Gallardón ve peligrar su “juguete” preferido.

Gallardón y sus indultos.

Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia, y su “juguete” preferido: la máquina de hacer indultos, fueron esta semana pasada motivo de discusión en el Congreso de Diputados. Ruiz-Gallardón, al igual que sus antecesores en el cargo, “ha abusado” de la ley del indulto, y ahora le quieren quitar ese “juguete” para que no lo utilice de forma aleatoria. Gallardón justificó el indulto concedido al 'kamikaze' de Valencia, defendido por el despacho en el que trabaja un hijo del propio Ruiz-Gallardón. Pero, el Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo anuló el indulto del “kamikaze” que mató a una persona, concedido por Gallardón. Un 'kamikaze' que fue condenado en firme.

Gaspar Llamazares, durante su intervención en el Congreso.

Gaspar Llamazares defendió el martes en el Congreso una “ambiciosa y necesaria” proposición de ley para modificar la actual legislación sobre indultos. Para resumir los objetivos fundamentales de esta reforma, el diputado de IU indicó que debía garantizarse que los indultos no fueran “injustos en ningún caso”, dado que es imposible acabar del todo con el “margen de arbitrariedad” que corresponde al Ejecutivo que los concede. Por ello, estableció reglas para una “aplicación transparente” de esta medida, para acabar así con el “abuso endémico al que han recurrido los sucesivos gobiernos de PP y PSOE”. El portavoz parlamentario de Justicia de IU cifró en torno al medio centenar los indultos que concede al año el Ejecutivo. Denunció que esta medida se había aplicado a políticos, jueces, banqueros o personas ligadas al poder político y económico, “lo que ha acabado por dar la impresión a la ciudadanía de que existe una 'justicia paralela', sesgada para determinados círculos de poder, que se escapa al control democrático”. Llamazares puso como ejemplo el caso ocurrido en la segunda mitad de 2013 del conductor kamikaze indultado por el Gobierno de Mariano Rajoy, tras ser condenado a 13 años de prisión por matar a un joven en Valencia, decisión anulada posteriormente por el Tribunal Supremo. Y planteó que determinados delitos se excluyan del ámbito del indulto. Entre otros, hizo referencia a los que tienen que ver con los delitos de estafa, apropiación indebida, blanqueo de dinero, los societarios y contra la Administración y la Hacienda públicas, malversación y fraude, prevaricación urbanística, terrorismo, tortura, y delitos electorales y ecológicos. Coordinada por Gaspar Llamazares, la iniciativa planteaba que, para que el Gobierno concediera un indulto parcial o total, el magistrado o tribunal sentenciador debería acreditar “razones de justicia, equidad o utilidad pública”. La proposición de ley planteaba también que el Ejecutivo remitiese, cada seis meses, copia de los expedientes de indulto concedidos a la  Comisión de Justicia del Congreso, así como la publicación anual de todos los datos estadísticos sobre la utilización de esta medida, garantizando el libre acceso público a los mismos.

 

Llamazares hizo un repaso de los indultos concedidos en la última década. El de un ex contable del caso Filesa. El de cuatro altos cargos de la Administración vasca, condenados por el fraude masivo en las oposiciones de Osakidetza. O los recientes indultos concedidos por el Gobierno del PSOE a un conocido banquero, condenado a una gravosa pena de inhabilitación, pese al criterio en contra del Tribunal Supremo. Recordó los indultos concedidos por el Gobierno del PP a un alto cargo de la Generalitat de Catalunya y a un empresario condenado con él, a largas penas de prisión y de inhabilitación absoluta, todo ello a cambio de un puñado de votos y pese a sendos informes del tribunal sentenciador y del fiscal del caso contrarios a la medida de gracia. Llamazares criticó la falta de datos estadísticos de acceso público sobre los indultos, lo que dificultaba gravemente el conocimiento de la práctica de su concesión. Pero señaló que, según un estudio publicado en el número 9 (2011) de la revista Española de Investigación Criminológica, entre los años 2000 y 2008, los sucesivos Gobiernos del PP y del PSOE concedieron un total de 4.667 indultos, con una media anual de 519, unos 42 al mes. Y concluyó que la exposición de motivos señalaba claramente que “el recurso al indulto está siendo utilizada como instrumento de simulación, taponador de necesarias reformas del ordenamiento jurídico”.

