¿Qué es el proyecto Castor?, se
pregunta la web lucha@afectadoscastor.com.
Se trata de un depósito estratégico artificial de gas natural situado frente a
las costas de Castellón y Tarragona, ubicado en aguas territoriales españolas
del Mar Mediterráneo. Tiene capacidad para almacenar hasta 1.900 millones de
metros cúbicos de gas natural, suficiente para suministrar el equivalente a 50
días de consumo en España. Y es el
quinto depósito más grande de los existentes o planificados en España –en todo
el mundo, hay 627 almacenamientos subterráneos de gas de los que 81 son
acuíferos salados profundos– creado para suplir la demanda energética española
de gas natural en caso de escasez o cese de las importaciones. Pero ¿cómo pensaba
funcionar? “El depósito del proyecto Castor –nos recodaba lucha@afectadoscastor.coma–
provecha la existencia del antiguo yacimiento petrolífero de Amposta para
inyectar en el gas proveniente de la red estatal de gaseoductos, que se desvía
de la red desde una estación situada en localidad de Vinarós hasta la
plataforma marina por medio de un gaseoducto, donde se inyecta a gran
profundidad y presión. El gas queda atrapado en el depósito gracias a la
existencia de rocas impermeables en estratos superiores que lo sellan. Para
recuperar el guardado en el depósito se inyecta agua, igualmente a gran
presión, lo que expulsa el gas a la superficie, devolviéndose a la red tras
haber sido tratado. El proyecto tenía como objetivo permitir al sistema gasista
español hacer frente a puntas de consumo o a interrupciones en el suministro,
entre otras eventualidades. Pero, desde el comienzo de las actividades de inyección
de gas en el antiguo yacimiento, se produjeron movimientos sísmicos de diversa
intensidad. La simultaneidad fue uno de los elementos, pero no el único, que
indujo a concluir que existía más allá de toda duda razonable una relación de
causalidad entre la inyección de gas y los movimientos sísmicos. Así lo
acreditaron numerosos estudios científicos específicos, como antecedentes
similares en otras plataformas subterráneas de almacenamiento de gas en otros
países. Incluso el Ministro de Industria llegó a declarar que ‘hay una alta
probabilidad de que exista un vínculo directo’. Muchos de los seísmos fueron
muy perceptibles, generando gran alarma social, miedo y angustia en los
habitantes de las zonas afectadas por los mismos. La población potencialmente
afectada ascendía a más de 80.000 personas, tanto en el sur de la provincia de
Tarragona como el norte de la provincia de Castellón”.
Instalaciones del proyecto Castor, a 21
kilómetros de la costa de Vinaroz (Castellón)
Aprobado en 2008, el Castor fue
un proyecto “innecesario y faraónico”
que los más suspicaces calificaron de regalo del Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero al empresario Florentino Pérez. Muchas fueron las
incógnitas, sospechas e indignaciones que levantó este proyecto, hoy paralizado
por la alarma social que originaron los 500 terremotos de 2012 y 2013. Estas
son las claves de un fracaso técnico y político cuyas consecuencias, si la
Justicia no lo remedia, pagaremos todos los españoles durante los próximos 30 años
en nuestra factura del gas. Hoy, el Castor es una instalación paralizada que
pretendía ser el mayor depósito de gas natural de España, situado frente a
Vinaroz (Castellón) y el delta del Ebro. Su objetivo estratégico era garantizar
el suministro de gas natural en todo el país en caso de escasez, puntas de
consumo o cese de las importaciones. Fue aprobado por el Gobierno de Rodríguez
Zapatero y puesto en marcha en 2012, pero no pudo seguir adelante por los
movimientos sísmicos que provocó en las costas de Castellón y Tarragona. Tras el
mismo está la concesionaria Escal UGS, participada en un 66,7% por el grupo
ACS, del empresario Florentino Pérez, y en un 30% por la canadiense CLP. Según las cuentas de la compañía
gestora, el proyecto ya costaba 1.193,5 millones de euros en 31 de diciembre de
2011, un 89,54% por encima del coste inicial previsto. Según el Ministerio de
Energía, los costes se dispararon, en el 2013, hasta los 1.700 millones. Tenía capacidad para almacenar hasta
