Imagen de la ampliación del proyecto Castor.
Ubicado frente a la costa de la localidad castellonense de Vinaròs, a 22 kilómetros de la costa y a unos 1.700 metros de profundidad, el almacén subterráneo de Gas Natural Castor, del proyecto del mismo nombre, iniciaba el 14 de junio de este año su actividad con los trabajos para el llenado de "gas colchón" de la infraestructura, con casi un año de retraso sobre los plazos previstos inicialmente. El "gas colchón" es el volumen mínimo de gas natural que debe haber en un almacén subterráneo para que se pueda extraer gas útil a la presión adecuada e introducirlo en la red. La primera fase consistió en la puesta en marcha de los motores y compresores y en la inyección de gas, hasta alcanzar la presión nominal de trabajo de 100 bares en el gasoducto de conexión entre la planta de tierra y la plataforma marina. Debido a las condiciones geológicas "extraordinarias", los caudales de inyección nominales se podían alcanzar desde el primer día de operación, frente a lo que ocurre en la mayoría de los almacenamientos convencionales, donde puede requerirse un número considerable de años hasta alcanzar esos caudales nominales. El gas inyectado en el Almacén Castor proviene del gasoducto de la red nacional de alta presión en el tramo que une Valencia con Tarragona (Paterna-Tivissa), la de mayor capacidad de transporte de la península ibérica, lo que constituye otro elemento esencial para que el aporte de la infraestructura de Vinaròs a la seguridad de suministro sea "aún más notable". El acondicionamiento bajo el mar convirtió esta infraestructura en la más cara de los depósitos construidos hasta el momento –unos 1.300 millones de euros– y tan compleja que el promotor del proyecto, Escal UGS –participada por el grupo español ACS (66%) y la sociedad canadiense CPL (33%)–, contrató la segunda grúa flotante más grande del mundo para ensamblar la plataforma de perforación. Un gigante de casi cien metros de altura que a las seis de la mañana del 26 de agosto de 2010 quedaba acoplado al suelo marino, a 92 metros de profundidad, y dispuesto sobre el antiguo yacimiento, preparado para horadar.
Maqueta del proyecto Castor.
Desde el 11 de septiembre de este
año, en que ACS (Actividades de Construcción y Servicios) comenzó a inyectar
gas en el almacén subterráneo de El Castor, se han producido, según datos del
Servicio de Información Sísmica del
Instituto Geográfico nacional (IGN), 140 terremotos en el Golfo de Valencia,
frente a la costa de Peñíscola, Benicarló y Vinaroz. Grupos ecologistas y
partidos como Coalició Compromís han criticado duramente estos días el excesivo
número de terremotos y la falta de transparencia y de información de Escal, que
no ha avisado de que habría tantos seísmos durante tantos días seguidos. Compromís
–coalición política creada por el Bloc Nacionalista Valencià (BLOC), Iniciativa del Poble Valencià (IdPV), Els Verds-
Esquerra Ecologista del País Valencià (EV-EE) y, desde marzo de
2013, por el Estat Valencià– ha conseguido que Bruselas
vigile de cerca la sucesión de seísmos y sus consecuencias en la zona. Sin embargo,
lejos de amainar, la avalancha de pequeños
terremotos que ha asolado en los últimos días el Golfo de Valencia ha seguido
creciendo. El presidente de ACS, Florentino Pérez,
dueño del almacén subterráneo, ha seguido permitiendo inyectar gas colchón hasta
que se han terminado las existencias que había destinado el Ministerio de
Industria y Energía para poner a punto el reservorio. Vozpópuli informaba que,
en sólo seis días, desde que el 11 de septiembre, la empresa del presidente del
Real Madrid comenzara a inyectar gas, se produjeron unos 100 terremotos, la mayoría de ellos de muy
baja intensidad aunque algunos llegaron a una magnitud de 3 grados en la escala
Richter (viernes 13
a las 6:35 horas). Y, en los siguientes seis días, el número de pequeños
seísmos se ha disparado hasta los 140, la mayoría de ellos de
baja intensidad (son imperceptibles para el ser humano). El de mayor magnitud
se produjo el jueves 19 a
las 19:08, de 2,6 grados. El número de terremotos en tan pocos días puso en
guardia a los ayuntamientos de Vinaroz, Benicarló y Peñíscola, que han exigido
a ACS más transparencia e información más detallada sobre los sismos.
Recaredo del Potro, presidente de Escal UGS.
Una honda preocupación se ha extendido por la
zona afectada, por las posibles consecuencias que esto pueda tener en la estabilidad
sísmica de la zona en el futuro, sobre todo cuando el almacén subterráneo entre en operación
comercial y se produzcan entradas y salidas de gas de forma continuada. Recaredo del Potro,
presidente de Escal UGS,
la compañía controlada en un 70% por ACS que explota El Castor, explicaba a
Vozpópuli que “todo estaba previsto y dentro de los parámetros esperados.
