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La Guardia Civil detenía el pasado lunes a
cincuenta y un implicados en delitos de corrupción municipal y autonómica. Eran
más de medio centenar de políticos, funcionarios y empresarios, entre los que
destacaban Francisco Granados, exnúmero dos de Esperanza
Aguirre en el PP de Madrid, Marcos Martínez, el presidente de la Diputación de
León, que hace cinco meses sustituyó a la asesinada Isabel Carrasco al frente
de la institución provincial, así como los alcaldes del PP de Collado Villalba,
Valdemoro, Casarrubuelos y Torrejón de Velasco, (Madrid), el de Parla (PSOE) y el
de Serranillos del Valle (UDMA). Al enterarse de la noticia, el equipo de
Aguirre expresó su reacción: “Estamos alucinando en colores”. Una operación
anticorrupción en Madrid, Murcia, León y Valencia con delitos por blanqueo de
capitales, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de
influencias, malversación de caudales, prevaricación, revelación de secretos,
negociaciones prohibidas a funcionarios, fraudes contra la administración y
organización criminal. Desde hace prácticamente un año, la Fiscalía Anticorrupción
tenía abiertas diligencias de investigación contra el exconsejero de
Presidencia de Aguirre por ocultar al menos 1,5 millones de euros en Suiza y
cuyo origen, según se sospecha, es ilícito. En febrero del año pasado, Granados,
que había ocupado la consejería de Transportes, Presidencia, Justicia e
Interior, dimitió de sus cargos como senador y diputado de la Asamblea de
Madrid, después de conocerse que disponía de una cuenta en Suiza desde 1999,
tras haber sido nombrado alcalde de la localidad madrileña de Valdemoro. Cuando
intentó cancelar la cuenta y vaciarla de golpe, Suiza dio la voz de alarma. Los
investigadores sospechan que el dinero ingresado en el país helvético puede provenir
de su época en Valdemoro al haber recibido, presuntamente, comisiones por
adjudicaciones. Al anunciar su dimisión, Granados afirmó que abandonaba la
política por sentirse “dolido y harto” de escuchar determinados tipos de
comentarios. Declaró, además, que él no tenía que “aferrarse” al escaño porque
ya tenía un empleo en la empresa privada. Al destaparse el escándalo, aseguró
que esa fortuna la había hecho precisamente cuando compraba y vendía acciones.
En el vídeo que reproducimos el final, correspondiente al 20 de febrero pasado,
Granados habla “de lo suyo”.
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La Operación Púnica abarca 124
empresas. El dossier incluye a 51 imputados, a 37 detenidos (seis
alcaldes), más de 400 cuentas corrientes, 30 coches de alta gama embargados y
un movimiento ilegal de 250 millones de euros. Granados fue alcalde
de Valdemoro, donde parece que empezó a forjar su fortuna,
después fue consejero con Espe Aguirre. Ella le nombró presidente de la
comisión investigadora del Tamayazo (la que privó al PSOE y a IU de gobernar la
Comunidad de Madrid). Más tarde pasó a ser senador. Dentro del PP, durante
siete años, fue el número dos de Aguirre, secretario general de la C.A.M. y,
gracias a la lideresa, que hoy muestra su sorpresa por su procesamiento, fue colocado
en los puestos más apetecibles de la Comunidad. Hoy, la lideresa asegura sentir
“profunda vergüenza” y pide perdón a los ciudadanos. El juez Eloy Velasco, de
la Audiencia Nacional, ordenó registrar e intervenir una amplia lista judicial
de personas implicadas, entre políticos, empresarios e incluso técnicos. Hasta
el momento han trascendido varios nombres de políticos de varios Ayuntamientos
de la Sierra de Madrid o los empresarios Alejandro de Pedro y David Marjaliza,
presuntos “conseguidores” de una trama que consistía en pagar a los cargos institucionales
una comisión personal del 3% de cada contrato u obra pública, adjudicados a las
compañías que también son investigadas. Pero la lista completa (que no
definitiva, no se descartan nuevas detenciones o registros) del auto judicial
de la Audiencia esconde numerosas sorpresas. Entre ellas, que una de los 50
imputados es María de las Nieves Alarcón Castellanos, la mujer de Granados. De
la cuenta que ambos tenían en Suiza partió, en enero, el germen de la
investigación. Otro de los imputados es Ramiro Cid Sicluna, el presidente,
entre otras, de la empresa Obras y Vías, implicado en la adquisición del
suntuoso palacete en Valdemoro del matrimonio Granados Alarcón. Otro nombre no
aireado aún es el de Victoria Muñoz Agüera, la concejala del PSOE responsable
en el Ayuntamiento de Parla (Madrid) de la Concejala de Obras Públicas,
Sostenibilidad y Servicios a la Comunidad. Se suma el alcalde de este
municipio, José María Fraile, imputado junto a su jefe de Gabinete, Antonio
Borrego, el edil de Obras Públicas, Avelino Pérez, y un ingeniero municipal. Se
completa la misma lista con algunos empresarios aún no conocidos. Tal es el
caso de Sara Sánchez Hervás, que aparece vinculada en cuatro empresas que están
siendo investigadas por su participación en la trama; Rafael Laso Rematal,
también administrador de varias compañías, o Víctor Manuel Ortega Martínez,
responsable de telecomunicaciones en una empresa del sector implantada en
Murcia, Alicante y Galicia.
