Mientras el Gobierno español consideraba ayer que el impacto de la huelga general contra la reforma laboral fue “muy moderado a lo largo del día” e informaba de que la actividad económica se vio menos afectada que en anteriores paros, registrándose 116 heridos (entre policías y ciudadanos) y 176 detenidos en 381 concentraciones, la prensa internacional se hacía eco de la misma en sus portadas. “Huelga, recesión, déficit –anunciaba “Le Monde” en su primera página a cuatro columnas–: España se convierte en la gran preocupación de Europa”. El periódico francés hace un repaso de la situación en nuestro país tomando como “percha” la huelga general convocada por los sindicatos. “Le Monde” subtitula: “Mariano Rajoy presentará un paquete de medidas de austeridad en un clima social hostil” y añade esta reflexión: “Tras varias semanas de calma, la inquietud retorna a la eurozona. En el corazón de las preocupaciones: España, cuyas cuentas públicas suscitan interrogantes. Tras un déficit de 2011, mucho más elevado de lo esperado, la realidad de las cifras está hoy en entredicho. Tanto que dirigentes europeos y economistas dudan de la capacidad del gobierno conservador de Mariano Rajoy para respetar sus compromisos”.
El diario vincula directamente el clima de descontento social con la reforma laboral aprobada por el Gobierno que “aligera las condiciones del despido y permite a los empresarios bajar los salarios”. Y señala que “el viernes (hoy), Rajoy presentará sus presupuestos para 2012, con unos recortes de 20.000 millones de euros suplementarios, después de un paquete de medidas de ahorro de 15.000 millones adoptado en diciembre de 2011. A consecuencia de difíciles negociaciones con Bruselas, España ha prometido reducir el déficit público del 8,5% al 5,3% del PIB entre 2011 y 2012, antes de intentar rebajarlo al 3% en 2013. Un objetivo muy ambicioso para un país que vuelve a hundirse en la recesión”. Para “Le Monde”, la conclusión es clara: “España se ha convertido en la preocupación número uno de la eurozona… La prueba es que hoy, al contrario que hace tres meses, paga más intereses que Roma por sus créditos financieros. Y, a pesar de la liquidez suministrada por el BCE, las tasas españolas no han bajado más que ligeramente”.
Le Figaro también lleva a la primera página de su edición en papel el 29-M con el titular “Huelga general en España contra la austeridad”, mientras que los periódicos británicos se hacen eco de la noticia en sus ediciones digitales. Otros medios de Europa y América también la han cubierto, acompañando en diversas ocasiones la noticia con vídeos e incluso seguimientos de la noticia al minuto por parte de sus reporteros. “The Guardian” es el que mayor cobertura ofrece de esta protesta, incluyendo un seguimiento prácticamente al minuto con imágenes y vídeo bajo el titular ‘Crisis de la Eurozona: la huelga sacude España’. De manera más breve la edición digital de la BBC resume la protesta de los trabajadores españoles, recordando que esta huelga ha sido convocada por los sindicatos debido a las medidas económicas del Ejecutivo, si bien éstas continuarán en los próximos días. Curiosamente, la prensa alemana omite aparentemente cualquier referencia en las portadas de cabeceras digitales de diarios tan importantes como la “Frankfurter Allgemeine Zeitung” o el “Der Spiegel”.
El periódico italiano “Il Corriere della Sera” destaca la convocatoria de huelga, señalando como curiosidad la “guerra de cifras” entre sindicatos y Gobierno por el seguimiento de trabajadores, acompañando también la información con un vídeo. “España, en jaque por la huelga general: ultimátum de los sindicatos”. Claramente, pone acento a la protesta que, aunque ha tenido fuerte seguimiento en nuestro país, no ha sido tan masiva como los sindicatos esperaban o anunciaban. “The New York Times” también incluye en su portada la noticia y en su Twitter, apuntando que las protestas “más fuertes” se esperaban en la tarde. La portada de la edición digital de “Wal Street Hournal” dice que “La huelga en España pone en peligro la austeridad”. Por otra parte, en un artículo de análisis sobre la huelga española, David Román asegura que nuestro país da lugar a huelgas poco conflictivas, donde los sindicatos no se exceden y donde el Gobierno y las autoridades optan por dejar hacer y no provocar más incidentes en la calle. El diario argentino “Clarín” hace también alusión a esta protesta, si bien no lo destaca en su portada. En cualquier caso, el titular señalaba al dirigente del Gobierno español: ‘Huelga general para Rajoy’.
Hoy se celebra la huelga general contra las políticas antisociales de los gobiernos del Partido Popular y Convergència i Unió. El derecho a la huelga está recogido en la Constitución, pero a ciertos empresarios y a parte de la Iglesia Católica nunca les ha gustado y luchan contra ella para que se convierta en el más estrepitoso fracaso de los sindicatos convocantes. De ahí el que no pocas empresas ejerzan diversos grados de presión para evitar que sus empleados la secunden. Y de ahí la necesidad de los piquetes informativos como medio de contrarrestar en lo posible estas amenazas.
El abuso de poder de empresarios y jefes es silenciado por los trabajadores que tienen miedo de perder sus puestos de trabajo, y más en momentos de crisis como el actual. Para denunciar estos chantajes por parte de las empresas, se creó hace unos días la “29-M Sin Miedo”, (http://29msinmiedo.tumblr.com/) una web que ofrece un listado completo y público donde se pueden ver las empresas que amenazan a sus empleados para que no acudan a la huelga. Mediante un formulario totalmente anónimo, los trabajadores inscriben la empresa que abusa de su poder y cohíbe a sus empleados, ofreciendo tanto el nombre, el municipio donde se encuentra y otros datos, por ejemplo. el procedimiento de amenaza que emplean.
Antonio Algora, obispo de Ciudad Real y responsable del sostenimiento económico de la Iglesia.EFE ÁNGEL DÍAZ.
Por otra parte, algún obispo, como el de Bilbao, Mario Iceta, censura un documento de pastoral obrera a favor de la huelga general. Iceta ha prohibido a su Secretariado diocesano de pastoral obrera que firme el documento a favor de la huelga general de hoy, 29 de marzo. Y trata de plasmar la misma dinámica pastoral del cardenal Rouco en Madrid. Consiste en que la Iglesia sólo habla de familia y vida y se olvida y guarda silencio ante cualquier tema social. Pero el documento fue firmada por la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) y por la Juventud Obrera Cristiana (JOC) de Bizcaya. “Creemos –dice el manifiesto– que la huelga general es una oportunidad para reivindicar una concepción del trabajo humano como principio de vida, como elemento humanizador que procure la satisfacción de las necesidades materiales, culturales y espirituales de la persona. Una oportunidad también, para que las personas trabajadoras busquemos alternativas a un sistema capitalista que ha impuesto una cultura de la producción y el consumo que nos mantiene permanentemente insatisfechas”. En la información se indica que la diócesis de Bilbao ha digerido mal las prohibiciones de su prelado. Y se argumenta que el documento es “ecuánime” y “basada en la Doctrina Socia de la Iglesia”, además de que ha sido apoyada por todos los sindicatos vascos.
