Castor, un proyecto paralizado y compensado. Despedidas, premios y toros Jubilo.



 Maqueta del Castor.

El pasado 28 de septiembre de año pasado publicábamos un amplio reportaje en estas páginas bajo el título: "Florentino provoca terremotos por las inyecciones de gas en El Castor". En él, advertíamos: "Ubicado frente a la costa de la localidad castellonense de Vinaròs, a 22 kilómetros de la costa y a unos 1.700 metros de profundidad, el almacén subterráneo de Gas Natural Castor, del proyecto del mismo nombre, iniciaba el 14 de junio de este año su actividad con los trabajos para el llenado de ‘gas colchón’ de la infraestructura, con casi un año de retraso sobre los plazos previstos inicialmente. El ‘gas colchón’ es el volumen mínimo de gas natural que debe haber en un almacén subterráneo para que se pueda extraer gas útil a la presión adecuada e introducirlo en la red… El acondicionamiento bajo el mar convirtió esta infraestructura en la más cara de los depósitos construidos hasta el momento –unos 1.300 millones de euros– y tan compleja que el promotor del proyecto, Escal UGS –participada por el grupo español ACS (66%) y la sociedad canadiense CPL (33%)–, contrató la segunda grúa flotante más grande del mundo para ensamblar la plataforma de perforación. Un gigante de casi cien metros de altura que, a las seis de la mañana del 26 de agosto de 2010, quedaba acoplado al suelo marino, a 92 metros de profundidad, y dispuesto sobre el antiguo yacimiento, preparado para horadar. Desde el 11 de septiembre de 2013, en que ACS comenzó a inyectar gas en el almacén subterráneo de El Castor, se produjeron, según datos del Servicio de Información Sísmica del Instituto Geográfico Nacional (IGN), 140 terremotos en el Golfo de Valencia, frente a la costa de Peñíscola, Benicarló y Vinaroz. Grupos ecologistas y partidos como Coalició Compromís criticaron duramente el excesivo número de terremotos y la falta de transparencia y de información de Escal. Compromís consiguió que Bruselas vigilase de cerca la sucesión de seísmos y sus consecuencias en la zona". Sin embargo, lejos de amainar, la avalancha de pequeños terremotos siguió creciendo. "El presidente de ACS, Florentino Pérez, dueño del almacén subterráneo, permitió inyectar gas colchón hasta que se terminaron las existencias que había destinado el Ministerio de Industria y Energía para poner a punto el reservorio. En sólo seis días, desde que el 11 de septiembre, la empresa del presidente del Real Madrid comenzara a inyectar gas, se produjo un centenar de terremotos, la mayoría de ellos de muy baja intensidad, aunque algunos llegaron a 3 grados en la escala Richter. Y, en los siguientes días, el numero de pequeños seísmos se dispararon hasta 140, la mayoría de baja intensidad, imperceptibles para el ser humano. El número alarmante en tan pocos días puso en guardia a los ayuntamientos de Vinaroz, Benicarló y Peñíscola, que exigieron a ACS más transparencia e inofrmación detallada sobre los mismos.

 