Habíamos avisado de que se producirían microseísmos, aunque no hicimos una estimación
de cuántos podrían producirse, dado que cada zona tiene sus propias condiciones
y mecanismos sísmicos. Por eso, decidimos comprar nosotros dos sismógrafos para
que, desde el Observatorio del Ebro, se siga con exactitud el proceso y hemos
informado a los ayuntamientos de que no hay riesgo alguno para los ciudadanos”.
Los
ayuntamientos de Vinaroz, Benicarló y Peñíscola firmaron una carta conjunta
en la que señalan que “Escal UGS considera normales y previsibles los
microseísmos producidos hasta el momento, en la medida en que todos ellos han
sido de magnitud inferior a 3, imperceptibles para las personas y sólo
registrados por los sismógrafos, siendo un 95% de los producidos inferior a 2,
transmitiendo tranquilidad a los vecinos y ofreciendo a los alcaldes toda la
información al respecto. Tras la reunión con Escal UGS y la información
recibida por los organismos competentes para valorar la trascendencia de los
hechos acaecidos se transmite por parte de todos ellos que no existe motivo
alguno que justifique la preocupación de ningún ciudadano”. Sin embargo, la Coalición Compromís ha denunciado ante la Comisión Europea
la sucesión de estos terremotos provocados por la inyección de
gas y ha exigido que, desde Bruselas, se vigile de cerca todo el proceso. Los
tres ayuntamientos de la costa afectados por los seísmos reconocen que su
encuentro con Escal UGS ha sido tranquilizador, pero que, a partir de ahora,
quieren que la compañía de Florentino Pérez sea más transparente y facilite
toda la información disponible, en línea con la que también ofrece el IGN. Les
preocupa que los microseísmos se sigan produciendo, aunque Escal UGS haya
dejado ya de inyectar gas. Según su presidente, el 16 de septiembre fue el último día que se
inyectó, pero al día siguiente, el mismo 17, se produjeron nueve seísmos.
Y todavía se siguen produciendo día tras día, aunque ya no se está inyectando
gas.
José Manuel Soria, ministro de Industria, turismo
y energía, anunciaba, en abril del 2012, en Valencia, que su departamento
“frenaría” la puesta en marcha de infraestructuras gasísticas como el almacén
submarino Castor, para no incrementar la tarifa del gas natural. Soria explicó
entonces que las infraestructuras gasísticas en España estaban sobredimensionadas debido a las
inversiones realizadas en los últimos años y la caída de la actividad
industrial. “El grado de utilización de
las infraestructuras de gas está por
debajo del 50 por ciento”, subrayaba, y añadía que a los inversores “hay
que retribuirles, se utilicen o no” estas infraestructuras. El Gobierno aprobó
entonces unas medidas, que, según Soria, iban en la línea de "retribuir el valor del capital de estas
instalaciones, pero frenando su puesta en marcha”, de manera que el
coste, que se repercutiese en la factura del gas, fuera más asumible. El
ministro no entró a valorar el sobrecoste que, en concreto, tuvo el proyecto
Castor, hasta los 1.300 millones
de euros cuando estaba presupuestado en 500 millones. Un mes más tarde, el
presidente de Escal UGS, Recaredo del Potro, anunciaba que las obras del
almacén submarino de gas Castor, estarían acabadas el 29 de mayo de ese año,
pero que el llamado gas no llegaría hasta el próximo 15 de junio. “La compra
del gas colchón la organiza la Administración , y ha habido un retraso; nosotros acabamos las obras en las fechas
previstas, pero tenemos que esperar porque el gas no estará disponible hasta el
15 de junio”, manifestó. La instalación ya
había recibido gas en pruebas en las últimas semanas, con el fin de
comprobar que todo funcionaba correctamente. Según el presidente de la empresa
promotora del almacén, participada por ACS, “cuando esté en funcionamiento dará empleo a un centenar de personas,
que cubrirán los diferentes turnos.
Escal UGS no participará en el comercio de gas –la ley no lo permite–,
sino que recibirá gas de sus clientes, lo almacenará y lo devolverá según estos
se lo vayan demandando”. Estaba previsto que Enagas entrase en el capital de
Escal UGS cuando la planta empezase a operar, comprando la mitad de la participación
actual del grupo ACS, de manera que el capital de la operadora del almacén
quedase repartido al 33,3 por ciento entre estas dos empresas y la canadiense
CLP. La puesta en marcha del almacén se produciría dos meses después de que el
ministro de Industria, J. M. Soria, anunciase
en Valencia que paralizaría infraestructuras gasísticas como la de Escal
UGS, para no incrementar la tarifa del gas natural. Sus promotores presionaron
junto al Ayuntamiento de Vinaròs, y finalmente el Ministerio rectificó y permitió
seguir adelante con el calendario previsto.
Florentino no cede, pese a que ya
son 140 los terremotos aparecidos por las inyecciones de gas en el almacen El
Castor.
“La empresa de Florentino Pérez –dice Apocalipticus.