Marcos Martinez Barazón, presidente de la Diputación de
León.
La lista completa está formada
por las personas mencionadas así como por Francisco Eduardo Ruiz Valenzuela,
empresario; el alcalde de Valdemoro, José Carlos Boza Lechuga; Alfredo Ovejero
López, jefe de gabinete; José Javier Hernández Nieto, teniente de alcalde y
edil de Hacienda, y el arquitecto municipal José Luis Navarro Soto. En el
Consistorio de Collado Villalba, están en la lista de imputados Agustín Juárez
López de Coca, alcalde, y José Manuel Casado Garzón, técnico municipal. En el
Ayuntamiento de Serranillos del Valle, igualmente el alcalde, Antonio Sánchez
Hernández y el técnico municipal, Marco Durán Benítez. En Casarrubuelos y
Torrejón de Velasco, los primeros ediles, David Rodríguez Sanz y Gonzalo Cubas
Navarro, respectivamente, mientras que, en Móstoles, Alejandro Utrilla Palombi,
adjunto al concejal de Medio Ambiente. Completan el listado judicial Jesús
Norberto Galindo Sánchez, secretario general del Instituto de Turismo de la
Región de Murcia; Mariola Martínez Robles, directora general de Turismo de la
Región de Murcia; José Fidel Saura Guerrero, jefe de gabinete de la Consejería
de Industria de la Región de Murcia; y María Reyes Samper Henarejos, directora
general del Instituto de Fomento de la Región de Murcia. Por último, en León, al
presidente de la Diputación, Martín Marcos Martínez Barazón, se le atribuyen
los presuntos delitos de fraude y tráfico de influencias. Es el político de
mayor rango implicado en la trama corrupta. Pero también aparece en la
provincia leonesa, el interventor de la Diputación, Manuel Jesús López Sánchez.
Un hombre de confianza situado en ese cargo vital de la institución por la
anterior presidenta, Isabel Carrasco, tras su llegada a la Presidencia en 2007,
quien falleciera el pasado mes de mayo de tres disparos a manos presuntamente
de una afiliada del PP, madre de una ex funcionaria interina, también vinculada
al partido.
Francisco Granados y
Gonzalo Cubas, alcalde de Torrejón de Velasco.
El juez decretó prisión bajo fianza para seis de los
detenidos en la 'Operación Púnica'. Eloy Velasco dictó prisión
eludible bajo una fianza de 60.000 euros para el alcalde de Torrejón de
Velasco, Gonzalo Cubas Navarro; así como para el de Parla, José María Fraile, y
de 40.000 para el de Collado Villalba, Agustín Juárez. El juez Velasco preguntó
a los imputados si Granados
influía o mediaba en la adjudicación de contratos públicos y si se llevaba a
cambio un porcentaje de hasta el tres por ciento de cada uno. Del mismo modo,
quiso saber si los alcaldes imputados se llevaban este porcentaje por cada una
de las adjudicaciones que se concedían y si los empresarios las pagaban. La
minuciosidad del juez, según las citadas fuentes, ha llegado al punto de
preguntar por quién pagaba las comidas entre alcaldes y empresarios en las que
supuestamente se cerraban las adjudicaciones. La trama, que habría intervenido
en adjudicaciones por valor de 250 millones de euros en los dos últimos años,
tenía el objetivo de conseguir el lucro personal de los cargos públicos,
pertenecientes a cuatro partidos distintos –PP, PSOE, IU y los independientes
de la UDMA–, y no la financiación de sus respectivas formaciones. La
organización, que actuaba en Madrid, Murcia, Valencia y León, se habría
dedicado a mediar entre empresarios y políticos con influencias en el ámbito
municipal, regional y de la Diputación, conseguir contratos públicos en la
gestión de servicios difícilmente objetivables como el de eficiencia
energética. Según fuentes jurídicas, este sería el caso de la empresa Cofely,
filial de la multinacional francesa GDF Suez. A cambio, los políticos recibían
comisiones ilegales que se blanqueaban a través de un complejo entramado
societario.
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El director general de la Cofely España, Didier Maurice
(izq) con el alcalde de Parla, José María Fraile.
La multinacional Cofely recibió contratos públicos millonarios en
diversos ayuntamientos y Administraciones, algunos de los cuales ascienden a
los 100 millones de euros. Según Eloy Velasco, juez de la Audiencia
Nacional, para conseguir esas adjudicaciones la compañía hizo uso de una red de
tráfico de influencias como “práctica habitual para lograr dichos contratos”.
La persona de la compañía que articuló todo este sistema de facturas es el
director de mercado público, Pedro García, quien ingresó en
prisión incondicional. El juez le considera el “principal interlocutor y
articulador” de la red de tráfico de influencias y del pago de cohechos de la
que se servían las empresas para lograr la adjudicación de contratos. En la
trama, se incluyen delitos de organización criminal, tráfico de influencias,
cohecho, falsificación de documentos, utilización de información confidencial,
malversación y fraude. Sin embargo, el mismo director general de Cofely, Didier Maurice,
era “conocedor y partícipe” de que la compañía que dirigía podía estar
incurriendo en delitos contra la Administración Pública, al igual que el
director comercial, Constantino Álvarez
de la
Cueva, y el jefe del centro operacional de la empresa, José Antonio Hernández
Pérez.