Una honda preocupación se extendió por la zona afectada. Recaredo del Potro, presidente de Escal UGS, la compañía controlada en un 70% por ACS, explicaba que “todo estaba previsto y dentro de los parámetros esperados. Habíamos avisado de que se producirían estos microseísmos, aunque no hicimos una estimación de cuántos podrían producirse, dado que cada zona tiene sus propias condiciones y mecanismos sísmicos. Por eso, decidimos comprar dos sismógrafos para que, desde el Observatorio del Ebro, se siguiese con exactitud el proceso e informamos a los ayuntamientos de que no había riesgo alguno para los ciudadanos”. Los tres ayuntamientos de la costa afectados por los seísmos reconocieron que su encuentro con Escal UGS había sido tranquilizador, pero que querían que la compañía de Florentino Pérez fuese más transparente y facilitase toda la información disponible, en línea con la que también ofrecía el IGN. Les preocupaba que los microseísmos se siguieran produciendo, aunque Escal UGS hubiera dejado ya de inyectar gas. Según su presidente, el 16 de septiembre fue el último día que se inyectó pero, al día siguiente, hubo nueve seísmos que continuaron produciéndose día tras día, aunque ya no se estuviera inyectando gas. Los terremotos, pese a ser de baja intensidad, provocaron la alarma en la zona y duras críticas de los alcaldes y grupos ecologistas. Los pequeños terremotos era casi imperceptibles tanto en mar como en tierra, pero su gran número en tan poco tiempo dispararon las alarmas en los municipios de la zona. En Escal UGS, afirmaron que estos pequeños seísmos eran normales en este tipo de procesos de inyección de gas en almacenamientos subterráneos y estaban previstos. Grupos ecologistas y partidos como Compromís criticaron duramente si excesivo número y la falta de transparencia y de información de Escal, que no había avisado de que habría tantos seísmos durante tantos días seguidos. Y sólo entonces, José Manuel Soria, ministro del ramo, ante un problema que podía írsele de las manos, reconsideró su actitud e hizo que Industria dictara el cierre temporal del almacén de Florentino.

 

Vista de la plataforma ubicada en el Delta del Ebro del proyecto Castor.

Trece meses después de estos sucesos, el sindicato de bancos que instrumenta la operación de indemnización a la sociedad Escal UGS por el almacenamiento subterráneo de gas de Castor ejecutaba el pago de los 1.350 millones de compensación fijados por el Consejo de Ministros. El importe de la indemnización será financiado por los consumidores de gas a través de la tarifa a lo largo de 30 años a un tipo de interés del 4,2%. Pagos que comenzarán a realizarse en 2016 a razón de unos 100 millones de euros al año. Con él, acabaremos pagando un total de 3.000 millones de euros por una indemnización que costaba 1.350 millones. Castor queda ahora en una situación de hibernación en la que estará prohibido realizar cualquier extracción o inyección de gas natural. La empresa de Florentino Pérez entiende, señala el informe financiero anual, que la concesionaria del proyecto Escal UGS tiene derecho a devolver la concesión en cualquier momento, durante los 25 años, a contar desde su otorgamiento, “con derecho al cobro del valor neto contable de la misma salvo en caso de que se acreditara dolo o negligencia, en cuyo caso el derecho será al cobro del valor residual. Inicialmente, el almacén estaba presupuestado en cerca de 700 millones. Sin embargo, el ministro Soria, señaló que el coste total se situaba alrededor de los 1.700 millones, lo que supone 2,5 veces más. El ministerio de Industria intentó, con un recurso al Tribunal Supremo, evitar el pago de una indemnización en caso de extinción del contrato, pero el alto tribunal lo desestimó, estableciendo que si no hay negligencia o “dolo” atribuible a la empresa, y la instalación está en funcionamiento, el Estado tendría que asumir el activo e indemnizar a los dueños de Escal por el valor neto contable.

 

 Imagen de la ampliación del proyecto Castor.

El pasado 3 de octubre, Consejo de Ministros aprobaba un real decreto que permitía el cierre de Castor después de que varios informes certificaran que la planta de gas era la responsable de los centenares de temblores registrados en las costas de Castellón y Tarragona. La norma establecía una compensación de 1.350 euros para la concesionaria de la instalación ESCAL, participada por el grupo ACS. Aunque este importe es pagado en principio por Enagás transporte, la OCU ha advertido de que serán “realmente” los consumidores los que acaben pagando en su factura durante los próximos 30 años esa cantidad, más un interés del 4,27% anual, lo que elevará el importe final pagado por los consumidores de gas a 4.731 millones. “Una vez más serán los consumidores los que finalmente tengan que hacer frente a la mala gestión de nuestros gobernantes”, denuncia la organización de consumidores, para quien se “socializan” las pérdidas de un proyecto “claramente perjudicial” para el interés público, y que, en el caso de haber tenido éxito, habría favorecido fundamentalmente al interés privado”. La OCU resalta que los consumidores españoles ya se encuentran entre los que más pagan por el gas, y seguirán escalando posiciones entre los más caros como consecuencia del encarecimiento en la factura que supondrá esta medida, que se une al déficit de tarifa del sector eléctrico que ya pagan los usuarios. La organización anima a los consumidores a que se incorporen a www.quieropagarmenosluz.org, la segunda compra colectiva de energía que buscará ofrecer a los consumidores la mejor tarifa posible mediante una subasta de energía, entre las que se incluye el gas y la electricidad.

