Empadronamiento de inmigrantes, polémica de esta semana.

Pescando en río revuelto.

Gregorio Gordo, coordinador general de IU, ha pedido a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, que exija al alcalde de Torrejón de Ardoz, Pedro Rollán, del PP, que deje de actuar como “jefe de aduanas” y termine con la prohibición de empadronar en el municipio a los inmigrantes sin papeles. Gordo insiste en la necesidad de que el alcalde ponga fin a sus políticas xenófobas y afirma que las actuaciones del consistorio “contribuyen a aumentar el racismo y la xenofobia en este municipio”. El Ayuntamiento de Torrejón, que controla una población de 117.000 habitantes, de los que casi el 20% son inmigrantes, prohíbe el empadronamiento a los irregulares, como pretende hacer el de Vic, impidiendo el registro de todo aquel que tiene en su pasaporte el visado de turista, además de intentar evitar los pisos que ofrecen ‘cama caliente’ y donde se hacinan los inmigrantes. El consejero de inmigración trata de justificar que lo que hace el Ayuntamiento de Torrejón, “como hacen muchos municipios de España”, es exigir unas condiciones mínimas de habitabilidad para empadronamiento de vivienda, “con independencia de si es de nacionalidad española o de origen extranjero”. Y, mientras dura la polémica, el PP intenta pescar en río revuelto.

Un inmigrante acompaña a un niño al colegio en Torrejón de Ardaz.Foto de Reyes Sedano.

La medida impuesta por los ayuntamientos “populares” cierra las puertas de los inmigrantes a la asistencia sanitaria y a la educación. Sin embargo, fuentes municipales aseguran que el “parecido” entre las normas de empadronamiento de ambos municipios es inexistente y que se trata de “casos absolutamente diferentes”, porque “en Vic, pretenden no empadronar a personas en situación irregular y en Torrejón sí”. El Ayuntamiento asegura que la nueva normativa está “basada en un informe jurídico” y que “está encaminada a lograr una mejor convivencia, además de una inmigración regulada en la ciudad”. Y establece que los extranjeros no comunitarios que posean el visado de turista no podrán darse de alta en el padrón. Y todo sigue con las espadas en alto. De esta manera, el consistorio intenta acabar con el hacinamiento en las viviendas, “un verdadero problema en el municipio”.

Alcalde de Vic, Joseph Maria d'Abadal.

La Abogacía del Estado, contestando a la consulta del alcalde de Vic, de CiU, muestra la obligatoriedad de los ayuntamientos de empadronar a los inmigrantes, tengan o no éstos sus papeles en regla. Josep Anglada, líder de la Plataforma per Catalunya (PxC), la segunda fuerza más votada de la ciudad, concejal y jefe de filas del primer partido de la oposición, pide la dimisión de Vila d’Abadal. “Si el alcalde fuera fiel a sí mismo –declara– dimitiría del cargo después del eco mediático que se ha desatado”. Y advierte sobre las duras declaraciones realizadas por el presidente del Gobierno, en contra de la iniciativa de este Ayuntamiento: “Zapatero no sabe por dónde navega. Lo que tendría que hacer es aclararse con la Ley de Extranjería y hacer que se cumpla”. Pero, tras el comunicado de la Abogacía del Estado sobre la cuestión, el consistorio pliega velas. “Acataremos la decisión del Gobierno, tal como nos lo han pedido –señala una fuente municipal oficial– pero, como bien ha declarado el alcalde, no estamos de acuerdo”. Y enfatiza que “hay que ser conscientes de que, en Vic, tenemos un 25% de inmigrantes y que el tema de la inmigración se tiene que afrontar con valentía”.

Xavier García Albiol.