Imagen panorámica de Barcelona,
con la Torre Agbar, controlada por GDF Suez, dueña de Cofely.
La empresa Cofely, que ofrece servicios de eficiencia energética, está
en medio de la tormenta. GDF Suez, dueña de
Cofely, está controlada por el Estado francés y es aliada de La Caixa. La empresa sobre la que “pivota la trama corrupta” está controlada por
el Estado francés a través del grupo público GDF Suez, aliado de La Caixa en
Aguas de Barcelona y ex accionista de referencia de Gas Natural Fenosa. Cofely
suscribió un contrato con el Ayuntamiento de Collado Villalba para gestionar su
energía. La
empresa contaba con una plantilla media de 2.262 empleados en 2013,
según recogen las cuentas de la empresa. GDF Suez y Cofely España han declinado
hacer declaraciones de momento, dado que “hay una investigación en marcha”. Las
sospechas sobre el papel determinante que hubiera jugado Cofely España tienen
consecuencias más allá de las detenciones de sus altos cargos. El alcalde de
Leganés, Jesús Gómez, anunciaba el pasado martes que, “cinco días antes de las
elecciones de 2011” ,
los técnicos municipales “miraban” un contrato que el Ayuntamiento adjudicó a
Cofely España para la climatización en edificios municipales. El presupuesto
base de licitación fue de 292.000 euros, según detalló el edil del PP en rueda
de prensa. Tras el concurso, CECOBA Servicios Integrales, una de las empresas
participantes, recurrió la adjudicación. Finalmente, el Tribunal Administrativo
de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid decidió desestimar este
recurso. En todo caso, Gómez subraya que su Gobierno no había mantenido
“relación directa o indirecta” en esta trama, y
recuerda que la adjudicación del contrato se produjo antes de que su
partido llegase a gobernar en el municipio.
Mientras tanto, el alcalde de Almendralejo
(Bilbao), José García Lobato, también del PP, comunicaba en una rueda de prensa
la suspensión de un concurso público de eficiencia energética al que concurría
Cofely. El regidor explicó que la medida
se tomó a petición de la Audiencia Nacional y que el concurso aún se encontraba
en fase de estudio de las características técnicas de las dos ofertas
presentadas. Según Lobato, paralizaciones parecidas podrían haber ocurrido en
otros municipios en los que la compañía había presentado ofertas. “Se trata de
suspender cualquier acción por si la empresa resulta inhabilitada”, expuso. En
las cuentas de la sociedad depositadas en el Registro Mercantil se cita que “la
alta dirección se encuentra traspasada a otra sociedad del grupo” y que “no existían
como tal en la sociedad”. El consejo de administración de la compañía, según el
informe anual, está compuesto por tres miembros: José Vila Bassas, Cyrille
Boulard y Etienne Jacolin. Este último tiene varios cargos en otras filiales de
Cofely y de GDF Suez. La empresa contaba con una plantilla media de 2.262 empleados en 2013, según recogen las cuentas de la
empresa. GDF Suez y Cofely España declinaban hacer declaraciones de momento,
dado que “hay una investigación en marcha”. Todo apunta
a que Cofely sería “la compañía sobre la que pivotaba gran parte de la trama”
en la que Granados haría la labor de conseguidor de adjudicaciones
públicas a cambio del cobro de comisiones ilegales, informa Europa Press.
David Marjaliza, un amigo de
infancia de Francisco Granados.
Eloy Velasco,
juez central de instrucción nº 6, dicta la prisión incondicional contra el alcalde
de Valdemoro, José Carlos Boza, y Pedro García, un alto cargo de la
empresa Cofely, filial de GDF Suez, director de Mercado
Público de la compañía. Al mismo tiempo, dicta prisión incondicional para Ana María Ramírez, secretaria,
accionista y administradora de varias empresas del presunto conseguidor, David
Marjaliza. Se trata de un amigo de infancia y socio de Francisco Granados, el hombre más buscado del
momento, pieza clave de la Operación Púnica. Marjaliza es el empresario que ha
servido de hilo conductor para unir a todos los implicados. Es quien a través de sus
empresas se ha lucrado de todo este sistema corrupto. El jueves, el juez Velasco sostenía que el alcalde
de Valdemoro había favorecido “de manera continuada” a empresas vinculadas a
Marjaliza y otros empresarios en materia de contratación pública y promoción
urbanística, mediante adjudicaciones irregulares, revelación de información y
“otras conductas que han subordinado el interés público y la objetividad e
imparcialidad de la administración a los intereses particulares de ciertos
empresarios”. El magistrado precisa que Ana María Ramírez, es la “mano derecha”
de Marjaliza y “parte imprescindible” de la articulación de su complejo entramado empresarial
para la comisión de sus actividades delictivas. Existen, según
el juez, indicios de su participación directa en la entrega de cantidades
económicas a autoridades y funcionarios públicos o en la trama de facturas
falsas que se emplean para la generación de efectivo para el pago de cohechos.