 

Alberto Fabra, José Manuel Soria y José Manuel García-Margallo, en una visita al Castor.

Una quincena de organizaciones de la sociedad civil exigieron el pasado jueves a los grupos parlamentarios que impugnen la deuda ilegítima del proyecto Castor. Escal UGS renunció al proyecto después de que el Gobierno paralizara la inyección de gas. Varios informes técnicos constataron que los más de 500 terremotos que registrados en la zona estaban directamente relacionados con la inyección de gas en el depósito submarino, al haber provocado la rotura de una falla. Entidades de la sociedad civil rechazaron la indemnización a la empresa Escal UGS y urgieron a los partidos a impugnarla ante el Constitucional. Entre ellas, figuran la Alianza contra la pobreza energética, la Plataforma Ciudadana en Defensa de las Tierras del Sénia y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. Estas organizaciones no sólo se pronunciaron contra el pago, sino que interpelaron a los distintos grupos parlamentarios para que, a través de 50 diputados o 50 senadores, interpongan un recurso de inconstitucionalidad contra este real decreto-ley ante el Tribunal Constitucional antes de que finalice el plazo para hacerlo, el 3 de enero de 2015.

 

Mónica Guiteras: “Pedimos el no pago, pero también exigimos responsabilidades”.

Mónica Guiteras, analista del Observatorio de la Deuda en la Globalización y miembro de la Alianza contra la Pobreza Energética, explica: “Creemos que hay responsables en las Administraciones que han tomado parte en los diferentes momentos de desarrollo del Castor, y también responsabilidad del actor privado, UGS. Otro actor público es el Banco Europeo de Inversiones. Pedimos el no pago, pero también exigimos responsabilidades”. Las organizaciones anteriormente mencionadas urgen a los representantes de los diferentes grupos políticos para que un mínimo de 50 diputados o senadores impugnen el real decreto ante el Tribunal Constitucional antes de que termine el plazo para presentarlo, el 3 de enero de 2015. Participada en el 66,6% por ACS, Escal UGS presentó su renuncia el pasado verano a la concesión del almacén y hace poco más de un mes se aprobó el real decreto que le garantizaba una indemnización de 1.350 millones de euros, a cargo del sistema gasista, permitiendo también la hibernación de las instalaciones indefinidamente. Las organizaciones firmantes apoyan la hipótesis de que, en la práctica, la cantidad total que asumiría la ciudadanía podría ascender a más de 4.700 millones de euros, a pagar durante 30 años. A esta cantidad hay que añadir los 100 millones de euros anuales para el mantenimiento de las instalaciones, más otros costes de operación y administración en que incurrirá Enagás, el nuevo gestor de las instalaciones. Denuncian que, en un momento de especial fragilidad económica por el aumento del desempleo y los recortes sociales, “donde la pobreza energética ya afecta al 17% de la población, la ciudadanía verá como sus facturas se incrementan aún más”. Las organizaciones firmantes también proponen la participación de la ciudadanía en una recogida de firmas a través de la plataforma Avaaz para dar su apoyo a la impugnación y presionar en el cumplimiento de estas demandas. El almacén de gas, situado en el subsuelo del Mediterráneo cerca de la costa de Vinaròs (Castellón), será hibernado, lo que significa que no habrá ninguna inyección o extracción de gas en el subsuelo, aunque esta situación se podrá revertir en el futuro si los estudios técnicos lo aconsejan.