Otros, como Antonio Algora, obispo de Ciudad Real, critican la reforma laboral. Entiende el prelado que la nueva norma aprobada por el PP rebaja “claramente” los derechos de los trabajadores y busca establecer un mercado de trabajo en el que los empleadores hagan y deshagan a su antojo. Monseñor Algora hace estas reflexiones en una carta titulada “A vueltas con la reforma laboral”, publicada en la revista “Con Vosotros”. Y añade: "Parece mentira que, a día de hoy, tengamos que echar mano de usos del pasado que trajeron tanta injusticia y explotación a los trabajadores”. Algora dice que, “si no queda más remedio que aplicar hoy estas medidas, ¿no han de ser complementadas por otras en las que lo central sea la vida de las personas? ¡Tantos avances tecnológicos para esto! Da la impresión de que las sociedades desarrolladas van a ser las que más poder concentren en menos manos, y esto no se corresponde con las aspiraciones de una sociedad democráticamente avanzada”. El obispo lamenta: “No sé si es muy descabellado pensar que, en el río revuelto de la crisis, están pescando los más poderosos sin contar con la opinión de la sociedad”.
Por otra parte, Elena Montes Macías, Directora General de Fundador Kill The Loop, que va hoy a la huelga, ha escrito una carta abierta en la que dice: “Sé que hay empresarios inteligentes y honestos, con conciencia, con sentido común, que reconocen que, gracias a sus empleados, ellos están donde están y que sobre todo, son conscientes de que si sus clientes o usuarios reciben menos salario y sus condiciones laborales son peores (ya que nadie consume más ni contrata más servicios si bajan sus ingresos o si tiene miedo a perder su trabajo), va a empeorar su situación también.
“Apoyar a la Huelga General, es defender también tus propios intereses, porque esta reforma laboral se volverá contra los empresarios, ya que disminuirá muchísimo el consumo. Quizá te alegre saber que vas a poder despedir con muchísima más facilidad a tus empleados y etcétera, pero también tenemos que tener en cuenta que todo eso también lo podrán sufrir tus padres, tus hijos, tu mujer o tu marido, tus familiares, tus amigos, y no creo que esto te parezca justo y te alegre. Incluso, tú mismo dentro de unos años quizás ya no seas empresario y tengas que ser un trabajador más...
“Ser empresario no significa no tener humanidad, y ya es hora de romper con los tópicos y no ser malas personas. Se pueden tener ambiciones y ser ético al mismo tiempo. Apoyar a que los trabajadores luchen por sus derechos, es algo bueno, y jamás deberían ser penalizados por ello. Y una cosa es segura, te ganarás el respeto y la admiración de tus trabajadores y de tus clientes. Y esto sólo puede traer cosas buenas: buenas críticas, mejor reputación, mejor rendimiento, mejor imagen, etc. Siembra y cosecharás.
Yo, como empresa, el día 29 de marzo, por la Huelga General:
• No abriré mi oficina e iré a la Huelga General. • Estaré al tanto de las noticias, tanto por internet como por televisión o radio . • Dejaré una respuesta automática en mi email por si algún cliente me escribe sepa mis motivos por el que ese día no podrá ser atendido. Sin embargo, estaré accesible vía teléfono móvil si alguien desea contactar conmigo por un motivo urgente. • No iré a ningún restaurante, ni bar, ni iré de compras a ninguna tienda ni centro comercial, porque no quiero que nadie trabaje ese día para mí.
Este es un fotomontaje que circula en los correos electrónicos y en las redes sociales sobre un comercio chino y su relación con la huelga general. El 'imaginario' comercio chino recuerda que el día 29 de marzo abre sus puertas. Lo que demuestra lo espabilado que son algunos, aprovechándose de ambas posturas con tal de venderlo todo. “Joyel” con los chinos.
Ante la huelga general convocada para mañana, mi amigo, Federico, me envía el siguiente texto del derecho a trabajar, aunque añade ciertas puntualizaciones:
“Hay que recordar que aunque esté convocada una huelga general en todo el estado español para defender los intereses de la clase trabajadora, existe el derecho a seguir siendo explotado…, perdón, el derecho a trabajar.
“Si eres de los que quieren ejercer el derecho a trabajar, no olvides que también existen otro tipo de derechos que nadie debe arrebatarte:
“Derecho a que te alarguen la edad de jubilación hasta los 67 años o incluso a los 70, aunque estés para el arrastre. Fundamental.
“Derecho a que te suban los años de cotización para que puedas cobrar menos jubilación. Que no te quiten este derecho.
“Derecho a que te bajen el sueldo. Defiéndelo.
“También tienes derecho a que te despidan si tu jefe ha previsto pérdidas para el año que viene. Esto es importante.
“No olvides tu derecho a que tu jefe se pueda saltar el convenio y ofrecerte unas condiciones de trabajo individuales por debajo de los mínimos estipulados en convenio.
“Defiende el derecho a que te puedan despedir en cuatro días, a pesar de que hayas decidido trabajar en un día de huelga.
“Te corresponde el derecho a que te despidan por casi la mitad de dinero.
“Derecho a pensar que no vamos a conseguir nada con la huelga. Es mejor quedarse quietos y no hacer nada. Aguantaremos con lo que venga y ya está. Es por nuestro bien.
“Que nadie te quite la ilusión de heredar la empresa. Estaría bueno.
“Tienes derecho a ‘pasar’ de los sindicatos, porque son todos iguales. Lo único que quieren es ganar dinero sin trabajar. Van a lo suyo y son todos unos chupópteros ¡todos! Incluso sindicatos que no tienen liberados, que se gestionan con la cuota de sus afiliados y no cobran un euro del estado. A tí no te la dan.
“Tienes derecho a ponerte en lugar del empresario. Cuantos problemas tiene, no como tú, egoísta.
“No renuncies al derecho de entregar tu dinero (dinero público) a los bancos, para que se puedan hacer recortes en gastos sociales e infraestructuras. ¿Para qué queremos tantos hospitales o escuelas? Lo primero es la banca, que está sufriendo mucho.
“Pero sobre todo, que nadie te quite el derecho a dejar un mundo peor para tus hijos, dilapidando los pocos derechos que nos quedan y que nuestros antepasados conquistaron con sangre, sudor y lágrimas. Que les den por saco, di que sí”.
La propuesta de fichaje de Ignacio López del Hierro, por Red Eléctrica, y el inmediato de Iván Rosa, por Telefónica, puso de manifiesto el enfrentamiento entre sus respectivas mujeres, Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría. El enfrentamiento “soterrado” entre ambas “damas de hierro” de Rajoy era un secreto a voces en el Partido Popular. “Las dos “damas de hierro” de Rajoy no parecen llevarse muy bien y el antagónico tratamiento de Rajoy frente a Ignacio López y a Iván Rosa ha contribuido a romper el pulso de sus dos damas, dejando entrever cuál de ellas es su favorita.