 

 Las “galladonadas” del Gobierno.

No más 'gallardonadas' del Gobierno, pretendió el diputado de IU: se acabó el indultar a 'gusto de un ministro' según qué despacho defiende al condenado. En la exposición de motivos, Llamazares señaló claramente que había que impedir que el poder ejecutivo pudiera seguir indultando a su antojo a delincuentes y corruptos económicos o políticos. En su exposición de motivos afirmó textualmente: “En no pocos casos, la calificación jurídica del delito cometido, la pertenencia del reo a un partido político, a una institución pública o a poderes económicos relacionados, han generado polémica y dudas razonables sobre un problema preocupante: saber si el tipo de delito y el rango o condición del sujeto condenado influyen en la concesión del indulto. Si esto fuera así, este tipo de medidas de gracia supondría un atentado frontal para el principio de legalidad de los delitos y de las penas, y sería incompatible con el principio de igualdad ante la ley, por su carácter discrecional, arbitrario y en gran parte, secreto”. Así de claro y explícito se mostró Gaspar Llamazares, en un intento de anticiparse a los supuestos corruptos de los casos Bárcenas y Gürtel, actualmente en fase de instrucción. Con el agravante de que el Tribunal Supremo había “tumbado” el indulto al kamikaze de Valencia concedido por Ruiz-Gallardón. “Este –dijo Llamazares–, podría ser el caso, por ejemplo, de los delitos de malversación de fondos públicos, fraude, estafa, apropiaciones indebidas, delitos societarios, contra la Administración Pública y la Hacienda Pública, cohecho, falsedades o contra la Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente en casos de corrupción urbanística, muy especialmente cuando han sido cometidos por cargos públicos, dirigentes políticos, banqueros o empresarios próximos al poder, transmitiéndose el mensaje de que la corrupción puede quedar impune y que existen distintas varas de medir a la hora de sancionar las conductas delictivas”.

 

Pilar Cortés, diputada del PP.

La coalición de izquierdas presentó la iniciativa, siendo bien acogida por grupos como PSOE, UPyD, PNV, ERC, Compromís-Equo o BNG, partidarios de dotar de mayor “transparencia” esta prerrogativa. Julio Villarrubia, portavoz de Justicia del PSOE, justificó el sí de su grupo a la proposición de ley en la necesidad de dar una “señal” a la ciudadanía de que “de verdad queremos luchar contra la corrupción”. Y acusó al Gobierno de tomar decisiones que “están favoreciendo” a los delincuentes económicos, como la amnistía fiscal, y de no adoptar medidas que permitan intensificar la lucha contra la corrupción. Pero el Gobierno del PP no dio el brazo a torcer y se negó a reformar la decimonónica ley del indulto, manteniendo el perdón a los corruptos. Y  rechazó tomar en consideración la proposición de ley formulada por la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) para una reforma “radical” de la Ley del Indulto que prohíba su concesión a los corruptos, obligue a motivarlo en el resto de casos y considere vinculante la opinión del tribunal sentenciador. Pilar Cortés, diputada del PP, admitió que su grupo era consciente de que la normativa vigente era susceptible de ser revisada, pero precisó que eso no significaba que fuera “opaca, arbitraria o injusta”. “Hay que huir del oportunismo político –añadió– o de casos concretos en favor del interés general”. Recordó que ninguno de los grupos había llevado la revisión de la norma en sus carteles electorales. Consideró “curioso” que los socialistas no hayan tenido “tiempo” durante sus gobiernos de cambiar un texto que se remonta a 1870, aunque ha sido posteriormente modificado. Y reivindicó la medida del indulto como un instrumento “satisfactorio” frente a la aplicación “estricta” del derecho. En su opinión, algunos grupos recurrían a este debate bajo “criterios ideológicos y de oportunidad política” y era “llamativo” que lo planteasen cuando gobernaba el PP. Rosa Díez, portavoz de UPyD, calificó de “imperiosa” la necesidad de reformar esta Ley y dio su apoyo a la iniciativa de la coalición de izquierdas. Emilio Olavaria, del PNV, censuró la “opacidad, la falta de motivación y las razones espurias y bastardas” que son manejadas en el actual y “arcaico” modelo y criticó el indulto otorgado a los condenados por el GAL, recordando que “ni un solo responsable de esta trama” esté hoy en prisión. Montserrat Surroca, diputada de CiU discrepó de las medidas propuestas por la Izquierda Plural, aunque abogó por abordar una reforma del indulto con “mayor profundidad y consenso”. Joan Baldoví, diputado de Compromís-Equo en el Congreso, apoyó un cambio en la normativa vigente ya que los partidos recurren al indulto para perdonar a quienes han sido condenados en sus propias filas. “Cada vez que hay un cambio de Gobierno –recordó– llega la fiesta del indulto para los condenados”. Olaia Fernández Davila, portavoz del BNG, dio su visto bueno a cambiar la Ley del Indulto, mientras que Joan Tardá, diputado de ERC, abogó por su “abolición”.