un tercio de la demanda de gas del sistema español durante 50 días, es decir,
1.900 millones de metros cúbicos. Para ello, se necesitaban seis meses de
funcionamiento. El proceso consistía
en tomar gas natural de la red básica de gasoductos —las tuberías por las que
se transporta el gas—, comprimirlo más e inyectarlo en el almacenamiento a más
de 1.000 metros de profundidad a través de pozos. Pero la plataforma dejó de funcionar en la fase previa de la
explotación por los terremotos que estaba provocando en la zona. Un año
después, en 2014, un informe del Instituto Geográfico Nacional (IGN) sobre la
actividad sísmica en el entorno del proyecto Castor concluyó que existía una
“relación directa” entre los más de 500 seísmos que se produjeron en septiembre
de 2013 en el litoral norte de Castellón y la inyección de gas. El estudio,
además, reveló la existencia de una falla no cartografiada en la zona (falla
bautizada como Castor), y aseguró que no se tuvo en cuenta el informe de
“impacto de sismicidad inducida” para determinar la peligrosidad del proyecto.
Imagen
de una de las manifestaciones de vecinos afectados por los seísmos en la costa
de Castellón.
Desde septiembre de 2013, tras la
aparición de terremotos en la costa, se congeló el proyecto. El ministro de Energía,
Álvaro Nadal, aseguró que, de momento, no desmantelarían la plataforma porque
la situación era “estable” y que habría que realizar un estudio para decidir su
futuro. “Es como si inflamos un globo que ha tocado unos cimientos –explicó el
ministro–. Si luego se desinfla que es lo que ocurrió con el desmantelamiento
también podría mover los cimientos, así que habría que hacerlo con prudencia y
seguridad”. El almacén, según adelantó el ministro, no reabrirá. La puntilla al
proyecto la dio el Massachusetts Institute of Technology (MIT) que, en su
recién concluido informe sostuvo, como ya señalaron sendos estudios del
Instituto Geológico y Minero de España y del Instituto Geográfico Nacional, que
la inyección de gas en la plataforma originó los terremotos de 2013 y recomendó
su cierre. En el 2013, fuentes del propio departamento, a la sazón en manos del
ministro José Manuel Soria, admitieron en privado que se trataba de un proyecto
“innecesario y faraónico” que nunca debió contemplarse en la planificación
energética. Sin embargo, el MIT echó un cable a Florentino Pérez y al propio
Ministerio de Energía al concluir que era imposible prever el desastre. Una
valoración que cayó como una losa sobre la aspiración de distintas plataformas
ciudadanas que exigían a ACS la devolución de los 1.350 millones recibidos como
indemnización tras el desastre. O sobre los “Afectados por la Plataforma Castor
(Aplaca)”, que batallaron contra los responsables del proyecto por los
perjuicios ocasionados a los ciudadanos. La concesión otorgada por el Gobierno
de Zapatero, con Miguel Sebastián como ministro de Industria, incluía una
controvertida cláusula que garantizaba la devolución de la inversión en caso de
reversión de la misma. El Gobierno ya abonó 1.350 millones de euros a ACS, en
2014, que se suman a otros 110 millones pagados anteriormente. A eso hay que
añadir otros 295,6 millones en concepto de 'derechos retributivos' por los dos
años y tres meses en los que el almacén estuvo operando. Total: 1.755 millones.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) fue taxativa: la factura del
desastre se socializará entre todos los españoles, hasta alcanzar los 4.731
millones de euros. Cifra a la que se lleg añadiendo un 4,27% anual de intereses
del pago de la indemnización por los 30 años de concesión a la concesionaria
Escal UGS, participada por ACS en un 66,7%. A razón de 80 millones anuales, el
pago a la concesionaria ascenderá a 2.400 millones extra en el año 2044. Lo que
implicará invariablemente un sobrecoste en la factura del gas para todos los
usuarios españoles, “ya de por sí de los que más pagan de Europa”, subraya la
OCU. El Juzgado de Instrucción número 4 de Vinaroz tiene, a su vez, una
investigación abierta sobre una veintena de directivos de la concesionaria
Escal UGS y técnicos de la Administración para determinar si existió delito en
la concesión de autorizaciones y licencias al proyecto gasístico.
