“Atropello arbitrario e ilegal” contra Maleno.

 

Helena Maleno, la periodista, experta en migraciones y defensora de derechos humanos, durante una rueda de prensa.

A mediados de este mes, según Europa Press, IU quiere que el Gobierno pida explicaciones a las autoridades de Marruecos y le exija “el fin del atropello arbitrario e ilegal” que está cometiendo contra la activista española Helena Maleno. La fundadora de la organización 'Caminando Fronteras' denunció su “deportación violenta” de Marruecos, en donde reside desde hace “casi 20 años y el “hostigamiento” que ha recibido de la Policía del país africano por su actividad. Maleno es reconocida por realizar llamadas a Salvamento Marítimo desde la costa de Marruecos para alertar de la presencia de pateras en el mar, camino de España. Esta actividad le llevó a estar investigada, en 2018, por un supuesto delito de colaboración con las mafias de trata de seres humano, delito del que, finalmente, fue absuelta. Para Francisco Pérez, responsable federal de Derechos Humanos y Cooperación de IU, la deportación de la activista es “especialmente lamentable cuando organismos internacionales de derechos humanos y desde la propia ONU se está “reconociendo que gracias a la labor” de Maleno “cientos de personas migrantes han salvado la vida en el mar”.

Pérez Esteban exige al Gobierno de Marruecos que “anule la orden de deportación” y que “todos los derechos de Maleno se respeten de principio a fin, incluido que se le permita recuperar la residencia a la que tiene derecho si ella así lo considera, después de haber vivido en ese país con sus hijos y trabajado los últimos 20 años”. IU considera también que el Ministerio de Interior español “debe investigar en profundidad y, en su caso, depurar las oportunas responsabilidades” en relaciones a todo lo sucedido “durante la etapa de gobierno del PP”, cuyas consecuencias, a su juicio, “se arrastran todavía en el trato” que la activista recibe de las autoridades alauitas.

Se trata de un testigo muy incómodo e imprescindible para los medios de comunicación, para las ONG, para los políticos interesados en el asunto, y sobre todo para los migrantes que buscan ayuda o consuelo. La medida llega después de años de agresiones, amenazas y hostigamiento, con colaboración española: la Policía Nacional, durante el gobierno de Rajoy, envió un dossier incriminatorio a la justicia marroquí, que intentaba encarcelarla por avisar a Salvamento Marítimo cuando hay pateras en camino. La activista Maleno denuncia su ‘violenta expulsión’ de Marruecos por defender a los migrantes. El pasado 23 de enero intentó volver a Marruecos, el país donde residía su familia desde hace 20 años, cuando las autoridades marroquíes evitaron su entrada y la deportaron, obligándola a permanecer varias semanas separada de su hija menor de edad y ‘temiendo por la seguridad de la misma’, según Caminando Fronteras.

La principal defensora de los derechos humanos en la frontera sur española, Helena Maleno, ha denunciado haber sido expulsada "violentamente" de Marruecos, donde vivía junto a su familia y donde desarrollaba su labor de apoyo a las comunidades de migrantes desde hace 20 años. Según la activista, el pasado 23 de enero volvía al país norteafricano desde España tras un viaje de trabajo cuando las autoridades marroquíes la deportaron, sin darle ningún tipo de información e impidiéndole tomar su medicación. A su llegada a Barcelona, la esperaban a pie de avión “dos agentes de la Policía Nacional” con su documentación y sus pertenencias, según su relato.

Maleo denuncia que “desde abril de 2020, he sufrido 37 ataques: amenazas de muerte, agresiones, seguimientos, vigilancia policial, escuchas telefónicas y dos asaltos a la vivienda de la familia” que “han llegado a poner en peligro la vida de mi hija”, y señala a la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF Central) de la Policía Nacional y a la policía marroquí como “responsables”. La defensora de derechos humanos no se siente protegida por el Gobierno español, dado que el inicio de su proceso judicial en Marruecos vino de la mano de un informe policial del que, denuncia, “no se ha investigado por el Ministerio del Interior ni se han depurado responsabilidades”. Interior jamás nos ha dado una respuesta.