Aforados y con un riñón bien forrado.

 

 

El pasado 27 de junio, el Congreso de los Diputados daba luz verde al aforamiento de Don Juan Carlos con la abstención de PSOE, CiU y CC. El pleno del Congreso aprobaba –con solo los votos del PP, grupo mayoritario que teme perder su mayoría absoluta en las próximas elecciones y de los dos diputados de Foro Asturias y UPN– la reforma legislativa para extender el aforamiento al Rey Juan Carlos, la Reina Letizia, La Reina Sofía y la Princesa de Asturias. El PSOE, principal partido de la oposición, se abstuvo, al igual que CiU y Coalición Canaria, –mientras que la Izquierda Plural, UPyD, el PNV y buena parte del Grupo Mixto Amaiur, ERC, BNG, Compromís, Nueva Canarias y Geroa Bai– se oponían. Una reforma parcial de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprovechada por el PP para introducir dos enmiendas que garantizarán protección jurídica a Don Juan Carlos tras su abdicación. Una de ellas establece que pasarán a considerarse aforados, tanto por la vía civil como por la penal, los Reyes que abdican (ahora don Juan Carlos), sus consortes (doña Sofía), los consortes del Rey (la Reina Letizia) y los Príncipes de Asturias. Los citados miembros de la Familia Real pasarán a ser aforados como los miembros del Gobierno y los diputados y senadores, cuya protección está 'blindada' en la Constitución de 1978 aunque con el matiz de que, en lo relativo a la jurisdicción civil, está ligada a la permanencia en el cargo. Además, a través de una segunda enmienda se incluye una disposición transitoria para que, en el caso de que algún tribunal esté tramitando alguna causa contra los nuevos aforados 'reales' cuando la ley entre en vigor, éstas sean suspendidas y remitidas al Tribunal Supremo.

Leopoldo Barreda, miembro de la dirección del Grupo Popular, apeló al sentido de la responsabilidad y al sentido de Estado para cubrir “sin dilaciones innecesarias” el vacío legal creado tras la abdicación. Y  denunció el “populismo”, la “demagogia” e incluso la “barra libre de insultos” vertidos en estos días para criticar el cambio de estatus de la Familia Real. Enrique Alvarez Sostres, de Foro Asturias, denunció la “hipocresía” de la polémica suscitada aunque reconocía que el procedimiento empleado es “siempre mejorable”. Ana Oramas, diputada de la Coalición Canaria, optó por la abstención porque, estando de acuerdo el aforamiento de los Reyes salientes, que considera “oportuno” y “necesario” en el caso de Doña Sofía, reprochaba al Gobierno que haya optado por tratar este tema “importante, delicado y sensible” mediante un procedimiento de urgencia, “de tapadillo”, lo cual no veía “serio”. Meritxel Batet, del PSOE, acusó al PP de “hacer mal las cosas” para obligar a la oposición a votar sí o no, sin dar opción de debate y acuerdo. “No es una cuestión meramente procedimental –añadió–. Es que no respetar a las minorías y al procedimiento es no respetar la democracia. La responsabilidad de lo hecho y sus consecuencias es sólo suya”. Jordi Jané, de CiU, consideró que el procedimiento adecuado habría sido esperar a una reforma global de la Ley del Poder Judicial para garantizar un “debate serio” buscando consensos para reducir el número de aforados y limitar la protección al ejercicio del cargo. “Y lo que tenemos –dijo– es una ley improvisada”.

 Diputados de Izquierda Plural (IU-ICV, PNV, ERC Y BNG) se negaron a participa en las votaciones del decretazo en el Congreso.

