Lo que Madrid necesita no son unas Olimpíadas, sino acabar con todas las impunidades.

 

 

El pasado 28 de agosto, los delegados de  la CeAQUA (Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo) en el Congreso firman una declaración de apoyo que recoge “su enérgico repudio a los crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista y a la impunidad de que gozan sus responsables, solidarizándose con las víctimas y apoyando el proceso judicial abierto en nuestro país para investigar los crímenes, promoviendo de esta forma la memoria, la verdad y la justicia”. Las personalidades que componen la mesa son el presidente del Congreso: Julián Domínguez (Frente para la Victoria), el presidente de la Comisión de DDHH, Remo Carlotto ( Frente para la Victoria) y los diputados: Victor De Gennaro (Unidad Popular), Manuel Garrido (Unión Cívica Radical), Victoria Donda (Libres del Sur), Horacio Piemonte (Coalición Cívica-ARI), Juan Carlos Zabalza (Partido Socialista), Claudio Lozano (Unidad Popular) y Diana Conti ( Frente para la Victoria-Partido Justicialista). Todos sin excepción apoyan la causa de viva voz. El acto está cargado de humanidad, de emoción, y de verdaderas muestras de solidaridad y dice así: “La ‘Causa 4591/10 por los delitos de genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977’…, es la única abierta en el mundo contra el franquismo. La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina aglutina a más de 100 asociaciones de todo el Estado español y tiene como objetivo la promoción y difusión de la misma”.

Los querellantes de esta causa preparan una concentración para el próximo sábado, 7 de septiembre, día en el que los miembros del Comité Olímpico Internacional (COI) decidirán en Buenos Aires cuál de las tres ciudades postulantes –Tokio, Estambul y Madrid– será la nueva sede de las Olimpiadas. Los príncipes Felipe y Letizia de Borbón junto con la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, se desplazaron a este Capital Federal con el fin de promover la capital española como sede de los Juegos Olímpicos de 2020. Pero, la consigna que ha aflorado entre los querellantes es: “Madrid, capital olímpica de la impunidad”. Jose María “Chato” Galante, miembro de la Asociación de ex presos políticos del franquismo ‘La Comuna’ y uno de los tres representantes de la CeAQUA, reconoce que “teníamos que encontrar una fórmula para denunciar esto. España va a intentar, por tercera vez, montar unas Olimpíadas que supondrán un nuevo gasto y que tendrá repercusiones como la construcción de La Caja Mágica y La Peineta (el Estadio Olímpico de Madrid). Todas esas cosas que tienen utilidad cero y un coste altísimo”. Galante recuerda la deuda de casi 21.000 millones –un 11,70 % del PIB– que arrastra la capital española. “Nuestra idea es tener una visión más amplia de la impunidad, no sólo por los crímenes del franquismo, sino también por los pelotazos urbanísticos y por los delitos económicos y políticos que se están cometiendo”, indica el expreso político. “Se nos ocurrió realizar una concentración con el apoyo de la gente que nos respalda. Denunciamos la impunidad, no sólo por los crímenes del franquismo, sino por los delitos económicos y políticos. Lo que Madrid necesita no son unas Olimpíadas, sino que se acabe con todas las impunidades”.

“Parte del enorme agujero de deuda que tiene Madrid se debe a dos aventuras de [el exalcalde y actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz] Gallardón, en 2012, y, en 2016, para promoverla como sede olímpica. El récord del mundo en impunidad lo tiene Madrid”, denuncia Galante, quien advierte que no se trata de una simple iniciativa contra los madrileños. “Una cosa es la actividad del Ayuntamiento y otra, la ciudad de Madrid –puntualiza–. El asunto es que su promoción como sede olímpica se ha hecho con un enorme costo para las arcas públicas con el fin de generar un enorme beneficio para bancos y constructoras. En ambos casos, se ha hecho con un desprecio absoluto a la situación real de Madrid”.

Esta querella, en la que se denuncia la actuación de algunos exministros franquistas que aún viven (entre los que figura José Utrera Molina, suegro del actual ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón), funcionarios y policías de la época, ha sufrido algunos problemas desde su admisión a trámite. El más llamativo es reciente, cuando la jueza ordenó la realización de videoconferencias para que los querellantes pudieran facilitar su testimonio en el consulado argentino de Madrid y el Gobierno español manifestó su protesta a través del Ministerio de Exteriores, haciendo alusión a una posible interrupción de colaboración judicial entre ambos países.