Torpe e intimidatoria inspección contra Clarín.

Más de cien inspectores entraron en Clarín.

Entre 180 y 200 empleados fiscales fueron enviados el pasado jueves a las redacciones de Clarín, el periódico argentino más importante, Olé y La Razón, y otros 50 a otras empresas del mismo grupo argentino. Ese mismo día, Clarín había publicado un reportaje-denuncia sobre un subsidio irregular de más de 10 millones de pesos (casi dos millones de euros) de la ONCCA (Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario), organismo que maneja Ricardo Echegaray, titular asimismo de la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos). El reportaje en cuestión señalaba que este personaje, hombre de confianza de la presidenta Fernández y de su marido, Néstor Kirchner, transfirió esa cantidad a Paseo Lagunas S.A., una empresa agro-ganadera que no contaba con autorización para sus operaciones.

La turba de inspectores llegaba a Clarín en varios camiones de la seguridad social y rodeaba la manzana en un sorprendente despliegue. El hecho se registraba tras una serie de agresiones a directivos, campañas difamatorias con carteles en la vía pública y fuertes presiones. Era la primera vez en 64 años que Clarín recibía un operativo de inspectores desafiantes de esta magnitud. Una funcionaria amenazó con quitarle la cámara a una periodista que intentaba filmarlos. Otra, mostró gas pimienta con gesto amenazante y sugirió, sobre las razones del operativo, que preguntasen a Kirchner. La redacción de Clarín intentó comunicarse con la AFIP para consultar las causas del operativo, pero no obtuvo respuesta. En el Ministerio de Economía aseguraron desconocer cuál era el motivo de tal procedimiento. Un día más tarde, Ricardo Echegaray enviaba una carta al diario en la que aseguraba que no había sido él quien encargara el operativo y anunciaba que había destituido a dos directores regionales.

Hace poco más de un mes, el ex presidente Kirchner lanzaba una agresiva campaña contra dicho grupo periodístico, acusándolo de servir a los intereses de “una corporación oligárquica”, empeñada en “desestabilizar al país” y en “precipitar la caída del gobierno”. El Ejecutivo enviaba al Congreso un proyecto de ley para descentralizar la información periodística, que a su juicio, estaba en manos de “carteles y monopolios” como el de Clarín. Los ataques habían subido de tono en los últimos meses, con intimidaciones a directivos y agresiones a locales vinculados al diario. El 1 de abril del año pasado, la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, criticaba con inusitada virulencia el papel de los medios en el conflicto con el campo. “Esta vez han sido acompañados por algunos generales multimediáticos... Son los mismos que hoy se pueden ver en un diario donde colocan mi caricatura con un mensaje cuasimafioso”, dijo la presidenta, aludiendo a un dibujo de Hermengildo Sabat, publicado por Clarín.

Durante la campaña electoral por las legislativas de junio pasado, el kirchnerismo intensificó su enfrentamiento con la prensa. Néstor Kirchner, tras ser derrotado el peronismo en Catamarca, cargaba contra Clarín, en medio de pancartas hostiles a este medio. Y su esposa, la presidenta Fernández, tanto en la presentación del anteproyecto oficialista de radiodifusión, en marzo, como en el lanzamiento, hace un mes, del proyecto definitivo, se refirió en tono peyorativo al papel de los medios de prensa.

El vicepresidente, Julio Cobos, reconoce que el operativo “es difícil de entender” y que “parece una actitud intimidatoria”. La noticia recorrió los diarios del mundo entero. Aníbal Fernández, jefe de Gabinete del Gobierno, aseguró que la inspección que se pretendía hacer en Clarín fue una “operación que alguien ha financiado” con la intención de “poner al Gobierno como si estuviera presionando. Pero, el Gobierno actúa de otra manera. Sería de estúpidos hacer una acción de estas características cuando es muy claro que hay una discusión, una confrontación, producto del proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, impulsado por el Ejecutivo”. E insistió en que la inspección de rutina fue organizada, dirigida y pagada por la propia empresa periodística, para dejar mal parado al gobierno y engañar a la opinión pública. “Sabemos perfectamente que ellos (los jefes de la empresa) financiaron ese espectáculo. En nuestro poder obran suficientes pruebas como para demostrar quienes están detrás del complot”, dijo Fernández.

Los dirigentes de la oposición describen las acusaciones de Fernández contra Clarín como un “ataque de pánico” ante la realidad que el propio matrimonio presidencial (la presidenta y Kirchner) han forjado. El abogado y periodista, Alejandro Sánchez Kalbermatten, denunció penalmente al ex presidente Néstor Kirchner y al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. Hizo responsable al ex presidente por “los numerosos actos de hostigamiento, intimidación y coacción desplegados hasta la fecha. Y Ricardo Kirschbaum, editor General de Clarín, declaró que el operativo tuvo claramente un objetivo, que es el de intimidarnos y amenazar, de manera virtual, nuestra libertad de expresión”. Agustín Rossi, el jefe del bloque de Diputados del oficialismo en Argentina, calificó de torpe la inspección realizada por los 200 agentes de la AFIP. Sus declaraciones se convierten en la primera autocrítica oficial “Espero –añade– conocer a los responsables y sus motivaciones” El operativo es criticado tanto por el vicepresidente argentino, Julio Cobos, como por los principales dirigentes de oposición, quienes coinciden en catalogarlo de excesivo e intimidatorio.