Para Gaspar Llamazares, de Izquierda Plural, la aprobación del aforamiento “vitalicio”, “retroactivo” y “a la trágala” decidido por el PP para el rey saliente, supone un “desacato” a la justicia y al juez José Castro, que mantiene como imputada a la infanta Cristina al cierre de la instrucción del 'caso Nóos'. “Este aforamiento –dijo– es un desafuero”. Denunció que haya seres humanos que, cuando dejan su responsabilidad, se convierten en “casi dioses y cortesanos que son más papistas que el Papa. Esta iniciativa de aforamiento demuestra que hay una maniobra palaciega para pasar de los pactos de la Moncloa a un pacto de la Zarzuela”. Irene Lozano, de UPyD, rechazó el aforamiento “vitalicio” de Don Juan Carlos y su “chapucera” tramitación y pidió abolir el resto de 10.000 aforados que hay España, porque esta protección jurídica supone un “privilegio sin ningún género de dudas”. A su juicio, “la Ley no puede ser un traje a medida” en el que haya una justicia “cómoda” y “rápida” para los cargos públicos y una “más cara y lenta” para el común de los mortales. Para Emilio Olabarria, portavoz del PNV, el procedimiento empleado podría ser considerado “nulo de pleno derecho” por un “brutal forzamiento del Reglamento” al convocar de forma “manifiestamente ilegal” una sesión plenaria sin haber cumplido con los plazos de las fases previas. “Por qué se está corriendo tanto”, se preguntó… “¿Qué hay que ocultar?” Joan Baldoví, de Compromís-Equo, creyó que el PP estaba convirtiendo el Parlamento en “un florero” donde se convoca a los diputados a aprobar una reforma de este calado “en dos días”. “Tanta prisa –dijo– nos hace pensar mal y no huele bien”. Uxue Barkos, de Geroa Bai, se sumó a las críticas de fondo que censuran que este asunto se trate con las “artes de hurtadilla parlamentaria” y Olaia Fernández Davila, del PNG, no entendió tanto “blindaje” para quien ya no es cargo público. Las palabras más duras fueron pronunciadas por Joan Tardá, de Esquerra Republica (ERC) y Amaiur, cuyos portavoces, como todos los diputados y senadores, son también aforados conforme establece la Constitución de 1978. Para Tardá, la Monarquía española fue “instaurada por uno de los genocidas más sanguinarios del siglo XX” (el dictador Francisco Franco) y ahora se “blinda” a Don Juan Carlos “por miedo a la verdad” porque durante casi cuarenta años “ha tenido barra libre para hacer lo que ha dado la gana y su fortuna podría ser cuestionada en los tribunales”. La abertzale Onintza Enbeitia dijo que Don Juan Carlos se “forró en el cargo y  “tuvo tanto que ver con el 23-F como el propio Tejero”, que “no dijo nada”, mientras el GAL “torturaba”.

 Posada y el Rey.

Jesús Posada cree que aforar a don Juan Carlos es “un tema urgente”: Alguien puede buscarle un “follón”. El presidente del Congreso, Jesús Posada, considera que el don Juan Carlos,  sin aforamiento ni protección sería “una anomalía total” en un país con miles de aforados. Además, cree que debería seguir teniendo “inmunidad, como ha tenido siempre, en el aspecto político”. Posada no cree que nadie le desee “personalmente ningún mal al Rey” pero sí que hay quien puede buscarle un “follón” para “apuntarse un tanto en la lucha por la república”. El problema del aforamiento, para Jesús Posada, no es tanto el número de personas aforadas en España, aunque pueda ser “excesivo”, sino que se extienda a los delitos comunes, y no sólo a la actividad política que es la que debe estar protegida. Reconoce que este y otros aspectos de la sucesión podían estar ya regulados en una ley de la Corona. “Quizá., en tanto tiempo, se debería haber hecho. Pues, quizá sí, pero no se hizo”. En todo caso, cree que aunque hubiera una Ley de la Corona, la interpretación jurídica dominante de la Constitución es que cada sucesión tiene que resolverse con una ley orgánica, de manera que habría que haber hecho una específica igualmente. Cree que, con la monarquía, “hay mucha gente muy contenta pero que lo manifiesta muy poco” y “poca gente descontenta que lo manifiesta con mucho ruido”, así que se puede dar “una apariencia de que hay muchos en contra cuando no es así”. Y asegura que no le preocupa que ahora no haya una “gran explosión popular” por Don Felipe, convencido de que “la habrá en el futuro”.

El Senado, medio vacío.