 

Ruiz-Gallardón, al igual que sus antecesores en el cargo, “abusó” de la ley del indulto. La Oposición quiso quitarle ese “juguete”. Parte del Congreso intentó pararle los pies por la polémica generada en anteriores ocasiones.  El pasado miércoles, el ministro de Justicia aseguraba, en una conferencia ofrecida en Barcelona, que no iba a conceder nunca un indulto a un condenado por delitos de corrupción mientras él estuviera en este cargo. “Este Gobierno –resaltó el ministro a preguntas de los asistentes sobre la ejecución de sentencias– no ha concedido ni un solo indulto por asuntos de corrupción. Es más, mientras yo sea ministro de Justicia, no lo va a hacer”. E insistió en que el Gobierno que preside Mariano Rajoy era el que menos indultos había concedido “en la historia de la democracia española” y el que más solicitudes había recibido. De esa forma, Alberto Ruiz-Gallardón cerraba la puerta a los indultos de políticos condenados por cohecho, malversación, tráfico de influencias y otros casos similares. El más espinoso era el del exministro de Medio Ambiente y expresidente balear del PP, Jaume Matas, condenado a nueve meses de prisión por tráfico de influencias. Matas tiene suspendida desde enero la ejecución de la condena, a la espera de una respuesta del Ejecutivo. De las palabras de Gallardón se deduce que el exdirigente del PP, que mantuvo una estrecha relación con el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, deberá entrar en prisión. La misma suerte correrán otros altos cargos públicos, como el exsecretario de organización de Unió Democrática Vicenç Gavaldà, su hermano Lluís, exdirector de Trabajo de la Generalitat, y el empresario Fidel Pallerols, dueño de las academias desde las que se desviaron 595.000 euros procedentes de los cursos para parados al partido. Los tres fueron condenados por financiación irregular de la formación y aguardan, con la opinión en contra de la fiscalía, el indulto. Gallardón intentó ser más tajante que nunca al mostrar su absoluta negativa a indultar a personas condenadas por corrupción. Pese a ello, su afirmación era falsa. El Ejecutivo de Mariano Rajoy ya había garantizado el indulto de al menos ocho personas por casos relacionados con la corrupción, según se desprende del análisis de los datos del Boletín Oficial del Estado que permite realizar El Indultometro, herramienta de la Fundación Ciudadana Civio.

 

Gallardón levanta el pulgar, como un emperador romano.