Primero fue Cospedal la que mantuvo el primer movimiento para acaparar todo el poder en el partido. Preparó el Congreso, acaparando para sí todo el poder, eliminando a cualquier persona –hombre o mujer – que pudiera hacerle sombra y rechazando, como le pedían desde el PP, delegar alguna función para no tener que compatibilizar la dirección del partido con la Presidencia de Castilla-La Mancha. Desapareció de su camino tanto Ana Mato, vicesecretaria de Organización, como Esteban González Pons, vicesecretario general de Comunicación. Rajoy, viendo antes que nadie el problema que iba surgiendo con ella, le dejó hacer. Hasta que, el lunes 12 de marzo, Moncloa “visó” los nombramientos en el Consejo de Red Eléctrica Española, empresa semipública. “Nadie con dos dedos de frente puede pensar que el nombre de López del Hierro, marido de Cospedal, iba a pasar inadvertido”, confesaban a “El Confidencial” varios diputados del PP. “No sé si Rajoy lo vio, pero estoy seguro de que la vicepresidenta estaba al tanto”, asegura otra fuente “popular”. Y dio el visto bueno. Dos días después, al hacerse públicos los nombramientos del Consejo, se desató el escándalo.
Unas horas después, Moncloa forzaba la renuncia del marido de Cospedal, quedando en evidencia la secretaria general. Una derrota que el presidente del Gobierno hizo más evidente, tras revelar el fichaje por Telefónica de Iván Rosa, abogado del Estado y marido de otra abogada del Estado, Soraya Sáenz de Santamaría, como integrante de una estructura de nueva creación, para asesorar jurídicamente a la empresa de César Alierta en Brasil. Y aunque es cierto que Telefónica es totalmente privada y que el marido de la vicepresidenta es un profesional muy cualificado para el puesto, no lo es menos que la empresa de Alierta ya es veterana en fichajes “políticos” de color opuesto (Eduardo Zaplana, Alfredo Timermans, Iñaki Urdangarín, Javier de Paz, Iván Rosa o la mujer del socialista Eduardo Madina).
Todas estas circunstancias se dan sin que Rajoy haya movido un dedo para evitar tan nombramiento. Al contrario, el presidente del Gobierno (cuya esposa, Viri, ahora en excedencia, trabajaba curiosamente también en Telefónica, fichada cuando su marido era vicepresidente de Aznar), respalda a la vicepresidenta quien defiende el proyecto de Ley de Transparencia. Una ley que, en palabras del propio Rajoy “pretende que si se ‘enchufa’ salga el nombre y apellidos y se explique cuáles son las razones por las que se contrata, si ha habido concurso público, o simplemente porque se le ha ocurrido al señor de turno”. Y Soraya Sáenz de Santamaría la defiende en el Consejo, mientras su marido es contratado en Telefónica, como asesor jurídico en su división internacional, y López del Hierro tiene que renunciar a su fichaje, como consejero de Red Eléctrica ante el escándalo que origina su nombramiento.
En cualquier caso, a partir de ahora, la austera vice presidenta dice que se abstendrá de comentar con su Iván cualquier asunto que pueda afectar a las relaciones del gobierno con Telefónica. Como también se inhibirá de cualquier decisión que al respecto adopte el Consejo de Ministros o la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios que ella misma preside. Pero quién es el valiente que se resiste a esta tentación. En todo caso, ¿no hubiera sido más correcto evitarlo a toda costa, tal como debería decir la ley de Transparencia? Estas cosas no sucederían si los funcionarios que se forman a costa del contribuyente para luego ser fichados por empresas que pleitean contra la administración abonasen una fianza millonaria por los daños y perjuicios causados a los contribuyentes. Más de uno se lo pensaría dos veces antes de aceptar tan fácilmente.
La primavera llegó este año con mal pie, vestida de invierno, con fuertes lluvias e incluso con nieve, que cuajó en algunos puntos de Madrid. La nueva estación, se presentó con malos augurios político-económicos, pretendiendo marchitar las escasas esperanzas de recuperación. Y, para colmo, los pensionistas, más precavidos y preocupados que nunca, comenzaron a desconfiar de los mismos banqueros, quienes imponen sus sibilinas normas en la letra pequeña. Jubilados y ahorradores astutamente engañados, se levantan en protesta por los malos consejos que un día recibieron. Cayeron los bancos sobre ellos como bombas de relojería adosada en los bajos de la reforma financiera. Nada menos que cincuenta y dos entidades bancarias han vendido sus productos a clientes confiados, amigos y familiares, y cerca de un millón de pequeños ahorradores, muchos de ellos jubilados, vieron su dinero atrapado por un complejo producto financiero: las llamadas “participaciones preferentes”. Quienes confiaron en las sucursales bancarias, pensando que invertirían en renta fija sin riesgos, se encuentran con que no pueden disponer de su dinero porque las reglas de los mercados han cambiado y los bancos les exigen que su inversión sea a perpetuidad. Algunos optaron por canjearlos por otros productos, aunque eso les supone perder dinero o tardar años en recuperarlo. ADICAE, asociación contra los abusos bancarios, logró agrupar a los afectados e interponer reclamaciones extrajudiciales.
Las llamadas “participaciones preferentes”, una especie de corralito financiero que ha atrapado los ahorros de cerca de un millón de familias españolas, provocaron estragos. Se trataría, según los afectados, de una gran estafa, perfectamente maquinada por los bancos españoles, contra una mayoría de pensionistas y pequeños ahorradores, que creían haber contratado una cuenta de plazo fijo cuando realmente fue un producto financiero de inversión, de carácter perpetuo. Muchos de ellos todavía no lo saben y desde las sucursales bancarias tampoco les informaron correctamente. La mayoría de medios de comunicación no se hicieron eco de la noticia puesto que siguieron a ojos cerrados los consejos y publicidad de la banca y no osó enfrentarse con ella. Pero, quienes confiaron en los bancos, pensando que invertían en renta fija sin riesgos, se encontraron con que no podían disponer de su dinero, con las reglas de los mercados cambiadas, y el banco sin obligación de devolverlo. A los diez años del corralito argentino, medida por la que millones de argentinos vieron bloqueadas sus cuentas corrientes de la noche a la mañana, el fantasma de un corralito español en forma de restricciones a la libre disposición de fondos no era más que un ejercicio teórico de ficción para economistas. Y los ahorradores terminaron por perder la confianza en los bancos.
Vigo, 15 de marzo. Cerca de 200 personas protagonizan, en la sede central de Novagalicia Banco, una nueva protesta en contra de los abusos de las entidades financieras. Todas ellas pretenden poder rescatar el dinero depositado en “participaciones preferentes”, un efectivo irrecuperable tal y como está contratado con la entidad, ya que tiene un plazo de vigencia a perpetuidad. La convocatoria ha sido realizada por los afectados de la plataforma de O Morrazo, donde se encuentran en torno a 2.000 personas. Según otras versiones, en Galicia hay unos 100.000 afectados. Los movilizados lanzan gritos contra la directiva de la entidad financiera y muestran pancartas alusivas al banco y al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo. Cortan el tráfico en la calle de Colón, una de las principales arterias de la ciudad, que une la zona baja con la alta del centro. Los damnificados estiman que solo Novagalicia Banco comercializó en torno a 1.100 millones de euros en este servicio en el período entre el 2006 y el 2009. En su mayoría, son personas de avanzada edad que, llegado el momento de rescatar el dinero, se ven imposibilitadas por las condiciones del depósito.