Tras las votaciones, el proyecto de ley se envió al Senado. La segunda cámara, de  representación territorial, tramitó el asunto en su sesión plenaria el pasado jueves para la aprobación definitiva e inmediata publicación en el BOE. El Pleno aprobaba de manera definitiva el dictamen de la Comisión de Justicia sobre la reforma de la ley del Poder Judicial que permite el aforamiento del rey Juan Carlos I y parte de la Familia Real, para que sólo puedan ser enjuiciados por el Tribunal Supremo (TS). El Pleno del Senado aprobó definitivamente, con los votos del PP y el apoyo de UPN y Foro, la reforma legal. Se trataba del último trámite antes de que la norma fuera publicada en el Boletín Oficial del Estado y entrase en vigor. El Senado contó con la abstención de los senadores de PSOE, PSC y CiU y los votos en contra de PNV, de los representantes de ICV en el grupo Entesa del Progrés de Catalunya y de la mayoría de los senadores del grupo mixto. La reforma legal salió adelante por el procedimiento de urgencia con 150 votos a favor, 10 en contra y 74 abstenciones. Eva Parera, senadora de CiU lamentó que esta cuestión se hubiera introducido vía enmiendas en un proyecto de ley que no tiene que ver con los aforamientos y dijo que estas prisas alientan las especulaciones. José Montilla manifestó, en representación de los socialistas del PSC, que el procedimiento seguido es una chapuza ya que se debió haber tramitado como proyecto de ley. Jordi Guillot estimó que las prisas respondían a las “apreturas jurídicas” del Rey Juan Carlos tras haber sido presentadas “dos demandas de paternidad”. El PNV se preguntó “¿Tan poco es de fiar el comportamiento privado de Juan Carlos I?”. Jokin Bildarratz planteó si estos aforamientos se habrían aprobado sin el caso Nóos, en el que se imputó la infanta Cristina por un juez de instrucción de Palma. Y preguntó: “¿De qué se tiene miedo? ¿Tan poco es de fiar el comportamiento privado de Juan Carlos I o tan poca confianza tienen en los jueces?”. Jesús Iglesias, de IU,  lamentó el privilegio del que gozará el Rey Juan Carlos “cuando no fue necesario aforar a sus padres”. Deploró la ausencia de representantes del Gobierno en la Cámara en un debate de un asunto tan relevante, y abogó por los aforamientos voluntarios. Lamentos que no paralizaron la aprobación a toda hostia del aforamiento del rey.

 