Respecto a Pedro García, el alto cargo de Cofely, el juez señala que es el
principal “interlocutor y articulador de la red de tráfico de influencias y de
pago de cohechos de la que se sirve la empresa para lograr la adjudicación de
contratos públicos millonarios en diversas administraciones públicas”. Didier Maurice,
director general de Cofely, es “conocedor y partícipe” de que la compañía que
dirige esté incurriendo en delitos contra la Administración Pública, al igual que
el director comercial, Constantino Álvarez
de la
Cueva, y el jefe del
centro operacional de la empresa, José Antonio Hernández Pérez.
Francisco Granados, tras su salida del juzgado de
Majadahonda.
El juez Velasco considera que Granados y Marjaliza
formaban parte de una “organización criminal”
y les acusa de numerosos delitos, entre otros, contra la Hacienda Pública,
blanqueo de capitales, cohecho, malversación de fondos, prevaricación y fraude.
El magistrado dictaba el pasado jueves un auto por el que ordenaba la prisión incondicional y
sin fianza del exconsejero, Francisco Granados, por los supuestos
delitos de blanqueo
de capitales, organización criminal, contra la Hacienda pública, tráfico de
influencias, cohecho, malversación, prevaricación y fraude. “A lo largo de su carrera pública –sostiene el
magistrado– existen indicios de que [Granados] habría beneficiado a David
Marjaliza y otros empresarios” en materia de contratación
pública y urbanismo, “tomando parte en una red de tráfico de influencias que ha
utilizado también en beneficio propio, habiéndose identificado
diversas operaciones inmobiliarias de las que se sospecha pueden haber sido la contraprestación recibida de
aquellos empresarios”, incurriendo presuntamente en ocho delitos entre los que
se incluye organización criminal, blanqueo de capitales o cohecho. Y Marjaliza
es “el centro de una amplia red
de tráfico de influencias que ha patrimonializado la actividad pública de
contratación y de urbanismo con la colaboración de funcionarios
y autoridades públicas”. El juez Eloy Velasco cree que la cuenta que le encontraron a
Granados, en Suiza, se nutría con comisiones de constructoras por
recalificaciones fraudulentas de terrenos y adjudicaciones de obras en la época
en la que fue alcalde de Valdemoro.
Mariano Rajoy, durante la sesión de control en el
Pleno del Senado.
Mientras tanto, Rajoy aprovecha la sesión de control al
Gobierno celebrada el pasado martes en el Senado, para leer una nota de “disculpas” del PP. “Quiero decir
que entiendo y comparto la indignación
y hartazgo que siente la sociedad española por los últimos
acontecimientos –declara un Rajoy desconocido, leyendo un escrito que, en
realidad, es un comunicado de prensa de su partido–. En nombre del PP, quiero
pedir disculpas a todos los españoles por haber situado en puestos de los que
no eran dignos a quienes, en apariencia, han abusado de ellos”. En la lectura
de su comunicado, Rajoy emplea cuatro
de los siete minutos de los que dispone para sus dos intervenciones en
el habitual cara a cara con sus interpelantes. Además de la petición de
disculpas, se compromete a mantener
“una limpieza” en la actividad política e institucional, y aprovecha el momento
para relatar las medidas de regeneración política que ha puesto en marcha su
Gobierno. La senadora socialista, Maria Victoria Chivite, quien evidentemente
no esperaba ese arranque del presidente del Gobierno, improvisa una buena
respuesta: “Usted ha rehusado hasta en
ocho ocasiones comparecer en el pleno del Congreso de los Diputados para
debatir este tipo de asuntos. Hoy mismo, mi grupo ha presentado una más. En
lugar de hablar aquí comparezca la semana próxima en un pleno monográfico en el
Congreso de los Diputados. Tiene usted la
ocasión para debatir todo esto. Hay un país que sacar adelante; póngase
las pilas o échese a un lado”. Los diputados de la oposición la aplauden a
rabiar mientras se repiten los gritos de “dimisión” dirigidos al presidente del
Gobierno. En la réplica a la segunda respuesta de la portavoz socialista, Rajoy echa mano del “y tu más” cuando afirma
que declina “entrar a citar los implicados en el caso de los ERE y otros
imputados de su formación”. Se
repiten los incidentes sonoros de ambas bancadas. La actuación de Rajoy es
afeada en el siguiente turno de preguntas. El senador Jesús Enrique Iglesias
Fernández, de IU y miembro del grupo mixto de la cámara, le espeta: “Usted no es respetuoso hacia la cámara al
convertir la sesión de control en una lectura de una nota de prensa del PP”.
Rajoy descarta acceder a comparecer la semana próxima ante un pleno
extraordinario del Congreso de los Diputados tal y como solicitan los grupos
socialista y de La Izquierda Plural con el respaldo del grupo mixto de la
Cámara baja.
Pedro Sánchez, del PSOE, ironiza sobre el “patriotismo tan
vacío de los que tienen cuentas en Suiza”.