Abel Caballero, alcalde socialista de Vigo promete poner la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) a disposición de los afectados por la compra de participaciones preferentes, para cualquier duda o consulta jurídica. El regidor, que en las últimas horas mantuvo una reunión con un grupo de afectados, les apoya, al tiempo que anuncia que se dirigirá a todas las instituciones financieras “para que resuelvan el problema”. Abel Caballero constata cómo lo ocurrido a miles de familias que confiaron en estos productos financieros se ha convertido en “un drama social”. Por ello, insta a los grupos políticos en el Ayuntamiento a elaborar una moción que será debatida en Pleno, para pedir tanto al Banco de España como a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) “que dicten las soluciones oportunas”. Los afectados protagonizan una nueva protesta frente a la sede central de Novagalicia Banco, en Vigo. Y se concentran a las puertas del edificio –contra las que lanzan huevos– con pancartas, silbatos e incluso cencerros, para reclamar a la entidad “que devuelva lo que robó”.
Las participaciones preferentes ofrecieron una alta rentabilidad, el doble que productos como depósitos o cuentas de ahorro, cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos. Pero la letra pequeña esconde una contraindicación nefasta, porque ese dinero ha quedado depositado a perpetuidad y, en la mayoría de los casos, no se puede recuperar. El Instituto Galego de Consumo registró 213 expedientes. En algunos de los documentos, aportados por el bufete Concheiro & Seoane, que asesora a varios afectados, se puede leer que no hay un test previo que indica si el cliente cumple con el perfilo adecuado: “Debido a la falta de información suministrada para la evaluación de la conveniencia, reconozco y acepto la imposibilidad de que la entidad pueda determinar si el servicio, operación o producto de inversión es adecuado para mí, según mis conocimientos y experiencia”. Lo que demuestra que algunas entidades no pasaron los test de idoneidad a sus clientes. “Eso es un engaño –apunta Jaime Cocheiro–, y esa cláusula puede ser nula”. El abogado recuerda que los afectados pueden acudir a la vía judicial o aceptar las condiciones de canje del producto, aunque, en ocasiones, se hace con pérdida para el cliente (caso de Ibercaja) o con intercambio por acciones (Popular, BBVA, Santander, La Caixa o Bankia lo están haciendo), lo que puede conllevar pérdidas futuras. El intervenido Banco de Valencia anunció que no pagaría intereses por sus preferentes, al estar en quiebra técnica. Antes ya lo había hecho Unnim, hoy vendida al BBVA. En la Comisión de Economía de El Congreso, el PP tumbó una propuesta del PSOE –que incorporaba enmiendas del BNG– para resarcir a los clientes afectados y permitir que pudiera recuperar todo lo invertido en esos productos. Igualmente, se exigió responsabilidad a la CNMV y al Banco de España., pero el Grupo Popular justificó su negativa a apoyar la propuesta porque es “inconcreta”.
Alberto Núñez Feijóo, afirma que la Xunta está “ocupada y preocupada” por los “miles” de gallegos afectados por el conflicto de las participaciones preferentes e indica que seguirá planteando la necesidad de articular “una solución para canjear preferentes por depósitos. Y que sean líquidos”. Preguntado al respecto, el presidente señala que el problema de las preferentes no se ciñe a una entidad “en concreto”, sino que afecta “a varias” del sistema financiero español y acredita que “fallaron los controles” del Banco de España y del Ministerio de Hacienda del anterior Gobierno socialista. “Hay gente de buena fe que metió dinero que no le devuelven y esa gente, que ahora se encuentra con la letra pequeña del contrato, necesita una explicación y una solución”. De hecho, Núñez Feijóo remarca que la solución, cuando se alcance, debe ser “una solución de Estado” e insiste en la necesidad de que los afectados cuenten con “liquidez”. Indica que ya se puso en contacto con el Gobierno central para que éste proponga una solución de negociación con la UE para que los más de 100.000 gallegos puedan recuperar sus ahorros atrapados en las denominadas “participaciones preferentes” que adquirieron, sobre todo, en las antiguas Casixanova y Caixa Galicia. Núñez Feijóo remite “de oficio” al Ministerio de Economía una carta, urgiendo una solución. La Fiscalía de Pontevedra ya abrió diligencias informativas a Novagalicia. La entidad gallega logró una inversión con Novacaixagalicia, y antes de eso, Caixanova y Caixa Galicia, de 1.078 millones de euros (casi 180.000 millones de las desaparecidas pesetas). Núñez Feijóo aprovechó su intervención en el Parlamento para defender la reestructuración financiera que vivió Galicia con las fusiones de las ya extinguidas Caixanova y Caixa Galicia.
En Cantabria, 15.000 familias con unos ahorros retenidos de 300 millones de euros se movilizan frente a entidades bancarias. Los afectados por el “corralito español” estudian la posibilidad de presentar una demanda agrupada por el “engaño” al que fueron sometidos, al participar en un producto “tóxico” que les causa una deuda “perpetua” que “no se amortiza jamás”. Los manifestantes, con pitos y cacerolas, portan pancartas con lemas como “Renta fija, estafa fija”, “Si tienes una pistola, robas un banco; si tienes un banco, puedes robar a todo el mundo”, “Se busca banco decente que no engañe a los clientes”, “La gran obra social de la Caixa: engaño y estafa”, mientras corean: “Ya está aquí, ya llegó, el corralito español”. Para Juan Manuel Brun, portavoz de los afectados, y delegado en Cantabria de ADICAE), la “única solución justa”, es el reembolso de las cantidades al 100%, frente a otras alternativas que les han planteado, como préstamos. El colectivo está compuesto en su mayoría por personas de más de 65 años, que han podido suscribir participaciones por un total de entre 400 y 500 millones de euros, con un valor medio de 40.000 a 60.000 euros, “transformados” en productos de riesgo, sin informarles exactamente de las condiciones en que se adquiría. ADIVAE explica que se trata de un producto no solicitado ni buscado por los clientes, vendido irregularmente sin atender en modo alguno a lo que los consumidores querían o les convenía, y sin suministrar la información previa imprescindible, que genera importantes pérdidas para el usuario, después de haber sido colocado como si se tratase de inversiones a plazo fijo, cuando se trata de deuda perpetua, no amortizable, salvo a elección de la entidad y no cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos.