La plataforma del almacén de gas Castor, frente
al Delta del Ebro.
En abril de 2012, se produjo un
terremoto de 3,1, escala Richter, en las inmediaciones de la plataforma de inyección.
Fue calificado como “normal” por el Observatorio del Ebro. Desde mediados de
septiembre de 2013, varios cientos de terremotos, la mayoría de ellos de escasa
magnitud e imperceptibles, se registraron en la zona donde el Castor inyectaba
gas. Sin embargo, algunos de ellos alcanzaron magnitudes perceptibles. El 1 de
octubre se produjo un seísmo de 4,2 en la escala de magnitud del momento,
causando alarma en las poblaciones próximas al depósito (Alcanar, Benicarló,
Las Casas de Alcanar, Cervera del Maestre, Cálig, Peñíscola, San Carlos de la
Rápita, Ulldecona y Vinaroz). Los trabajos de inyección de gas fueron
paralizados el 16 de septiembre, tras los primeros temblores y la empresa Escal
UGS reconoció que los terremotos podían estar vinculados al proyecto Castor.
El 4 de octubre, la Guardia Civil investigó in situ el cese de la actividad de
la planta a instancias de la Fiscalía de Castellón. El Instituto Geográfico
Nacional concluyó que había relación directa entre los seísmos en el
Mediterráneo y el proyecto gasístico Castor. En 2017, el MIT envió un informe
al gobierno español, confirmando la relación entre la inyección de gas y los
seísmos y recomendando el cierre de la plataforma. El ministro de Energía,
Álvaro Nadal, argumentó que existía un riesgo tanto si se intentaba inyectar
gas como si se intentaba extraer el gas que ya había, por lo que recomendó
“mantener las cosas como están”. En febrero de 2010, la Plataforma en Defensa
de les Terres del Sénia denunció ante la Comisión Europea la vulneración de la
legislación comunitaria que, en su opinión, estaba cometiendo la empresa
ejecutora del proyecto para evadir los procedimientos de evaluación de impacto
ambiental. En abril de 2012, el mismo colectivo ciudadano pidió la
paralización del proyecto Castor debido al crecimiento de los costes de ejecución
del proyecto y al aumento en los precios del gas natural y el descenso en la
demanda. Tras la cuantiosa indemnización de 1.350 millones de euros que recibió
Escal UGS (cuyo primer accionista era ACS), hubo polémica por la prontitud del
pago en un contexto de contención presupuestaria muy fuerte del déficit. En
enero de 2015, un juez imputó a 18 responsables de la tramitación del proyecto
por posibles deficiencias aunque los responsables políticos (el Presidente
Zapatero y su Ministro de Industria Miguel Sebastián) no lo fueron.
Florentino Pérez, presidente, director
ejecutivo y consejero delegado de Castor.