En el debate sobre la cumbre
europea para introducir el asunto de la corrupción en el pleno del Congreso, Pedro Sánchez, líder del PSOE, golpea duramente a Rajoy. Ambos vuelven al repetitivo
“y tú más” en el intento de disipar la imagen de España como país corrupto. Sánchez ironiza sobre el “patriotismo tan
vacío de los que tienen cuentas en Suiza”. Se refiere a Ángel Acebes, Dolores de Cospedal y Luis
Bárcenas, sobre los que exige que se asuman responsabilidades. Menciona a Ana
Mato, ministra de Sanidad, pidiendo su destitución por su gestión del ébola. “A
usted señor Rajoy –asegura, recordándola la comparecencia del 1 de agosto de
2013 sobre el caso Bárcenas– le cuesta comparecer para dar explicaciones y cuando
lo hace una vez es para contarnos que le engañaron”. Cayo Lara, portavoz de IU, recuerda al
presidente del Gobierno que “la gente
está hasta los mismísimos e indignada”. Asegura que “el virus de la corrupción
ha llegado a las entrañas del sistema”, e insiste en la necesidad de celebrar
un pleno monográfico la próxima semana. “Son ustedes parte del sistema que ha
generado esa corrupción y van a tener que trasladar la sede de Génova a la
Audiencia Nacional” le espeta, pidiéndole la dimisión y disolución de las
Cortes. Rosa Díez habla de “emergencia de salud democrática, porque la
corrupción puede ser el ébola de la democracia”.
Las dudas de Antonio Pradas,
secretario de Política Federal del PSOE.
Finalmente, el PP decide que
Mariano Rajoy no comparezca en el Congreso para dar explicaciones sobre los
casos de corrupción, tras conocerse la llamada 'operación Púnica' y la
imputación del 'popular' Angel Acebes. Haciendo valer su mayoría absoluta en la
Junta de Portavoces del Congreso, el PP rechaza
que el presidente del Gobierno comparezca la próxima semana en sesión plenaria.
El PSOE advierte que, si el presidente se sigue negando a comparecer, cometerá
el mismo error que durante el caso Bárcenas, hace 20 meses, cuando tuvo que ir
forzado a dar explicaciones sobre el extesorero del PP. Antonio Pradas, secretario de
Política Federal del PSOE, recalca que, ante todo, debe prevalecer que Rajoy
irá al Congreso y asuma responsabilidades. Pide que todos los partidos se
pongan de acuerdo para adoptar medidas “ejemplarizantes” contra los corruptos y
que, además, sirvan para prevenir futuros casos. “Los ciudadanos quieren que
nos dejemos de reproches y nos dediquemos a solucionar sus problemas”, reconoce
Pradas, pero insiste en que el PSOE no quiere “solamente la puesta en escena,
como ha pretendido el PP, para lavar sus vergüenzas”. Los socialistas, insiste,
“están dispuestos a apoyar cualquier medida que proponga el PP, IU, el Grupo
Mixto o quien sea, para complementar sus propuestas, pero se empeñarán también
en sacar adelante las suyas. Si hay ‘foto’ de un acuerdo entre todos los
partidos, será al final del proceso, y no antes “para lavar la imagen de
nadie”. A su juicio, los representantes del Congreso por Sevilla han hecho lo
que debían contra los casos de corrupción que se han destapado en Andalucía,
para que “se depuren las responsabilidades que se hayan podido cometer y para
que no se vuelvan a producir este tipo de irregularidades”. Y pide al Gobierno
de Rajoy que haga lo mismo, aunque, acto seguido, admite que es “muy difícil”
porque quienes están implicados en los escándalos, incluidos algún exministro y
exsecretario general del PP, no son “subordinados” sino “dirigentes” del
partido.
El ex secretario general del PP, Ángel Acebes, a su llegada a la sede
de la Audiencia Nacional.
Pablo Ruz, juez que
investiga un delito de apropiación indebida de 360.000 euros de la caja
paralela del PP, cita al exsecretario general del PP, Ángel Acebes en calidad
de imputado. Decenas de personas le esperan a las puertas de la sede de la
Audiencia Nacional al grito de “chorizo”.
Ruz le interroga como imputado porque, o bien
Acebes dio la orden de comprar acciones de Libertad Digital, o bien es
responsable de la apropiación indebida de este dinero que nunca regresó a la
caja B popular. Acebes elude toda responsabilidad, al separar la dirección
política del PP, que reconoce ser suya, y la económica, propia de Lapuerta.
Niega la existencia de una caja B e insiste en que el PP tiene dos figuras
independientes: el secretario general, responsable del área política, y el
tesorero, del área económica. Intenta demostrar a Ruz que él no era responsable
jerárquico del área económica, ni de que se acudiera a la ampliación de capital
de Libertad Digital, en 2004. Niega incluso que existiese una caja B del PP,
asegurando que las cuentas populares las auditaba el Tribunal de Cuentas. Reconoce al juez que se reunió con Alberto
Recarte, presidente de Libertad Digital, y que ambos abordaron la ampliación
de capital. “Probablemente lo comenté con alguien”, asegura al juez, pero niega
en todo momento que él ordenara suscribir las acciones. Por su parte, Alberto
Recarte, presidente en su momento de la empresa editora de Libertad Digital,
asegura que no fueron una sino dos las reuniones que mantuvo en su día con Acebes,
para lograr que simpatizantes y militantes del PP entraran como accionistas de
su medio. Señala, además, que en esos encuentros también estuvo presente el
periodista Federico Jiménez Losantos. Y explica que, en esos contactos con
dirigentes del PP, se reunieron igualmente con José María Aznar, que ya no era
presidente del Gobierno, y con Esperanza Aguirre. El objetivo era que
sensibilizaran a los militantes y simpatizantes para la compra de acciones con
motivo de la ampliación de capital de Libertad Digital.
