pena a dos
años de prisión, con el convencimiento de que los agentes no entrarían en la
cárcel. El Gobierno de Rajoy indultó en 2012 a un conductor 'kamikaze' que
cumplía una condena de 13 años de cárcel por conducir varios kilómetros en
dirección contraria a alta velocidad por una autopista de Polinyà del Xúquer
(València), hasta que chocó frontalmente con otro vehículo cuyo conductor
resultó muerto y su acompañante, herida. Tras la ratificación del fallo por el
Tribunal Supremo y con un cumplimiento de condena que se redujo a diez meses en
prisión, el ministro de Justicia por aquel entonces, Alberto Ruiz Gallardón le
indultó. Este indulto provocó una gran alarma social, sobre todo después de que
se desvelara que el abogado del kamikaze era hermano de Ignacio Astarloa, un
exalto cargo del PP en el Ministerio del Interior, y que además trabajaba para
el despacho Uría y Menéndez, en el que también estaba empleado un hijo del
exministro Alberto Ruiz-Gallardón. También fue Gallardón quien concedió en el
año 2012 un indulto a un exalto cargo de Convergencia i Unió (CIU), precursora
del actual JxCat, Josep María Servitje Roca, y a su cómplice, también vinculado
a la coalición, Víctor Manuel Lorenzo Acuña, condenados en 2009 por
prevaricación y malversación de caudales públicos. Servitje había sido
secretario general de Trabajo de la Generalitat durante el mandato de Jordi
Pujol, informa El Confidencial. Según explica el citado medio, los indultos
desataron las críticas del arco parlamentario “por lo poco ejemplar de la
decisión” e, incluso, se relacionó con el apoyo de CiU a la reforma laboral del
PP.
Los expresidentes del Gobierno Mariano Rajoy,
José Luis Rodríguez Zapatero, José María Aznar, y Felipe González, durante el
acto de conmemoración del cuarenta aniversario de la Constitución.
¿Qué
Gobierno en España ha concedido más indultos? Los diferentes Gobiernos han
recurrido a esta medida de gracia para conmutar parcial o totalmente una pena.
Tanto los Ejecutivos del PSOE como los del Partido Popular, que ahora rechaza
frontalmente conceder indultos a los presos del procés. Desde 1996 se han
concedido 10.652 indultos en España, según los datos de la Fundación Civio. La
mayoría se concedieron por delitos contra la salud pública o robos, pero, tal y
como recuerda la organización, los delitos que más porcentaje acumulan de
indultos en relación a las condenas totales son los de malversación, contra el
medio ambiente o de funcionarios contra las libertades individuales. “Tres de
esos cuatro delitos tienen que ver, directamente, con el ejercicio de un cargo
público o la sustracción de dinero de las arcas de las administraciones”,
enfatiza Civio en su estudio. Es aquí cuando se puede desgranar qué Gobierno ha
aprobado más indultos en casos de corrupción. De los 10.652 indultados desde
1996, 3.044 habían sido condenados por delitos contra la salud pública. Le siguen
de cerca los delitos por robos, con 2.080 indultados, si bien, recuerda la
fundación, son también los más habituales en las listas anuales de condenados. Por
otro lado, los hombres se beneficiaron de más indultos que las mujeres: 1.266
frente a 380 entre 2007 y 2017. La Fundación recuerda que los hombres son
mayoría entre los condenados –2.150.252 frente a 316.741–, pero, en proporción,
las mujeres reciben en más ocasiones la medida de gracia.
Juan Hormaechea,
primer presidente condenado por los Tribunales.
Aunque
la mayoría de los indultos pasan desapercibidos, muchos han tenido nombre
propio por la repercusión social de la medida adoptada por el Gobierno y por el
peso político del condenado, desde un exministro del Interior a un expresidente
autonómico. Medidas de gracia concedidas a políticos condenados por diferentes
causas, desde los GAL a corrupción que también despertaron polémica, aunque no
la polvareda política que han levantado los indultos a los presos por el procés
de esta semana. Fue el Ejecutivo de José María Aznar el que aprobó, en 1998,
los indultos para el exministro José Barrionuevo y el ex secretario de Estado
de Seguridad Rafael Vera, miembros del gobierno de Felipe González y condenados
a diez años de cárcel por su implicación en la guerra sucia contra ETA, en
concreto, por el secuestro de Segundo Marey por los GAL. La Fiscalía se opuso
ante la falta de arrepentimiento y al considerar que no eran “de justicia”,
pero el Tribunal Supremo informó a favor de un indulto parcial que fue la
fórmula que acordó finalmente el Gobierno, reduciendo sus condenas a un tercio.