A finales del año pasado, ADICAE instó a la CNMV a iniciar una campaña de inspección sobre la comercialización de las participaciones colocadas por Santander, BBVA, Banesto, Bankia, Banco Popular, La Caixa y Bankinter. Las participaciones preferentes son un producto de inversión muy complejo, con un riesgo elevado. Se trata de valores que no tienen liquidez inmediata, para los que no existe garantía sobre el capital invertido, es decir, el consumidor puede tener pérdidas. Además, no se prevé ningún tipo de compromiso de recompra por parte del emisor (banco o caja). Tienen carácter perpetuo, sin fecha de amortización prevista, aunque con una opción de amortización anticipada para el emisor, si bien normalmente las entidades de crédito incluyen una posibilidad de amortización a los cinco años potestativa para la propia entidad. Por esto no ha estallado todavía un escándalo masivo, puesto que los consumidores creen que tienen un plazo fijo a cinco años. En el caso de que no esperen ese plazo y deseen rescatar parcial o totalmente su dinero se encuentran con la triste realidad de que únicamente pueden acudir al mercado secundario, AIAF, en el que estos productos se venden muy por debajo de su valor nominal. De hecho, actualmente tienen calificación de bono basura. La negativa de las entidades denunciadas por ADICAE a otorgar la rentabilidad prometida es una buena muestra del estado real de las cuentas de la inmensa mayoría de la Banca española. Las entidades las están utilizando para reforzar sus fondos propios de capital. Las víctimas han sido sus propios clientes, a quienes las entidades han colocado este producto de manera especialmente intensa al comienzo de su crisis de liquidez, aproximadamente en 2009, sin advertencia alguna de los riesgos que entrañan estos productos, colocándolos como si se tratase de inversiones a plazo fijo. En abril de ese año, la CNMV se vio obligada a salir al paso, publicando un folleto informativo en el que las calificaba como un producto complejo y de riesgo elevado y advertía de que, en caso de insolvencia del emisor, se situaban en el orden de recuperación de los créditos por detrás de todos los acreedores comunes y subordinados y por delante de las acciones ordinarias y de las cuotas participativas, en el caso de las cajas de ahorros. Sin embargo, durante 2010 y 2011 han continuado estas emisiones como forma de las entidades de mejorar sus ratios de solvencia, puesto que computan como fondos propios.
A principios de 2009, los Bancos y Cajas de Ahorro españoles tenían necesidad de mejorar sus recursos propios y, con la emisión de preferentes, encontraron un filón para recapitalizarse a precios muy ventajosos. Pensaron que los ahorradores más vulnerables, los ancianos sin perfil profesional que confiaban plenamente en su director y en la oficina bancaria de toda la viva, eran unos clientes que no exigirían demasiadas explicaciones. Y realizaron contactos por medio de llamadas. “Se dispusieron a vendernos su plan, mintiendo y engañando con ánimo de lucro. Nos aseguraron que podían contar con un depósito sin riesgo y que podrían rescatar el capital cuando quisieran. Nos ofrecieron unas altas comisiones, ignorando que los intereses no compensaban el riesgo”. Interesados por los elevados intereses, se dejaron engañar fácilmente, sin que exigieran la mínima aclaración. De esta manera, los banqueros consiguieron captar 30.000 millones de euros. La jugada había sido perfecta: recapitalizar a costa de los únicos que podían comprar unas participaciones que nadie estaba dispuesto a comprar. Luego, una vez que ya no le servían las preferentes para mejorar sus ratios de solvencia debido a un cambio normativo del Banco de España, se dieron cuenta del engaño: ya no podían sacar su capital y, a lo sumo, se podía solicitar que el ahorrador aceptase un canje o no recuperar jamás algo de ese dinero. Una jugada perfecta en la que se institucionalizaba del “corralito” español.
Cincuenta y dos bancos y cajas de ahorro comercializaron de forma irregular entre sus clientes, bajo la apariencia de “depósitos a plazo fijo” con rentabilidad garantizada, y casi siempre ante un perfil de consumidor de edad avanzada que buscaba completar su jubilación con los ahorros de toda una vida. Lo cuenta Rebeca Mateos Herraiz en su artículo: “El ‘corralito’ español afecta ya a un millón de familias”. La mayor parte de los afectados aseguran que nadie les informó de los riesgos de estos productos, ni de su escasa o nula liquidez, ni de su perpetuidad. Todos ellos se encontraron con el desaguisado al ir a retirar sus ahorros y al negarse la entidad bancaria a devolvérselos. “En mi caso me dijeron que había riesgo cero y una liquidez de 48 horas si quería recuperar el dinero. Me siento totalmente estafada”. Carmen, casada y con dos hijos de 16 y 13 años, había confiado en La Caixa, entidad en la que tenía sus ahorros. “Jugaron con la confianza personal que estas entidades tenían con nosotros”. Ingresó 100.000 euros, pero todavía no ha podido recuperar ni un euro de ese dinero, ni se ha podido comprar la casa para la que tanto ella como su marido venían ahorrando desde hacía muchos años. El Banco de España mostró cierta preocupación por la alarma social generada, “pero no ha tomado medidas eficientes para resolver el problema”, indica Manuel Pardos, presidente de ADICAE. “El Gobierno se está lavando las manos. Ahora, el ministro de Economía, Luis de Guindos, se descalza con una medida compleja, proponiendo a las entidades que, durante un año, puedan mantener a los ahorristas en el corralito, sin pagar los intereses del cupón. Si el Gobierno anterior permitió la creación de este corralito, el actual lo está incluso protegiendo”. ADICAE demandó al Banco de Sabadell, BBVA, CAM, Catalunya Caixa, La Caixa, Nova Caixa Galicia, Banco Santander y Banca Cívica y a sus respectivas filiales, por la masiva comercialización fraudulenta de participaciones preferentes, con las que dichas entidades contribuyeron a crear un corralito al ahorro. “Estamos ante el mayor fraude al ahorro familiar en los últimos tiempos. Mayor incluso que los de AVA, Gescartera o Forum y Afinsa”, señala Pardos.
“Ríase usted de la huelga general –escribe José Antonio Navas en ABC– eso no es nada, comparado con la que se puede montar si termina estallando la enésima burbuja generada por una economía gaseosa de andar por casa y en la que ahora están atrapados cientos de miles de inversores particulares en toda España. Los grandes bancos y casi la totalidad de las cajas de ahorros, con su creciente pompa financiera y su menguante obra social, han inundado el país de las mal llamadas participaciones preferentes, sembrando un reguero de pólvora que amenaza con hacer saltar por los aires la reforma efectiva del mercado español de crédito. El Gobierno se ha propuesto llamar a los artificieros antes de que la bomba de relojería haga explosión en las manos del futuro presidente de la Comisión de Valores. No en vano, fue el propio organismo supervisor el encargado de colocar un alfiler incandescente sobre el globo de un objeto volador no del todo bien identificado, cuando Julio Segura prohibió este verano el mercadeo que unas y otras entidades emisoras se traían con el susodicho artilugio financiero. Desde entonces, las preferentes ya no son lo que eran, ni aseguran la liquidez, ni garantizan la rentabilidad, con el agravante de que todavía existe un saldo vivo de más de 11.000 millones de euros”.