Escampando la 'mierda' con 'transparencia', de Pep Roig.
“España ya no es el país de los
NI-NI –escribe Antón Losada en Zona Crítica de Eldíario.es–. Ahora somos más el
país de los NO SÉ. Nadie recuerda muy bien quién estaba allí o quién contó la
pasta, o quién la metió en el sobre, o quién le dijo que se la diera a no sé
quién. A golpe de titulares, redadas, imputaciones y registros estamos viendo
cómo a medio país le ha entrado la amnesia selectiva y a otra parte del país le
ha entrado el furor por anunciar planes, medidas y contramedidas para hacer
limpieza general como si mañana fueran a venir de inspección nuestras madres. En
España con la corrupción parece pasar lo mismo que acontece con el fraude
fiscal. Cuantas más medidas y planes se anuncian en su contra, más fuertes y
vigorosas parecen crecer y multiplicarse. Seguramente nos iría bastante mejor
si dedicáramos más tiempo a hacer lo que anunciamos que a anunciar lo que es
probable que hagamos en un futuro aún por determinar y siempre que lo hagan los
demás; que luchar contra la corrupción es una cosa e ir de pardillo otra muy
distinta. En España sobran leyes, pactos y medidas contra la corrupción. Lo que
faltan son medios, recursos humanos, técnicos y económicos, jueces y fiscales
especializados, policías y guardias civiles que se dediquen a tiempo completo,
inspectores de Hacienda con capacidad y recursos para investigar cuanto sea
menester. Y falta también lo más importante: la voluntad de combatir sin
excusas la corrupción, la propia y la ajena. Detrás de eso que llaman
desafección política está el cansancio general por tanto anuncio y tanta
promesa rota. La gente quiere poder votar a gente que haga lo que dice y diga
lo que hace. No queremos más anuncios, ni más promesas. Queremos empezar a ver
resultados. Ni más medidas contra la corrupción, ni más planes contra el fraude
fiscal, ni más discos de concursantes de 'Operación Triunfo' o de Justin
Bieber. Es el mínimo vital que deberíamos poder exigir como ciudadanos en un
Estado democrático de derecho que merezca tal nombre”.
Algunos de los detenidos en la Operación Púnica.
“Más de 50 detenidos en la
Operación Púnica –nos recuerda Lluis Foix, ex director de La Vanguardia, en su
web Foixblog– han puesto al descubierto una de las tramas corruptas más
espectaculares. Hay alcaldes, políticos, concejales, presidentes de diputación,
empresarios, conseguidores y gente de distinto pelaje. La corrupción se
extiende como una gran mancha en la sociedad española. La trama abarca
personajes de Madrid, Murcia, León y Valencia. No sé qué nivel de alarma social
se vive en estos momentos. Pienso que es muy alto y que las encuestas lo van a
manifestar muy pronto. La corrupción empieza a ser una de las preocupaciones
más inquietantes de la gente. Todo se basaba en la consecución de un 3 por
ciento por las adjudicaciones en obra pública. ¿Les suena? Y todo se perpetró
en los dos últimos años. Según la Fiscalía Anticorrupción en la llamada Operación
Púnica se ha golpeado una ‘trama de corrupción municipal y regional infiltrada
en varios ayuntamientos y autonomías, principalmente de la provincia y
comunidades autónomas de Madrid, Murcia, León y Valencia’. La nota añade que
los empresarios implicados habrían logrado, mediante el pago de ‘comisiones
ilegales’ a ediles municipales y funcionarios, la adjudicación de obras por
unos 250 millones de euros en los últimos dos años. La corrupción ha existido,
existe y existirá siempre. Aquí y en todas partes. En sistemas democráticos y
en regímenes autoritarios o dictaduras. Pero lo importante es descubrirla y
poner a los implicados ante sus responsabilidades derivadas de la ley. La
dimensión de la gran mancha corrupta aleja a los ciudadanos de sus líderes. No
todo político es corrupto. Pero son demasiados los que se han lucrado de sus
posiciones en tiempos en los que la crisis ha hecho estragos en millones de
personas. Estos lamentables episodios tienen un aspecto positivo que consiste
en desmitificar a quienes vivían por encima de la ley, del bien y del mal. Son
muchos, de todos los partidos y en la mayoría de territorios hispánicos. Hay
que neutralizar esta plaga de vividores que se aprovecharon de sus cargos
pensando que sus acciones serían impunes.
“Esperanza –dice Qaesar desde su
web El Ventano y bajo el título ‘Corrupción; una percepción algo tardana en
España’– afirma en Madrid que está alucinando en colores y Rita, en Valencia,
que se ha quedado ojiplática tras la feria de corrupciones que ha vomitado el
lunes desde primera hora. Pero lo más gordo quizá ha sido lo de González Pons.
Porque manifestar que el PP rechaza cualquier tipo de corrupción en la misma
sede que su partido ha reformado con millón y medio de euros en dinero negro es
propio de un cínico sin posibilidad de regeneración. El gráfico de abajo
explica en parte que pueda haber fulanos y fulanas que insulten de esta manera
sin que el personal los arroje a los leones. La ciudadanía ha
despertado contra la corrupción solo cuando ha visto que la crisis ha ido
vaciando sus bolsillos mientras las cuentas corrientes de los mafiosos han
subido sin descanso. Es lo que se desprende de los datos de las encuestas del
CIS sobre la percepción de la corrupción por parte de los ciudadanos a lo largo
del tiempo.