Orer-blog.es– comenzó a inyectar gas en el almacén subterráneo del Castor, lo
que provocó, en sólo seis días, 100 seísmos (algunos de hasta 3 grados en la
escala de Richter) a 30
kilómetros de la costa. Los terremotos, pese a ser de
baja intensidad, provocaron la alarma en la zona y duras críticas de los
alcaldes y grupos ecologistas. La puesta en marcha del almacén subterráneo de
gas sigue envuelta en la polémica. Y ahora no es por el desorbitado coste del
proyecto, que será de 1.300 millones de euros frente a los 500 inicialmente
presupuestados, ni por su contribución al encarecimiento de los precios del gas
para los ciudadanos, ni por los cambios normativos ad hoc realizados por el
Ministerio de Industria para facilitar a Florentino Pérez, presidente de ACS,
su desarrollo y puesta en explotación. El problema tiene una mayor trascendencia social y ha puesto en alerta a
toda la zona costera del Maestrazgo. ACS comenzó hace unos días a inyectar gas
colchón, el que permite dar presión al almacén para que posteriormente pueda
entrar en operación”. Los pequeños terremotos son casi imperceptibles tanto en
mar como en tierra, pero su gran número en tan poco tiempo han disparado las
alarmas en los municipios de la zona. Los alcaldes de Peñíscola y Vinaròs han
criticado su excesivo número y la falta de transparencia. “Desde los
ayuntamientos de Peñíscola y Vinaròs –informa el Periódico Mediterráneo–, se ha
criticado el alto número de pequeños terremotos y sus posibles consecuencias
para la estabilidad sísmica de la zona, a la vez que se exige una explicación a
la empresa de ACS que explota el Castor. En Escal UGS afirman
que estos pequeños seísmos son normales en este tipo de procesos de inyección
de gas en almacenamientos subterráneos y estaban previstos. Grupos ecologistas y
partidos como Compromís han criticado duramente estos días el excesivo número
de terremotos y la falta de transparencia y de información de Escal, que no ha
avisado de que habría tantos seísmos durante tantos días seguidos”. Hasta
la madrugada del lunes al martes de esta semana pasada, ninguno de los seísmos
había preocupado seriamente ni al ministerio de Industria ni al de Fomento.
Hasta que un terremoto de 3, 7 grados registrado a las 21, 50 del pasado 24 de
septiembre preocupó muy seriamente al personal y a las autoridades. Esa noche,
los vecinos de Vinaroz sintieron el temblor y lo que había sido una polémica se
convirtió en verdadera alarma social. En la mañana del martes, los ciudadanos
comenzaron a llamar a los ayuntamientos de la zona (Vinaroz, Benicarló y
Peñíscola) y éstos al Ministerio de Industria y al IGN. Las redes sociales se convirtieron
en un hervidero de críticas contra Florentino Pérez y el Ministerio de
Industria. Y sólo entonces, José Manuel Soria, ante un problema que podía írsele de
las manos, reconsideró su actitud e hizo que Industria dictara el cierre
temporal del almacén de Florentino. Ahora se abre un proceso de cuarentena, en
el que Escal tendrá que aportar información detallada de cómo ha inyectado el
gas y de por qué se han producido ya unos 160 terremotos. También el IGN tendrá
que aportar otro sobre lo ocurrido y sobre las posibles consecuencias que
tantos terremotos puedan tener en una zona de alta sensibilidad sísmica, la que
va desde el Golfo de Valencia hasta las costas de Murcia.
Más de cien seísmos
provocados en seis días en la costa valenciana.
Desde hace dos años, las críticas al proyecto
han arreciado desde los frentes político, empresarial y ecologista, por su alto
coste y por llegar en un contexto de sobrecapacidad del sistema y falta de
demanda El almacén subterráneo estará conectado por un gasoducto de 30 kilómetros (22 kilómetros
submarinos y 8 en la costa) con la
Planta de Operaciones, ubicada en Vinaròs. En los últimos dos
años, cuando se ha acelerado su desarrollo, el proyecto ha recibido fuertes
críticas desde los frentes político, empresarial y ecologista, en un contexto
de sobrecapacidad del sistema gasista y de fuerte caída del consumo por la
crisis económica, lo que para muchos expertos hace innecesaria esta nueva
infraestructura. De hecho, el ministro de Industria, José Manuel Soria, en
marzo de 2012 anunció que se iba a reducir la retribución a los almacenes
subterráneos para hacer menos atractiva la inversión en el Castor, con el fin
de evitar que la llegada de una nueva y carísima infraestructura contribuyera a
aumentar aún más el déficit de tarifa del gas y los precios de la factura que
pagan los ciudadanos. Soria dijo que frenaría el Castor pero
tuvo que dar marcha atrás para diseñar una norma a medida para que Florentino
Pérez rentabilizase la inversión y pudiera salir del proyecto cuando quisiera. Un
año después, el mismo Soria diseñaba una norma a la medida del presidente de
ACS. Ahora, pese a que se ha casi triplicado su coste, la inversión ya no tiene
vuelta atrás y se calcula que el Castor entre en operación comercial sin que el
mercado pueda absorber el gas almacenado.