Como réplica a las propuestas de reforma constitucional, de cambio de régimen o de voladura del Estado, planteadas desde la izquierda o desde los partidos independentistas, Mariano Rajoy permite discutir esa semana entre los suyos temas como la reducción de diputados autonómicos, municipales y aforados. El presidente del Gobierno intenta recuperar asi el mensaje de la “regeneración democrática” y pide a su partido que estudie la reducción del número de diputados autonómicos (1.268), de municipios (8.100) o de altos cargos y altos funcionarios aforados (unos 10.000). La escuela de verano del partido es el primer foro donde empieza la discusión interna sobre las citadas ideas, junto a la elección directa del alcalde por los ciudadanos. Son reformas que están condicionadas a acuerdos con los demás partidos, al menos con la otra formación de gobierno (el PSOE), al afectar a la Ley Electoral y a la estructura del Estado. Rajoy defiende ante el comité ejecutivo del PP, el nuevo modelo tributario que el Gobierno aprobará en Consejo de Ministros. El jefe del Ejecutivo pretende incidir en las reformas legales en marcha para mejorar la transparencia en todos los ámbitos del Estado y luchar mejor contra la corrupción política. Al mismo tiempo plantea el debate interno sobre la elección directa de los alcaldes para que gobierne el más votado al margen de posibles coaliciones posteriores. La reducción del número de diputados autonómicos choca con la resistencia numantina de socialistas y nacionalistas. La reducción del número de municipios para ahorrar ya fue estudiada por el Gobierno, al promover la reforma local al principio de la legislatura, pero fue desechada ante los recelos de todos los partidos, también del PP. En el caso de los 10.000 aforados, el debate afecta a los partidos, las comunidades autónomas y al Poder Judicial. Todos los altos cargos de ejecutivo o legislativo en España, de ámbito nacional o autonómico, tienen esa condición. Pero también jueces y fiscales.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, propuso a su partido reflexionar sobre las posibilidades de reducir el número de aforados que hay en el país o sobre el tipo de aforamiento que los protege, tras el debate en torno al caso del Rey Juan Carlos. Esa reflexión tuvo lugar los días 10, 11 y 12 de julio en la escuela de verano del PP, en la que el presidente quiso que se abordase de forma especial la regeneración democrática del país antes de las vacaciones de verano. María Dolores de Cospedal, aseguró que el presidente había instado a su partido a abrirse al debate sobre varios asuntos. El del aforamiento fue el más llamativo. Rajoy pidió una reflexión sobre quiénes están aforados, si son muchos o pocos, dado que la gran mayoría son jueces y fiscales, si esta protección les ayuda en su trabajo o si podría cambiarse el contenido de ese aforamiento. Además, el presidente del Gobierno quiere que su partido discuta sobre otra cuestión que el PP se plantea desde hace tiempo: una reforma electoral que haga directa la elección de los alcaldes, que quien gane en su municipio asuma la vara de mando. Esta reflexión podría alcanzar al número de parlamentarios autonómicos o incluso al de municipios que hay en el país, aunque Cospedal subraya que el PP no apuesta por limitarlo. La posibilidad ya se descartó cuando el Gobierno aprobó la reforma local. “No digo de ninguna manera que haya que reducir el número de municipios –advirtió la secretaria general del PP–, sino que hay que hablar de ello. Saber qué piensa la ciudadanía”. Insistió en que el mero debate puede servir para explicar cómo son las cosas y tal vez concluir que están bien como están. En resumen, que el encargo de Rajoy al PP para lo que queda de legislatura es “recuperar la agenda de la mejora de la calidad de la democracia en España”. La número dos del PP subraya que todos esos asuntos y otros son los que se plantean los ciudadanos y el partido debe abordarlos.. “Planteamos mejoras –recalca Cospedal–, que acerquen la democracia a los ciudadanos y la hagan más participativa. El PP sabe que lo más claro para luchar contra la corrupción, contra las actuaciones ilegales, es la claridad y la transparencia. Y el sometimiento pleno a la autoridad judicial”. Cospedal también rechaza que el PP tenga que cambiar la participación de sus militantes o afiliados, o cómo elegir a sus cargos. “Cada uno tiene su sistema”, defendió. “No voy a admitir que sea más democrático uno que otro. Desde luego, no más democrático que el nuestro”, dijo, en referencia al proceso interno que sigue el PSOE.

Pese de las declaraciones del PP y de sus supuestas buenas intenciones, algunos diputados, como Rosa Díez, no se fían y pone el anuncio en cuarentena. La líder de UPyD (Unión, Progreso y Democracia) no se fía de las medidas de regeneración democrática que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, propone a su partido. “Es publicidad gratuita –anunció Rosa Díez en referencia a la propuesta de reducir el número de aforados–, el PP se reúne y decide que va a empezar a hacer justo lo contrario de lo que ha venido haciendo hasta antes de ayer”. Y, antes de participar en la reunión de la Junta de Portavoces, Díez recuerda que, cuando se aprobó la ley que permite aforar a parte de la Familia Real, el PP rechazó una propuesta de UPyD para eliminar todos los aforamientos. “Si es una rectificación de sus propias políticas, bienvenida sea”, comenta, pero pone este anuncio en 'cuarentena' hasta que no vea una propuesta concreta al respecto, y recalca que, en cualquier caso, si esta medida se adopta “llegará tarde” porque, hasta ahora, tanto el PP como el PSOE, se han “obcecado” en no aceptar las propuestas que, sobre estas cuestiones, les planteaban otros grupos como UPyD. Díaz subraya que si se hubiera cambiado el Código Penal para impedir que imputados pudieran ir en las listas o se hubiera aumentado el control sobre las cajas de ahorro “no habrían ocurrido las cosas lamentables que han ocurrido”. La líder de la formación magenta comenta que, “ya que parece que el PP está ahora en plan positivo, vamos a volver a llevar al Pleno todas estas iniciativas de regeneración ante las que han venido votando en contra”. Por su parte, Joan Coscubiela, diputado de Iniciativa per Catalunya (ICV) y portavoz adjunto de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), no se cree los anuncios de regeneración lanzados por el presidente Mariano Rajoy y considera que el líder del PP se limita a practicar su “deporte favorito”, que es “hablar mucho de lo que no va a hacer. Ver a Rajoy hablando de regeneración en la sede del PP es como lo de la zorra, defendiendo el gallinero”.