Pese a que el ministro de Justicia ha asegurado que no ha indultado ni indultará a ningún condenado por corrupción mientras ocupe el cargo, El Indultómetro, encargado de analizar todos los indultos concedidos desde 1996, lo desmiente: ha concedido la medida a  seis condenados por prevaricación y a cuatro por malversación. Según el proyecto de la Fundación Ciudadana Civio, desde la llegada de Gallardón al frente del ministerio de Justicia, ocho cargos públicos condenados por corrupción se han beneficiado de indultos. Eva Belmonte, de Civio, señala en una entrevista televisiva, que los indultados por el Gobierno han sido seis (condenados por prevaricación) y cuatro (por malversación de caudales públicos), aunque dos de ellos habían sido condenados por ambos delitos. La mayoría de estos diez indultos concedidos se realizaron en 2012. Algunos de ellos fueron los otorgados a Tomás Gómez Arrabal, exalcalde del PP del Valle de Abdalajís (Málaga), y a tres de sus concejales: Fermín Muñoz Armero, María Teresa Mesa Pernia y Antonio Pérez Postigo, todos ellos acusados de prevaricación urbanística. El alcalde había sido condenado a más de diez años de cárcel por un total de 12 delitos de prevaricación urbanística y fue indultado tres años después de la sentencia por el gobierno que dirigía su propio partido, el PP. La pena quedó en dos años y evitó la cárcel. Sus tres concejales condenados se acogieron también a la medida de gracia. Días antes se había indultado a Adoración Pomata Zaplana, condenada por malversación impropia, y, en marzo del mismo año, a Josep Maria Servitje y a Víctor Manuel Lorenzo Acuña. Servitje, un alto cargo del gobierno de Pujol, fue condenado a cuatro años y medio de cárcel por desviar dinero público a empresas afines en el marco del 'caso Treball'. También Lorenzo, empresario condenado, evitó la pena de prisión a cambio de sendas multas de 3.600 euros. Igualmente, María Dolores Mateos, condenada el 26 de septiembre de 2011 por malversación cuando trabajaba en el Servicio Andaluz de Empleo y era miembro del PSOE en Sevilla, salía beneficiada con el indulto, evitando la prisión al rebajarle la pena de 3 a 2 años.

 

 Cuatro mossos d’Esquadra, reindultados.

Después de que Jueces para la Democracia, la Izquierda Plural y la web Elindultometro.es, hayan advertido a Gallardón de lo incorrecto de su afirmación, el ministro ha querido matizar, diciendo que no se ha indultado a nadie que haya “robado dinero público de la administración”. Gallardón asegura que el Gobierno no ha indultado a ningún político que se haya “llevado dinero al bolsillo” y que esa política se mantendrá porque es una “decisión firme” del Ejecutivo del PP. El titular de Justicia precisa que la corrupción no es un concepto jurídico que esté delimitado en el Código Penal y que sus palabras se referían a una pregunta concreta sobre políticos que se llevan dinero publico al bolsillo. Eva Belmonte advierte de que, en 2013, el Gobierno “echó el freno” con los indultos, siendo el año que menos se han concedido desde 1996 (204). “Aunque, en junio, el Ejecutivo ya sumaba 150 indultos, a partir de entonces el ritmo de concesiones se frenó en seco. El consejo de ministros más prolífico fue el del 31 de octubre, en el que se aprobaron 23. Entre ellos, se encontraba el empresario canario Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, condenado a tres años y un día de cárcel por obras ilegales en una zona de especial protección ambiental. Después, resultó adjudicatario de varios contratos públicos, como el de parte de la seguridad del metro de Madrid o el de vigilancia de varios edificios del Ministerio de Defensa”. Uno de los casos más sonados fue el doble perdón a cuatro mossos d’esquadra condenados por torturas. Inicialmente, el Ejecutivo rebajó la condena a dos años, entendiendo que se suspendería la entrada en prisión, como suele hacerse cuando los acusados no tienen antecedentes. Pero la Audiencia de Barcelona decretó su ingreso, alegando su peligrosidad. El Gobierno respondió reindultando a los policías, valiéndose de la arbitrariedad de la medida de gracia.

 

Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, respondió a las declaraciones de Gallardón.

