Córdoba: por treinta euros, la Iglesia se apoderó de la Mezquita.

 

 

La Mezquita de Córdoba, edificio declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, junto con el centro histórico de Córdoba, se comenzó a construir en el año 785 y, durante el Emirato y el Califato de Córdoba, fue objeto de ampliaciones. Hoy constituye el monumento más importante de toda la arquitectura andalusí, junto con la Alhambra. Está declarado Bien de Interés Cultural y es uno de los espacios turísticos más visitados de España. Se la considera como el primero de los 12 Tesoros del país. Ha sido premiado como el mejor sitio de interés turístico de Europa y sexto del mundo según un concurso de TripAdvisor. Fue la segunda mezquita más grande del mundo en superficie, con 23.400 metros cuadrados, por detrás de la de la Meca, siendo sólo alcanzada posteriormente por la Mezquita Azul (Estambul, 1588). Una de sus principales características es que su muro de la qibla no fue orientado hacia La Meca, sino 51º más hacia el sur, algo habitual en las mezquitas de Al-Ándalus. El edificio, que alberga el cabildo catedralicio de la Diócesis de Córdoba, es propiedad de la Iglesia, desde hace ocho años, en que se apoderó de ella, inmatriculándola en el registro de propiedad a su nombre, y sufriendo el lugar una crisis de identidad. Curiosamente, antes del 2006, no existía ningún tipo de conflictividad. Dentro de dos años, si no ocurre algo especial, pasará a ser definitiva y absolutamente propiedad de la santa, opulenta y rica madre Iglesia, a lo que se opone la Junta de Andalucía y la mayoría de andaluces y de españoles.

 Según Juan Pablo Durán, la mezquita es del pueblo.

La tensión provocada por la Iglesia por la titularidad de la Mezquita tiene sus orígenes en una medida de Aznar. Según señala Juan Pablo Durán, secretario provincial de Córdoba y coordinador del Consejo Territorial del PSOE, la Mezquita es del pueblo, no de la Iglesia, y la situación de tensión provocada por la titularidad de la misma tiene sus orígenes en la medida del Gobierno de Aznar, que permitió modificar la ley registral. Ello conllevó que el obispo “certificase la titularidad del monumento, como si de un notario se tratase. El dirigente socialista reconoce que, cuando eso ocurrió, nadie se movilizó. Y sostiene que el obispo tomó decisiones tales como eliminar el pasado y los vestigios de la Mezquita. Lo que se tradujo en los contenidos de los folletos informativos y en la obligación de denominar al monumento “Catedral de Córdoba-Antigua Mezquita”. Durán recuerda el incidente protagonizado en el recinto de la Mezquita  por guardias de seguridad en colaboración de la Policía Nacional, durante el cual se impidió orar a un grupo de ciudadanos de religión islámica lo que provocó un conflicto grave. Desde ese momento, “se quiere convertir la Mezquita en un templo sólo católico, rompiendo el uso multicultural, respetuoso y tolerante que siempre ha tenido”. El líder provincial socialista recuerda cómo, en 2010, el PSOE cordobés aprobó un documento en el que, entre otros puntos, se recogía la reposición del nombre original de “Mezquita-Catedral”; el apoyo a una importante inversión pública para la creación de un espectáculo audiovisual nocturno para promover la afluencia de más visitantes o la exención del pago de entrada al monumento a los ciudadanos cordobeses. Y afirma que la Mezquita-Catedral de Córdoba “es, ha sido y debe ser del ciudadano y del pueblo de Córdoba”, defendiendo que las administraciones deberían estudiar una alegación a la inmatriculación del monumento por parte del Cabildo “para que la Mezquita sea titularidad del pueblo cordobés”.

 

La Mezquita desde el aire.

 

Durán trae a colación cómo, hace un año, el PP echó leña al fuego, al aprobar que la Carrera oficial de Semana Santa fuese a la Mezquita para lo que era necesario aperturar y modificar una de sus puertas con lo que ello conllevaba. Tuvo que ser la Junta con petición de informar a la UNESCO la que echara para atrás esta idea. “Los socialistas –declara– no estamos dispuestos a consentir que se juegue además con los sentimientos de los cordobeses. Ya está bien de esta estéril e hipócrita confusión”. El dirigente socialista recuerda que “antes del 2006, no existía ningún tipo de conflictividad”. Y que es a partir de ese año “cuando han empezado a manifestarse de una forma más clara y evidente determinadas posiciones que siempre han estado dentro del seno del Cabildo y de la Iglesia en Córdoba, que se han sentido propietarias de la Mezquita. De esta manera, han empezado a herirse sensibilidades con las acciones de la Diócesis para cambiar el nombre por el de Catedral de Córdoba, antigua Mezquita”. Para algunos, la cuestión del nombre es un debate insulso pero, en el fondo, es un intento evidente de marcar una diferencia de algo que no es cuestionable. “Debería quedar claro que la Mezquita es, ha sido y debe ser del ciudadano y del pueblo de Córdoba”. Durán siente que “algunos quieren buscar confrontación con la Junta, haciéndolo con la historia. Durante más de siete siglos no ha habido problemas sobre la titularidad de este bien, lo que debería de ser un principio básico para el acuerdo”.