También el Mar de Alborán, en aguas de Almería y Málaga, corre el riesgo de sumarse a la lista donde las grandes compañías petrolíferas piensan obtener hidrocarburos extrayéndolos con perforaciones a gran profundidad sin importarles los riesgos y daños derivados. Si nadie lo remedia, los trabajos preliminares a las prospecciones en alta mar en busca de gas natural comenzarán en 2014. Se trata de la realización de barridos sismológicos submarinos desde embarcaciones, mediante la emisión de ondas acústicas de gran potencia capaces de traspasar la lámina de agua de entre 700 y
Exploraciones de petróleo en Canarias.
El Consejo Científico del Programa Man and
Biosphere de la Unesco
ha hecho público un contundente informe en el que reprueba las
prospecciones petrolíferas previstas en aguas canarias por los impactos
que supondrían tanto para el medio ambiente como para la sociedad en general.
Tras analizar las situación de las zonas autorizadas para las exploraciones en Lanzarote y
Fuerteventura y valorar las posibles consecuencias que se derivarían de ellos,
el Consejo es tajante: “Los vertidos de hidrocarburos causarían un importante
impacto medioambiental ya que podrían
verse afectados ecosistemas con valores naturales de gran interés y la
rica biodiversidad marina existente en las islas de Fuerteventura y Lanzarote,
pudiendo ser dañadas igualmente otras islas del archipiélago canario. Comunidades
marinas y de costa con un alto interés ecológico podrían verse afectadas”. El texto advierte de que los daños no se
ceñirían únicamente al medio ambiente y dedica un epígrafe a señalar los efectos sobre la Economía y el Modelo de
Desarrollo. “Las Islas de Fuerteventura y Lanzarote, e igualmente las
restantes del archipiélago, han apostado por un modelo de desarrollo
sostenible, potenciando la conservación del medio ambiente, su uso sostenible,
la incorporación progresiva de energías renovables, etcétera. Su economía está
basada en gran medida en el sector turístico, orientándolo hacia un turismo
responsable. La publicación del Decreto ha despertado mucha preocupación en el sector”, señala.
Aunque no es vinculante, el documento resulta de relevancia. El Comité Español
del Programa Man and Biosphere es un órgano interministerial que depende del Ministerio de Medio Ambiente
y que tiene carácter consultivo para temas sobre la conservación de la
biodiversidad. Según informa la
Delegación del Gobierno en Canarias, hasta la fecha se han
registrado unas 2.600 alegaciones, aunque todavía podrían sumarse algunas más
dado que el plazo acordado (45 días) vence a partir del momento en que las
instituciones o colectivos recibieron el documento. Tanto Ben Magec-Ecologistas en Acción como
SEO/BirdLife, que forman parte del Comité Español del programa de la UNESCO , piden que el informe
del Consejo Científico sea “decisivo” en el procedimiento
de evaluación de impacto ambiental que se está llevando a cabo para los
sondeos petrolíferos en las islas. Según explican en un comunicado, el
documento detalla motivos suficientes como para que la evaluación “desemboque
necesariamente en una declaración de Impacto Ambiental negativa”. Declaraciones
e informes que de muy poco servirán si el Ministerio de Industria mantiene que
los yacimientos en esta zona podrían
generar hasta 10.000 barriles de crudo diarios, suficientes para cubrir el
10% del consumo de este carburante en España.
El Gobierno canario ha pedido al Ejecutivo central
que “frene de inmediato” las prospecciones petrolíferas previstas frente a
Lanzarote y Fuerteventura, tras el informe del Comité Español del Programa
Hombre y Biosfera (MaB) de la
Unesco , que alerta del grave impacto que generaría. Por su
parte, Industria niega en un comunicado que el informe sea de UNESCO y sitúa su
origen en Lanzarote. Enrique Hernández Bento, subsecretario general del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo, señala que ese informe tampoco puede atribuirse
al Comité Español de su programa Hombre y Biosfera (MaB), que no lo ha votado. Dice que se trata de
un informe encargado por el Cabildo de
Lanzarote, “entidad que desde el primer momento se ha opuesto a las
prospecciones” Y recuerda que los yacimientos de esa zona del
Atlántico podrían generar hasta 10.000 barriles de crudo diarios, suficientes
para cubrir el 10 por ciento del consumo de petróleo de España. Pero, en
un comunicado de la presidencia del Gobierno autónomo, tras las conclusiones de
este informe “elaborado por un organismo riguroso” de la UNESCO , informa que cualquier
otra postura del Ejecutivo que no sea la paralización inmediata de las
prospecciones “chocaría frontalmente” con el interés general de Canarias. Por
ello, insta al Ministerio de Industria, Energía y Turismo y al Ejecutivo presidido por
Mariano Rajoy a “rendirse a la evidencia científica y a actuar en consecuencia”.