Barrionuevo fue el primer exministro de la democracia que entraba en prisión y
años antes Juan Hormaechea había hecho también historia al convertirse en el
primer presidente autonómico condenado por la justicia. El último Gobierno de
Felipe González le concedió un indulto parcial de la pena de prisión. Aquella
condena acabó siendo anulada por el Constitucional, pero no fue la única a la
que hizo frente Hormaechea a lo largo de su vida. El indulto también ha
beneficiado a alcaldes, como Jesús Gil. En 1994 el Gobierno concedió la medida
de gracia al primer edil de Marbella tras una condena de dos meses de arresto y
suspensión de cargo público por un delito de estafa.
El Gobierno le denegó el indulto a Jaume Matas, expresident del Goven Balear.
Gil,
que tuvo una larga trayectoria en los tribunales por su gestión en Marbella y
al frente el Atlético de Madrid, ya había sido indultado años antes por el
general Franco, previo pago de 400 millones de pesetas, cuando fue condenado
por imprudencia temeraria, a raíz del hundimiento del restaurante de la
urbanización Los Ángeles de San Rafael, donde murieron 58 personas. Entre los
indultos a políticos, está también el que se concedió en 2000 al exdiputado
socialista, Carlos Navarro, junto a Luis Oliveró y Alberto Flores, tres de los
condenados por el caso Filesa, de financiación irregular del PSOE. Sus penas de
prisión, de entre diez y once años por delitos de falsedad continuada en
documento mercantil, delito fiscal y delito contra la Hacienda Pública, fueron
rebajadas a la mitad. En 2012, el Consejo de Ministros sustituyó por sendas
multas las penas de prisión impuestas al exsecretario general del Departamento
de Trabajo de la Generalitat Josep Maria Servitje y a Víctor Manuel Lorenzo
Acuña, empresario de UDC y ex cuñado del dirigente Josep Sánchez Llibre. Habían
sido condenados por desviar fondos del Departamento de Trabajo, en el conocido
como “caso Treball”. Desde entonces los indultos para condenados por casos de
corrupción han prácticamente desaparecido. Según los datos recopilados por la
Fundación Civio, desde 1996 se han concedido 227 indultos a condenados por
corrupción, la mayoría por delitos de prevaricación y malversación: 139 durante
los gobiernos de José María Aznar; 62 con José Luis Rodríguez Zapatero; y 16
con Mariano Rajoy. El último fue aprobado en 2017. Entre los indultos a
políticos que no han prosperado está, por ejemplo, el solicitado por el
expresidente balear Jaume Matas tras su primera condena, por tráfico de
influencias. El Supremo rebajó la pena inicial de seis años de prisión a nueve
meses y un día en 2013 y en 2014 el Gobierno le denegó el indulto. El Ejecutivo
también rechazó, en 2014, el indulto para el exalcalde de Marbella Julián Muñoz
por el caso Minutas, en el que fue condenado a siete años de prisión y diez
inhabilitaciones absolutas por malversación de caudales públicos y a ocho años
y medio de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación. Carlos
Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón, también vio, en 2014, cómo
el Gobierno le denegaba el indulto tras ser condenado a cuatro años de cárcel
por defraudar a Hacienda.
Manifestación por la
libertad de los políticos presos catalanes, en Barcelona, en julio de 2018.