Asociación Kala.

Tras conocer las intenciones de la Junta de Andalucía que busca fórmulas jurídicas para que la Mezquita Córdoba no pase a exclusiva propiedad de la Iglesia católica, la caverna mediática carga contra la Junta. Y la derecha más integrista reacciona. El movimiento ultracatólico “Hazte Oír” sostiene que la Junta de Andalucía pretende “robar la Mezquita y las catedrales para quedarse con ellas”. “Libertad Digital”, diario en Internet, coincidente en general con el ámbito sociológico del PP, pregunta en una crónica: “¿Quién está detrás de la expropiación de la Mezquita-Catedral de Córdoba”? E intenta desprestigiar a los dirigentes de la plataforma pro monumento público. Los tilda de izquierdistas radicales, anticapitalistas y de antiimperialistas. Descalifica a Miguel Santiago Losada, profesor de Biología y portavoz de la Plataforma Mezquita-catedral de Córdoba, por el simple hecho de pertenecer al Comité de Solidaridad con América Latina. Se atreve a clasificarlo como un “colectivo de extrema izquierda de ideas ¡feministas!, anticapitalistas y antiimperialistas”. Miguel Santiago ha sido observador internacional para los Derechos Humanos en Chiapas (México). Es  cofundador y actual presidente de la Asociación Kala, creada en enero de 2005, cuyo principal objetivo es la integración sociolaboral de los jóvenes inmigrantes. Y autor asiduo de numerosos artículos sobre Derechos Humanos en el Diario Córdoba y en otros medios de comunicación. Razón por la que “Libertad Digital” ve peligroso que Losada sea presidente de la Asociación Kala, cuyo objetivo es “la integración sociolaboral de los jóvenes inmigrantes”. Reprocha y censura la ayuda a los inmigrantes. Y pone en entredicho una nota de dicho colectivo en la que afirma: “Hemos iniciado oficialmente la petición de firmas para solicitar a la Unesco y Junta de Andalucía que tomen las medidas oportunas ante el riesgo que corre su declaración como Patrimonio Mundial de la Mezquita-Catedral de Córdoba”.

“Europa Laica” quiere que la Mezquita deje de pertenecer a la Iglesia.

 

“Libertad Digital” desvela que la Asociación Kala ha recibido desde su creación, hace casi nueve años, subvenciones de la Junta andaluza por una totalidad de 77.000 euros. Razón por la que critica que este asociación esté subvencionada por la Junta “que preside Susana Díaz, la que está impulsando la expropiación”. Califica a Antonio Manuel Rodríguez, un profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba, como “nacionalista y de izquierdas” porque fue candidato del Partido Andalucista en las últimas elecciones generales, un partido que no es precisamente  de izquierdas. Y afirma que el movimiento “Europa Laica”, organización española sin ánimo de lucro y promotora del laicismo, es un grupo “anticatólico y de extrema izquierda”. “Europa Laica” impulsa una iniciativa para que no se permita a la Iglesia registrar a su nombre bienes que “son públicos o del común” como la Mezquita de Córdoba, patrimonio de la humanidad por la Unesco. Se trata de una iniciativa “política, legal y ciudadana” que denuncia las “inmatriculaciones” de bienes de todo tipo realizadas por la Iglesia al amparo de una legislación que califica de “claramente inconstitucional”.

 

Diego Valderas, vicepresidente de la Junta.

 

A finales de febrero, el Gobierno andaluz manifestaba que estaba estudiando “todas las posibilidades, incluidas las jurídicas, para garantizar” que la Mezquita-Catedral de Córdoba fuera de “patrimonio público” y hacía  una oferta de diálogo a la Iglesia para buscar un punto de acuerdo. En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel Vázquez, indica que hay que buscar ese equilibrio entre el interés ciudadano y lo que viene siendo la tradición en la gestión de este edificio de culto religioso. Confirma que la Junta no busca el “enfrentamiento”, sino que apuesta por el diálogo para encontrar la mejor solución posible a la demanda de los ciudadanos. Vázquez agrega que la Junta considera que la vía de la titularidad pública es la “correcta”, pero manteniendo la gestión que se ha venido realizando hasta ahora por parte de la Iglesia, porque “son compatibles”. La Junta lanzó una oferta de diálogo al Arzobispado de Córdoba para buscar ese “punto de encuentro que permita garantizar el carácter público de la Mezquita-Catedral, el disfrute de los ciudadanos y la gestión de ese inmueble, con unos usos religiosos, por parte de la cúpula eclesiástica”. Por su parte, Diego Valderas, vicepresidente de la Junta, consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, estima que esa “carrera, a veces sin sentido, que la Iglesia tiene sobre el hecho propietario no se corresponde con doctrina de la Iglesia”.

