Las cifras negras de la crisis.

El año pasado, más de 36.900 familias perdieron su casa. En 18.990 ocasiones, tras llegar a un acuerdo con el banco para entregarla, pero también por decisión judicial, (hubo 17.939 desahucios). Según los datos publicados por el Banco de España, el 79,4 % de las 36.929 viviendas entregadas, eran el domicilio habitual, un 2,4 % menos que un año antes, mientras que las 7.602 restantes eran otro tipo, por ejemplo, segundas residencias. Se trata de un 3,8 % menos que un año antes.

En el caso de las familias que perdieron la titularidad de sus primeras viviendas, la mayor parte, unas 15.500, fueron cedidas al banco de forma voluntaria, en 13.193 ocasiones mediante la entrega de las llaves para saldar la deuda. Además, otras 13.827 viviendas habituales fueron entregadas por decisión del juez, un 29,8% más que en 2014, pero 12.925 propiedades ya estaban vacías mientras que las 902 restantes permanecían ocupadas. De las 7.602 viviendas entregadas que no eran domicilio habitual, 2.982 fueron daciones en pago, a las que hay que sumar 4.112 que cambiaron de mano por decisión judicial, aunque de ese número la inmensa mayoría (3.902 propiedades), estaba vacía. Eso explica que las fuerzas del orden sólo hayan intervenido en total en 14 casos, frente a los 25 de un año antes.

El Banco de España dice que el 82 % de las hipotecas que dieron lugar a entregas judiciales de viviendas ocupadas se concedió en 2007 o antes, es decir, previas al estallido de la burbuja inmobiliaria. De forma general se puede considerar que cada vivienda entregada corresponde exactamente con una familia, aunque no debe obviarse que en algunos casos puntuales, no detallados por  el Banco de España, una misma familia ha podido perder más de una vivienda.

El supervisor publicó por primera vez, en mayo de 2013, datos relativos a procedimientos judiciales hipotecarios respecto a viviendas basándose en una encuesta a un conjunto representativo de entidades, si bien manifestó que iba a solicitar regularmente esta información a todas las entidades cada seis meses. De este modo pasó a publicar los datos de todas las entidades procedentes de un requerimiento mediante circular, aunque desde entonces, sin embargo, se han producido avances notables en la disponibilidad de información pública sobre ejecuciones hipotecarias. En especial, a finales de junio de 2014, cuando el INE publicó los primeros resultados de una nueva estadística sobre ejecuciones hipotecarias. Es una información con una frecuencia trimestral y más pormenorizada, que ofrece datos desglosados por comunidades autónomas.