“Madrid –escribía Qaesar el
pasado miércoles– es un estercolero,
pero a su alcaldesa Ana Botella le importa poco. La puerta del Ayuntamiento la
barren cada día y la calle Serrano está como los chorros del oro. Además ha
dicho que es algo que no va con ella, que es una cosa entre las empresas y los
trabajadores. La prensa internacional está flipando con esta tipa, y algunos
medios influyentes la han puesto a bajar de un burro sin miramiento alguno por
su manifiesta incompetencia para todo que no sea tomar el té y asistir a sus
sesiones de spa”. Ese mismo día –nueve después del inicio de la huelga de
barrenderos que ha dejado la ciudad sucia y a un ayuntamiento descolocado–, Ana
Botella, alcaldesa de Madrid y mujer del ex presidente Aznar, acuciada por las
críticas a su dejación de funciones, decidía intervenir en el conflicto,
mandando un ultimátum para que empresas concesionarias y sindicatos llegasen a
un acuerdo. “Si en 48 horas no alcanzan un acuerdo –declaró la alcaldesa–, la
empresa pública Tragsa se encargará de cumplir los servicios mínimos”. Y la
regidora cargó duramente contra los piquetes, provocadores, según ella, del
actual estado de las calles “debido a actos vandálicos y sabotajes” y contra
los sindicatos “que impidieron que algunos trabajadores de servicios mínimos no
pudieran cumplirlos”.
La primera edil anunció la presentación de una
denuncia ante la fiscalía y
pretendió que fuera la empresa pública Tragsa la encargada de limpiar la suciedad
de las calles y jardines madrileños “Esta huelga salvaje ha
tomado a los madrileños como rehenes” acusó Botella y aseguró que el
coste de la contratación de Tragsa correría a cargo de la empresas concesionarias,
a las que les sería descontado de su retribución durante el tiempo que durase
la huelga. Aseguró que los servicios mínimos, “no costarán ni un euro a los
madrileños”. Sólo en papeleras y contendores destrozados, la cuenta asciende a
medio millón de euros que, de momento, ha pagado el Ayuntamiento. Pero, lejos de
mediar entre empresas y sindicatos para acercar posturas, lanzó este órdago que
enciende aún más el conflicto. El nuevo contrato “supondrá una mejora para los
madrileños”, según la alcaldesa quien no se ha planteó rescindir el contrato con
las empresas FCC, Cespa (de Ferrovial), Valoriza (de Sacyr) y OHL-Ascan, ni
mucho menos aún municipalizar el servicio, como han pedido algunos sindicatos.
Lo que Botella no dijo es que Tragsa,
empresa pública que se encargará de cumplir los servicios mínimos mientras dure
la huelga indefinida, estuvo en huelga hasta hace sólo dos días. Sus
trabajadores y de su filial Tragsatec convocaron un paro de 24 horas el pasado día
7 contra el despido colectivo. El ERE afectaba a 1.639 empleados en las
distintas comunidades autónomas –836 en TRAGSA, que forma parte de la Sociedad Estatal
de Participaciones Industriales, y 803 en Tragsatec–, casi un 17% de la plantilla
total, a los que se añade el cese de actividad de miles de trabajadores
eventuales y fijos discontinuos. El Comité Intercentros (UGT, CCOO y CGT) emitió
un
comunicado en el que recuerda que el comité Intercentros de TRAGSA apoya a las justas reivindicaciones de
los trabajadores en su lucha por defender sus puestos de trabajo y sus derechos
laborales. Rechaza rotundamente las manifestaciones de la alcaldesa de Madrid
de querer utilizar a sus trabajadores. “Entendemos la situación de los
compañeros de la limpieza de Madrid y reiteramos que no consentiremos que se
nos utilice para reventar la huelga. El personal de TRAGSA no va a poder prestar este servicio, ya que la
mayoría de los trabajadores que pueden realizar estas tareas van a ser
despedidos. ¿O es que la dirección de TRAGSA se va a poner el mono de faena
para hacerlo?”
A comienzos de septiembre, la
esposa de José María Aznar recibió
un duro revés al fracasar la candidatura de Madrid en el tercer intento para
albergar los Juegos Olímpicos. Sobre los responsables del PP en el consistorio
cayeron duras críticas que ahora se repiten con el caos provocado por la decisión
de liberarse de la responsabilidad de la limpieza viaria y de jardines.
Hoteles, comercios y empresarios se lamentan de lo publicado en la prensa
internacional sobre una huelga que ha perjudicado su imagen en el mundo entero.
Constatan con alarma cómo el turismo y la imagen de Madrid han bajado en estos
días.
Los tres grupos de la oposición presentes en el
Consistorio mostraron su rechazo a la forma de actuar de Botella. Al socialista
Jaime
Lissavetzky le suena “a broma” la intervención de TRAPSA en el conflicto. Y llega a pedir a la alcaldesa que
deje su cargo por la “incapacidad” de gestión en el conflicto. Para Ángel
Pérez, portavoz de Izquierda Unida, Ana Botella es la “primera y única
responsable” de esta huelga, ya que su “irresponsabilidad” ha
llevado a subcontratar servicios que son de su competencia. Y David Ortega,
portavoz de UPyD, cree que el Ayuntamiento no va a la raíz del problema. “Tarde
o temprano –dice– tendrá que asumirlo y, mientras no lo haga, todas sus medidas
serán parches”. Se trata de un problema de escasez presupuestaria para un servicio
tan básico como el de la limpieza de la capital, en el que “el PP ha vuelto a meter a
Madrid en un enorme lío”.
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