El estudio alerta de que
los perjuicios no se quedarían en aspectos de carácter medioambiental, ya que “los daños se extenderían al
ámbito económico y, todo ello repercutiría en el bienestar de la población”,
según el Gobierno canario. E incide en que la economía de ambas islas está
basada en gran medida en el sector turístico, advirtiendo que “accidentales derrames de
hidrocarburos podrían afectar a la biodiversidad de estas islas, a su
patrimonio natural, a los intereses medioambientales y al turismo, por las posibles contaminaciones de
las playas”.
Ese informe, divulgado por Ecologistas en Acción,
sostiene que, de producirse un vertido de hidrocarburos en la zona que Repsol pretende
perforar, se provocaría “un importante impacto medioambiental, ya que podrían
verse afectados ecosistemas con valores naturales de gran interés y la rica
biodiversidad marina existente en las islas de Fuerteventura y Lanzarote,
pudiendo ser dañadas igualmente otras islas del archipiélago canario.
La organización ecologista WWF afirma que el Estudio
de Impacto Ambiental aportado por EIA (Asociación
Española de Evaluación de Impacto Ambiental) “carece de rigor y está
plagado de omisiones, vaguedades e indefiniciones que impiden evaluar de forma
objetiva el riesgo e impacto que tendrían las prospecciones petrolíferas”. Recuerda que existen informes elaborados por
universidades, entidades científicas de referencia y organizaciones
conservacionistas que avalan la importancia ambiental del área. Especialmente destaca por ser una de las áreas más importante del
mundo para los cetáceos, con más de 30 especies, varias de ellas clasificadas
como vulnerables y amenazadas en los catálogos de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ).
Destaca la falta de rigor en el
análisis socio-económico efectuado en EIA al omitir o minimizar impactos potenciales
de gran repercusión en el ámbito insular, como la afección a
sectores económicos tan importantes como el turismo y la pesca o el riesgo que
supone para el proceso de desalación de agua marina, del que depende el 100% de
la población de las islas orientales. Juan Carlos del Olmo, secretario
general de WWF España, comenta que “EIA ha ignorado información científica
crucial sobre los valores naturales del área, como la importancia mundial que tiene esta
área para los cetáceos”. Y agrega que minusvaloró
los impactos que el proyecto tendrá sobre la fauna y los ecosistemas marinos,
por lo que pedimos que se repita este estudio de Impacto Ambiental presentado
por Repsol para una evaluación adecuada del proyecto y que el Ministerio de
Industria rechace el proyecto de explotación petrolera en Canarias dados los
excepcionales valores naturales del área y la enorme oposición social al
proyecto”.
El Gobierno Rajoy dio vía libre este 16 de marzo
de 2012 para realizar prospecciones de hidrocarburos en aguas de Canarias. Aznar
ya dio, en enero de 2002, los permisos necesarios para que la petrolera
iniciara las prospecciones en nueve campos de exploración al este de
Fuerteventura y Lanzarote. Una iniciativa en la que Repsol controlaba un 50%
del proyecto y a la que acudía de la mano de dos socios, la australiana
Woodside (30%) y la alemana RWE DEA (20%). El Tribunal Supremo paralizó el
proyecto en 2004 por un defecto de forma en la Ley de Hidrocarburos, que no respetaba
suficientemente la legislación medioambiental. Y Zapatero, que se apuntaba a un
'bombardeo' con tal de quedar bien con los progres, dejó en barbecho el
plan. Al perder el PSOE las elecciones, llegó Rajoy a Moncloa y nombró ministro
de de Industria a José Manuel Soria, quien ve con buenos ojos retomar aquellos
planes y reactivar los estudios para determinar si frente a las costas canarias
existen yacimientos de hidrocarburos.
Una plataforma marroquí situada al lado de donde
Repsol pretende perforar en Canarias.
Soria está obsesionado por el déficit energético
español y ve con ilusión el proyecto. Según los cálculos de Repsol, en aguas
canarias podrían llegar a producirse alrededor de 38 millones de barriles cada
año, lo que equivaldría nada menos que a un 10% del consumo
actual total de crudo de España. Eso, con una explotación efectiva de los
posibles pozos de entre 20 y 30 años, 13.000 millones de dólares (unos 10.000
millones de euros) en inversiones y la creación de 5.000 empleos. El proyecto
cuenta con el rechazo inicial del PSOE y del Gobierno canario, de la oposición
regional de izquierdas, de los grupos ecologistas y de una parte sustancial de
la población de las islas. Argumentan que eventuales vertidos procedentes de
las zonas de prospección y explotación, que, en caso de producirse, pondrían en
jaque toda la economía regional, basada en el turismo,
y tendría graves consecuencias medioambientales. Existe una limitación oficiosa
respetada de facto por España y Marruecos. Sin embargo, expertos en seguridad y
defensa advierten de la posibilidad de que, en caso de Repsol encuentre
petróleo, Marruecos se verá tentado a reactivar la vieja disputa sobre la
titularidad de esas aguas. El Ejecutivo convalida los permisos que en 2001 le
otorgó a Repsol YPF para llevar a cabo exploraciones petrolíferas frente a las
costas de Fuerteventura y Lanzarote y que el Tribunal Supremo suspendió en 2004
por defectos de forma respecto a consideraciones medioambientales. Se apuntan unas
posibles reservas de más de 100.000 barriles de petróleo diarios, lo que
significaría reducir en un 10% las importaciones de hidrocarburos en España,
que hasta la fecha tan sólo produce alrededor de 2.000 barriles al día. En todo
caso, tras la aprobación de la autorización por parte del Gobierno, aún dista
un largo camino.