Pero ¿quién dirige el ACS? ACS
S.A. es una constructora española creada, tras la fusión de OCISA, fundada en
1942, que agrupó a todas las empresas de los Bancos Hispano Americano y
Urquijo, y Construcciones Padrós. El Grupo es una referencia mundial en la
industria de la construcción y del desarrollo de infraestructuras tanto civiles
como industriales. Desde 2013, lidera el ranking ENR de International
Contractors. Es el presidente, director ejecutivo y consejero delegado, Florentino Pérez. Grupo
ACS, S.A. es una constructora española creada tras la fusión de OCISA, fundada
en 1942, que agrupó a todas las empresas de los Bancos Hispano Americano y
Urquijo, y Construcciones Padrós, fundada en 1968, que dio lugar a OCP
Construcciones, en 1992, y posteriormente fusionadas, en 1997, con Ginés
Navarro Construcciones, fundada en 1930, y Vías, fundada en 1928, ambas
controladas por la familia March. El salto cuantitativo lo dieron en 2002, al
comprar una participación de control en Dragados. En el año 2007, el Grupo ACS
adquirió una participación significativa en Hochtief, uno de los líderes
mundiales en el desarrollo de infraestructuras, con una fuerte presencia en
Estados Unidos, Europa Central, Australia y el Sudeste Asiático. Esta operación
proporcionó al Grupo ACS una plataforma para acelerar su expansión
internacional. En la actualidad, ACS es una empresa diversificada que está presente
en distintos sectores económicos a través de numerosas empresas participadas,
como Hochtief, CIMIC Group, Turner y Servicios Industriales Cobra. Su
presidente e impulsor es Florentino Pérez, que, con un grupo de ingenieros,
compraron primero Construcciones Padrós y luego OCISA. Florentino Pérez es muy
conocido por ser también presidente del Real Madrid Club de Fútbol. Los
principales accionistas de ACS son la Familia March, los “Albertos” (Alberto
Alcocer y Alberto Cortina), Miquel Fluxà Rosselló y el propio Florentino Pérez,
el máximo accionista.
El presidente
de ACS, Florentino Pérez, en una junta de accionistas de la constructora.
Una sentencia del Tribunal
Constitucional (TC) declara ilegal la indemnización de 1.350 millones que el
Gobierno pagó por la “hibernación” del almacén de gas Castor, dejando en el
aire un magro negocio: alrededor de mil millones en intereses que tres de los
principales bancos españoles (Santander, CaixaBank y el todavía público Bankia)
iban a obtener en las próximas tres décadas, procedentes del recibo de la luz,
al recuperar el crédito financiado en el primero de esos pagos. La sentencia
del Constitucional declara nulos los cinco artículos y apartados del decreto
por los que, en 2014, el Gobierno cifró en 1.350,729 millones (a pagar en 35
días) la indemnización por el cese de actividad del almacén. Además, señaló a Enagás,
como la privatizada operadora del mercado gasista español, y estableció unos
“derechos de cobro” que, en la práctica, se traducen en la recaudación de ese
dinero durante tres décadas por la vía del recibo de la luz y con un gravamen
anual del 4,267%. La aplicación de ese bono, como revela la partida de este año
(la tercera que soportan los consumidores), permite comprobar cualquier
calculadora de créditos. Añade más de mil millones a la cantidad inicialmente
pagada por el cierre a Escal UGS, la alianza empresarial liderada por ACS (el
grupo que preside Florentino Pérez) que construyó y comenzó a explotar el
almacén hasta su paso a “hibernación”, tras provocar, en 2013 y 2014, cientos
de seísmos que se dejaron sentir en Catalunya, la Comunitat Valenciana y
Aragón. La sentencia, que declara nula tanto la indemnización como el sistema
ingeniado por el equipo del exministro de Industria, Cristóbal Soria, provocó
temblores en el sector bancario, ya que esos 'derechos de cobro' se encuentran
en manos de los bancos que financiaron la operación, y que fueron
principalmente Santander, CaixaBank y Bankia, con unas cuotas respectivas de
casi 700 millones, 473 y cerca de 200 sobre los 1.350 iniciales, según informa
El Mundo.
Las claves de un fiasco multimillonario’.
Actualmente, el Castor está en
estado de hibernación. El Gobierno ya ha confirmado que no lo reabrirá pero no
ha adelantado si lo desmantelará, como piden y exigen los alcaldes de la zona.
El proyecto ya figuraba en la planificación energética que el Gobierno de José
María Aznar elaboró en 2002, pero no era prioritario “dada la inmadurez” de los
estudios previos. Recibió un espaldarazo definitivo en marzo de 2006. Con el
socialista José Montilla al frente del Ministerio de Industria, la
Planificación energética 2005-2011 identificó como “urgentes” cinco proyectos
de almacenamientos subterráneos al considerarlos clave para garantizar la
seguridad del sistema energético. Entre ellos estaba el Castor, proyecto
considerado entonces como “necesario y prioritario para el sistema gasista español”.