 

Pero la plataforma ultraconservadora “HazteOír”, fundada por el activista Ignacio Arsuaga, inspirándose en movimientos religiosos como el Opus Dei y los Legionarios de Cristo, insiste en sus postulados. Dicha plataforma consigue, en dos días, 38.000 firmas. Según el diario “Córdoba”, la asociación conservadora se dirige a la Junta de Andalucía y a la Unesco para reivindicar, entre otros aspectos, el reconocimiento jurídico de la titularidad pública de este edificio histórico. La noticia aparece publicada bajo el epígrafe “Robo laicista de las iglesias” y, en el texto, se puede leer: “Vivimos una formidable operación de acoso a los cristianos, es algo que ni los menos informados pueden ya ignorar”. Miguel Vidal Santos destaca que desde la Junta “van a robar (…) a apropiarse de las catedrales. Se proponen empezar por la catedral de Córdoba”.

 

El pasado jueves, la Plataforma Mezquita-Catedral entregaba a Jesús Maeztu, Defensor del Pueblo Andaluz, 143.000 firmas recogidas a través de la página change.org, en defensa de que el templo cordobés sea público y para evitar “la apropiación del monumento” por parte de la Iglesia Católica. En un comunicado, dicha plataforma indica que ha solicitado al Defensor del Pueblo Andaluz que interceda ante las autoridades para que tomen las medidas necesarias que “eviten la apropiación jurídica, simbólica y económica por parte del Obispado de Córdoba de un monumento Patrimonio Mundial reconocido por la Unesco en 1984”. La Plataforma expresa “su honda preocupación ante el riesgo que corre su declaración universal” porque entiende que el monumento ha sufrido una grave amputación de su huella andalusí al haber sido eliminado el término Mezquita de todos sus documentos divulgativos mientras que el relato histórico del edificio “ha sido claramente adulterado desde un prisma meramente confesional”. Recuerda que la Mezquita-Catedral fue designada Patrimonio Mundial por “simbolizar de manera excepcional un mensaje universal de concordia entre culturas”. El manifiesto exige la titularidad pública de la Mezquita-Catedral, que deje de emplearse institucionalmente el término Catedral para referirse a todo el monumento, que se lleve una gestión pública y transparente y que se implante la redacción de un Código de Buenas Prácticas. Por su parte, Maeztu asegura que presentará “esta queja ciudadana al Parlamento andaluz, la Junta de Andalucía y la administración local”.

 

Los ciudadanos cordobeses asisten atónitos a un hecho sin precedentes: el que la Mezquita, emblema y símbolo  de su ciudad, puede pasar a ser exclusivamente propiedad privada de la Iglesia Católica. Y comprueban, estupefactos, cómo un monumento “Patrimonio de la Humanidad” puede pasar a ser exclusivo de los obispos merced al uso de una ley franquista en el Registro de la Propiedad y que tan solo costó 30 euros. Es un viejo sueño que la Iglesia está a punto de alcanzar. La mayoría de partidos está a favor de que el monumento sea público y la Junta de Andalucía ha puesto a trabajar a su gabinete jurídico para estudiar formas legales que impliquen la titularidad pública del monumento bajo la gestión del gobierno autonómico. La inmatriculación de la mezquita es significativa por los jugosos beneficios que el turismo reporta, unos 13 millones de euros en entradas que pasan directamente al obispado, al ser considerados donativos. Eso sí, las labores de mantenimiento y reparación son con fondos públicos, sostiene el profesor Rodríguez. Una operación preparada por de los obispos españoles que esconde importantes fuentes de ingresos para las arcas eclesiales. Por de pronto, cada visitante de la Mezquita paga ocho euros por entrada y veinte, si la visita es nocturna. El año pasado, la Mezquita recibió casi un millón y medio de visitantes. Además, el ayuntamiento exime descarada y vergonzosamente a la Iglesia el pago del IBI y la exhibición de este monumento histórico se nutre de las ayudas públicas para su mantenimiento.

Cúpula, desde el interior de la Mezquita.

