Interpol Argentina pidió a España la detención
preventiva con fines de extradición de los últimos acusados en la causa contra
los crímenes del franquismo impulsada desde Buenos Aires. Y solicitó el envío
de todos los datos necesarios a fin de tramitar la orden de captura
internacional. Las solicitudes fueron comunicadas de forma “muy urgente” a raíz
de las últimas decisiones adoptadas por la jueza de la causa argentina, María
Servini de Cubría, quien el pasado 30 de octubre emitió un auto en el que
ordenaba la detención de 20 acusados de crímenes cometidos durante la dictadura
de Francisco Franco desde 1939 hasta las primeras elecciones democráticas 1977.
La Interpol pidió a Madrid los datos que permitan identificar a los acusados –en
la lista figuran los exministros Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina–,
con el fin de “evitar posibles confusiones por razones de homonimia”, como
requisito “indispensable”. Este trámite permite “emitir una alerta roja de
detención internacional ante una posible fuga o viaje” de los acusados.
La Policía Nacional, según fuentes policiales
españolas, no procederá a detener a la veintena de personas reclamadas por la
Justicia argentina, al alegar, ante su Secretaria General con sede en Lyon, una
resolución aprobada por este organismo en 2010 que afecta a la cooperación en
el caso de solicitudes relacionadas con los delitos de genocidio, crímenes
contra la humanidad y crímenes de guerra. Interpol España alegó la citada
resolución por lo que la petición de Argentina no se le aplica el distintivo
rojo que implicaría para ellos la situación de personas buscadas
internacionalmente con una orden de arresto. Fuentes policiales consultadas
indican que Interpol España ya actuó de la misma manera cuando, el año pasado,
la misma juez solicitó la extradición de ex altos funcionarios de la Policía y
de la Guardia Civil por presuntos delitos de torturas durante el franquismo. El
ministro de Justicia, Rafael Catalá, recuerda que la Audiencia Nacional denegó
su entrega al amparase en la Ley de Amnistía de 1977 y la prescripción de los
delitos. El ministro ha avanzado que, con
los antecedentes que existen en la Audiencia Nacional por hechos similares, “la
resolución será muy equivalente”, es decir, “denegar la entrega porque
son delitos prescritos en España, donde además hay una Ley de Amnistía”. Con
todo, el titular de Justicia ha afirmado que “habrá que estudiar la orden” de
detención de Interpol que aún no conoce, si bien la decisión final
corresponderá a la Audiencia Nacional así como al Ministerio del Interior.
Gaspar Llamazares, portavoz de Justicia de IU en el Congreso, pidió
al Gobierno que no
obstaculice el proceso de extradición a Argentina de los veinte acusados por la
Justicia de este país en la causa por los crímenes del franquismo. Llamazares recuerda que, por encima de esta
ley, existen convenios y legislaciones superiores para la búsqueda de
los desaparecidos durante la dictadura española. Y reclama al Gobierno que permita que Argentina
haga justicia ya que “España, no la ha
hecho a la gente que murió como consecuencia de la represión franquista”
y ha dejado “impunes” a los responsables. Por su parte, Joan Tardá, diputado de
ERC, se ha felicitado de que se empiece
a “resquebrajar el modelo español de impunidad”, tras conocerse la
solicitud de Interpol Argentina. Para el diputado de ERC es una “gran noticia”
que quienes tienen “las manos manchadas de sangre” sean juzgados por sus crímenes
como ha ocurrido en otras democracias que también sufrieron con anterioridad
regímenes dictatoriales.
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