Denegaron la nacionalidad a un inmigrante por desconocer el nombre de la esposa del presidente del Gobierno.

Imagen de un inmigrante subsahariano.

Denegaron la estancia de un senegalés en el Registro Civil de Almería por “no haberse demostrado el grado de integración en la sociedad española”. Magou Ndoye, en España desde hace diez años, asegura que no supo contestar cuando le preguntaron el nombre de la esposa del presidente del Gobierno. En el momento de la entrevista, el jefe del Gobierno era José Luis Rodríguez Zapatero, y, le denegaron la nacionalidad española. Su abogado, Marcelo Quílez, comenta que le hicieron un cuestionario de preguntas que no está reglado. “No sé quién elaboró estas preguntas –señala el letrado–, hechas no por el titular del Registro, sino por una funcionaria. Se trata de una barbaridad absolutamente ilegal. Por eso vamos contra el ministro de Justicia e iremos hasta donde haga falta”.

Carlos Arce, coordinador del área de inmigración de la Asociación Pro Derechos Humanos, explica que “la letra de la ley exige que se acredite suficiente integración en el país. Así que la forma de hacerlo queda a discrecionalidad del juez del Registro civil. Unos lo solucionan a través de una entrevista personal, otros han elaborado una batería de preguntas estándars. A nosotros nos parece que es un asunto muy subjetivo, pero al menos deberían ser preguntas que la media de la población española pudiera contestar”.

Magou, que sobrevive en la capital almeriense dedicado a la vente ambulante, tuvo que pagar 400 euros de tasas judiciales más los emolumentos de la procuradora, lo que le ha supuesto un gasto total de 568 euros para poder presentar el recurso ante las altas instancias judiciales, una cantidad que impide a muchos inmigrantes solicitar la nacionalidad. Restó esta cantidad de los ahorros que tenía para enviar a su familia y viajar a Senegal. Según manifiesta su abogado, “afortunadamente, la procuradora de Madrid rebadó sus emolumentos y yo no le cobro, pero ha tenido que pagar las tasas judiciales de 400 euros. No sé si ha habido más casos pero está claro que los profesionales de la Justicia estamos indignados por estas tasas cobradas que están impidiendo que muchos ciudadanos se decidan a pleitear por falta de recursos. Yo, desde luego, voy a por todas y me satisface la celeridad con que la Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso y emplazó al ministro para que se den explicaciones”.

Incluso la alcaldesa de barrio de la zona donde vive el inmigrante senegalés firmó un escrito en el que se informa de que este vendedor ambulante está plenamente integrado en la sociedad local, y asegura que se han presentado una serie de firmas de ciudadanos españoles que confirman su plena integración y denuncian el carácter anticonstitucional de la medida. Sobre todo porque una mayoría de españoles de pura cepa serían incapaces de contestar a la pregunta del nombre de la mujer del presidente del Gobierno, ni la del anterior ni la del actual. Carmen Pérez Saavedra, procuradora de los Tribunales en Madrid, afirma que “la referida resolución produce un grave perjuicio al recurrente al considerar como motivo de denegación un supuesto insuficiente grado de integración que en nada se ajusta a la realidad de la situación en que se encuentra nuestro representado, resultando por ello desacorde con el sentido de la Justicia intrínseca de un Estado de Derecho”.