“Majestad –dice un grupo de usuarios de Banca afectados por este problema, en una carta dirigida recientemente a los diputados españoles y al Rey– somos un grupo de usuarios de banca, afectados por la irregular comercialización por parte de la entidad financiera Caja Madrid (hoy, integrada junto a otras cajas de ahorro en Bankia) de participaciones preferentes en el año 2009. Se estima que somos cerca de 100.000 los españoles que hemos adquirido este producto financiero por un valor total de 3.000 millones de euros. Y muchos más, hasta 1.000.000, los que han adquirido participaciones preferentes de hasta 15 entidades bancarias españolas. La inmensa mayoría de nosotros somos pequeños ahorradores, clientes minoristas, es decir, los que, por ley, merecemos mayor protección, conservadores en nuestras inversiones y, en muchos casos, pensionistas y jubilados, absolutos desconocedores en asuntos financieros. Los responsables de nuestras sucursales de Caja Madrid (hoy Bankia) nos vendieron estas participaciones preferentes de manera engañosa y fraudulenta, afirmando que se trataba de un depósito a plazo, con un interés asegurado, pagadero cada trimestre, y con la posibilidad de recuperar el capital principal en un plazo de 48 horas.
“En estos últimos mese hemos sabido que, por el contrario, disponemos de un producto absolutamente desaconsejado a nuestros intereses por su complejidad, iliquidez y perpetuidad. Ahora mismo, Majestad, nuestros ahorros, producto de años de intenso trabajo y esfuerzo, son humo. Creímos en nuestro banco de toda la vida y nos encontramos con que nuestra confianza ha sido traicionada. Muchos de nosotros no descartamos demandar a Caja Madrid, no sin antes intentar lograr la mejor solución para todas las partes que evite llegar a los juzgados, por lo que estamos comunicando nuestra penosa situación a los representantes políticos, instituciones financieras, medios de comunicación, organismos de defensa del ciudadano y del consumidor tanto a nivel nacional como europeo. En este sentido, consideramos que nadie mejor que Su Majestad el Rey puede defender ante cualquier instancia los derechos de sus ciudadanos, víctimas frente a los abusos y la codicia de la banca. Con la esperanza de que su intermediación pueda servir para resolver del mejor de los modos este asunto, reciba nuestra mayor consideración y sincero aprecio”.
Cientos de cajeros automáticos de Madrid amanecieron el jueves pasado con unas placas de escayola adosadas a los monitores y la advertencia sobre ellas: “Si tapian tus derechos, tapia tu banco”. La operación, que los ha dejado inservibles, estuvo programada por el llamado “Eje de Bancos de la Semana de Lucha por el Derecho a la vivienda”, acción simbólica que señaliza la culpabilidad de los bancos en el problema de la vivienda: “Ellos –afirma esta plataforma– han sido los principales actores de la especulación inmobiliaria de la última década, sus principales beneficiarios y sus más directos responsables”. En el manifiesto, señalan algunas de las maldades que llevan a cabo las entidades bancarias, como el acaparamiento de viviendas y suelo, la especulación, la estafas inmobiliarias y desahucios, “todo, avalado por la Administración”.
Pero la primavera no sólo ha traído protestas y acusaciones contra la Banca, sino que nos ha recordado viejas fotos de políticos sentados en el banquillo de los acusados, como Jaume Matas, ex presidente del PP en Baleares, ex ministro de Medio Ambiente con José María Aznar y culpable, según sentencia de la Audiencia de Palma de Mallorca, de malversación, prevaricación, falsedad documental, fraude a la administración y tráfico de influencias. Matas ha sido condenado a seis años de cárcel por dichos delitos de corrupción. Se trata de la primera pieza penal que llega a juicio de las 26 que integran el caso Palma-Arena. El tribunal también investigó los pagos irregulares hechos por el expresidente a Antonio Alemany, columnista de “El Mundo” que escribía sus discursos y luego los alababa en su periódico. Alemany ha sido igualmente condenado a tres años y nueve meses de cárcel. Hoy, se lamentan estos hechos mientras se recuerda al Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, declarar, en 2004, aquello de que “vamos a intentar hacer en España lo que Jaume y todos vosotros [el PP de Baleares] hicisteis en Baleares”.
Matas, Aguirre, Rajoy, Camps, Barberá y Herrera, en junio de 2006. C. FRANCESC.
El PP está sorprendido de lo poco que le ha afectado electoralmente el escándalo Matas. Ni siquiera los más optimistas pensaron que podrían volver a ganar en Baleares por mayoría absoluta a la primera, en 2011, después de que buena parte de la dirección del partido acabara imputada. Pero lo lograron y ahora Matas ha pasado a ser un apestado. Solo le llaman los amigos más íntimos del PP, mientras que la dirección hace todo lo posible por borrar cualquier rastro del expresidente en la historia del partido. Fuentes del Ejecutivo se limitan a mostrar su “respeto” por la sentencia. El presidente del Gobierno, que durante mucho tiempo fue amigo de Matas, sobre todo cuando ambos eran ministros –llegaron a veranear juntos en el yate de Gabriel Escarrer, el dueño de Sol Meliá–, ya mostró, en 2010, esa distancia con Matas: “Le deseamos lo mejor, que se defienda y, si puede, demuestre su inocencia”. Rajoy también dedicó una frase para el presidente Carlos Fabra, “ciudadano y político ejemplar”, utilizada por la portavoz del PSOE, Soraya Rodríguez, para reclamar explicaciones a Rajoy. El portavoz parlamentario del PP, Alfonso Alonso, recordó que Matas ya dejó el PP, en 2010, y dijo “veremos cómo acaba”, recordando que la sentencia no es firme. El PP intentó alejarse todo lo posible de sus apestados. El más contundente fue Alberto Fabra, presidente de la Comunidad Valenciana y sucesor de Francisco Camps. Rodeado de escándalos de corrupción, en los que el único dimitido hasta ahora es el propio Camps, Fabra anunció que retirará a Matas la distinción de embajador de la Comunidad Valenciana. Un gesto para distanciarse también de Camps, que la concedió en su día. “Quien no entienda que la política es ejemplaridad, entrega, responsabilidad, rigor y compromiso no tiene cabida en el partido”, señalaba Fabra.
José Ramón Bauzá, actual presidente de Baleares, no se habla con Matas y ha hecho de todo para alejarse de su herencia. Tras la sentencia, se le preguntó si cree que el PP debe pedir perdón por la corrupción. “Nosotros ya hicimos lo que tuvimos que hacer, con una renovación del partido, y no voy a hacer más valoraciones que no sean el total y más absoluto respeto a las decisiones judiciales”, remató. El PP y el entorno de Rajoy, defienden que el presidente del Gobierno, a su ritmo, está renovando el partido, alejándose de los focos de posible corrupción. Es lo que hizo Bauzá, después de heredar el PP balear que había dejado la que fue mano derecha de Matas, Rosa Estarás, enviada de urgencia a Bruselas como eurodiputada cuando la investigación judicial iba cercando al partido. Rajoy decidió entonces que había que dinamitar la formación y eligió al farmacéutico alcalde de Marratxí, uno de los poquísimos dirigentes que no estuvo nunca en el Gobierno de Matas. Bauzá decidió efectivamente reventar la formación y eliminar de las listas a todos los imputados.