 

   Mariano Rajoy en la Sesión de Control al Gobierno.

“Mariano Rajoy iba en serio –escribe Ángel Collado en El Confidencial – cuando avanzó a la dirección del partido su oferta de debate y renovación de las instituciones para el próximo curso. La mayoría de las medidas están en marcha o se pueden añadir rápidamente a anteproyectos listos, sobre todo si la oposición se suma a las iniciativas del Gobierno. El monotema económico de la recuperación que ya ha llegado (según se esfuerza en repetir el Ejecutivo), y más el político del desafío independentista, en Cataluña, difumina la labor gubernamental y su grupo parlamentario en pro de esas medidas de regeneración democrática. La campaña europea, en mayo, la abdicación del Rey, en junio, y la inmediata crisis sucesoria, en el PSOE, han paralizado en las Cortes leyes fundamentales para mejorar la transparencia de las instituciones y los partidos y para luchar mejor contra la corrupción. Se trata de la ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado y de la nueva normativa para regular el control financiero de los partidos. Lo que ha hecho ahora Rajoy es emplazar ya a quien salga elegido secretario general de los socialistas a debatir medidas de la llamada regeneración democrática que, de todas formas, tendrá que apoyar, enmendar o rechazar en cuanto se ponga al frente de la oposición en septiembre. La reducción del número de aforados se podrá abordar dentro del proyecto de reforma del Poder Judicial que tiene pendiente el Ministerio de Justicia de llevar al Consejo de Ministros después del verano. Es el mismo texto en el que el Gobierno planea reconducir e integrar después el recién aprobado aforamiento de Don Juan Carlos y demás miembros principales de la Familia Real: la Reina, Doña Sofía y los Príncipes de Asturias. Lo que ha hecho ahora Rajoy es emplazar ya a quien salga elegido secretario general de los socialistas a debatir medidas de la llamada regeneración democrática que, de todas formas, tendrá que apoyar, enmendar o rechazar en cuanto se ponga al frente de la oposición en septiembre. La reducción del número de aforados se podrá abordar dentro del proyecto de reforma del Poder Judicial que tiene pendiente el Ministerio de Justicia de llevar al Consejo de Ministros después del verano. Es el mismo texto en el que el Gobierno planea reconducir e integrar después el recién aprobado aforamiento de Don Juan Carlos y demás miembros principales de la Familia Real: la Reina, Doña Sofía y los Príncipes de Asturias”.

Carlos Dívar, expresidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo.

