Pedro Del Cura.
Rivas-Vaciamadrid,
municipio dormitorio de la capital de España, que cuenta con más de 88.000
habitantes y que, desde los noventa, lleva gobernando ininterrumpidamente IU, ha
tenido lugar el germen de la sentencia del Tribunal Supremo que estableció la
obligación de los bancos a pagar el impuesto por la inscripción de las
hipotecas, en detrimento de los consumidores, la consecuente caída del sector
en la bolsa y la batalla judicial que está por librarse.
“El Gobierno regional del PP recalificaba
suelos para hacer vivienda libre, lo que encarecía el precio, y nosotros
hacíamos vivienda protegida para bajarlo, eso generó un conflicto político
sobre el modo de entender la gestión de la vivienda pública y suscitó qué
criterio se tiene para pagar ese tributo”, explica el alcalde de Rivas, Pedro
del Cura, a El Periódico. La vivienda pública VPO está exenta de pagar este
impuesto, por lo que en Rivas creyeron que la Vivienda de Protección Pública
Básica (VPPB) –el equivalente de las VPO pero del ayuntamiento- también lo
estarían, hasta que, en 2011, el Gobierno regional cambió el criterio. El
litigio surgió entorno a los metros cuadrados: las VPO deben ser menores de 90
metros cuadrados y los pisos de Rivas tienen más de 90. “Nosotros entendíamos
que era vivienda pública protegida igual, y por tanto, debía tener el mismo
tratamiento. Pero el Gobierno regional quería que los que hacíamos vivienda
protegida tuviéramos un hándicap respecto a quienes no la hacen y esa fue la
pelea”, argumentó Del Cura.
“Le dijimos al Supremo
que de entenderse que el impuesto corresponde a los bancos supondría un cambio
en el criterio doctrinal”, advierte el regidor ripense, quien no las tiene
todas consigo sobre la firmeza de la sentencia en la localidad: “No tendría
sentido que fuera firme para nosotros y no para el resto. El artículo es legal
o ilegal, lo que no puede ser es una cosa y la contraria. Esa sentencia dice
que es ilegal, no en relación a Rivas, sino el tributo en sí”, sostiene.
Sea como fuere, en Rivas
siguen con su día a día. El lunes, 22 de octubre, en Rivas presentaron una
promoción de viviendas de alquiler para gente joven y prevén presentar un plan
de 'cohousing' para gente mayor. “A ver qué pasa, sería una vergüenza que a la
justicia española la tengan que estar tumbando en Europa por no ser capaz de
cumplir la ley y someterse a otro tipo de servidumbres. Nosotros, mientras,
estamos asesorando a los residentes para que hagan ya las reclamaciones, y si
esto no se acata, iremos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea”,
concluye.
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