18 de junio. La otra Realidad.

Me lo preguntaba Antonio Piera, autor del recomendado blog (malablancaynbotella) que sigo habitualmente, en un comentario hecho recientemente en estas mismas páginas: “¿Has leído lo que está pasando con el director de "La Realidad"?. Me parece bien bestia”. Inmediatamente, me informé a través de Internet y me quedé patidifuso. Yo creía que esas cosas ya no pasaban en este país. Pero, por lo visto, son peccata minuta en nuestra carandelliana “celtiberia show”.

En efecto, el 7 de febrero del 2000, dirigido por Patxi Ibarrondo, se vendía por primera vez en los kioscos el semanario cántabro “La Realidad” gracias a cinco personas cooperativistas que asumieron la necesidad de endeudarse personalmente para aportar el 70% de las necesidades financieras mínimamente necesarias. Pero, desde su salida a la calle, tuvieron que soportar un complot por parte de los dirigentes socio-políticos gobernantes de Cantabria, que acribillaron a su director con demandas y querellas. Los altos personajes de la política cántabra utilizaron los juzgados contra el semanario. Detrás de ellos, los omnipresentes grupos de presión fácticos.

Al final, los políticos, obsesionados con hacer desaparecer “La Realidad”, consiguieron lo que querían. “Y una jueza –según www.vientosur.info– dictó una esperpéntica sentencia de casi 30 millones de pesetas, ejecutada ‘provisionalmente’ en diciembre del 2001, sin que fuera firme y gracias a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil del PP, promulgada en enero del mismo año. Una ley que permitía utilizar esa fórmula jurídica para atacar desde el poder a medios de comunicación incómodos, provocando su ahogamiento financiero y, por ello, su cierre”.

Evidentemente, estos procedimientos abren el camino a la censura económica de los medios de comunicación modestos que no pueden afrontar indemnizaciones millonarias. “Es un camino –escribe Patxi Ibarrondo en el artículo ‘Realidad de Cantabria, lucha por la vida de un periódico libre y rebelde’, aparecido en Viento Sur en marzo del 2003– abierto para el cierre de cualquier medio de comunicación crítico hacia el poder bancario y político. Y en ‘La Realidad’ hemos sido los primeros en padecer estos nuevos procedimientos de censura"

En Viento Sur, nuestro hombre explicaba que había sido la administración autonómica de Cantabria quien había denegado en primera instancia la subvención por creación de empleo a la que cualquier empresa que se pone en marcha tiene derecho. “Incluso en aquellos momentos de gestación del periódico, se empezaron a escuchar rumores sobre aspectos de boicot a ‘La Realidad’ (¡que todavía no existía!) por parte de diversos estamentos de la región. Temores confirmados con creces, en la más ruda y persistente campaña de demolición que ha conocido la historia de la prensa en Cantabria. Ese acoso sistemático no se produjo desde cualquier parte, sino por parte de personajes muy relevantes de la política institucional y bancaria”.

En el caso de “La Realidad”, las puertas siempre estuvieron cerradas por consignas. Y, pese a que el sistema de suscripción iba creciendo, permitiendo que el semanario fuera cada vez más conocido, el ritmo lento alejaba la posibilidad de alcanzar la “sostenibilidad” económica en poco tiempo, debiendo enfrentarse a la “indiferencia ante las posteriores respuestas político-sociales ante las agresiones del poder, que fueron sucediéndose sin apenas pausas”.

El acoso empezó incluso antes de salir el periódico a la calle, pero la ofensiva más contundente se concretó por la vía judicial a partir de las tres semanas de existencia. Cinco demandas civiles, pidiendo cada una 30 millones de pesetas de indemnización, y tres querellas criminales. Todas fueron interpuestas por personajes como Carlos Sáiz (entonces secretario general del PP, presidente de Caja Cantabria y diputado regional), Miguel Ángel Revilla (líder del PRC, vicepresidente del Gobierno cántabro y consejero de Obras Públicas), Francisco Rodríguez (portavoz del PP en el Parlamento cántabro), Federico Santamaría (consejero de Economía y Hacienda) y los alcaldes de Argoños, El Astillero, Comillas...

En las demandas se pretendía saber quienes eran las personas que “contaban las cosas” y que estaban dentro de sus filas. O sea, quien “se iba de la lengua”. El acoso judicial sobre el director del periódico para que revelara las fuentes de información era constante. Se pretendía cerrar un medio incómodo y, sobre todo, incontrolable, pese a varios intentos de soborno por parte de algunos “enviados especiales” para que el semanario cambiara de rumbo informativo.

La cooperativa editora y la dirección del periódico sufrieron un terrible acoso desde todos los ángulos. “Después de vivir esta experiencia –se lamenta Ibarrondo–, en una comunidad autónoma donde la punta de la pirámide es el santanderino, Emilio Botín, el principal banquero del Estado español, hemos visto muchas cosas. Por ejemplo, la situación de amordazamiento, de inmovilidad que se ha producido entre la ciudadanía. Hemos visto el miedo en los ojos de la gente. Puede que incluso ese temor sea razonable, vista la catadura de los que mandan. Se ha demostrado palpablemente que, al menos en nuestro ámbito de actuación, sólo se puede decir aquello que quien mantiene las riendas está dispuesto a consentir. Creíamos ingenuamente que el franquismo se había ido para siempre... pero bueno es regresar a la cruda realidad”.

Después del cierre, se estuvo organizando la posibilidad de volver a ocupar su sitio en el terreno de la información. Se trabajó por constituir una sociedad anónima muy participada. Y se habilitó una página web (www.otrarealidad.net) donde se informa de todo ello y se ejerce el derecho a la libre opinión. Mal que pese a algunos.

Mientras tanto, Patxi Ibarrondo, director del desaparecido semanario, se encuentra en la “indigencia”. La ejecución provisional de la sentencia que le condenó en 2001 por “mancillar” el honor de Carlos Sáiz, entonces secretario general del PP cántabro, llegó hasta el embargo de la cuenta bancaria donde se le ingresaba la pensión de invalidez. La Federación de Sindicatos de Periodistas denunció el asedio judicial que Ibarrondo sufría. Había sido condenado a indemnizar con 120.000 euros al entonces máximo dirigente del PP de Cantabria, por unas informaciones publicadas en su revista que, aunque eran ciertas, una juez consideró que atentaban contra su honor. En aquella época, la ley permitía ejecutar una sentencia aunque no fuera firme –normativa que fue anulada después–, por lo que Sáinz solicitó esa medida y llevó la publicación al cierre. Esa cantidad fue reducida posteriormente a 1.200 euros por la Audiencia Provincial, pero, para esa fecha, la revista ya se había visto obligada a cerrar.

El estrés hizo que, en 2004, se le diagnosticara al periodista cántabro la enfermedad de Parkinson, y le fue concedida una pensión por invalidez permanente. La juez, Laura Cuevas, le había embargado el 12% de los ingresos. Recientemente, a instancias de Carlos Sáiz, le ha embargado la totalidad de la cuenta en la que el periodista recibe su pensión.