“El escándalo persigue a Carlos Dívar –publicaba ElPlural.com el pasado lunes–: su seguridad cuesta 385.000 euros al año. Jueces y fiscales consideran vergonzosa su ‘exagerada’ escolta, dos años después de su dimisión: 11 guardias civiles y cuatro policías nacionales.  Sus affaires marbellíes a cargo del Consejo General del Poder Judicial le costaron el puesto. Al final todo quedó en nada, entre otras cosas, por la rapidez con que la fiscalía archivó la denuncia y la normativa interna del Poder Judicial en la que se amparó para no explicar sus viajes a todo tren, algunos de cuatro días para acudir a un acto público a 200 kilómetros de distancia. Divar explicó entonces que su cargo se extendía las 24 horas del día y que los viajes eran de carácter ‘reservado’. Ahora vuelve el escándalo. Según revela la cadena SER, dos años después de su dimisión como presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, mantiene una escolta de 11 guardias civiles y cuatro policías nacionales. Además, tiene a su disposición un coche oficial con el que se desplaza una vez al mes a Torremolinos acompañado de dos de sus escoltas. El coste anual es de unos 385.000 euros al año, según las fuentes consultadas por la Cadena SER. Su dispositivo de seguridad es muy superior al de su sustituto o los exministros en situación de riesgo. Se da la circunstancia, además, de que Mariano Rajoy decidió hace dos años retirar la protección policial a casi todos los jueces y fiscales de la Audiencia Nacional, que son los que investigan y sentencian causas de terrorismo, narcotráfico, mafias o crimen organizado. La decisión provocó protestas de la judicatura. Ahora, jueces y fiscales consultados por la SER consideran ‘una vergüenza’ y ‘totalmente exagerado’ el servicio de protección a Dívar. No sólo relativizan su situación de riesgo sino que recuerdan que hay compañeros ‘en una situación de amenaza real? y les fueron retirados los guardaespaldas sin previo aviso. Interior justifica que, como expresidente del Supremo y del Poder Judicial, tiene ‘un alto nivel de seguridad’. Dívar no ha querido aclarar el número de agentes a su servicio, apelando a que se trata de un asunto de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. Sí ha reconocido que, ‘algunas veces’, viaja en el coche oficial a Torremolinos. Según la conversación mantenida con la SER ha subrayado que nunca pidió escolta personal pero cuando le advirtieron de que puede renunciar a ella, no ofreció respuesta alguna”.

   George Grosz (1893-1959)

Cive Pérez hace una interesante reflexión, en “Carnet de paro” sobre los fastos de la inminente entronización del príncipe de Asturias como sucesor de Juan Carlos I que conllevan el riesgo añadido de que se promulgue una amnistía que saque de la cárcel a los grandes delincuentes financieros y declare sobreseídas las causas pendientes contra el resto de facinerosos de altos vuelos. Se titula “¿Amnistía para los grandes delincuentes del Reino de España?” y dice así:

 

“Existe un general consenso en que el respeto de las normas del tráfico rodado en las carreteras del Reino de España redunda en el bienestar público. Por supuesto que hay personas de escaso espíritu cívico que se saltan a la torera estas normas, siendo sancionados por ello si la infracción es detectada por los agentes encargados de velar por su cumplimiento. Con relativa cercanía en el tiempo, dos de estos infractores han sido personas de gran relevancia en las altas esferas del Establecimiento, es decir, el meollo del Orden Establecido. La primera fue, como es público y notorio, Esperanza Aguirre, condesa consorte de Murillo, destacada figura del Partido Popular, expresidenta de la Comunidad de Madrid y activa propagadora de la fe neoliberal. Aparcó su coche en mitad del carril bus en plena Gran Vía madrileña y cuando los agentes de movilidad acudieron a denunciarla, se dio vergonzosamente a la fuga con su vehículo. Su caso está en manos del correspondiente juzgado.

  El magistrado Enrique López.

“El siguiente infractor de relumbre ha sido nada menos que un magistrado del Tribunal Constitucional. El juez Enrique López, muy próximo al PP, se saltó un semáforo en rojo en la confluencia de la calle de Vitruvio con el paseo de la Castellana, descubriéndose que iba literalmente borracho como una cuba. Requerida la presencia de un equipo de atestados de la Policía Municipal se le realizaron siete pruebas de alcoholemia al magistrado debido a que este ‘cortaba el soplido sin motivo aparente’. Por lo que los agentes le advirtieron de que su actitud podría ser considerada como una negativa a someterse al test. Que arrojó un resultado de 1,12 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, cuando la tasa máxima para los particulares para manejar vehículos de motor es de 0,25 miligramos por litro. El artículo 372 del Código Penal contempla penas de tres a seis meses de prisión —sustituible por multa o trabajos comunitarios— y retirada del permiso de conducir de uno a cuatro años a aquel que ‘que condujere con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro’. En el caso de Aguirre, si el incidente se tramita como delito de resistencia o desobediencia grave a la autoridad, como pide la acusación particular, podría ser condenada a una pena de seis meses a un año de prisión.

Gerardo Díaz Ferrán, Jaume Matas, el rey Juan Carlos y Arturo Fernández. Foto La Celosía.

