La Comisión de Hacienda y Función
Pública del Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley,
propuesta por En Comú Podem, por la que se insta al Gobierno a suprimir progresivamente
la asignación tributaria a la Iglesia Católica en el IRPF y revisar los
beneficios fiscales de los que disfruta la institución, en particular lo que
respecta a la exenciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). El texto,
que fue pactado con el PSOE y contó con el voto en contra del PP y Ciudadanos,
pide que se aplique a la Iglesia una fiscalidad de carácter general a aquellos
bienes de las confesiones religiosas que no estén afectos a un uso social no
lucrativo. Y sugiere el establecimiento de mecanismos que permitan que las
distintas subvenciones que reciban las confesiones religiosas se doten de
nitidez y transparencia en el gasto.
El diputado que ha defendido la
iniciativa, Josep Vendrell, asegura que “lo que no paga la Iglesia lo acaban
pagando los ciudadanos, fieles o no fieles” por lo que considera la actual
situación “una anomalía que crea una situación de privilegio hacia una
confesión en un Estado declarado por la Constitución como aconfesional”. El
portavoz en la comisión de En Comú Podem recuerda que “los privilegios de la
Iglesia Católica son heredados del franquismo” y que se trata de un problema “no
resuelto durante la transición”.
Pese a esta proposición aprobada,
según la cual se suprime el 0,7 para la Iglesia y la obliga a pagar el IBI, el
Gobierno del PP no piensa revisar la situación fiscal de la Iglesia católica,
justificando que las peticiones aceptadas por el Congreso chocan con los
acuerdos adoptados entre el Gobierno español y la Santa Sede. Al tratarse de
acuerdos entre dos estados, el Gobierno insiste en que tienen rango de ley “y,
por tanto, no pueden ser modificados por una simple proposición no de ley.
Según fuentes del Ejecutivo, la decisión adoptada por el Congreso tan solo es “un
mandato para que el Gobierno analice esta situación”. La Secretaría de Estado
de Relaciones con las Cortes asegura que pasará la propuesta del Congreso a los
dos ministerios afectados: Hacienda y Justicia. Pero ninguno de los dos
departamentos ministeriales podrá hacer prácticamente nada con la orden
recibida por el Parlamento y Moncloa no prevé cambios sustanciales sobre la
fiscalidad de la Iglesia católica.
Las relaciones económicas entre
el Gobierno y la Iglesia están fijadas en el Concordato firmado por el Gobierno
de Franco con el Vaticano en 1953. Las normas de ese acuerdo sufrieron
variaciones con la llegada de la democracia pero, en esencia, continúan siendo
económicamente muy rentables para la Iglesia. El acuerdo atribuye a la Iglesia
el disfrute de “la exención total y permanente de la contribución territorial
urbana” para templos, capillas, conventos, residencias de obispos, canónigos y
sacerdotes y aquellos locales destinados a oficinas de la curia diocesana y a
oficinas parroquiales. Es la segunda vez en apenas unas semanas en la que el
Congreso aborda cuestiones fundamentales, relacionadas con las cuentas de la
Conferencia Episcopal. El pasado 9 de febrero el PP votó en contra de ordenar
al Tribunal de Cuentas que incluya a la Iglesia en la lista de instituciones a
fiscalizar. La ausencia durante el debate de la antigua CiU impidió que el
Parlamento aprobara la orden que, en este caso, se tendría que haber asumido
como una obligación.
No hay comentarios:
Publicar un comentario