Rupert Murdoch usa su poder mediático
para ayudar a sus amigos del petróleo a frenar la acción de los gobiernos para
evitar que sus beneficios disminuyan.
“En 24
horas –escribe Alice Jay en Avaaz.org (avaaz@avaaz.org)–, los mejores científicos del mundo darán a
conocer el informe más importante de las últimas décadas, demostrando de
una vez por todas que, aunque el cambio climático supone una gran amenaza, aún
puede remediarse si los gobiernos emprenden acciones inmediatas. Se trata de
una llamada de atención global para
salvar nuestro planeta, pero los gigantes energéticos y las grandes
petroleras tienen a un poderoso aliado que está haciendo campaña para ocultar
la verdad. Rupert Murdoch posee cientos de medios de comunicación mundialmente
conocidos, como el canal de televisión ultra-conservador Fox News y el
periódico Wall Street Journal; y está usando su poder mediático para ayudar a
sus amigos del petróleo a frenar la acción de los gobiernos para evitar que sus
beneficios disminuyan. Solo en EE.UU., el
80% de las noticias sobre calentamiento global recogidas en algunos de sus
periódicos más conocidos inducen a error a sus lectores. Ahora que
Murdoch ha puesto este informe pionero en su punto de mira, su imperio
mediático amenaza con dominar la conversación global, a no ser que nos unamos
para acallar su mensaje. Batallas como ésta se ganan o se pierden en el terreno
de la opinión pública. Una enorme petición mundial exigiendo toda la verdad
sobre el cambio climático junto con el envío de cartas a los directores de los
periódicos, tuits y mensajes en redes sociales podría ser el golpe que
necesitamos para ganar esta lucha. Vamos a hacer un llamamiento a Murdoch y a
persuadirlo para que retroceda en su ataque contra la ciencia y publique la
verdad”. A. Jay invita a unirse a él y a correr su voz.
Rato se incorpora al consejo asesor internacional del Banco Santander. El dibujante J. R. Mora hace un comentario de
este dibujo humorístico que comienza recordando la frase escuchada repetidas
veces como despedida. “Cuando la situación mejore volveremos a contar contigo”.
A continuación, comenta con atinado tino: “Casi nunca se cumple la promesa, es
una de esas frases amables para que el adiós no te deje un vacío demasiado
profundo. Una mentira de protocolo. Las empresas suelen olvidarse de los
despedidos, cuando se renueva la flota se alquilan máquinas nuevas. No es el
caso de Botín, que ha vuelto a comprar a Rato para que se incorpore de nuevo al
Banco Santander”.
“El vicepresidente económico y
ministro de Economía del Gobierno español desde 1996, expresidente del FMI,
saliendo cinco minutos antes de la quiebra de Lehman Brothers y actor
protagonista del golpe a Bankia, que costará un puñado de decenas de miles de
millones de los bolsillos públicos, vuelve a tocar la campana. Es de agradecer –nos
recuerda J. R. Mora– que personas que se acercan a la edad de la jubilación
sigan encadenando contratos que les permitan un retiro digno. Se agradece que
haya empresas ejemplares que no dejen a sus empleados en el abismo del paro de
larga duración a esa edad tan crítica. Se agradece que desde las grandes
empresas, emblemas del éxito y reparto generoso de prosperidad, se siga dando
ejemplo de que la honradez, el trabajo y la honestidad son los únicos caminos
posibles. Espero que no tardemos demasiado en despertar un día soleado con la
feliz noticia de que Tomás de Torquemada ha sido galardonado con el premio
príncipe de Asturias de la concordia”.
Un año después de la manifestación en la que miles de
personas clamaron por la dimisión del Gobierno a las puertas del Congreso de
los Diputados, la
Coordinadora 25-S, volvió a hacer un llamamiento a la
movilización fijando el objetivo de su protesta en la figura del rey. La
manifestación conocida como Jaque al rey, tenia previsto partir del
metro Moncloa y llegar hasta la plaza de Oriente, donde se concentraría frente
al Palacio Real de forma indefinida, según habían explicado a los medios. En su
manifiesto, la Coordinadora exigió la abolición de la monarquía,
“una institución arcaica, clasista y antidemocrática; impuesta por deseo
expreso del dictador Francisco Franco”. Recordó que el propio Juan Carlos de
Borbón juró lealtad a los principios del Movimiento Nacional y se declaró
heredero de “la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936” , fecha que dio comienzo
la Guerra Civil
española con el levantamiento militar que impuso 40 años de dictadura fascista.