 

 Santamaría anunció que el Gobierno indemnizaría a Escal UGS, sociedad controlada por ACS, grupo presidido por Florentino Pérez, el hombre del Castor.

El Gobierno no ha hecho esperar mucho a su deudor, Florentino Pérez, por la indemnización por el cierre del Castor. El pasado verano, Escal había presentado su renuncia a la concesión del almacén y hace poco más de un mes se aprobó el real decreto ley 13/2014 que le garantiza una indemnización de 1.350 millones de euros, a cargo del sistema gasista. Este importe debía ser abonado en un solo pago, en el plazo de 35 días hábiles desde la publicación del real decreto. El plazo vencía el 14 de noviembre. El importe de la indemnización será financiado ahora por los consumidores de gas a través de la tarifa a lo largo de 30 años a un tipo de interés del 4,2%. Los pagos comenzarán a realizarse en 2016, a razón de unos 100 millones de euros al año. El Consejo de Ministros aprobaba el viernes, 3 de octubre, un real decreto ley en el que se establece la hibernación del almacenamiento subterráneo de gas de Castor y se reconoce una compensación de 1.350 millones de euros para la empresa promotora, Escal UGS, cuyo importe asumirá en un primer momento Enagás y se irá repercutiendo durante 30 años en la tarifa de gas. La compensación será abonada por Enagás, a través de su filial Enagás Transporte, en una operación “muy ligada a la financiación del BEI”, señala Soraya Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. La vicepresidenta del Gobierno asegura que el real decreto ley aporta una “solución” a un proyecto que ha quedado suspendido por los seísmos detectados en la zona y que fue aprobado en mayo de 2008 a través de un decreto con varias cláusulas para las que el actual Gobierno “intentó una declaración de lesividad” ante los tribunales. “La solución –añadió Santamaría– permite reducir el coste para el sistema frente al coste de almacenamiento en caso de haberse puesto en marcha las instalaciones como estaba previsto”.  

 

Florentino, satisfecho, ya cobró los 1.350 kilos.

Escal UGS, sociedad que obtuvo la concesión del almacén de gas de Castor, participada en un 66,67 % por el grupo ACS de Florentino Pérez, recibió el pasado 11 de noviembre los 1.350,7 millones de indemnización fijados por el Gobierno por la paralización del proyecto. Según las cuentas enviadas por ACS a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el martes pasado fue abonada esta cantidad como compensación a la inversión realizada en Castor y por los derechos retributivos devengados (pagos financieros y costes de operación y mantenimiento). La llegada del dinero se ha producido en un tiempo récord pues fue el pasado 3 de octubre cuando el Consejo de Ministros aprobaba un real decreto-ley en el que aceptaba la renuncia a la concesión de Castor presentada por la participada por ACS y fijaba el importe de la compensación. Los 1.350 millones de indemnización los asumió en un primer momento Enagás, empresa con participación pública que actúa como transportista de gas, pero a cambio de un derecho de cobro con cargo al sistema gasista, es decir, a los consumidores, que será quienes abonarán este coste a través de la tarifa más un interés. El dinero ha sido adelantado por tres entidades financieras (Bankia, Santander y Caixa Bank). Félip Puig, consejero de Empresa de la Generalitat catalana, anunció que su gobierno ultimaba un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto ley por el que se abonó la indemnización de 1.350 millones y adelantó que se basaría en tres puntos: “En la negligencia de contrato” ya que, según el consejero, el documento contractual presenta numerosos defectos y “repercute únicamente en beneficio de la empresa concesionaria”;  “no se han estudiado los riesgos” que suponía implantar esta industria sobre el territorio por lo que “estamos ante un problema de posible negligencia a la hora de hacer proyectos y estudios sísmicos que parece que no se hicieron”; finalmente, el recurso se basará en la “valoración que se hace de la infraestructura, que se le da un valor del 100 % de la inversión”. “Una infraestructura que no se pone en servicio debería tener un valor residual muy reducido”, explicó, apuntando que la indemnización debía haberse movido entre el 0 y el 10% del coste en lugar de lo que ha hecho el Gobierno, utilizar un “elemento jurídico dudoso” como la hibernación para pagar el 100%. Puig lamentó “las decisiones incongruentes del Estado español” ya que, por un lado, suspende el decreto contra la pobreza energética y, por el otro, corre mucho para atender la indemnización por Castor”. 