Las declaraciones de Ruiz-Gallardón han caído como gasolina al fuego en la judicatura, donde todos saben que la ley del indulto no sólo es antediluviana –de finales del siglo XIX–, sino que se usa de forma arbitraria por el poder para beneficiar a algunos personajes muy determinados. Y su juguete preferido es “su” máquina de fabricar indultos de forma arbitraria a determinados personajes. “Es evidente que el ministro no está diciendo la verdad –le responde Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, llamándole embustero–. Este gobierno ha indultado a miembros de su propio partido en casos de prevaricación urbanística y a otros cargos condenados por delitos contra la administración pública. Y estos indultos se han acordado sin ninguna explicación de las causas que los motivaban”. Bosch le recuerda igualmente a Gallardón que “también ha existido absoluta opacidad en los indultos a agentes que han torturado o a conductores kamikazes. Con estas medidas de gracia se realiza un uso abusivo de la figura del indulto, se vulnera la división de poderes propia de un Estado de Derecho y se provoca el descrédito de las instituciones, pues se traslada a la ciudadanía la imagen de que la justicia no es igual para todos”. Un buen número de jueces y magistrados opinan que los datos objetivos sobre la concesión de indultos “indican con claridad que el mayor porcentaje se produce en los delitos vinculados a la corrupción o en supuestos de personas que tienen conexión con el poder político”. Lo que provoca la sensación de que “el poder se perdona a sí mismo, a pesar de contar con el criterio desfavorable a estas medidas de gracia de los tribunales sentenciadores”. En definitiva, que “el indulto se está configurando como una cuarta instancia en la que, sin ninguna justificación, el Gobierno puede dejar sin efecto lo acordado en los juzgados”. La Asociación de Jueces concluye que resulta necesaria una reforma de la Ley de Indulto: “En un Estado de Derecho no es admisible la existencia de espacios de impunidad arbitraria. Hace falta una nueva legislación, que regule la motivación obligatoria de cada indulto y que establezca un control judicial sobre las medidas de gracia, lo cual permitiría acabar con la sensación de amiguismo que actualmente se percibe desde la ciudadanía”.

 

Jorge Río Salgado volverá a prisión tras anularse su indulto. Foto de Antonio Heredia  en El Mundo.

El Consejo de Ministros, en su sesión de 7 de noviembre de 2012, indultaba al 'kamikaze' de Valencia. Se trataba de Jorge Río Salgado, padre de dos hijos de 14 y 5 años, un cargo intermedio en la central de Opel en Madrid quien, con dos millones de kilómetros a sus espaldas, colisionaba con otro vehículo, provocando la muerte a José Alfredo Dolz, de 25 años. Fue el 3 de diciembre de 2003, tras circular durante cinco kilómetros en dirección contraria por la AP-7. Condenado, en 2011, a 13 años de prisión por la Audiencia Provincial de Valencia, salió en libertad, tras cumplir 10 meses, gracias al polémico indulto del Gobierno que el Supremo anuló. El 21 de marzo volverá a ingresar en prisión. El Supremo cuestionó directamente el Real Decreto de indulto del kamikaze que había sido impugnado, señalando: “Visto el expediente de indulto... en el que se han considerado los informes del Tribunal sentenciador y del Ministerio Fiscal, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros ... vengo en conmutar...”. Y, por lo tanto, “no procede la concesión del indulto”, ya que el citado Real Decreto del aún ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, no señala las “razones de justicia, equidad o utilidad pública”, exigidas por el legislador, que han de ser determinantes del indulto; desde otra perspectiva, “la única fundamentación que el mismo contiene, no podemos situarla en el terreno de la lógica jurídica, excluyente de la arbitrariedad, ya que, por una parte, el Ministerio Fiscal señala que ‘se opone a la concesión del indulto por la naturaleza y gravedad de los hechos, por la oposición de casi todos los perjudicados y por estimar que no concurren razones suficientes de justicia, equidad o conveniencia pública’, y, por otra parte, el Tribunal sentenciador informa en el sentido de que ... NO PROCEDE la concesión del indulto”.