Cerca de una centenar de colectivos y plataformas de todo el país se adhirieron
a esta convocatoria que quería abrir una “proceso destituyente que ponga fin al
régimen monárquico”, paso previo para “iniciar un proceso constituyente”. “Los
Borbones –afirmaron– han tenido que huir del país en dos ocasiones y esperamos
que haya una tercera”. La presentación pública del Jaque al rey
coincidió con la nueva operación de cadera del monarca, de quien aseguran que puede
permitirse los mejores tratamientos en clínicas privadas mientras cada día se
anuncian nuevos recortes en la
Sanidad pública.
Cientos de personas se manifestaron bajo una
intensa lluvia en Madrid para pedir la abdicación de don Juan Carlos y la instauración de la República. La
marcha, a los gritos de “Viva la lucha de la clase obrera”, “España mañana será
republicana”, “¡Madrid será la tumba del fascismo!”, “No hay dos sin tres, República
otra vez” y otras, avanzó lentamente desde el barrio de Moncloa hasta que se incorporaron
varios grupos de jóvenes retenidos por la policía, según los organizadores. Muchos cánticos y muchas banderas republicanas. “¡Los
Borbones a los tiburones!” fue uno de los sloganes más coreados. Poco después de las siete y media de la tarde,
la cabecera de la protesta alcanzó la calle Vergara, muy cerca del Palacio
Real, destino de la protesta, donde los agentes antidisturbios les cortaron el
paso. Tras casi una hora coreando consignas, y ante la imposibilidad de romper
el cordón policial, los manifestantes decidieron
concluir la protesta. “Nos gustaría romper el cerco y entrar a la plaza de
Oriente, pero hoy no puede ser. La correlación de fuerzas lo impide”, afirmaba
un portavoz de la
Coordinadora mientras los congregados se dispersaban. En las pancartas
se podía leer: “El
Rey no da golpe desde el 23-F”
o “Jefes
responsables, no reyes impunes”. La protesta fue vigilada por un
dispositivo policial de 1.400 antidisturbios desplegados con motivo de la
manifestación y del derbi madrileño, que se jugaba a las diez de la noche en el
Bernabéu, impidiendo entrar a nadie en la plaza de Oriente. Decenas de furgones
policiales rodearon el Palacio Real. Por la plaza, apenas transitaron un par de
peatones rezagados y otro par de curiosos. Había decenas de agentes a pie o a
caballo y los accesos estaban sellados. La delegada del
Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, aún de baja por el accidente de moto
que sufriera el pasado 20 de agosto, siguió desde la delegación la manifestación.
Varios jóvenes lamentaron, mientras avanzaban hacia el Palacio Real, no haber
tenido la oportunidad de votar la Constitución. “El próximo desahucio que sea en la Zarzuela ” vitoreaban. La Policía identificó, según
la agencia EFE, a un total de “49 personas que portaban palos cuando se
incorporaban a la manifestación, contra las que presentará denuncia judicial en
aplicación de la ley de seguridad ciudadana”. La lluvia y la fuerte presencia
policial disuadieron a muchos manifestantes de seguir adelante. La policía
cifró los asistentes, en 800 los asistentes. Los organizadores, en unos 8.000.
Juan Carlos Monedero.
La convocatoria tenía un “carácter pacífico” y era
una respuesta social a los “recortes y a las políticas antisociales” aplicados
por el Ejecutivo de Rajoy. “Creemos que luchas como las que se han desarrollado
por la Sanidad ,
la Educación ,
o contra los desahucios son imprescindibles –manifestaron los convocantes– y no
son suficientes”. Para este Jaque al
rey se desplazaron a Madrid personas de todo el Estado transportados por
autobuses desde distintos puntos como Valencia, Miranda de Ebro o Valladolid.
Personalidades del mundo de la cultura y la universidad como el profesor Juan Carlos Monedero,
Carlos Taibo o Carlos Bardem apoyaron públicamente este pulso a
la monarquía. Casi un centenar de asociaciones, partidos políticos, colectivos
profesionales, mareas ciudadanas y ramificaciones del 15-M se movilizaron para
exigir la “abolición de la
Monarquía ”. El economista, politólogo y escritor madrileño, Juan Carlos Monedero expresa sus razones para apoyar este “Jaque al
Rey”: “El rey fue el garante pactado por militares, burócratas del franquismo y
los Estados Unidos (además del mismo Franco) de que la democracia llegaría a
España sin pedir cuentas a los responsables del golpe de Estado de 1936 y sin
exigir responsabilidades a los que mantuvieron a España bajo una dictadura
durante 40 años. Esa impunidad política devino en impunidad económica, social,
política, etcétera. Si los responsables de la dictadura podían ser los
responsables de la democracia, ¿qué freno iban a tener? Eso explica que el rey,
que carecía de patrimonio, sea hoy una de las personas más ricas de España.
