En España y en Argentina, las víctimas del franquismo exigen justicia.
El abogado, Carlos Slepoy
La
inhabilitación del juez español, Baltasar Garzón, tras investigar las
desapariciones durante esas casi cuatro décadas, delitos presuntamente
prescritos por la ley de amnistía de 1977, allanó el camino para que la
justicia argentina siguiera la causa por estos crímenes, mientras crecen las
denuncias y avanzan los procedimientos. En Argentina abogados
representantes de familiares y víctimas presentan un escrito en el Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1, a cargo de María Sevini de
Cubría, en el que piden que la magistrada libre
órdenes de detención internacional, con el fin de que nueve españoles
vinculados con el régimen de Franco sean extraditados e indagados. Se trata de
funcionarios, ex jueces y policías acusados de diferentes crímenes. El suegro
del ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, del gobernante Partido
Popular, es uno de los acusados. El abogado,
Carlos Slepoy, y la abogada, Ana Messuti, señalan que todo comenzó con dos
presentaciones particulares en Buenos Aires. Hoy, la querella presentada reúne
más de 150 denuncias.
Página/12
tuvo acceso a los datos personales de los nueve funcionaros y a los crímenes
imputados. Según este diario argentino, que publicaba el martes, 19 de marzo,
una información según la cual Rodolfo
Martín Villa (79 años) exministro de Relaciones Sindicales, exsenador por
designación real y exdiputado por Madrid, es uno de los citados. “Lo apodaron
–escribe Adrán Pérez, autor de la misma– ‘la porra de la Transición ’ por su saña
en la represión de manifestaciones obreras y estudiantiles, mientras era
ministro de Gobernación. Roberto Conesa, conocido por sus brutales prácticas de
tortura, estuvo bajo su mando. La
Asociación de Víctimas 3 de Marzo del País Vasco lo hace
responsable de cinco muertes y más de cien heridos durante un ataque perpetrado
en Vitoria en 1976. El suegro de Ruiz-Gallardón, José Utrera Molina (87), es
miembro de la
Fundación Nacional Francisco Franco. Militó en el Frente de
Juventudes, brazo del partido fascista. Gobernó Ciudad Real, Burgos y Sevilla y
fue vicepresidente del Consejo Nacional del Movimiento hasta poco antes de la
muerte de Franco. Se le imputa haber integrado el gobierno que sentenció a
muerte a Salvador Puig Antich, asesinado a garrote vil. Es considerado
colaborador necesario de ese crimen….
De esta forma, la
causa que ahora se promueve desde Argentina, bajo el principio de jurisdicción
universal, va a poner aún más en
evidencia a las instituciones y a la Justicia española, que no sólo se niega a
juzgar a estos procesados, sino que
impide que se lo juzgue desde otro lugar. Ya lo dijo el fiscal Luis Navajas
cuando Garzón fue querellado en España por intentar investigar los crímenes del
franquismo, y lo repite ahora el abogado argentino. “Esto es una vergüenza muy
grande para España, como lo fue para Argentina y Chile en su momento. Lo que
está haciendo la Justicia
argentina está ajustado al derecho internacional. Si las extradiciones no se
producen, no se podrá entrar al país por la fuerza, pero sí se podrá ejercer
una gran presión. Por otro lado, si cualquiera de los nueve acusados sale de
España, correría el riesgo de ser
detenido por Interpol. Por eso esta acción es parte de un proceso que
será largo, pero no deja de ser un eslabón muy importante”.
“Los argentinos tenemos al Che Guevara, a
Messi, un papa –bromea el abogado Slepoy, quien recuerda cómo el exjuez Garzón
pidió durante años la detención de militares argentinos hasta que le hicieron
caso–. Ahora, esperamos tener un juez universal”. En abril, cuando la causa
4591/10 cumpla tres años de iniciada, comenzarán las videoconferencias entre
Servini de Cubría y los denunciantes “Mucha gente pregunta por qué acá y no en
otro país –señala Messuti–. Argentina abrió el camino jurídico poniéndose en
consonancia con todas las normas internacionales para juzgar estos crímenes”. Hoy,
viernes, Slepoy y el grupo de abogados que lo acompañan realizarán una
conferencia de prensa a las 12, en la Asociación de Abogados de Buenos Aires, para
comentar los avances de la querella.
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