Sin embargo, según Diariocrítico,
una lista con 24 denuncias, condenas, multas o imputaciones por manifestaciones
en contra de la monarquía o a favor de una república, prueba que el Estado,
desde hace diez años, reprime cada menos de seis meses a los ciudadanos que
pretenden apoyar abiertamente a los republicanos. “Una lista que no solo es la
evidencia de que ser republicano es delito. De ahí que la Coordinadora nos
recuerde que el 19 de junio de 2014, día en que se juzga a estos tres
republicanos –Iván Torrico, Jorge Verstrynge y Manuel Prada– su único delito
fue acudir, durante la coronación de Felipe VI y pese a la intimidación
reinante, a la concentración republicana que la Coordinadora 25-S convocó
aquella misma tarde en la Puerta del Sol. Destacan que el proceso de abdicación
de Juan Carlos de Borbón estuvo en todo momento acompañado de protestas que
reclamaban la abolición de la monarquía. Y que el mismo día se produjeron
identificaciones, retenciones y detenciones selectivas a las personas que
llevaban símbolos republicanos”.
Entre los condenados por los
jueces, uno lo fue por izar una bandera republicana en un edificio público en
una marcha por el derecho a la vivienda (mayo de 2006); otro, por haber gritado
“Viva la República” durante la visita de Felipe de Borbón a Móstoles (mayo de 2006); otro, por sacer una bandera
republicana en el homenaje en el Congreso a los represaliados franquistas (junio
de 2008); otro, por sustituir una bandera franquista por una republicana en un
edificio público(septiembre de 2009); otro, por llevar una bandera republicana
en una partido de balonmano (abril de 2012); el coronel Martínez Inglés fue
multado a 6.480, por criticar en un artículo la actuación del rey en el caso
Nóos (Marzo del 2013); otros fueron multados por izar una bandera republicana
en una rotonda de Granada( junio de 2014); la edil de Guanyar, Alacant, fue
condenada por insultar a Juan Carlos de Borbón tras publicarse la fotografía en
la que aparecía con un elefante al que había cazado en Botswana (enero de 2016)…
El mismo Tribunal de Derechos Humanos condenó, en marzo de 2011, al Estado español
por haber impuesto una condena “desproporcionada” por un delito de injurias
graves al rey, en 2003, a Arnaldo Otegi. La Policía prohibió, en junio de 2014,
el paso por la Gran Vía de Madrid a una mujer por llevar una chapa republicana
y, en febrero de 2016, Fiscalía de la
Audiencia Nacional vio delito en la pitada que se produjo en el Camp Nou el 30
de mayo durante la final de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Athletic
Club de Bilbao.
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