Cive Pérez termina así sus comentarios: “Tenemos, por otro lado, en la cárcel, a un convicto amigo de la condesa y también del Rey: Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la gran patronal CEOE, condenado a varios años de cárcel por estafa. Al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, que también está entre rejas al igual que el cabecilla de la red Gürtel por orden del juez que investiga una gigantesca trama de corrupción. Cerca de un centenar de banqueros imputados en malversación de los dineros depositados por los clientes de sus respectivas entidades. Y por si fuera poco, Cristina hija del abdicado monarca, a la que Hacienda le ha descubierto grandes cantidades de dinero no declarado y que se encuentra al filo de ser imputada, como lo está ya su esposo, Iñaki Urdangarín, en un caso de apropiación indebida de fondos públicos. (La hija del rey ya ha sido imputada por el juez Castro) Pese a las nutridas protestas en la calle contra la continuidad de la monarquía y a favor de la república, un sistema de gobierno más higiénico, el Régimen ha organizado un rápido proceso de sucesión de Juan Carlos I por su hijo Felipe de Borbón. Un proceso relámpago, casi una blitzkrieg contra el pueblo, para sentar al heredero en el trono antes de que, con la llegada de los calores caniculares, el Establecimiento cierre por vacaciones confiando en aplacar así el malestar de la opinión pública. Pero nos queda una duda añadida, y es la de si, coincidiendo con los fastos de la entronización, se promulgará una ley de amnistía que saque de la cárcel a los mencionados delincuentes y declare sobreseídas las causas contra el resto de facinerosos de altos vuelos”.

 

“El ministro Gallardón  –publica el Editorial de “El Periscopi estiuenc” el pasado 10 de junio, bajo el título ‘El aforamiento del rey no es el problema”– niega que el aforamiento sea un privilegio y ve razonable que se aplique al rey Juan Carlos. El presidente del Congreso, Jesús Posada, considera que es urgente solucionar esta ‘anomalía’ y defiende también que el monarca cesante continúe siendo inmune en materia política, para evitar que alguien pueda montar un ‘follón para apuntarse un tanto en la lucha por la república’; algunos jueces y fiscales conservadores argumentan que ya hay aforados de inferior rango, prestigio y categoría para justificar el aforamiento del rey; y el Gobierno trabaja a contra-corriente para tenerlo terminado lo antes posible. No obstante, el foco del debate se ha de desplazar: no podemos perder tiempo discutiendo si el rey cesante ha de ser o no aforado, sino que hay que comenzar a trabajar para eliminar estos privilegios del nuestro ordenamiento jurídico. El aforamiento implica alterar las reglas en beneficio de determinadas personas que, por su cargo, tienen derecho a ser encausadas y juzgadas por determinados tribunales previamente señalados: el Tribunal Supremo o los Tribunales Superiores de Justicia. Siguiendo esta perversa lógica, es normal que se quiera incorporar al rey al club de los aforados. Un club que actualmente tiene en España más de 10.000 miembros, desde el presidente del Gobierno y el gabinete de ministros hasta los parlamentarios autonómicos, pasando por los diputados y senadores, los altos cargos judiciales y el defensor del pueblo. De hecho, cualquier reforma que se ha llevado a cabo en esta materia, siempre ha sido para ampliar su número y los grandes partidos siempre se negaron a discutir su eliminación o, como mínimo, su reducción. En Francia, sólo son aforados los presidentes, el primer ministro y el gabinete de ministros; en Portugal o Italia, sólo el presidente y, en Alemania o el Reino Unido, no existe esta figura… En definitiva, y por mucho que nos intenten vender lo contrario, el aforamiento es un privilegio inaceptable en una sociedad moderna y democrática y debería desaparecer.

