Vuelve el nacional-catolicismo.

 

Vuelve el revival (movimiento sociológico que tiende a revalorizar modas o estilos del pasado) del nacional-catolicismo, con la cada vez más estrecha relación entre la iglesia de Rouco Varela, presidente de la Conferencia Episcopal, que justifica los enormes privilegios de la Iglesia y el Estado. Prueba de ellos es el Código Penal de Gallardón, ministro de Justicia, “el más represivo de la historia de la democracia”, según denuncian Jueces para la Democracia, su retrógrada reforma del aborto, la osadía del ministro del Interior que se atreve a comparar con ETA a las mujeres que se ven obligadas a abortar, su afirmación de que el matrimonio entre personas del mismo sexo conduce al final de la especie, o el atrevimiento del ministro Wert, conductor de las llamadas “leyes ideológicas”, como el aborto o la LOMCE, con todo el apoyo y beneplácito de los obispos españoles y los sectores neointegristas.

Sin embargo, la secularización de la sociedad española hace que los porcentajes de quienes reclaman una enseñanza confesional caigan año tras año. En los centros públicos, ya no son mayoría, ni en la ESO (40,6%), ni en el Bachillerato (25,6%); sólo ocurre en Primaria que, en el curso 2009-10, lo solicitaba un 68,6%. Para intentar frenar esta caída, la LOMCE no deja de realizar concesiones a la jerarquía eclesiástica. Se crea una asignatura llamada Religión para evitar la fuga del alumnado del adoctrinamiento por varias vías: obligando a una alternativa exigente, que disuada del abandono de religión; y contando como nota un 6,5 para hacer medias académicas y para acceder a becas, algo que no sucedía desde hace un cuarto de siglo. Y se equipara la Religión a las matemáticas cuando su enseñanza no está basada en conocimientos científicos. La derecha y el neointegrismo arremete con gran furia ideológica contra la Educación para la Ciudadanía. Lanza una campaña de objeción poco seguida que llega al Tribunal Supremo. Las organizaciones ultraconservadoras promueven la segregación por sexo en centros concertados que reciben fondos públicos. Tienden a mantener las desigualdades de género mientras en toda Europa las escuelas públicas son mixtas, excepto algunas en Inglaterra e Irlanda. Y aumentan los conciertos y las transferencias de fondos públicos hacia la red privada-concertada, mayoritariamente católica, suprimiendo la garantía de ofertar plazas escolares públicas e ignorando que  el dinero público no debe financiar un sistema segregador y que los contribuyentes no pueden pagar una educación separada para los hijos de la clase alta, porque supone dar dinero a los que ya lo tienen.

En este contexto, el poder de la iglesia es tan escandaloso que ha llevado a organizaciones como Europa Laica a denunciar la “confesionalidad” del Estado y el trato de favor recibido por la iglesia por los diferentes gobiernos. Prueba de los privilegios de la iglesia católica es que, en 2011 recibió 11.337 millones de euros de forma directa o por bonificaciones y exenciones de impuestos. La mayor partida es precisamente para educación: 4.610 millones de euros para la financiación de centros concertados y destinados a los sueldos de profesores de religión. Ahora, el PSOE dice que, con motivo de la LOMCE, se va a replantear el Concordato de 1979, firmado a espaldas del Parlamento y sin el consenso constitucional. Pero los socialistas son también responsables de la situación al no denunciar los acuerdos con el Vaticano cuando podían y ni siquiera lo tienen en el programa electoral.