El almacén de gas, situado en el subsuelo del Mediterráneo cerca de la costa de Vinarós (Castellón) y cuya construcción se paralizó en septiembre del año pasado al detectarse seísmos en la zona, será hibernado, lo que significa que no habrá ninguna inyección o extracción de gas en el subsuelo, aunque esta situación se podrá revertir en el futuro si los estudios técnicos lo aconsejan. El dinero, adelantado por tres bancos a un interés del 4,2%, ya lo ha cobrado la empresa. Los ciudadanos lo pagarán en el recibo del gas durante los próximos 30 años, y la cantidad total, con los intereses, será de unos 4.000 euros. Además, también habrá que pagar unos 100 millones de euros por el mantenimiento de las instalaciones, que no se han desmantelado. Cuando se habla de grandes cifras económicas la ciudadanía se pierde y no alcanza a valorar lo que significan. Sin embargo, a pesar del dicho de que las comparaciones son odiosas, cuando se colocan juntas dos cantidades se pueden entender mejor. Este es el caso del dinero destinado a becas en este curso  –Wert confirma que el dinero para becas cayó 75 millones el curso pasado– y el que se va a llevar la constructora ACS en concepto de indemnización tras la paralización de su almacén submarino de gas en el denominado proyecto Castor, tras los más de 500 terremotos que originó en la costa.

(La duquesa de Alba durante la gala de entrega de los Premios Jubilo 2008)

La Duquesa de Alba, la misma que recibiera, en diciembre del 2008, el Premio Jubilo por envejecer bien, un galardón que se concede a los personajes por su trayectoria en su madurez, fallecía el pasado el jueves en el sevillano Palacio de Dueñas a causa de una neumonía. Cayetana Fitz-James Stuart y Siva, duquesa de Berwick y Grande de España hasta catorce veces, moría a los 88 años de edad. La capilla ardiente, instalada en el Salón Colón del Ayuntamiento de Sevilla, fue visitada por más de ochenta mil personas. El líder del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero fue el único personaje público que rompió la unanimidad en los elogios a Cayetana. Frente al silencio o las declaraciones de compromiso mantenidas por el resto de dirigentes de la izquierda social y política, Cañamero fue claro y directo: “Siento su muerte como se siente la muerte de cualquier ser humano, pero ha pertenecido a los terratenientes que han sido una casta social nefasta para Andalucía”. El secretario general del SAT recordó que la duquesa de Alba tenía 34.000 hectáreas de tierras “que daban menos jornales que la cooperativa de Marinaleda”. Según los técnicos del ministerio de Hacienda (Gestha), el 90% del patrimonio de la Casa de Alba, con valor estimado entre los 2.200 y 3.200 millones de euros, está exento del pago de impuestos debido a su consideración de Patrimonio Histórico y por la cesión de obras de arte y antigüedades a la Fundación Casa de Alba. La cantidad libre de impuestos se encuentra entre los 2.065 y los 2.875 millones de euros, de los que tres cuartas partes corresponden a la exención de bienes integrantes del Patrimonio Histórico español. Además, el patrimonio de la Casa de Alba tributa en la comunidad autónoma donde tiene su residencia habitual su titular (Madrid), por lo que sólo paga a Hacienda 6 millones de euros. El patrimonio de Cayetana ronda los 3.000 millones entre palacios, castillos, fincas, explotaciones ganaderas, propiedades inmobiliarias, valores bursátiles y una gran colección de arte. Es muy probable que la cifra de su fortuna sea la que da la revista Forbes, que la situaba entre las diez mayores fortunas del país. Entre su patrimonio hay monumentos, gestionados a través de la Fundación Casa de Alba, y obras de Velázquez, Rubens, Goya o Tiziano. Entre algunas de sus posesiones, se encuentran el madrileño Palacio de Liria, el Palacio de Dueñas en Sevilla o el Palacio Monterrey de Salamanca.