Como financistas de esa fortuna están los grandes empresarios, banqueros y
constructoras que vieron en el rey la coartada perfecta para el entramado
corrupto que hoy sufrimos. Igualmente, el rey es el referente de una versión de
la historia de España donde no existe el pueblo ni la lucha por la democracia
y, mucho menos, la lucha por la República. El ejemplo más claro fue ver al Borbón
dando lecciones a los españoles con motivo del aniversario de la Constitución de Cadiz
de 1812, dejando de lado el papel del pueblo –ejemplificado en Rafael de Riego exigiendo a Fernando VII
acatar la Constitución –.
Esa lectura interesada de la historia de España coincide con la interpretación
de la derecha, que tiene un relato sin fisuras que sostiene su privilegio y su
desprecio por las formas democráticas”, explica Monedero.
Seis observadores de la OSCE (Organización para la Seguridad y Cooperación Europea)
que habían llegado a España para evaluar el derecho de reunión y manifestación
y pretendían supervisar con los ministerios de Interior y Exteriores, así como
con la delegación del Gobierno y con los convocantes de la marcha “Jaque al rey”,
fueron invitados por el Gobierno a abandonar el país. El Ejecutivo les
comunicaba el viernes pasado que consideraba la marcha anticonstitucional y que
lo mejor era que se fueran. La
OSCE emitió una nota de queja y se preguntaba por “las
intenciones” de las autoridades españolas. Entre ellos estaba Omar Fisher, el
subdirector de Derechos Humanos de la
OSCE , quien había llegado a España acompañado de Irina
Urumova, asesora en derechos humanos de la institución y cuatro expertos: Aleksandra Dloubak, Bartlomiej
Lipinski, Marcin Jezulin y Yevgenia Aretisova. Todos ellos pretendían
reunirse con representantes de los ministerios de Exteriores e Interior,
con la Defensora del Pueblo,
la Delegación del Gobierno
y los convocantes del “Jaque al rey”. El responsable del Ministerio en las
relaciones con la OSCE ,
Juan Armando-Andrada
Vanderwilde Parada, les comunicó que el Gobierno consideraba la
manifestación como un acto anticonstitucional y que por esta razón lo mejor era
que se fueran de España. El mismo viernes, la OSCE publicaba en su web una nota en la que
mostraba su decepción por la decisión de las autoridades españolas. “Como
cualquier miembro de la OSCE ,
España se ha comprometido a garantizar el derecho de reunión y el trabajo de
los observadores es crítico para asegurar que se respeta la libertad”, dijo Janez
Lenarčič, para quien resultaba “sorprendente este giro radical” teniendo en
cuenta que “nuestra oficina siempre ha tenido una buena cooperación con España”.
El director la Oficina
para las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos añadía, de modo
contundente: “La repentina oposición de las autoridades españolas provoca
cierta preocupación por las intenciones que puedan tener mañana”. La OSCE llamó a las autoridades
a asegurar “el respeto a la libertad de reunión, en la línea de los compromisos
de la OSCE y
otros estándares internacionales de los derechos humanos”.
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He aquí cinco portadas de Lansac Films. La
primera, formada por tres ex presidentes del Gobierno: Felipe González (PSOE),
José María Aznar (PP) y José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE). Y el actual,
Mariano Rajoy (PP), el único que se muestra con la lengua afuera. En la
siguiente, Rajoy encuentra su oportunidad en el caos. Cristóbal Montorín, el
bufón de la Corte
del PP. El PSOE prepara, por su parte, la jubilación de Rubalcaba. Por último,
el asombroso mundo de José Mari y Anita.
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En el humor de esta semana, nos acercamos a
Peridis, Vergara, El Jueves, Erlich, Pat y a otros dibujantes humoristas.
Pep Roig nos muestra: Matemáticas a conveniencia,
Matador por decreto, Bauzá, el crispador absoluto, Prepotencia mayormente
absoluta, y Un caso de abuso de menores.
Terminamos con cinco vídeos. En el primero, el ministro de Industria, José Manuel Soria, en referencia a algún decreto que podría dictar el Gobierno de Canarias, asegura que “aunque el gobierno regional adopte un decreto diciendo 'El meridiano de Greenwich no pasa por Canarias', es que el meridiano de Greenwich va a seguir pasando por Canarias”.
En el segundo, el quinteto Chamorro, compuesto por Joan Chamorro (contrabajo), Eva Fernández (saxo alto), Iscle Datzira (saxo tenor), Joseph Traver (guitarra), y Olivier Rocque (batería), unido a Andrea Montis (voz y trompeta) forman un conjunto de ensueño, como podrán apreciar.
Como inicio de este otoño que acaba de empezar, no estaría mal que recordáramos a Miles Davis en
Autumn Leaves (Hojas de otoño)
El gobierno del PP de Bauzá i Camps está demostrando estar ciego, sordo, insensible y mentiroso ante las protestas de la sociedad por la imposición del TIL sin consenso alguno y poniendo en peligro el futuro de la educación.
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