 

El propio ministerio de Justicia, a través de un portavoz oficial, admite que, entre los 691 indultos concedidos en 2012 y 2013, hay diez en casos catalogados como “delitos contra la administración pública”. Entre ellos, siete están relacionados con malversación o prevaricación y el resto son delitos de otro tipo, vinculados con el trabajo público. De esta forma, Gallardón se defiende, desmintiendo el que hubiera mentido, porque la malversación y la prevaricación no siempre implican corrupción. “La corrupción –afirma el ministro– no es un delito jurídico que esté como tal delimitado en el Código Penal. Lo que me preguntaron en la conferencia en Barcelona es si los políticos que se llevan el dinero a su bolsillo habían sido o iban a ser indultados. Y la respuesta es que no: ni lo han sido ni lo van a ser”. La respuesta de Gallardón puede ser entendida como un anuncio de que no indultará a Jaume Matas, exministro y expresidente del Gobierno Balear, condenado a prisión por tráfico de influencias. Aunque Julio Villarrubia, portavoz de Justicia del PSOE, le acusó de faltar a la verdad porque ha concedido “bastantes” indultos en casos de corrupción, y abogó por una reforma legal que los prohíba en esos casos. Gaspar Llamazares, de IU, y Joan Tardà, de ERC, dicen que “el ministro miente”. Y Rosa Díez, de UPyD, pregunta directamente al Gobierno: “¿No considera el Gobierno el delito de malversación como un delito asociado a la corrupción?”.    

El indulto de Garzón, extraviado.

El Ministerio de Justicia remitió en dos ocasiones al Tribunal Supremo la petición de indulto del ex juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, tras haberse extraviado durante más de un año en el camino entre ambos organismos. El 29 de junio del 2012, este departamento remitió un paquete de siete oficios al Alto Tribunal. Todos ellos llegaron a su destino, salvo el referido a Garzón, desconociéndose los motivos por los cuales se traspapeló. Al tener conocimiento de que el Supremo no había recibido el expediente, la División de Derechos de Gracia del Ministerio envió más de un año después la petición de indulto. Pero, curiosamente, en el Tribunal Supremo sólo consta la solicitud de la medida de gracia registrada el pasado octubre. El alto tribunal ya ha dado trámite a los perjudicados por las escuchas ilegales de la trama 'Gürtel' y al fiscal, quien no tiene plazo para emitir su informe.  El ex fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña José María Mena y el presidente de MEDEL, Antonio Cluny, presentaron el 18 de mayo de 2012 ante el Ministerio de Justicia esta petición sobre la base de que la sentencia condenatoria había sido “manifiestamente desproporcionada”. “La gravedad intensa de la condena, que viene a ser algo así como una cadena perpetua, por una interpretación discutible de una norma –detallaba el escrito de 16 páginas dirigido a Gallardón– es desproporciona y pedimos al Gobierno que lo proponga y al Rey que firme un indulto en virtud de la desproporción”. Garzón dejó la Carrera Judicial, tras ser condenado en febrero de 2012 por el Tribunal Supremo a once años de inhabilitación por un delito de prevaricación consistente en interceptar las conversaciones que los imputados de la trama 'Gürtel' mantuvieron en prisión con sus abogados.

 

Como fotomontajes de esta semana traemos los que hacen alusión a Gallardón, tanto el de El Jueves como el de Sor Alberto Gallardón; el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, en su visita al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla; Rajoy y Rubalcaba se unen, al fin, en un apretón de manos; Fátima Bañez y sus definiciones y el nuevo DNI de la infanta Cristina.

 

 

El humor de Erlich

 

Los humoristas de esta semana: Peridis, Vergara, Forges, El Roto, X. López, J. R. Mora, D. Gove, A. López...

El humor de Pep Roig: Una casa ilegal legalizada; La mentira al poder o el poder de la mentira; Recalcitrantes en la sumisión; Aquel día; La elegancia de los corruptos españoles y No molesten al Gobierno.

 

 

 

 

Terminamos ya con tres vídeos. El primero sobre los indultos del Gobierno del PP y del PSOE. Unos indultos que se hanconvertido en la puerta falsa para que algunos condenados se libren de la cárcel.

El segundo, sobre un batería con palos y cuos, en Australia.

Y el tercero, un disco grabado por primera vez en1957 para el disco "Wednesday Morning, 3 AM". En 1965, en pleno auge del Folk con los Byrds y Bob Dylan, se volvió a grabar adicionando arreglos eléctricos con guitarras y bajo y se puso a la venta con gran éxito. Clásica rola de los 60´s de Paul Simon y Art Garfunkel.