La duquesa de Alba presumió de ser una aristócrata que nadaba contra corriente. El estilo distendido de vida que eligió, sus tres matrimonios y el eco que siempre tuvo en la prensa del corazón rompieron ocho siglos y 17 generaciones de rigurosa discreción. Cayetana de Alba fue la persona que más títulos nobiliarios atesoraba en el mundo, según el libro Guinness de los Records. La duquesa de Alba presumió de ser una aristócrata que nadaba contra corriente. Muchos la recuerdan cuando tachó de “delincuentes, chorizos y locos” a quienes se oponía a que fuese nombrada “hija predilecta” de Andalucía.. Murió en su residencia del Palacio de Dueñas, del siglo XV, en Sevilla, y, fiel a su estilo rompedor. Sus restos fueron incinerados. Parte de las cenizas fueron depositadas en una capilla lateral de la iglesia del Cristo de los Gitanos de Sevilla, a cuya hermandad pertenecía la duquesa y era ferviente devota. El resto fue colocado en el monumental panteón de la Casa Ducal de los Alba, en la localidad madrileña de Loeches. El epitafio elegido por ella misma para su tumba dice: “Aquí yace Cayetana, que vivió como sintió”. 

“Cuentan –escribe el dibujante Pep Roig en el dominical de Última Hora– que el rey Felipe II y su esposa, Isabel de Valois, presidieron desde los ventanales del Palacio Ducal de Medinaceli (en Medinaceli, Soria) la fiesta cuyo aliciente central consistía en colocarle unas bolas en la cornamenta a las que se les prende fuego, para espanto del animal. Era 29 de septiembre de 1559, pero la celebración venía de tiempos pretéritos, según historiadores, de la época en que los íberos poblaban la zona. Desconozco, aunque juraría que no, si ante la presencia del mencionado rey se convocaban manifestaciones en contra de la tortura festiva del bicho, al que sucesivamente se le conoce como el ‘El toro Jubilo’ (término que proviene de sacrificio jubilar y jubileo o indulgencia, no de júbilo).  Actualmente no hay duda de los enfrentamientos entre los que quieren, fomentan y participan en las corridas y los animalistas que acuden para tratar de evitar el estropicio”. Y termina el artículo comentando: “El toro tiene que sufrir, porque, si no sufre, no hay fiesta”. Así se lo dijo alguien al periodista de una cadena de televisión que le preguntaba: es la mejor definición de lo que se pretende, el alegre sufrimiento. Convencido estoy de que si le hubieran preguntado al toro, de haber sabido hablar, éste habría contestado algo así como: ‘Estoy muy contento de que este año me hayan elegido, porque así habré culminado mi deseo de sufrir por el bien y la felicidad del pueblo. Me encanta verles las caritas que ponen cuando prenden fuego a mis bolas (adosadas) y a mí se me pone cara de terror’. Desde 2008 –termina Pepe Roig comentando– mis dibujos están plantados en los ventanales del Palacio Ducal de Medinaceli (en Medinaceli, Soria) y, como Felipe II, contemplan la fiesta. No sé yo si…”

 

 

Así muestra gráficamente Lamoscacojonera.blog la indemnización del Castor. Así se puede leer una frase, según dónde tenga la coma. Así vieron por última vez algunos humoristas a la Duquesa de Alba. Y así vuela Monago en Airlines.