Según el Centro de Estudios de Opinión (el CIS catalán), los catalanes están preocupados por el paro y la precariedad laboral (69%), por la insatisfacción con la política, por los políticos (29,1%), por el funcionamiento de la economía (28,5%)… La inmigración ocupa el cuarto lugar en el ranquin con un 23,9%. La encuesta también revela cuál es, a juicio de los ciudadanos, el partido que mejor puede resolver el problema de la inmigración. Un 21% cree que los socialistas, mientras que un 17% considera que CiU sabe cómo afrontar esta problemática; un 12% contesta que ninguno de los partidos del arco parlamentario catalán puede hacer un buen trabajo; un 11% confía en el PP, un 9% en ICV y sólo un 7% en ERC. En caso de que se produjera un “colapso” en los servicios sociales, Xavier García Albiol, presidente del PP en Badalona, lo tiene “muy claro”: entre ofrecer servicios a inmigrantes en situación irregular o prestárselo a los vecinos de Badalona optaría por la segunda opción. García Albiol sostiene que “no es xenofobia, sino una cuestión de supervivencia”. Este enfrentamiento ha creado en España, además de un debate político y social, la ‘ira’ del Gobierno. Tanto la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, como al propio Zapatero, se apresuraron a asegurar que España no dejará sin cobertura a ningún inmigrante. El único requisito que el Gobierno considera necesario para formar parte del padrón es tener el pasaporte en regla.

Cola de emigrantes ante una oficina del padrón.

Según Esperanza Aguirre, el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid) cumple “estrictamente la ley” a la hora de empadronar a los inmigrantes. Y la presidenta de la Comunidad de Madrid rechaza absolutamente “que yo o este Gobierno apoye la más mínima ilegalidad. Se empadronan a todos, aunque sean irregulares”. Según los dirigentes del PP, es legal que los consistorios no registren en el padrón a los inmigrantes que llegan a España con el visado de turistas porque “eso no lo hace ningún país de la UE.”. Y aseguran que ningún inmigrante se queda en Torrejón de Ardoz sin asistencia educativa o sanitaria por ser algo irregular. Pero la realidad es diferente. Y el Ayuntamiento no sólo prohíbe empadronarse a los inmigrantes sino que les pone trabas cuando pretenden abrir un comercio. El equipo de Pedro Rullán pone en su punta de mira los negocios dirigidos por los extranjeros y aprovecha la revista municipal y locales para hacer publicad de ello.

Alicia Sánchez Camacho, presidenta del PP en Cataluña.

Hace nueve días, Cristóbal Montoro denunciaba la “intención xenófoba” de un consistorio gobernado por CIU, con los apoyos del PSC y ERC. Una semana después, el PP pasaba de criticar al Ayuntamiento de Vic a aplaudirlo. Tardó lo justo para darse cuenta de que, al intentar atacar al nacionalismo catalán, estaba poniendo bombas en su propia ideología. Hoy, el PP utiliza el miedo a la inmigración como un arma electoral. “El padrón no puede ser la puerta de entrada de la inmigración ilegal –anunciaba Alicia Sánchez Camacho, la presidenta del PP en Catalunya–. Es la punta del iceberg. En Catalunya y España no cabemos todos”. Y, ante el peligro de que Catalunya se colapsase de sin papeles, se ofrecía a resolver el entuerto y a proclamar la inmigración como el eje de su campaña electoral. “A España –declaraba Soraya Sáenz de Santamaría– se llega con papeles y con un empleo”. La portavoz de los conservadores en el Congreso rescataba el controvertido contrato de integración con el que Mariano Rajoy trataba de arañar votos en las últimas elecciones. Y desempolvaba el contrato de integración ofrecido por los populares durante la campaña electoral de 2008, escondido desde entonces en un cajón. Ni siquiera en el último debate sobre la reforma de Ley de Extranjería, hace poco más de un mes, se atrevía el PP a sacarlo de nuevo a la palestra. Hoy, ya no hace falta disimular con actitudes comprensivas hacia los más débiles. Si las encuestas muestran cómo a los españoles la inmigración les parece uno de los “problemas” principales, aquí está el PP para resolverla. Borrando a los inmigrantes, desaparecerá el problema. Así de primario es el electoralismo. Pero ni entonces ni ahora dejan claro los conservadores quién redactará el contrato de integración.

