En abril, el Congreso de los
Diputados urgió al Gobierno a aportar en un plazo de seis meses la relación de
los 4.000 bienes inmatriculados por la Iglesia desde 1998 y que se reclamasen
aquellos que se hayan inscrito de forma fraudulenta. Gracias a una ley de
Aznar, la Iglesias había inmatriculado desde esta fecha importantes bienes, entre
ellos la Mezquita de Córdoba. Pero el portavoz de los obispos, José María Gil
Tamayo, se afanó por declarar que “una catedral o una iglesia no son bienes
públicos, sino que pertenecen a una comunidad concreta desde hace siglos”, manifestando
que “lo que se ha hecho con la inmatriculación es, simplemente, darle forma,
pero no se le había dado la propiedad porque ésta ya existía”.
La PNL (Proposición No de Ley)
presentada por el PSOE salió adelante con los votos en contra del PP y
Ciudadanos. El socialista Antonio Hurtado aseguró que “la Iglesia se había
adueñado de la Mezquita de Córdoba por 30 euros, inscribiéndose como Santa
Iglesia Catedral de Córdoba, lo que resulta insultante e indignante para gran
parte de la ciudadanía”. Y subrayó que la Iglesia podía poner a su nombre
bienes con tan solo un certificado del propio Obispado donde se hallaba el
inmueble. La jerarquía católica había aprovechado la pasividad de todas las
instituciones para seguir inmatriculando en masa, incluso templos de culto en
contra de la prohibición legal. Gracias a las plataformas ciudadanas,
comenzamos a conocer miles de casos por toda España, desde la Mezquita de
Córdoba, la Giralda de Sevilla o La Seo de Zaragoza, pasando por plazas,
calles, cementerios, pisos, locales comerciales, jardines, murallas, cocheras…
En 2014, el Gobierno socialista
cambió un artículo de la ley para poner fin a esta práctica. Y Antonio Manuel Rodríguez
Ramos, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba, declaraba en El
País del 4 de julio que la mayoría de
las inmatriculaciones realizadas eran nulas de pleno derecho, por haber
vulnerado la constitución, la normativa europea y los derechos humanos. “Sin
embargo –insistía Rodríguez Ramos–, la jerarquía católica ha aprovechado la
pasividad de todas las instituciones para seguir inmatriculando en masa,
incluso templos de culto en contra de la prohibición legal. Pero el uso
religioso no determinba la titularidad en un Estado aconfesional. Por supuesto
que la Iglesia Católica, como cualquier otro ciudadano, podía inscribir sus
inmuebles. Pero siempre que, como cualquier otro ciudadano, demuestrase su
titularidad y no estar apropiándose de lo que nos pertenece a todos. Justo lo
que no hizo…¿Es la Iglesia una administración pública? No. ¿Son funcionarios
públicos sus diocesanos? No. En consecuencia, todas las inmatriculaciones
practicadas con estas normas inconstitucionales son nulas de pleno derecho. Y
si recaen sobre bienes públicos, doblemente”.
El Gobierno popular derogó
en 2015 estas normas para evitar un recurso de inconstitucionalidad directo y,
de esta forma, mantener intactas las inmatriculaciones ya practicadas. Pero su
amnistía registral fue reprobada por el mismísimo Tribunal Europeo de
Estrasburgo, condenando la complicidad del Estado al no revertir lo inscrito
con este procedimiento nulo y contrario a los derechos humanos. Al final, todos
hemos pagado la indemnización más alta de la historia por la apropiación ilegal
de un bien que la Iglesia no ha devuelto. Una vergüenza moral y un escándalo
jurídico. Recientemente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha
declarado ilegales las exenciones fiscales a la Iglesia Católica cuando realiza
actividades económicas. Miles de millones de euros que ningún gobierno exigió
declarar, ni contribuyen al sostenimiento de lo público. Ambas resoluciones
europeas confirman que la Iglesia es un paraíso jurídico y fiscal consentido
por un Estado aconfesional y democrático de derecho. No se trata de una
cuestión religiosa sino de transparencia económica y respeto a la legalidad:
que devuelva lo público y pague por lo que demuestre ser suyo.
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