En sus 20 indultos concedidos en 2017, el Gobierno incluye a seis condenados por prevaricación.

El Ejecutivo del PP aprobó numerosos indultos a corruptos a pesar de los informes contrarios tanto del ministerio Fiscal como de la sala del Tribunal.

La subsecretaria de Justicia, Áurea Roldán, justifica que se hayan concedido las conmutaciones de pena a seis funcionarios acusados de prevaricación administrativa en que no hubo “enriquecimiento personal”. E insiste en que “no se ha concedido ningún indulto por corrupción política”. Sin embargo, de las 20 medidas de gracia —de 1.943 peticiones— que concedió el ministerio de Justicia bajo la dirección de Rafael Catalá en 2017, seis están consideradas por el Consejo General del Poder Judicial como corrupción. Ante las críticas del diputado de En Comú Podem Jaume Moya, Roldán defiende que no consideran un delito de corrupción la prevariación administrativa que cometieron seis funcionarios del Ayuntamiento de Rota, gobernada por el PP, cuya pena fue conmutada este año.  Pero, el informe que presentó la subsecretaria en el Congreso admite la diferencia de criterio “del Consejo General del Poder Judicial, que no distingue entre corrupción propiamente política y corrupción administrativa en términos generales”. De hecho, el ministerio incluye estos perdones dentro de la categoría de “Delitos contra la Administración Pública y de Justicia”, pero hace una distinción entre corrupción política y el resto, donde incluye lo delitos sin enriquecimiento personal.

El Gobierno lleva sin informar sobre la concesión y denegación de indultos en el Congreso desde 2015. Esto supone el incumplimiento de la Ley de indultos que obliga a un representante del ministerio de Justicia a trasladarse cada seis meses a la Cámara Baja para explicar las razones para conceder o denegar el perdón a los convictos y entregar un informe sobre este asunto. Solo Ciudadanos y Unidos Podemos han criticado el retraso en la presentación de la información por parte del ministerio de Justicia. Según los datos de El Indultómetro, el Gobierno de Mariano Rajoy concedió 11 indultos por delitos de corrupción entre 2011 y 2016. Esta cifra incluye los delitos clasificados como corrupción por el Consejo General del Poder Judicial. Si incluimos los 6 funcionarios indultados del Ayuntamiento de Rota, el número de indultados por corrupción por Mariano Rajoy se ampliaría hasta los 17.

Los diputados de la oposición  resaltan la necesidad de estudiar caso por caso las medidas de gracia que aplique el Gobierno ante la fuerte caída de conmutación de penas que se ha dado en los últimos años. La subsecretaria de Justicia subraya que el Gobierno ha sido “extremadamente cauteloso” a la hora de conceder indultos. De hecho, la subsecretaria Roldán ha especificado que, si en 2012, se concedían una media de 400 indultos anuales se ha bajado progresivamente hasta los 27 en 2016 y los 20 que se contabilizaron en el primer semestre de 2017.La “alarma social” que genera el perdón de las condenas ha conducido al departamento de Rafael Catalá  a reducir a un 1% la admisión de las solicitudes de indulto que se resolvieron en 2015 frente al 11,26% que se concedió en 2007, lo que consideró como “una buena noticia”. Pero, la reforma de la Ley de Indultos se encuentra ahora trabada en la Comisión de Justicia tras la inclusión de una proposición de Ley del PSOE hace seis meses que prohibe la conmutación de penas a condenados por delitos de corrupción y violencia de género. Los grupos parlamentarios ha presentado enmiendas para que se deniegue también el perdón a condenas por terrorismo, pederastia o trata de personas, lo que está retrasando su aprobación. Y, desde 2011, el Gobierno de Mariano Rajoy ha concedido 873 indultos de los que el 54% contaba con un informe contrario de la Fiscalía, de la sala del tribunal o de ambas instancias judiciales. Es el periodo con Alberto Ruiz Gallardón como ministro de Justicia en el que más conmutaciones de pena se aplican y cuando hay un mayor desfase entre las concesiones y los informes contrarios al perdón por parte de jueces y fiscales. El Ejecutivo de Mariano Rajoy concedió 47 indultos a pesar de que fiscales y jueces coincidieron en que no se tenía que aprobar dicha medida de gracia a esos condenados.