El ambicioso Francisco Campas, alega estar preparado para ser presidente de la Generalitat o del mismo Gobierno.
Después de todo lo que le ha ocurrido en los últimos años, de sus evidentes lazos con la trama corrupta de empresarios como Francisco Correa y “El Bigotes”, después de aceptar sus trajes, aunque finalmente no constituyeran delito de cohecho, Francisco Camps, imposible de guardar silencio en su velado destierro, ha concedido una controvertida entrevista a “Telva”, en la que confirma que no va a abandonar la política. Lejos de eso, dice lo siguiente: “Me doy cuenta de que estoy más preparado que nunca para ser presidente de la Generalitat o del Gobierno”. Algo que no ha caído nada bien en Génova.
Pero demos paso ya a los humoristas de esta semana, que observan la realidad a través de sus trazos publicados. Ferrán Martín nos muestra gráficamente lo que es una participación preferente. Otros dibujantes: Forges, J. Macipe, L. Sánchez y Cibergwenza.
Pep Roig dibuja nuevos oficios creados por la crisis y muestra la sonrisa de la vicepresidenta del Gobierno con lo ocurrido con su bien amado esposo. Y continúa con “la gran estafa nacional”.
Terminamos hoy con cinco vídeos. Los tres primeros, sobre el “corralito” español.
Una jugada perfecta: institucionalización del “corralito” español. Y nadie dice nada.
En cuarto, los socialistas muestran los modelos de Rajoy en un vídeo que recuerda sus pasadas amistades que puede perjudicarle. Por eso, sin duda, lo presentan. En el vídeo se citan declaraciones de Rajoy en las que ponderaba a Jaume Matas, Francisco Camps o Carlos Fabra, que demuestran la estrecha relación que unió al presidente del Gobierno con estas personas.
En el último, mostramos lo que, lamentablemente, tantas veces se ha repetido: quien tiene el dinero tiene siempre razón.
Esta tarde, a las 20 horas, se celebra, en el Auditorio Villa de Colmenar Viejo, un concierto en el que participan dos bandas de música: la de Damián Sánchez, de Alcobendas, y la de Colmenar Viejo, Maestro José Guillen. El director de la primera, Sergio Casas Santos, dirigirá tres piezas: Lo Cant del Valenciá, de P. Sosa; Danzón nº 2, de A. Márquez y El Arca de Noé, de O. Nararro. El director de la segunda, Miguel Grau Sapiña, otras tres: Bodas de Plata… y platillos, compuesta por él mismo; La Divina Comedia, de Robert. W. Smith y Suite Hebraica, de M. González. Ambas bandas cuentan con un director de origen valenciano.
Creada en 1971 y compuesta por unos ochenta músicos, la Banda Sinfónica de Alcobendas se presentó, tres años más tarde, ante el público. A lo largo de más cuatro décadas, tuvo más de un millar de actuaciones, obteniendo diversos galardones, grabando, en el 2001, su primer disco compacto y, en el 2011, un concierto en el Palau de la Música de Valencia con motivo del 40º aniversario. Por su parte, la Sinfónica de Colmenar, con 25 años dando la nota, está compuesta por unos sesenta músicos. Entre sus múltiples actuaciones, cabe recordar la grabación preparada para RTVE con motivo de la final de la Copa del Rey de 2011 que enfrentó el Barça y el Real Madrid. Cuenta, igualmente con un amplio número de conciertos y acaba de grabar su primer CD, grabado hace un mes, que se pone hoy a la venta al público.
Se preguntarán algunos por el motivo de que saque en estas páginas esta noticia. Muy sencillo, porque ambas bandas son motivo de alegría personal cuando actúan, y más aún si lo hacen en el mismo escenario y ante el mismo público. ¿Que por qué? Porque en ambas participo, como músico, con mi trompeta y de ambas aprendí mucho. Así que, si alguien desea pasar un buen rato celebrando esta primavera, que no lo dude y que venga a escucharnos, si puede. Les prevengo que no se arrepentirán de haber dado este paso.
En este primer CD se puede escuchar: Bodas de Plata.., y Platillos, La Divina Comedia, La Batalla de Rande y Cançons de Mare. Su precio es de 10 euros.
Mientras la ONU trata de frenar la escalada de violencia y Amnistía denuncia las torturas sistemáticas de ambos bandos, el régimen sigue bombardenado Homs.
El 15 de marzo del año pasado, miles de sirios se concentraron en las principales ciudades del país para reivindicar el derrocamiento de la “tiranía”. Un año después, la represión y violencia del régimen sirio, se ha cobrado más de 8.000 víctimas mortales, según la ONU, y el desplazamiento de decenas de miles. Y, pese la creación de una nueva Constitución que entró en vigor el 27 de febrero, anunciando elecciones legislativas para el próximo 7 de mayo, el régimen brutal contra los civiles sigue en pie aplastando todas las protestas. El pretexto de Al Asad de “la conspiración extranjera” y de la existencia de “grupos terroristas” en su territorio pretende justificar sus acciones represivas. Pero, según publica “The Guardián”, los mensajes lanzados por el Gobierno sirio durante este año revelan cómo Siria recibe los consejos de Teherán. Los documentos, interceptados entre junio y principios de febrero por el grupo opositor, Consejo Supremo de la Revolución, hacen un “retrato de la familia Al Asad, aislada por la crisis pero que continúa disfrutando de una vida llena de lujos”.
Los países occidentales reclaman de forma abierta la renuncia de Al Asad e imponen sanciones económicas. Pero, otros países como Rusia o China bloquean cada iniciativa presentada en el Consejo de Seguridad de condena contra el régimen. En Deraa, la ciudad donde comenzaron las protestas, unos 20 tanques y vehículos blindados rodearon el distrito de Al Balad y dispararon contra los edificios. Los intensos ataques de artillería precedieron a las redadas casa por casa. Y las negociaciones llevadas a cabo entre los cinco miembros permanentes del Consejo –EEUU, Rusia, China, Francia y Reino Unido– y Marruecos, para sacar adelante una resolución de firma estadounidense, se encuentran paralizadas.
Mientras tanto, Amnistía Internacional, en un informe que cataloga los 31 tipos de torturas que está empleando contra la población, habla de crucifixiones, descargas eléctricas, golpes o violaciones del régimen de Bachar al Asad a los civiles y rebeldes sirios capturados desde hace un año, cuando comenzó la revuelta. “Los testimonios que hemos escuchado –denuncia A.I.– describen los oscuros entresijos de un sistema de detenciones e interrogatorios que, un año después de que comenzaran las protestas, parece destinado a degradar, humillar y aterrorizar a las víctimas para que guarden silencio”. Para Amnistía, este informe debe ser utilizado como una prueba más de los crímenes contra la humanidad que está cometiendo el régimen de Asad. Pero la organización de Derechos Humanos con sede en Nueva Cork acusa también a los opositores sirios de cometer graves abusos contra civiles, soldados y miembros de las milicias pro-gurbernamentales. Torturas, secuestros o ejecuciones son algunos de los crímenes de los que HRW acusa a los rebeldes que, con manifestaciones pacíficas, pero también por las armas, aspiran a derrocar al presidente, Bacha el Asad. “Los métodos brutales del régimen sirio –escribe la directora de dicho organismo, Sarah Leah Whistson– no pueden justificar los abusos de los grupos armados de la oposición”.