En Catalunya, muchos de los políticos del PP, foráneos en esa tierra hace poco más de una generación, son ahora partidarios de la mano dura contra el extranjero. “Nosotros propusimos un contrato de integración y no nos aceptaron ninguna de nuestras medidas –advierte Sáenz de Santamaría–. Ahora, es el Partido Socialista el que tiene que dar explicaciones”. Otros recuerdan a Mariano Rajoy, como ministro de Administraciones Públicas de 1996 a 1999 y promulgando la orden de empadronamiento municipal de todos los extranjeros aunque estuvieran en situación ilegal, carecieran de tarjeta de residencia o estuvieran en España como turistas. Hoy, el aspirante a presidir el Gobierno, comenta: “Nosotros ya criticamos el 'papeles para todos' y las regularizaciones masivas dentro de una política suicida en materia de inmigración”. Y, para mayor inri, Rafa Hernando, el portavoz en la Comisión parlamentaria de Inmigración, resume el sentir del PP, acusando al Gobierno de convertir a España en “el foco de atracción de la inmigración ilegal de la Unión Europea”.

El Movimiento contra la Intolerancia advierte que las primeras negativas de los Ayuntamientos de Vic, Torrejón de Ardoz (Madrid), Tardajos (Burgos) y otros municipios a empadronar a inmigrantes en situación irregular “han disparado la agitación xenófoba en toda España”, por lo que pide a las instituciones “mensajes firmes” para acabar con esta situación. Esteban Ibarra, presidente de dicho movimiento, manifiesta que, tras salir a la luz estos casos, se ha producido una reacción de la ultraderecha que apoya a estos ayuntamientos. Otros consistorios con concejales populares siguen en esa línea. Para Ibarra, la prueba de que el PP está instigando la xenofobia son las declaraciones de la presidenta catalana de este partido, Alicia Sánchez Camacho, quien ha anunciado que, entre los ejes de su campaña a la Generalitat, se encuentra el fin de la inmigración irregular, porque, a su juicio, “el padrón no puede ser la puerta de entrada de la inmigración ilegal y, en Cataluña y en España, no cabemos todos”.

Uno de cada cuatro vicenses es inmigrante. Las tres nacionalidades mayoritarias son la marroquí (9,53% de la población), la ghanesa (2,81%) y la ecuatoriana (2,12%). Los primeros llegaron hace unos 10 años, atraídos por la industria cárnica, el principal motor económico de la comarca. Hasta ahora, no se conocía a esta localidad por sufrir dificultades de convivencia pero, en sólo una semana, ha pasado de ser más famosa por su presunta xenofobia que por su popular “fuet”. Francesc Poch, de UGT, explica en “Publico” que, durante los primeros años, el sector era el “far best” y empleaba con total normalidad a trabajadores sin papeles. Sin embargo, tras varias denuncias interpuestas por los sindicatos, se regularizó. Aunque todavía “tiene una cuenta pendiente con las condiciones laborales”. Las jornadas en los mataderos y fábricas de elaboración de embutidos suelen ser largas y especialmente duras. No en vano, “el 100% de los trabajadores son inmigrantes”. A juicio de Poch, no hay problemas en el trabajo ni en el espacio público. Sí los hay, en las escaleras de vecinos”. Los conflictos propios de la convivencia y una clase política poco eficaz han generado el “desencanto” entre ciertos sectores de la población.

Zapatero, ha entrado en la polémica suscitada en Vic de la forma más tajante: “No vamos a consentir que, por un truco de un Ayuntamiento, haya personas que puedan quedarse sin derecho a recibir asistencia sanitaria o a acudir a la escuela. Ni que se menoscaben los derechos de las personas”. Lo dijo en rueda de prensa en Estrasburgo (Francia), donde compareció en el pleno del Parlamento Europeo como presidente de turno. Señaló que no consentiría “que, por un truco de un ayuntamiento”, seres humanos se queden sin asistencia sanitaria o sin derecho a ir a la escuela. “Hemos luchado durante décadas para que eso no nos pasara a nosotros como españoles cuando teníamos que estar fuera, como para que ahora permitamos que eso pueda pasar en nuestro país. No lo vamos a consentir como Gobierno”. Y aseguró perseguir a las mafias que trafican con ilegales y defender la inmigración legal ya que ésta tiene “derechos inalienables” que hay que proteger. Recordó que la UE nació políticamente “como el baluarte de los derechos fundamentales” de todas las personas, tengan el color de piel que tengan. Y defendió que la “gran región” europea es defensora de la democracia, las libertades y los derechos de todas las personas, “vengan de donde vengan”.

