Si una corrida de toros ya es una acto de extrema violencia y crueldad, lo acaecido hace pocos días en una plaza de Inca (Mallorca) fue algo que rayó con el sadismo. El toro rompió el asta al impactar contra el burladero de la plaza. El animal se negó a volver al corral. Era el quinto toro de la tarde. Ante la situación del astado, el rejoneador se retiró y decidieron devolver al toro al chiquero. Le abrieron la puerta y varios lidiadores y subalternos, bien resguardados tras el burladero, intentaron obligarle con las capas a que se retirara. Pero, ante su persistencia en permanecer en la plaza, uno de ellos, le intentó apuntillar varias veces en cuanto se acercaba al burladero. Pero el toro seguía resistiendo, negándose a volver al corral.
El espectáculo, cruento y sádico, fue presenciado por un público en el que había varias decenas de niños que habían entrado en la plaza en contra de lo que marca la ley y por turistas. Manolo Martín, empresario de la plaza, dispuesto a acabar definitivamente con aquel toro, se lanzó al ruedo sin traje de luces y sin importarle las consecuencias brutales e impactantes de su acto, provocando que gran parte del público (en su mayoría, turistas), saliera de la plaza, consternado, entre lágrimas y horrorizados por el espectáculo. Y, mientras arreciaban los gritos del público y de turistas en desacuerdo, por dos veces le clavó la espada. En el segundo intento, al fin, acababa con el morlaco, en medio de una sangría y de una corrida contemplada por no pocos niños y vigilada incluso por las fuerzas del orden. Sólo faltaba, como complemento, la presencia de algún cura u obispo que bendijera aquel esperpento.
Inmediatamente, Carmen Rojas, responsable de Pacma (Partido Antitaurino Contra el Maltrato Animal) en Illes Balears, denunció al empresario y explicó que “el reglamento no permite saltar al ruedo sin anunciarlo en el cartel. Uno no puede saltar a la arena y matarlo de cualquier manera. Es una falta grave para la que se estipula una sanción de 125 a 25.000 euros. Pedimos la más alta porque hemos alegado alarma social y repercusión del acto debido a su crueldad”. Rojas también le acusó de permitir el acceso de niños a una plaza de toros.
Los animalistas, además, han denunciado al Ayuntamiento de Inca ante la Conselleria d'Agricultura “por apoyar con 10.000 euros el alquiler de un palco de autoridades en 2010, al que sólo acudieron tres personas”. Un hecho que Rojas califica de grave ante la situación económica que atraviesa el consistorio (del PP), que alberga, junto a los ayuntmaientos de Palma de Mallorca, el de Alcudia (ambos del PP) y el de Muro (gobernado por un pacto entre Convergencia Democrática de Muro, el PP y la Lliga Regionalista), las cuatros únicas plazas de toros existentes en la comunidad. “Si el torero de turno no pudo sacrificar al animal, uno no puede saltar al coso y matarlo de cualquier manera”, se queja Silvia Barquero, portavoz de Pacma, quien explica que el empresario ya “recibió dos multas por permitir la presencia de niños en los tendidos”.
Estas imágenes pueden herir la sensibilidad.
El espectáculo, cruento y sádico, fue presenciado por un público en el que había varias decenas de niños que habían entrado en la plaza en contra de lo que marca la ley y por turistas. Manolo Martín, empresario de la plaza, dispuesto a acabar definitivamente con aquel toro, se lanzó al ruedo sin traje de luces y sin importarle las consecuencias brutales e impactantes de su acto, provocando que gran parte del público (en su mayoría, turistas), saliera de la plaza, consternado, entre lágrimas y horrorizados por el espectáculo. Y, mientras arreciaban los gritos del público y de turistas en desacuerdo, por dos veces le clavó la espada. En el segundo intento, al fin, acababa con el morlaco, en medio de una sangría y de una corrida contemplada por no pocos niños y vigilada incluso por las fuerzas del orden. Sólo faltaba, como complemento, la presencia de algún cura u obispo que bendijera aquel esperpento.
Inmediatamente, Carmen Rojas, responsable de Pacma (Partido Antitaurino Contra el Maltrato Animal) en Illes Balears, denunció al empresario y explicó que “el reglamento no permite saltar al ruedo sin anunciarlo en el cartel. Uno no puede saltar a la arena y matarlo de cualquier manera. Es una falta grave para la que se estipula una sanción de 125 a 25.000 euros. Pedimos la más alta porque hemos alegado alarma social y repercusión del acto debido a su crueldad”. Rojas también le acusó de permitir el acceso de niños a una plaza de toros.
Los animalistas, además, han denunciado al Ayuntamiento de Inca ante la Conselleria d'Agricultura “por apoyar con 10.000 euros el alquiler de un palco de autoridades en 2010, al que sólo acudieron tres personas”. Un hecho que Rojas califica de grave ante la situación económica que atraviesa el consistorio (del PP), que alberga, junto a los ayuntmaientos de Palma de Mallorca, el de Alcudia (ambos del PP) y el de Muro (gobernado por un pacto entre Convergencia Democrática de Muro, el PP y la Lliga Regionalista), las cuatros únicas plazas de toros existentes en la comunidad. “Si el torero de turno no pudo sacrificar al animal, uno no puede saltar al coso y matarlo de cualquier manera”, se queja Silvia Barquero, portavoz de Pacma, quien explica que el empresario ya “recibió dos multas por permitir la presencia de niños en los tendidos”.
Estas imágenes pueden herir la sensibilidad.
Es evidente que en este caso se han incumplido los protocolos de actuación. Pero ello sólo habrá de importarle a quienes pagaron su entrada. No a otros. Y menos aún a los de alimentación vegana y petroquímica en el indumento.
ResponderEliminarchiflos.