Bajo
el título “Los indultos de la discordia”, David Torres asegura en Público que,
para Oriol Junqueras, líder de ERC, los indultos muestran “la debilidad de los
aparatos del Estado”. Pere Aragonés, presidente de la Generalitat, los
contempla como un primer paso, necesario, aunque “insuficiente para resolver el
conflicto político catalán”. Y recuerda que diversos representantes de la CUP,
Junts, PDeCAT, ERC y otras organizaciones civiles acusan a Sánchez de haber ido
a Cataluña a hacer teatro. “El indulto en España sigue siendo una figura más
taurina que jurídica y Sánchez, como buen diestro, ha olvidado que las corridas
de toros están prohibidas en Cataluña. Prácticamente, después de su fiasco
barcelonés, podría decir lo mismo que aquel torero que salió entre una lluvia
de almohadillas de la plaza: ‘Hay división de opiniones, unos se cagan en mi
padre y otros en mi madre’. Da lo mismo que la vergonzosa lista de indultados
en España incluya a auténticos golpistas y a terroristas de estado, entre otros
muchos casos de flagrante injusticia. Alfonso Armada, general condenado a 26
años y 8 meses de cárcel por su participación en el 23-F, fue indultado en
1988. José Barrionuevo, ministro del Interior, y Rafael Vera, secretario de
Estado de Seguridad, consiguieron sus indultos respectivos tres meses después
de entrar en prisión, en 1998, a pesar de su implicación en diversos crímenes
de los GAL. Puesto que dos errores no constituyen un acierto, tres tampoco, un
argumento que puede usarse tanto en relación con los indultos fallidos como con
las condenas desproporcionadas por montar un referéndum ilegal. Por supuesto,
quien está disfrutando como un loco con el tema es Pablo Casado, quien ha
tronado contra los indultos, contra Sánchez y hasta contra la CEOE mediante un
sinfín de exabruptos y chascarrillos, entre los que destaca el calificar una
medida de gracia como un ‘golpe de gracia’. Más gracioso no puede ser el tío.
Tal y como ha aumentado el apoyo al nacionalismo catalán en los últimos años,
multiplicándose gracias a las porras de la policía y a los mazazos judiciales,
el de Casado es uno de esos discursos que echan gasolina al fuego: no va a
sumar ni un solo apoyo al constitucionalismo, pero cada vez que abre la boca
nace un nuevo independentista catalán. En ocasiones, incluso por debajo de la
línea del Ebro. El catalanismo nunca se lo agradecerá bastante”.
Salida
de los políticos presos en Lledoners, tras el indulto.
“No
es un ataque a España, es un ataque al PP” titula Gerardo Tecé en Ctxt ante
esta fotografía de los líderes del procés que ya están en la calle. “Indultados
después de 1.328 días de cárcel, casi cuatro años por un delito que, en el
resto de Europa, solo es aplicable cuando hay violencia, un elemento que, en el
caso catalán, nunca existió. La ‘foto de la vergüenza’, así califican la salida
de prisión quienes llevan décadas asegurando que el éxito de la democracia
española consistió en la capacidad de concordia y entendimiento entre
diferentes. Lo cual nos lleva a preguntarnos de qué concordia hablaban
entonces. Y a concluir que, probablemente, de la concordia que les interesaba.
España no sólo va por libre aplicando condenas por sedición sin violencia. También
es de los pocos países en los que la democracia no le pidió cuentas a una
dictadura que fue indultada de todos sus crímenes (…) Que el PP confunda sus
intereses con los de España es algo habitual y en esta ocasión no iba a ser
menos. Los indultos son un brutal ataque a España, dicen en Génova y razón no
les falta, teniendo en cuenta que consideran que España son ellos mismos. En
ese sentido, los indultos son, efectivamente, un ataque brutal contra una
derecha española necesitada de conflicto territorial. Vimos caras de
circunstancia mientras la mayoría del país celebraba la desaparición de ETA y
volvemos a ver las mismas caras hoy. Quizá esas caras se teman lo peor. Si,
tras este primer paso que es la puesta en libertad de los presos, el Gobierno
de España consigue abrir una etapa que acabe en entendimiento y colaboración
con Cataluña y no en conflicto, ¿qué le quedará a la derecha para llevarse a la
boca?
La
prensa internacional ve los indultos como una decisión 'valiente' y
'encomiable'.
“Imposible
juzgar –continúa Tecé– lo que ocurre hoy sin
recordar lo que ocurrió hace unos años. Aquel golpe de Estado, como decidió
bautizar la derecha española al referéndum del 1-O, pudo haberse evitado con
una simple llamada de teléfono que el entonces presidente del Gobierno de
España se negó a hacer. ‘Si Rajoy me llama para que nos sentemos a hablarlo,
mañana mismo aplazo el referéndum’, repetía Puigdemont en prensa sin recibir
respuesta al otro lado. Una curiosa estrategia de defensa nacional ante un
golpe de Estado eso de no hacer nada. Imposible juzgar estos indultos sin
recordar que ya hubo otro 1-O, en 2014. Otro referéndum sin validez legal en el
que participaron casi dos millones de catalanes sin intervención policial, ni
cárcel, ni grandes titulares apocalípticos. Quienes hablan de estricto
cumplimiento de la ley saben mejor que nadie que las desastrosas consecuencias
del 1-O fueron cuestión de voluntad política. Internet nos permite acceder a la
prensa internacional y la prensa internacional nos permite huir un rato de la
irrealidad propagandística española. Según diarios socialcomunistas como The
Washington Post o Financial Times, los indultos suponen una apuesta por la
convivencia, una medida mucho más efectiva para unir un país que meter en jaulas
a los líderes independentistas. Ana Rosa y Vicente, Reyes Catódicos en eterna
reconquista, no dan crédito. Los indultos que algunos auguraban como el final
de Sánchez traen consigo una nueva sensación climática. Por primera vez en
años, la política parece tener opciones de imponerse a la sobreactuación y la
propaganda. Es cuestión de atreverse a dar el paso en cada nuevo campo minado y
comprobarlo”.