Fue presentado como la solución para atender posibles problemas de cobertura de
la demanda de gas y, con ello, se prevenían fuertes subidas de precio de la
materia prima (y, con ello, de la luz), en respuesta a las recomendaciones de
la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE) y de Enagás. “Entonces
–escribe Antonio M. Vélez en ‘Las claves de un fiasco multimillonario’, artículo
publicado en Eldiario.es el 13 de mayo del 2017–, la demanda estaba disparada
por la elevada utilización de las centrales de ciclo combinado (que queman gas
para producir electricidad) y España sólo tenía dos almacenamientos
subterráneos, Gaviota (frente a las costas de Bilbao) y Serrablo (Huesca), que
siguen funcionando. Castor debía ser capaz de guardar un tercio de la demanda
durante 50 días. Con la crisis posterior y el desplome de la demanda eléctrica,
las infraestructuras gasistas funcionaban al 50% de su capacidad. La
tramitación del proyecto se inició en agosto de 2005. El Consejo de Ministros
se lo adjudicó a Escal UGS el 16 de mayo de 2008, en el polémico decreto que
incluía la compensación y que llevaba la firma de Miguel Sebastián, entonces
recién aterrizado en Industria. Sebastián culpó a su antecesor en el cargo,
Joan Clos, de la cláusula de la discordia. El proyecto recibió Declaración de
Impacto Ambiental (DIA) favorable, en octubre de 2009, aunque el gasoducto
anexo fue eximido de presentar ese estudio, una decisión que anuló el Tribunal
Supremo en septiembre de 2015. El almacén recibió el acta provisional de puesta
en servicio a mediados de 2012, tras cerca de dos años y medio de obras”.
El Gobierno del PP debe decidir si desmantela la
instalación del Castor.
Según Antonio M. Vélez, la constructora no estuvo
en el proyecto desde sus inicios. Este fue impulsado por la canadiense Dundee
Energy, que entonces se llamaba Eurogás. ACS se incorporó, en 2006, cuando el
proyecto empezó a tomar impulso. “Fue presentado como un salvavidas para
permitir a Dragados Offshore, filial de ACS, reincorporar a 300 obreros de su
factoría de Puerto Real, afectados por la ruptura del contrato con una firma
noruega para construir el mayor barco de perforación petrolífera del mundo. El
coste final del Castor se disparó y fue casi el triple de lo presupuestado. La
inversión inicialmente cifrada en 500 millones, fue creciendo año a año. En
2007, pasó a 800 millones; luego, a más de 900 millones y, finalmente, a unos
1.350 millones, la indemnización que finalmente cobraron ACS y su socio por
decisión del Gobierno de Mariano Rajoy, tras intentar que el Supremo anulase en
vano aquella polémica cláusula. La indemnización, en puridad, no fue para
Escal, sino para Santander, Caixabank y Bankia, los bancos que, en noviembre de
2014, prestaron a toda prisa 1.350 millones a la filial de la empresa de Florentino Pérez
para evitar el impago de unos bonos que Escal UGS había pedido prestados para
financiar la obra. El mayor acreedor de esa emisión era el Banco Europeo de
Inversiones, que aportó 300 millones y garantías por otros 200 millones. A esos
1.350 millones se sumaron 300 millones más reconocidos luego en concepto de
‘retribución financiera’ e ‘inversiones y costes de operaciones y mantenimiento’
desde julio de 2012, fecha del acta provisional de puesta en servicio, hasta
octubre de 2014, cuando se cerró el Castor. El MIT concluyó que las operaciones de inyección de
gas durante el verano de 2013 provocaron los terremotos en una zona activa de la
falla de Amposta que generaron su desestabilización, de modo que, si se volvía
a introducir gas, podría volver a aumentar la actividad sísmica en la zona de
manera ‘incluso mayor’. Ahora, el Gobierno debe decidir si desmantela la
instalación. La operación no está exenta de riesgo y tendría un coste de 300
millones. Previsiblemente correría a cargo de los consumidores de gas.
