Octubre arrancó en
Ecuador con el anuncio de una serie de medidas de ajuste económico por parte
del presidente, Lenín Moreno. Medidas conocidas como el “paquetazo”, que contemplaban,
entre otras cuestiones, una reforma laboral y la eliminación de los subsidios a
la gasolina y el diésel (por primera vez en cuatro décadas). Lo que fue
determinante para el inicio de las movilizaciones y las protestas contra el
gobierno ecuatoriano. Como antesala al “paquetazo”, el Decreto 883 como parte
del acuerdo alcanzado en febrero con el FMI, organismo multilateral que afirmaba
que estas medidas económicas “tienen como objetivo mejorar la resiliencia y
sostenibilidad de la economía ecuatoriana”. Era una de las condiciones para que
el FMI concediese a Ecuador una línea de crédito de 4.000 millones de euros.
La escalada de la
violencia se acrecentó en este país con lamentables episodios que han dejado
varios muertos y cientos de heridos y detenidos, principalmente en la parte
andina del país, donde se concentraron las protestas. Así, y con el gobierno “exiliado”
en Guayaquil, según la Conaie llegaron a Quito alrededor de 20.000 personas
procedentes de diferentes comunidades indígena, movilizándose contra el “paquetazo”
y la acción militar. El Ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, llegó a decir que
las Fuerzas Armadas tenían derecho a la autodefensa. Pero organizaciones de
derechos humanos denunciaron los abusos y se desconocen las cifras exactas de
víctimas mortales y heridos durante la primera semana de protestas. El único
dato oficial por parte del Gobierno fue el de 570 personas detenidas.
Tras diez días de
encarnizadas protestas, el Gobierno y los indígenas ecuatorianos llegaron el
domingo pasado, a un acuerdo mediante el cual se derogará el decreto 883, se
frenará la ola de protestas. “Una comisión elaborará el nuevo decreto”, anunció
Arnaud Peral, el coordinador de las Naciones Unidas en Ecuador, tras varias
horas de diálogo entre las partes. La comisión estará integrada por las
organizaciones del movimiento indígena participantes en el diálogo y el
Gobierno, gracias a la mediación de las Naciones Unidas y la Conferencia
Episcopal Ecuatoriana “Con este acuerdo se terminan las movilizaciones y
medidas de hecho en todo el Ecuador y nos comprometemos de manera conjunta a
restablecer la paz en el país”, reza el texto leído por el coordinador de las
Naciones Unidas tras constatar que el país está en “una situación grave,
dramática desde hace doce días. Y llegó el momento de la paz, del acuerdo, el
momento de mirar el futuro para Ecuador”.
El jefe de Estado, Lenín
Moreno, dijo solemnemente que el acuerdo ha significado “sin duda alguna,
sacrificio de cada una de las partes porque eso es un acuerdo, el ceder de
parte y parte”. Enumeró que “los indígenas han tenido más de 2.000 heridos, más
de mil presos, alrededor de diez asesinados y más de cien desaparecidos en el
país”, así como la “tortura de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional”. El
presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), una
organización fundada en 1986, accedió al diálogo con el Gobierno. El presidente
de la misma, Jaime Vargas, que dirige la movilización nacional y culpa a
militantes del correísmo de los hechos de violencia, sostiene que se debe
respetar la Constitución, entre otros aspectos, en el campo de la consulta
previa antes de acciones sobre sus territorios. En esa línea, pidió la renuncia de la ministra
de Gobierno (Interior), María Paula Romo, y del titular de Defensa, Oswaldo
Jarrín. “Solo así el pueblo ecuatoriano tendrá paz y libertad y tendremos la
oportunidad de seguir dialogando para construir proyectos participativos, que
beneficien verdaderamente al país y al pueblo”.
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