Ignacio Escolar, en su artículo titulado “El pucherazo regenerador”, escribe: “Tan creíble como cuando dijo que nadie podrá probar la culpabilidad de Luis Bárcenas (‘sé fuerte’), el presidente Mariano Rajoy ha anunciado un plan para ‘la regeneración democrática’. Al parecer es urgente, pero se queda para septiembre. Y por ahora es una propuesta tan estrecha que cabe en una servilleta y aún queda mucho papel para limpiarse. Son dos puntos: reducir el número de aforados y cambiar el sistema electoral en los ayuntamientos para que gobierne el candidato más votado. Son dos trampas. La propuesta para reducir los aforados llega cuando el PP hace justo lo contrario: en el mismo mes en el que aumentará por la vía rápida la lista de personas que disfrutan de este trato vip en la justicia. El Gobierno ha llevado este privilegio más allá que cualquier otro país de nuestro entorno. El rey Juan Carlos será el único exjefe del Estado de Europa que goce de una protección así. Salvo en Dinamarca, donde toda la familia real es inimputable, no hay otro país civilizado, sean monarquías o repúblicas, donde haya exmandatarios aforados por su responsabilidad anterior. Por eso el Nicolas Sarkozy acabó esta semana detenido y el exrey de Bélgica Alberto II afronta en un tribunal ordinario una demanda de paternidad. Eso es normalidad democrática. En cuanto a la reforma municipal, asusta el planteamiento, que no puede ser más falaz. Rajoy tacha los gobiernos de coalición de ‘cosas indeseables’ y propone que el candidato más votado sea alcalde porque es ‘quien vota el pueblo’. Parece claro el objetivo: blindar el poder municipal del PP a menos de un año de las elecciones. Con los resultados de las europeas, el PP solo tendría mayoría absoluta en dos capitales: Ceuta y Melilla. El resto podría caer frente a las ‘indeseables’ coaliciones, incluidas Madrid y Valencia”.

 

Protestas en Madrid contra la Ley Mordaza.

 

Estos fotomontajes nos permiten repasar los últimos acontecimientos. Este viernes el Gobierno del PP retomó su viaje hacia el pasado con nuevas medidas ‘supermegaconsensuadas’. Los francotuiteadores piden al Gobierno que ponga en marcha una web con las cosas permitidas, para acabar antes, y preguntan si a esto ya lo podemos llamar dictadura. Otros  fotomontajes:

 

Erlich y el Mundial del Brasil.

 

Más humor en la prensa: Mel, El Roto, Peridis, Forges, Ferrán Martín, A. López, Pat, J. R. Mora…

 

Pep Roig, desde Mallorca: Contubernio, ¿Quién da más?, Inútiles al poder, Topamí, Qué buenos somos, pero… ¿Quién es Matas? y  Vade retro.

 

 

Terminamos con cuatro vídeos. El primero es una denuncia de la corrupción ante UPN, en la procesión de San Fermín el 7 de julio, en Pamplona. El vídeo resume las cloacas por las que circula la dignidad de muchos representantes públicos y jerarcas eclesiásticos, amparados por unos agentes impotentes ante un personal harto de corrupciones y mentiras. “¡UPN, kanpora!”(Fuera UPM) fue el grito unánime que se oyó mientras que las autoridades aguantaban el chaparrón como podían. La Policía municipal de Iruñea golpea a quienes denuncian la corrupción. Surrealismo puro.

En el segundo, observamos cómo la tensión entre Palestina e Israel se ha recrudecido últimamente con los recientes bombardeos de la Franja de Gaza por parte de las Fuerzas Armadas de Israel y la promesa del movimiento Hamás de vengar la muerte de sus compañeros caídos en los ataques.

El periodista holandés Tom Staal ha realizado varios programas sobre la vida (y milagros) de los eurodiputados con un formato similar al que suele utilizar Jordi Évole en Salvados. Este, emitido en julio del pasado año, está grabado en la sede de Estrasburgo, donde una vez al mes se celebran los plenos de la Eurocámara, y habla de sueldos, dietas, coches y otras 'minucias' que le cuenta un parlamentario sin ningún rubor.

En el último constatamos cómo algo muy grave está a punto de suceder en Galicia, y pocos lo saben. La consejería de Medio Ambiente ha dado el visto bueno a este proyecto y, previsiblemente, a otros seis más, sin que las empresas hayan elaborado un estudio pormenorizado de los riesgos y consecuencias medioambientales. Según estudios científicos y asociaciones ecologistas, sería una auténtica BOMBA AMBIENTAL. (HD)