Las fotomontajes de la semana:
Mordaza.
“El Gobierno –según publica
Rokambol News– destinará otros 10.000 millones para reforzar la lucha contra
los humoristas. Más de la mitad de todo ese dinero, alrededor de 5.750 millones
de euros, se empleará en proveer de chalecos antisarcasmo a los ciudadanos con
fuertes sentimientos religiosos o especialmente nostálgicos con el franquismo,
al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y a sus doce ministros. ‘No habrá
chalecos para todos, pero sí cascos’, ha dicho Rajoy ante las airadas quejas de
los expertos que desconfían de la escasa protección que un casco de poliéster
pueda proporcionar frente a una ironía lanzada a doscientos metros de
distancia. ‘Es absurdo que intentemos protegernos con un casco cuando, en
realidad, es en el corazón donde sentimos los impactos’, critican desde la
Fundación Francisco Franco, la Conferencia Episcopal Española y la Plataforma
por los Derechos Sexuales del Ganado Ovino. Por otro lado, la provocativa frase
del ministro del Interior asegurando que ‘todos los ciudadanos son humoristas
hasta que se demuestre lo contrario’ está provocando en los españoles una
reacción poco favorable al ambiente festivo y jovial que se necesita en las
calles y en los bares para consolidar la recuperación económica del país.
‘Ahora, para contar un chiste tienes que esconderte en el wáter o quedar en
algún sitio raro, pero la mayoría nos mordemos la lengua y evitamos riesgos’,
se lamenta el camarero de una céntrica cafetería de Madrid que se jactaba de
saber más de cinco mil chistes de políticos, todos borrachos. El PP pide al
PSOE y Ciudadanos un pacto de Estado para hacer frente al sarcasmo
¡¡¡Se
queda!!! Zoido mantiene su confianza en el Director de la DGT: “Es una persona
muy trabajadora”
Unmundolibre. El 'kit
antinevadas' de la DGT incluirá un muñeco de Gregorio Serrano cantando “Precaución,
amigo conductor”.
Educción emocional
Rafa Hernando propone a Iker Jiménez como presidente de Cataluña.
“Sí –apunta Zelec– al mismísimo
presentador de Cuarto Milenio (Cuatro) y capitán de la nave del misterio. Por
aquello de tener más cercanía con temas paranormales, entendemos, y tirando de
gracejo español a la hora de colocar el comentario”.
El humor, en la prensa de esta
semana: El Roto, Forges, Peridis, Manel F., Vergara, Pat, Ferrán…
Pep Roig, dibujante mallorquín,
nos recuerda: Cumpleaños de Última Hora, El progreso regresivo, Los otros, Con
las vergüenzas al aire, To pa mí, to pa mí…
Los vídeos de esta semana:
Abril de 2012. Un terremoto de 3,1 en la escala de Richter
azota las costas de Castellón y Tarragona.
Es el primero de cientos de seísmos que afectaron a miles de personas.
¿Qué provocó los seismos de Castellón y Tarragona? | APLACA
Publicado el 10 mar. 2016
TESTIMONIOS DE AFECTADOS POR LOS TERREMOTOS | APLACA
Publicado el 14 may. 2017
Jordi Évole: Por qué pagó el Gobierno 1.350 millones con esa rapidez en el Proyecto Castor?
Publicado el 11 may. 2017
Polònia - Florentino i el ball del Castor
Milestones es uno de los grupos más representativos del panorama jazzístico actual. Su música se basa en un homenaje al gran Miles Davis, una música que va más allá del estándar de jazz para crear un espacio sonoro diferente y místico. De la mano del trompetista Alí Reza, discípulo director de Davis, el grupo se fusiona para seguir sus movimientos, llevando su música a un clima de improvisación constante.
Polònia - S'ha acabat
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