El Roto
”A pesar de que las prácticas corruptas entre la
clase política y la empresarial han sido algo habitual en España desde hace
décadas, los españoles no empiezan a preocuparse por esta situación hasta
finales de 2012. Así, antes de 2010, apenas preocupaba a un 5% de la población,
un porcentaje que subió hasta el 12% en 2012. Es en los primeros meses de 2013
cuando la corrupción y el fraude empiezan a escalar puestos en la lista de
asuntos que preocupan a la ciudadanía de una manera vertiginosa, hasta situarse
alrededor del 40%. El último barómetro del CIS, correspondiente al pasado mes
de septiembre, señala que el 42,7% de la población lo considera como uno de los
tres principales problemas del país. Los casos del extesorero del PP Luis
Bárcenas y de Iñaki Urdangarin fueron los detonantes de este cambio de
percepción en la sociedad, una percepción que se verá acentuada tras el rosario
de escándalos que aparecen cada semana”.
Viñeta de M. Fontdevila publicado en el 2009. Hoy, en plena vigencia.
“Érase una pobre abuelita
sexagenaria que presidía un partido
madrileño incompatible con la corrupción –cuenta Ignacio Escolar en
Eldiario.es, bajo el título ‘El cuento de la abuelita’–. A pesar de su alegría
y su bondad, la abuelita tropezaba una y otra vez con malvados políticos que se
aprovechaban de ella y abusaban de su confianza para robar. Bajo las faldas de
esta sexagenaria de voz temblorosa, creció un consejero de Deportes llamado Alberto López
Viejo, que se llevó 5,5 millones de euros en mordidas de la Gürtel.
Y unos consejeros de Sanidad llamados Juan José Güemes y Manuel Lamela,
imputados por cohecho y prevaricación. Y un presidente de la patronal como Gerardo
Díaz Ferrán, hoy preso en Soto del Real. Y un montón de alcaldes,
concejales y diputados autonómicos que hicieron de la Comunidad de Madrid un
lodazal que la pobre abuelita se afanaba por limpiar. La abuelita se llama Esperanza Aguirre y ayer
volvió a tomar el pelo a los ciudadanos con otro cuento increíble de tragar. A
la pobre sexagenaria la han vuelto a engañar, una vez más. Ha descubierto,
‘alucinando en colores’, que lo que medio Madrid ya sabía sobre Francisco
Granados era verdad: que su fiel lugarteniente era un político corrupto, un
chorizo, un ladrón que al parecer se forró cobrando comisiones del 3% aquí y
allá. ‘Si hubiera tenido la sospecha más
mínima, habría actuado con prontitud’, dice ahora
Esperanza Aguirre. No puede ser más cínica. Descartado que Aguirre
sea estúpida, sólo queda pensar que no se quiso enterar. Francisco Granados es
el mismo político al que le
quemaron un coche en su garaje que estaba a nombre de un constructor
de su pueblo pero conducía su mujer. En lugar de sospechar, Aguirre llegó a
decir que era ‘un atentado político’. Granados es también el político que se
construía a su medida una enorme mansión del tamaño de un centro de salud y que
no parecía tener intención de pagar. Y es también el mismo político siniestro
que escogió a varios de los espías de la Gestapillo, esa agencia de mortadelos
pagada por la Comunidad de Madrid y que en parte estaba formada por guardias
civiles de Valdemoro, el pueblo del que Granados fue alcalde.
Francisco Granados y Esperanza
Aguirre, celebrando una victoria electoral.
“El fétido olor de la corrupción
–prosigue Ignacio Escobar– hace años que impregnaba todo lo que Granados
tocaba. Lo sabíamos varios periodistas, que publicamos muchas de estas
historias. Lo sabía la oposición, que le señalaban como gran conseguidor. Lo
reconocían en privado otros dirigentes del PP, que contaban que desde Génova le
habían llamado la atención. Lo sabía medio Madrid, menos Esperanza Aguirre.
Ella no. Francisco Granados no sólo es el principal beneficiado de esta nueva
trama de corrupción, sino también su presunto promotor. La
operación Púnica, como la ha bautizado la Guardia Civil, saca su apelativo del
nombre científico del granado: Punica granatum. Correa es a la Gürtel
como Granados a la Púnica. Como ambas tramas corruptas, al Partido Popular de
Madrid. Aguirre dice ahora que ‘no va eludir su responsabilidad’. ¿Y cuál es
esa responsabilidad? ‘Pedir disculpas’, nada más. La abuelita retirada de la
política que aún preside el PP de Madrid dice sentir ‘una profunda vergüenza’,
pero no se plantea dimitir. También seguirá trabajando para una empresa de
cazatalentos; es evidente su buen ojo a la hora de fichar. Hay que recordarlo:
Esperanza Aguirre llegó a la presidencia de la Comunidad de Madrid gracias al
'tamayazo'; fue el propio Francisco Granados quien presidió la comisión de
investigación parlamentaria para "aclarar" ese caso de corrupción.