Alcaldes de Convergencia, apoyando al alcalde de Vic.

Mientras tanto, la abogacía del Estado sacaba los colores al alcalde de Vic, José Maria Vila d’Abadal, arropado por CiU, y le recriminaba la intención de no empadronar a los inmigrantes en situación irregular en la capital de la Cataluña profunda. El informe sostiene que “debe entenderse y considerarse como válido y suficiente un pasaporte aunque no cuente con el preceptivo visado”. De nada sirvieron el apoyo al alcalde de los más de 70 cargos electos de 20 comarcas catalanas, para resguardarlo de las críticas de racista y xenófobo que estaba recibiendo. Entre los defensores se encontraba el secretario de Organización de Unió Democràtica de Catalunya (UCD), Antoni Castellà, que aprovechó el encuentro para calificar de “injustas y demagógicas” las críticas que Vila d’Abadal estaba recibiendo y afianzó su voluntad de “ordenar y mejorar el servicio a la gente”. Castellà criticó duramente al Gobierno central y al ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ex alcalde de L’Hospitalet de Llobregat, que había reprobado la medida de Vila y de quien Castellà afirmó que “había dejado como herencia en Hospitalet una sociedad con muchos barrios que son guetos”. El portavoz parlamentario, Oriol Pujol, señaló que no se pronunciaría sobre la reforma de la Ley de Extranjería “hasta tener una respuesta del Ministerio del Interior” y subrayó que “en Catalunya no cabe todo el mundo”.

El jueves pasado, el PP llevó al Congreso de los Diputados el problema de la inmigración irregular. Los populares pretendían endurecer la legislación de extranjería, encontrándose con la oposición del resto de grupos políticos que les dirigieron agrias expresiones de reproche. Algunas de ellas de fuerte contenido, como “demagogia desbocada”, “echar leña al fuego”, o “intentar pescar en río revuelto”. El PP utilizó el caso de Vic y el de Torrejón de Ardoz para arremeter contra la política de inmigración del Gobierno socialista. “El problema –dijo el PP– no es el empadronamiento, sino un sistema que favorece la ilegalidad”. Pero, todos los grupos se opusieron. Esperanza Esteve (PSOE) le criticó que fomentara “la confrontación y la xenofobia”; Joan Ridao (ERC) le imputó un “uso mezquino y tendencioso”, en vísperas de las autonómicas catalanas; Emilio Olabarria (PNV) lamentó el conflicto “manifiestamente absurdo”; Francisco Jorquera (BNG) alertó “sobre el peligro que pueda suponer hablar del impacto de la inmigración irregular en el coste de los servicios”; Gaspar Llamazares (IU) deploró que el PP abriera un debate peligroso, pensando en las municipales de 2011 y pidió posteriormente al PP que no utilizase a los inmigrantes “como cabeza de turco”. El PP se quedó, de nuevo, solo, pidiendo la comparecencia del ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho.

Las fotos de la semana:

Inmigrantes sin papeles en una patera.

Una mano blanca, protegiendo a una manita negra.

Los dibujos de la semana:

Alcalde de Vic, de Kap.

La situación, Asesor personal y Poniéndose duros, de Fontdevila

Territorio Vergara: Vic tendrá que empadronar a los “sin papeles” y Alicia 2010, de Territorio Vergara.


Pep Roig: A cumplir, ¡Ar!, Solución cubierta, Reculpas, Culpablesdetodo y Lavado integral.

Un día cualquiera, sin previo aviso, comenzaron a sonar Fragmentos de la Traviata de Verdi interpretados en pleno Mercado Central de Valencia, entre los puestos de frutas y verduras. Los rostros de los compradores, asombrados por la magia de este arte, recuperaron la confianza en el buen gusto. Y el gusto por la buena música sorprendió a las amas de casa y compradores habituales. Una performance a cargo del electo operístico del Palau de les Arts. Sucedió el pasado 13 de noviembre.


Un videoclip de Hayseed Dixie, incluido en su último CD, recrea en versión bluegrass el mítico ‘Bohemian Rhapsody‘ de Queen.


Protéjase y disfrute.