 

 

Erlich muestra su humor inteligente:

 

Otros humoristas de la prensa plasmaron sus obras en la prensa: Forges, M. Fontdevila, El Roto, L’ Avi, Peridis, Ferrán, Raúl Salazar, Vergara, A. López…

 

 

 

Desde Mallorca, Pep Roig hace su peculiar humor: Porquería política a flote, Esto es un atraco, Mirando hacia otro lado. Política ficción y Desolación Nacional.

 

En los videos de esta semana, empezamos con el nuevo anuncio del sorteo de la Navidad. Algo extraordinario sucede en el bar de Antonio. Manuel, como algunos días después de comer, a tomarse un café, uno de los pocos 'caprichos' que aún se resiste a dejar. “¿Qué te debo?”, pregunta, disponiéndose a marchar. “Veintiún euros”, le responde Antonio. “¿Cómo que veintiún euros? ¿Por un café?”. “Es que verás, Manu... yo…, yo te había reservado un décimo como una sorpresa. No sé por qué, pero este año estaba convencido de que nos iba a tocar... Y ahora.... Mira, el décimo está aquí". Antonio coge un sobre, lo abre y muestra un décimo de lotería mientras se lo tiende a Manuel. “Pero... yo ya te dije que este año no quería ningún décimo”, le dice a su amigo del bar. “Somos amigos desde hace tiempo, Manuel. Me pareció un detalle bonito”, le responde Antonio, algo nervioso. “Sí, bueno, no... No sé... Te lo agradezco, pero... No te lo puedo pagar”. La situación se va volviendo cada vez más tensa en el bar.”Joder, Manu, no eres tú sólo el que está jodido... Que la cosa está difícil para todos”. “Pero yo no te pedí el décimo. ¿A mí qué me cuentas?”, le dice Manuel dirigiéndose a la puerta. “Qué cabrón. Si hubiera tocado seguro que perdías el culo por darme los veinte euros. ¿Y ahora quién me paga a mí este décimo? ¿Qué hago con él, me lo como?”. “¿A mí qué? Y cabrón será tu padre...”, contesta dándose la vuelta. Antonio sale de detrás de la barra hecho una fiera, agarra a Manuel por las solapas y lo tira al suelo de un empujón. Manuel se defiende a base de golpes contra su amigo. Minutos después, ambos resoplan en el suelo con algo de sangre en los rostros mientras la tele sigue con los afortunados... Pero el video no cuenta esta versión, sino con la que le interesa. Que es ésta:

 

 

En el segundo video, el equipo de El Hormiguero 3.0 parodia el emotivo anuncio de la lotería de 2014. En el papel del desafortunado perdedor se encuentra Mariano Rajoy que, por consejo de Soraya Sáenz de Santamaría, baja para felicitar a los nuevos ganadores que no son otros que los de Podemos. Tras la barra, Pablo Iglesias, que le tiene guardada una sorpresa a Rajoy.

 

 

Casualmente, un miembro del PP se pronuncia sobre una secuencia de Polònia, el espacio de sátira de TV3. El PP acusa a Polònia, según informa Infolibre, de “banalizar el nazismo”. Y añade: El espacio ‘Polònia’ parodió una de las más célebres escenas de la película ‘El hundimiento’ sustituyendo a Hitler por Mariano Rajoy. Enric Millo, portavoz parlamentario del PP catalán, asegura que el gag hizo “apología de la violencia” con imágenes que “fomentan el odio, el menosprecio y la discriminación”.

 

 

Tras dura entrevista de Ana Pastor con Pablo Iglesias en el Objetivo de la Sexta, los compañeros del mismo hacen una divertida sátira en su plataforma audiovisual, La Tuerka, donde salen a relucir los modos que se gasta Ana Pastor en las entrevistas, con Facu Díaz asumiendo su papel. La periodista se ha tomado bien la sátira –consiguió su récord de audiencia con la entrevista del domingo– y la ha difundido también en la red.

 

 

En el último vídeo, las imágenes y declaraciones del secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero, lamenta la muerte de la Duquesa de Alba “como cualquier vida humana”, aunque apunta que pertenece a “una casta social que supone un insulto para la inteligencia del ser humano”.