Fue la candidata que pagó gran parte de su campaña electoral a la Gürtel, por
medio de "donativos" de empresarios como Díaz Ferrán y Arturo
Fernández a Fundescam. Detrás de cada político corrupto hay dos tertulianos,
decía una famosa pancarta del 15M. Pronto veremos a algunos periodistas
justificar el buen hacer de Esperanza, su mano dura contra la corrupción, su
valentía al dar la cara y hablar a los ciudadanos para pedir perdón. Dentro de
unos días, lo mismo Aguirre nos cuente que fue ella quien descubrió la trama
Púnica, como antes hizo con la Gürtel. El cuento de la abuelita crecerá, ya lo
verán. Y habrá quien se lo quiera tragar”.
“Los ‘púnicos’ –escribe Rosa María Artal en su
web El Periscopio“–, con Francisco Granados, chulito de las tertulias, a la
cabeza, están siendo investigados por haberse puesto las botas a comisiones de
contratos públicos que podían gestionar al tener
mano en la Administración. El modus
operandi del PP y su caja B, según el juez, por otro lado. Pero,
además, escenificaban hasta ayer la España franquista de ‘La Escopeta Nacional’
como si no hubiera pasado el tiempo. Cacerías con juego, alcohol y prostitución
(mira por dónde lo que ha ‘subido’ medio punto la economía española). Muchos de
estos saraos se hacían en Toledo. Ese lugar donde reina Cospedal, habilitando
cotos de caza sin ir más lejos. Qué casualidad”.
Pep Roig, dibujante mallorquín,
soñó una noche que abría una sepultura con el fin de robar una rótula del
esqueleto de Marlon Brando. “Recuerdo el aspecto del botín perseguido, una
especie de patata peluda, y que, si bien lo tuve en mis manos, no parecía que
culminara la operación, en la que me llevaba la rótula a algún sitio, ni
tampoco vi el cadáver del susodicho gran actor cinematográfico cuyos huesos
soñados reposaban en una tumba mallorquina”. Pep Roig continuó en su sueño con
el intento de zafarse de la acusación de necrófilo pues sabía, a ciencia cierta,
que testigos había de su asalto. “Luego me percaté, en el sueño, de que esos
potenciales testigos no parecían estar dispuestos a implicarse, más bien se
sentían más cómodos mirando hacia otro lado. Pero no me fiaba de esa actitud
pasiva y por eso intenté acelerar el paso y salir de allí corriendo, pero ya se
sabe que, en los sueños, es imposible correr (a mí me pasa). Y, como siempre
estaba en el mismo lugar, empecé a tener la angustia del que se sabe atrapado
por silenciosos cómplices, almas de buitre, dispuestos a saltar sobre la
carroña una vez que hubiera muerto aplastado por la lógica”. Pep soñó más cosas
relacionadas, “que se fueron borrando a medida que despertaba y por más que
intentaba recordar solo obtenía el efecto contrario. Eso pasó la noche
siguiente, a la jornada en la que hubo 50 detenidos por corrupción, entre estos,
un ex alto cargo del PP y un presidente de una diputación, por lo que otros
altos dirigentes del PP, aún no imputados, se declararon ‘escandalizados’, por
la rapiña de sus compañeros de la que, naturalmente, hasta entonces nada sabían
ni sospechaban. ¡Oooh!”
Entre los fotomontajes publicados
esta semana recogemos el de Ali Babá y los 50 ladrones, los de Mariano Rajoy en
el momento en que le ha tocado vivir, el de Carlos Floriano, vicesecretario de Organización del PP, el
protocolo de entrada en la sala del PP, las manos quemadas de Esperanza Aguirre
y el nuevo mapa político.
Las
imágenes humorísticas de Erlich:
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Y las de los grandes dibujantes del momento: J. R. Mora y la
corrupción enMadrid, El Roto, Forges,
Peridis, Pat. A. Montt y Eneko.
Corrupción en Madrid.
Entre los cuatro vídeos de esta semana,
recordamos uno publicado en febrero de este año, en el que ya se hablaba de la
cuenta de Granados en Suiza.
Mariano Rajoy pide disculpas por los casos de corrupción que
aflorar en el PP.
María Dolores de Cospedal, en un
encuentro con militantes del PP, en Barcelona, en enero del pasado año, durante
la campaña electoral catalana, también se refería a las cuentas en Suiza con
motivo de una información no contrastada sobre la posibilidad de que el
presidente de la Generalitat, Artur Mas, tuviera dinero en algún banco suizo. Hoy
recordamos lo que dijo entonces, cuando comentaba que habría tenido que dimitir
si se hubiera descubierto que algún presidente del PP tenía cuentas en Suiza.
Terminamos
mostrando el apoyo de Rajoy a Ignacio González en la cena navideña del año
pasado, celebrada en la localidad de Collado Villalba. Rajoy daba las gracias
por su trabajo a la presidenta de los populares en la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, y muy especialmente al presidente autonómico, Ignacio
González, en el día en que se conocía el auto de una juez de Estepota, que
imputaba a su mujer por blanqueo de capitales y delito fiscal en relación con
su ático marbellí: “Yo ayudaré a Madrid, Ignacio, porque ayudar a Madrid es
ayudar a todos los españoles”, dijo Rajoy. “Esperanza e Ignacio -ha añadido-
han logrado que Madrid sea sinónimo de gestión exitosa y escaparate de las
políticas del PP”.
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