Indultos, procés...
Imágenes,
fotomontajes y fotos sorprendentes:
Aprovechando
la sesión de control, Gabriel Rufián,el portavoz de ERC en el Congreso, lanzó
un dardo a Pablo Casado después de que éste se refiriera a la medida de gracia
como ‘inconstitucional’. “Usted ha calificado los indultos de
inconstitucionales. No se lo sabe: artículo 62 de la Constitución. ¿Lo ven?
Esto es lo que pasa cuando a uno le regalan un máster, que no se sabe la
lección”, ironizó, provocando carcajadas en la sesión de este miércoles.Rufián
agradeció personalmente a Sánchez “la valentía ante la jauría”, en referencia a
la derecha un día después de los indultos a los líderes del procés.
Felipe
VI salió en defensa de la Constitución española horas después de firmar los
indultos que el Gobierno de España aprobara durante el Consejo de Ministros del
martes. “Vengo en indultar a los condenados –dijo el monarca– la pena privativa
de libertad pendiente de cumplimiento, a condición de que no vuelvan a cometer
delito grave”. Horas después, el rey asistió a la entrega de los Premios
Mariano de Cavia del diario ABC, dónde se encontraban algunos miembros del
Gobierno. El monarca hizo unas declaraciones en un acto en el que también
estaba presente el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, el alcalde de
Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la presidenta de la Comunidad de Madrid,
Isabel Díaz Ayuso.
¡Se acabó la obligatoriedad de mascarilla al aire libre!. A algunos le vendrá regular porque se le verá su verdadera cara, aunque a ciertos infraseres ya se les viera de lejos.
Wyoming contesta a Rafa Hernando: “Muchas gracias,
Rafa… Si yo fuera usted no estaría tan orgulloso de que me comparen con un
viejo cómico progre”.
El ojo de la tierra.
Este
espléndido manantial es una de las fuentes del río más largo de Dalmacia: el
Cetina. Sus aguas fluyen en la ladera sur de la montaña más alta de Croacia: el
Dinara. Se le conoce como “el ojo de la tierra” debido a su gran parecido con
un ojo, visto desde arriba, con variadas tonalidades de azul y turquesa. Es,
sin duda, una de las bellezas más particulares y fascinantes de la región. Está
formado por un agujero que penetra profundidades desconocidas, explorado por
buzos que lograron llegar a 115 metros.
El peso del pensamiento' de Thomas Lerooy.
Mariquita
posada entre los ojos de un búho.
Felinos
que descansan en el asiento de una moto.
Buenas noches
El
humor, en la prensa de esta semana: El Roto, Peridis, Eneko, Enrique, Manel F.,
Vergara, Malagón, Pachi, Faro DeCol, J.R.
Mora, Miliki y Duarte…
Viento en popa versus calma chicha
Basta de futuro.
Hacia la concordia.
Anticonstitucional.
Kitchen.
Felpudo VIº
Pep Roig, desde Mallorca: A cara
descubierta, Siempre, no, El síndrome del banquero, No a las políticas sin
presos políticos, ¡Grrrrrrrrrrrrrrrrrr!, Todo mal, ¡Ojo!…
Los vídeos de esta semana:
Nos
indultan | Indultos a los presos del procés (Parodia) | Las Supremas de
Móstoles | Pedro Sánchez
Polònia
- El procés avança "Despacito" (Paròdia d'italians cantant
"Despacito", de L
Aragonès
ve los indultos como un "paso insuficiente e incompleto"
Els
indults del rei – Polònia
Garamendi, emocionado, recibe el aplauso de la
Asamblea de CEOE
LATE
MOTIV - Monólogo. Habla bien | #LateMotiv880
Juan José Millás: "Si el PP gobernara, seguramente daría la amnistía" | Cómo lo ve..
El análisis de Antoni Bassas: 'Los indultos vistos desde Catalunya'