Según Amnistía, algunas víctimas dicen haber sido obligadas a meterse dentro de un neumático de coche para quedar inmovilizado y haber recibido golpes hasta perder la consciencia. Otros dicen haber sido colgados durante horas u obligados a permanecer de puntillas mientras los golpeaban o les arrancaban la piel con pinzas para carne. En otros casos, los arrestos se alargan durante semanas, en las que los detenidos viven en pequeñas celdas atestadas de gente, sin apenas poder ir al baño ni recibir asistencia médica, y alimentados a base de un trozo de pan diario. Varios testigos afirman haber sido aislados durante días en espacios diminutos o encerrados con cadáveres o presos moribundos. Amnistía denuncia que la tortura es sistemática en Siria desde la “época oscura de los ochenta y los noventa”, pero que, en el último año, se ha recrudecido, “recordando a las técnicas que empleaba el expresidente Hafez al Asad”, el padre del actual mandatario. Además, la violencia sexual es una práctica habitual entre las fuerzas de seguridad que, según algunos testimonios, han llegado a violar a algunos detenidos con botellas de cristal rotas o les han atado objetos pesados a los genitales.
Angustias Cobo es una valenciana de 67 años que, desde los 23, vive sin piernas. Las perdió tras sufrir un aborto que se complicó, provocándole una infección tan intensa que se le gangrenaron ambas extremidades y tuvieron que amputárselas. En 2001, se le reconoció “un grado de minusvalía del 75 por ciento” y, al entrar en vigor la Ley de Dependencia, la Consellería del Bienestar Social de la Generalitat le reconoció una dependencia severa de “grado 3, nivel 1” por lo que cobra, desde entonces, 416 euros al mes.
En la última revisión, las circunstancias de Angustias no han variado ni un ápice. “Siguen sin crecerme las piernas”, bromea ella. Sin embargo, el Consell determinó hace unos días que su situación había mejorado notablemente y modificó a la baja su dependencia hasta dejarla en una de “grado 1 y nivel 1”, de carácter “moderado”, lo que provocó que no se le diera ningún tipo de ayuda económica, lo que la ha puesto fuera de sí “No tienen vergüenza –protesta, indignada– Dicen que estoy mejor para quitarme la pensión, cuando, en su momento, me la dieron por no tener piernas y, desde luego, puedo asegurar que no me han salido unas nuevas”. Lejos de mejorar, Angustias ha empeorado “por la edad” y por “otros achaques” como la osteoporosis, que le ha llevado a perder gran parte de la movilidad del brazo izquierdo, del que incluso ha tenido que ser intervenida quirúrgicamente.
”Cada vez me cuesta más moverme –detalla ella–. De unos tres años a esta parte, lo he notado una barbaridad. Con este brazo, que tengo prácticamente paralizado, apenas puedo hacer nada. Ya no tengo casi fuerza y necesito ayuda constante para moverme”. Se desplaza de una habitación a otra de su casa en un pequeño taburete con ruedas. Salir a la calle del barrio de San Jerónimo, en Quart de Poblet, en donde vive, es misión imposible si no está su marido, Eladio. “Hay tres escalones en el portal –explica– que no puedo salvar si no me bajan en el carro”.
El conseller, Jorge Cabré, responsable de Bienestar Social, se enteró por la prensa del caso y no encontró sentido a la reducción de su grado de dependencia. Desautorizó a sus técnicos y ordenó revisarlo. “Bienestar Social –dijo aparentemente indignado– es la primera interesada en conocer las razones de esta decisión para poder corregir cualquier deficiencia y depurar responsabilidades si las hubiera”. Jorge Una vez que su caso se ha hecho público, Cabré exige a los técnicos “que le aclaren los motivos de esa nueva resolución” porque considera que, “en principio, no hay una explicación lógica” para rebajarle la minusvalía. Angustias Cobo, por su parte, está “agradecida” por la respuesta de la Conselleria de Bienestar Social. “Y ha recibido un sinfín de llamadas y visitas, al salir su caso a los medios de comunicación hasta el punto de llenarse la casa de cámaras, “como si fuéramos famosos”, bromea, extrañada. Situación provocada, sin duda, por una burocracia que funciona, ciega y torpemente, sin sensibilidad administrativa y bajo la incompetencia de los que gestionan sus complicados y contradictorios hilos.
El presidente francés, Nicolás Sarkozy, a cinco semanas para la primera vuelta de los comicios, menospreció a Laurent Desbonnets, un joven periodista profesional del canal TF1, por el hecho “incalificable” de haberle preguntado algo que no le gustó: ¿por qué la Policía había utilizado gas lacrimógeno para dispersar una manifestación de sindicalistas y trabajadores de Arcelor Mittal que trataban de bloquear un mitin en París? El “educado” Nicolás le llamó imbécil. Claro que, inmediatamente, al darse cuenta de que se había pasado, Sarkozy se hizo el simpático, asegurando que era comprensible que le hicieran una pregunta tan “tonta” porque era “joven”, aunque “simpático”. Lejos de ofenderse o enfrentarse al malhumorado Sarkozy, el joven periodista entró en el juego de su presidente, y la cosa no pasó a mayores.
No es esta la primera vez que Nicolás Narkozy utiliza estas formas poco elegantes e incuso insultantes cuando se encuentra se topa con alguien que se enfrenta a él. Hace relativamente poco, durante la primera visita de Nicolas Sarkozy a Madrid, después de la investidura de Mariano Rajoy, el presidente francés se enzarzó con otro periodista que le pregunto qué pensaba sobre la rebaja de calificación de la deuda soberana de Francia que Standard & Poor's había anunciado el viernes anterior y que provocó que el país galo perdiera su triple A. Sarkozy contestó que estaba claro que el periodista no había oído las últimas noticias y que, si no tenía nada que preguntar sobre las nuevas, él no sabía responder a la pregunta. Otra agencia de rating, Moody's, acababa de anunciar que ellos no quitarían a Francia la triple A y Sarkozy jugó con ese dato para evitar las críticas tratando de ridiculizar al periodista.
Pero, la salida de tono por excelencia del Sarkozy no fue con un periodista, sino con un ciudadano, al parecer, un campesino. Sucedió en la inauguración del Salón de Agricultura, una feria de ganado celebrada en febrero de 2008, cuando el presidente se metió en medio de la multitud, saludando con un “buenos días” y tendiendo la mano a todo el que se encontraba a su paso. Alguien, sin embargo, se negó a dársela, diciéndole: “No me toques, que me ensucias”. Sin cambiar para nada su gesto, Sarkozy le replicó: “Lárgate, entonces, pobre gilipollas”. Y continuó estrechando manos y saludando a la gente.
