El ex presidente francés Nicolas Sarkozy (Derecha) llega al tribunal para su juicio por cargos de corrupción en el llamado 'asunto de escuchas telefónicas' en París, Francia, el 1 de marzo de 2021.
El expresidente se convirtió
en el primer exinquilino del Elíseo en ser sentenciado a una pena de tres años
por corrupción y tráfico de influencias. El Tribunal Correccional de París
precisó que dos de esos años de cárcel están exentos de cumplimiento y que el
tercer año de prisión firme puede ser convertida en detención domiciliaria o
vigilancia con un brazalete electrónico. La corte condenó, además, a una pena
similar al abogado del expresidente, Thierry Herzog, a quien impuso además
cinco años de inhabilitación para ejercer la abogacía, y al alto magistrado
Gilbert Azibert. Las penas son algo inferiores a lo que había reclamado la
Fiscalía, que pedía dos años de cárcel firmes contra los tres acusados. Los
jueces consideran probado que existió un pacto de corrupción para beneficiar
los intereses judiciales de Sarkozy en otras causas abiertas tras su salida del
Elíseo en 2012.
Esas actuaciones salieron
a la luz en unas conversaciones telefónicas intervenidas por la policía en 2014
entre Sarkozy y su abogado, en la que se desprendía que habían contactado a
Azibert, entonces miembro del Tribunal Supremo, para obtener información en
otra causa abierta contra el expresidente a cambio de ayudar al magistrado a
lograr un puesto en Mónaco. La sentencia recoge la “particular gravedad” del
delito cometido por Sarkozy por su condición de expresidente, que “se sirvió de
su cargo y de sus relaciones” para “su interés personal”, lo que llena de
descrédito un cargo que, por la Constitución, le otorga el poder de equilibrio
de la justicia.
El veredicto recoge que
Sarkozy tenía que conocer las infracciones cometidas por su condición de
abogado de formación. Y fue muy duro contra Herzog, uno de los más reputados
abogados de París, y contra Azibert, a quien acusó de “desacreditar una
profesión cuya función es básica en la democracia”. La histórica condena a
Sarkozy, que puede apelar la sentencia, se produce dos semanas antes de que se
abra otro proceso en el que está implicado el expresidente, el de las presuntas
irregularidades sobre la financiación de su campaña para las elecciones
presidenciales de 2012.
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