 

La Mezquita cordobesa, según denuncian los socialistas, no paga IBI (Impuesto de bienes Inmuebles). Ante esta situación, es difícil comprender la postura del alcalde, José Antonio Nieto, del PP, quien, lejos de ser el primero en defender el patrimonio público de la ciudad, se manifiesta sin tapujos en favor de que la Iglesia continúe con su gestión y propiedad, alegando que “está muy bien atendida”. Y deja que el Consistorio exima a la Iglesia Católica el pago del IBI por la Mezquita-Catedral. Los socialistas pidieron al alcalde que ejerciera la potestad del Ayuntamiento “para liquidar y recaudar el IBI de la Mezquita-Catedral, de la parte que ésta afecta a una explotación cultural y turística, conforme a lo establecido” en la normativa preceptiva y que, por tanto, “no se le aplique la exención”. Pero el PP lo rechazó. Isabel Ambrosio, la  delegada del Gobierno andaluz en Córdoba, firma “a título personal” el manifiesto de una plataforma a favor de su uso y gestión pública. Varias iniciativas ciudadanas promueven estos días una campaña para que la Mezquita de Córdoba tenga una gestión y control públicos. La asociación “Europa Laica” solicitó la modificación de la ley que permite a la Iglesia registrar el monumento a su nombre e inició una campaña que pide cambiar la ley que permite esa titularidad privada indefinida y peremne. Andalucesdiario.es desvela cómo el obispado de Córdoba, con el objetivo de poner la Mezquita a su nombre, utilizó dos artículos de la Ley Hipotecaria aprobada por Franco por lo que da el rango de administración pública a la Iglesia católica y por ende de funcionario a los diocesanos. Basta con la firma del obispo para registrar a nombre de la Iglesia un bien público que aun no ha pasado por el registro. Una situación de privilegio que puede ser absoluta y total, si el Obispado utiliza la ley franquista y se queda literalmente con la Mezquita, en 2016.

Antonio Manuel Rodríguez, profesor, jurista, escritor, músico y activista social, cultural y político.

 

Sin embargo, habría posibilidades de que eso no fuera así al ser posible revocar el título de propiedad en los diez primeros años desde la inmatriculación del bien. Según explica Antonio Manuel Rodríguez, se estaría a tiempo, “aunque vamos tarde”. Por ello, urge que una administración pública reclame la titularidad del monumento y que se modifiquen dos artículos legislativos, el 206 de la Ley Hipotecaria y el 304 del Reglamento que desarrolla el texto normativo de 1947. “La Mezquita –recuerda Rodríguez– no es de la Iglesia católica. Es de los cordobeses, de los andaluces y de la humanidad”. El profesor de la UCO cree que para resolver este “escándalo” se debe, por un lado, internacionalizar el conflicto y, por otro, que la ciudadanía local tome conciencia de la gravedad. “Igual que nos hemos familiarizado con el término dación en pago, tenemos que familiarizarnos con la palabra inmatriculación: registrar por primera vez un bien en el Registro de la Propiedad”, aconseja Rodríguez, quien cree que la ciudadanía tiene que introducir en su vocabulario el término jurídico que nombre lo que la Iglesia católica ha hecho con la Mezquita.

 

Algunos de los fotomontajes de esta semana aluden a esta Iglesia que quiere hacerse con todo. La Iglesia ya no se conforma con robarnos 13.000 millones de euros cada año; ni con hacer declaraciones homófobas y en favor de la desigualdad social. Ahora, han decidido apoderarse de la Mezquita de Córdoba, apoyándose en una ley franquista que les cederá esta parte del patrimonio en 2016…

 

Otros fotomontajes sobre el pensar, el despertar o el no hacer nada….

 

 

 

 

El humor de Erlich:

 







El humor de  Dávila, Forges, El Roto, Peridis, J. R. Mora, A. López, Ramón, Pat….´

 





















El humor de Pep Roig: Consenso desconsensuado o algo así, Fanatiquerías, Falsas esperanzas, Realidad camuflada y todo contra el más débil.

 

 

Y para terminar, cuatro vídeos. El primero, sobre el tema central de hoy. Una plataforma ciudadana ha recogido 140.000 firmas que van a ser entregadas al defensor del pueblo andaluz para tratar el asunto. Preocupa el hecho de que el templo pueda perder su categoría de 'Patrimonio de la Humanidad'. La iglesia se hizo su propietaria en 2006 gracias a la 'ley hipotecaria'

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El segundo, sobre la crisis del capitalismo.



El tercero, sobre cómo funciona el celebro de un hombre.

El último nos recuerda la marcha de las mujeres, en 1911, organizada por la Unión Política y Social de las Mujeres, en Gran Bretaña, y liderada por Emmeline Pankhurst. Estas valientes mujeres estaban decididas a implementar la acción directa en pos de sus objetivos, aún cuando ésta incluyera la violencia. La radicalización del movimiento de las Suffragettes generalizó los encarcelamientos y la huelga de hambre como respuesta política ante la creciente represión contra sus manifestaciones. El voto para las mujeres británicas se consiguió, tras largos años de lucha, en 1928. Ayer se celebró el Día de la Mujer Trabajadora.