Miembros del Grupo Parlamentario Popular durante el minuto de silencio.
El debate de investidura celebrado
el pasado mes de octubre arrancó con un minuto de silencio por las 36 mujeres
asesinadas por violencia machista en lo que va de año. Horas antes de que Rajoy
fuera investido presidente, el Congreso guardó un minuto en recuerdo de esas
mujeres asesinadas. “La carga simbólica es importante –apunta Bárbara Tardón,
consultora internacional y experta en violencia de género–, pero no podemos quedarnos
ahí porque detrás debe haber una respuesta real”. Considerar el tema una
prioridad y elevarlo a cuestión de Estado “debe especificarse en medidas
concretas”. El pacto de investidura firmado en agosto por PP y Ciudadanos así
lo contemplaba. En lo que no parecen estar muy de acuerdo es en el contenido
del mismo.
La mayor parte de senadores de
PSOE, Podemos y Ciudadanos no dieron el 'sí' a la iniciativa, que pretendía
modificar el nombre por violencia machista –en vez de violencia de género–,
crear un foro anual para mejorar la coordinación territorial, transferir
recursos a las comunidades etcétera. El Grupo Socialista acusó entonces a los
populares de “oportunismo político” y recordó que la formación conservadora fue
la única que votó en contra de la moción presentada en el Senado por los
socialistas en agosto de 2015 en los mismos términos. Los 146 votos en contra
del PP sirvieron para tumbar la iniciativa.
El dinero que destina el Gobierno
contra la violencia machista ha pasado en seis años de los 34,3 millones de ese
año a los 25,2 que presupuestó para 2016. Lo mismo para el programa de igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres. Los recursos destinados al programa
de igualdad de oportunidades han disminuido, desde 2006, un 61%, al pasar de 50
millones de euros a los 19 presupuestados para el próximo ejercicio. Tardón
señala el decreto 16/2012, que restringió el acceso a la salud a miles de
personas sin residencia legal en España, como una de las grietas más
pronunciadas de la lucha contra la violencia machista que sufren las mujeres
migrantes. La normativa les retiró las tarjetas sanitarias, de modo que dejaron
de tener derecho a la atención primaria, excepto los y las menores, las
embarazadas y las urgencias. Con el paso del tiempo la mayoría de comunidades
amplió la atención, pero las ONG denuncian la arbitrariedad del sistema y
reflejan que muchas personas no acuden al médico por desconocimiento debido a
que no se han hecho públicas unas directrices claras sobre el tema.
Ya en septiembre de 2015 el
entonces ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, presentó como un logro el
Convenio de Estambul en el balance que hizo en el Congreso sobre los diez años
de la Ley de Violencia de Género. Sin embargo, lo que no dijo el ministro es
que, a pesar de que el Gobierno lo ratificara en junio de 2014, no ha sido
todavía aplicado. Ha habido una declaración de intenciones por parte de todos
los partidos políticos en aplicarlo. “Han tenido muchos años para hacerlo
–denuncia Tardón–. Pero no ha habido una difusión real del convenio del Consejo
de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia sobre la mujer. Y el
Gobierno ni lo nombra”. Entre las medidas de obligado cumplimiento que
contempla incluye la ampliación de la ley de violencia de género a otras formas
de violencia perpetradas contra las mujeres por el hecho de serlo. Y enumera:
violencia sexual, la mutilación genital femenina o el matrimonio forzoso. En
este sentido, lo mostrado por el Congreso en el minuto de silencio no son más que
simples gestos para quedar bien.
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