Baleares sanciona el enaltecimiento franquista.

El Parlament balear aprueba con un elevado consenso la ley de memoria democrática.

El Parlament aprobaba el pasado 28 de marzo la ley de Memoria y Reconocimiento Democráticos de Baleares en el que se incluye la necesidad de establecer, en el plazo de un año, un censo de elementos franquistas para proceder a su retirada o eliminación. La nueva ley recoge un régimen sancionador para acciones u omisiones que supongan incumplimiento de las obligaciones establecidas en la misma, con sanciones de entre 200 y 150.000 euros. Por enaltecimiento o exhibición de símbolos franquistas hay sanciones de hasta 10.000 euros. Asimismo, el artículo 26 contempla que el Govern no subvencionará, bonificará ni prestará ayudas públicas a quienes hayan sido sancionados, así como tampoco ofrecerá ayudas que tengan por objetivo atentar o tolerar prácticas contrarias a la normativa.

Tras haber aceptado una enmienda en la tramitación parlamentaria, se amplía el reconocimiento de víctimas a cualquier persona que, con relación a la Guerra Civil y a la dictadura franquista en Baleares, haya sufrido daños, incluidas lesiones físicas y mentales, padecimiento emocional, pérdidas económicas o la restricción sustancial de sus derechos fundamentales. La ley contempla el derecho del Govern a prohibir la exhibición de elementos franquistas, la celebración de actos y homenajes franquistas e impulsar Espacios e Itinerarios de la Memoria Democrática, así como los monumentos de recuerdo existentes a víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista. La normativa impulsa medidas concretas para conservar los archivos y el derecho de acceso a los mismos y regula los museos de la memoria democrática y los itinerarios de la memoria. Igualmente, la ley declara nulas de pleno derechos todas las resoluciones y sentencias por causas políticas, incluidas las del franquismo en base al ordenamiento jurídico vigente nacional e internacional y establece el 29 de octubre de 1977 como día de recuerdo del nacimiento del movimiento democrático preautonomista en Baleares.

Los grupos parlamentarios resaltan la “buena voluntad” política y la “predisposición de acuerdo” que ha permitido que el texto finalmente aprobado incluya numerosas alegaciones realizadas durante su tramitación parlamentaria. Juan Manuel Lafuente, diputado del PP,  reconoce el trabajo realizado en la Comisión si bien lamenta que no se hayan aceptado sus enmiendas para evitar que las sanciones sean “tan duras”. En esta línea,  Xavier Pericay, portavoz de Cs en el Parlament, manifestó que el régimen sancionador “no es la mejor manera de contribuir a la reconciliación entre los ciudadanos de Baleares”. Pero resaltó la “voluntad de consenso” en la exposición de motivo y en la voluntad de tener presente a todas las víctimas. Por su parte, Laura Camargo, portavoz adjunta de Podemos, critica que la oposición pida una reducción o eliminación de las sanciones. Y defiende  que “queda mucho por hacer para restablecer los principios de justicia”