El diputado socialista y profesor de filosofía, José Antonio Pérez Tapias, escribe en su blog (argumentos ptapias) el artículo “El presidente, desnudo”, en el que trata la reforma constitucional. “Todos sabemos –recuerda el dirigente granadino de Izquierda Socialista– que la reforma constitucional no va a arreglar el desempleo ni la crisis, pero es un buen camino. Pero un buen camino ¿hacia dónde? El presidente explica que, de esta forma, no saldremos al fin de la crisis, sino que intentaremos, una vez más, tranquilizar a los mercados. Por ello, tan impotente confesión no arroja más revelación que ver al presidente desnudo. Desnudo de argumentos para defender con buenas razones una reforma que ha sido calificada por muchos como ‘reforma exprés’ –el mismo Alfonso Guerra dice que no entiende el que se plantee de forma tan apresurada en dos próximas sesiones extraordinarias del Congreso, y lista para remitir al Senado–. Lo malo es que, con el presidente, desnudo, nos vemos todos así, los diputados del PSOE y el partido en su conjunto”… Ese camino, añade Pérez Tapias, “sólo apunta a intentar una vez más tranquilizar a los mercados” y hace suyo el titular que dio un periódico nacional en primera página: consigue satisfacer al Banco Central Europeo y al eje París-Berlín. Agrega que no sólo Zapatero queda “desnudo” ante ese paso atrás, sino que también se ven así todos los diputados del PSOE “y el partido en su conjunto”. Y matiza que no se quedan “desnudos como los hijos de la mar, que cantaba el poeta”, sino “desnudos como náufragos, apenas supervivientes de nuestro propio proyecto”.
El goteo de voces críticas en el seno del PSOE contra la reforma de la Constitución para fijar un techo de gasto provocó un vendaval de descontento que amenazó con dividir en dos a los socialistas y romper la disciplina de voto del partido. Ex ministros como Josep Borrell, Juan Fernando López Aguilar o Jordi Sevilla; diputados como Antonio Gutiérrez, José Antonio Pérez Tapias, Manuel de la Rocha y Juan Antonio Barrio de Penagos; barones regionales como Tomás Gómez y Guillermo Fernández Vara; alcaldes como Ángel Ros (Lleida); un amplio sector del Partido Socialista de Catalunya (PSC) y hasta el propio Alfredo Pérez Rubalcaba y su equipo de campaña expresaron, en público y en privado, su malestar hacia esta reforma, aunque, finalmente, Rubalcaba asumió las riendas de negociación con el PP, tras asegurar que no supondría “en ningún caso” recortes sociales. Y todos inclinaron la testa, alienándose por la propuesta de Zapatero, con la excepción de Antonio Gutiérrez, que rompió la disciplina de voto.
La aprobación del proyecto de ley, aprobada por 318 votos –la mayoría del PSOE y PP, y 16 en contra– dejó, en efecto, a los diputados socialistas en pelota. El malestar en el PSOE, era evidente. Josep Borrell, ex presidente del Parlamento Europeo y ex candidato socialista a La Moncloa, lo había dicho muy claro: él no votaría a favor de la reforma, que definió como “un sacrificio ritual a las exigencias de la señora Angela Merkel”. En su opinión, la modificación constitucional supone “renunciar a un instrumento de la política económica que en algún momento puede ser útil o incluso necesario” debido a las “circunstancias cambiantes de la economía”.
Sólo algunos diputados de la oposición hablaron en el Congreso sin pelos en la lengua. Joan Ridao, de ERC, definió la reforma como “una imposición del Banco Central Europeo y de la derecha europea. No es un problema de déficit público, sino de credibilidad, que incidirá en la inversión pública y en el gasto social. Si quieren ahorrar, ¿por qué no reducen, por ejemplo, el 40% del presupuesto de Defensa como ha hecho Alemania?”. Gaspar Llamazares, de IU, denunció el consenso constitucional y definió el acuerdo PSOE-PP como “un golpe a la Constitución. Una forma moderna del caballo de Pavía que sustituye la soberanía de la ciudadanía por la soberanía de los mercados, y yo me rebelo ante una iniciativa que prescinde de mi derecho de participación política. Es un desvarío y convierte la Constitución en un balance de ganancias y pérdidas”. “Para lo que nos queda en el convento –añadió Llamazares- les pido que tengan un gesto de dignidad y se rebelen. PSOE y PP se han puesto del lado de la usura”.
El goteo de voces críticas en el seno del PSOE contra la reforma de la Constitución para fijar un techo de gasto provocó un vendaval de descontento que amenazó con dividir en dos a los socialistas y romper la disciplina de voto del partido. Ex ministros como Josep Borrell, Juan Fernando López Aguilar o Jordi Sevilla; diputados como Antonio Gutiérrez, José Antonio Pérez Tapias, Manuel de la Rocha y Juan Antonio Barrio de Penagos; barones regionales como Tomás Gómez y Guillermo Fernández Vara; alcaldes como Ángel Ros (Lleida); un amplio sector del Partido Socialista de Catalunya (PSC) y hasta el propio Alfredo Pérez Rubalcaba y su equipo de campaña expresaron, en público y en privado, su malestar hacia esta reforma, aunque, finalmente, Rubalcaba asumió las riendas de negociación con el PP, tras asegurar que no supondría “en ningún caso” recortes sociales. Y todos inclinaron la testa, alienándose por la propuesta de Zapatero, con la excepción de Antonio Gutiérrez, que rompió la disciplina de voto.
La aprobación del proyecto de ley, aprobada por 318 votos –la mayoría del PSOE y PP, y 16 en contra– dejó, en efecto, a los diputados socialistas en pelota. El malestar en el PSOE, era evidente. Josep Borrell, ex presidente del Parlamento Europeo y ex candidato socialista a La Moncloa, lo había dicho muy claro: él no votaría a favor de la reforma, que definió como “un sacrificio ritual a las exigencias de la señora Angela Merkel”. En su opinión, la modificación constitucional supone “renunciar a un instrumento de la política económica que en algún momento puede ser útil o incluso necesario” debido a las “circunstancias cambiantes de la economía”.
Sólo algunos diputados de la oposición hablaron en el Congreso sin pelos en la lengua. Joan Ridao, de ERC, definió la reforma como “una imposición del Banco Central Europeo y de la derecha europea. No es un problema de déficit público, sino de credibilidad, que incidirá en la inversión pública y en el gasto social. Si quieren ahorrar, ¿por qué no reducen, por ejemplo, el 40% del presupuesto de Defensa como ha hecho Alemania?”. Gaspar Llamazares, de IU, denunció el consenso constitucional y definió el acuerdo PSOE-PP como “un golpe a la Constitución. Una forma moderna del caballo de Pavía que sustituye la soberanía de la ciudadanía por la soberanía de los mercados, y yo me rebelo ante una iniciativa que prescinde de mi derecho de participación política. Es un desvarío y convierte la Constitución en un balance de ganancias y pérdidas”. “Para lo que nos queda en el convento –añadió Llamazares- les pido que tengan un gesto de dignidad y se rebelen. PSOE y PP se han puesto del lado de la usura”.
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