Ya sea un 20 de noviembre o un 18 de julio, el guion de exaltación de la dictadura se repite en distintos puntos del país. Pero en cuatro autonomías –València, Aragón, Andalucía e Illes Balears València– cuentan con medidas legales para sancionar aquellos actos que la impliquen. Sin embargo, hasta ahora solo ha habido dos sanciones frente a un largo listado de casos que salieron gratis. Danilo Albin, en un reportaje aparecido en Público el pasado lunes, nos lo recuerda: “València, Aragón, Andalucía e Illes Balears cuentan con leyes autonómicas de memoria histórica y democrática que establecen sanciones para distintos actos de exaltación o enaltecimiento de la dictadura franquista. Euskadi ha dado el primer paso para sumarse a ese grupo: el pasado martes 27, el Consejo de Gobierno aprobó el proyecto de ley que será remitido al Parlamento de Vitoria para su aprobación, y en el que también se fijan multas para los actos de apología del régimen. De momento, los antecedentes demuestran que estas leyes, al menos en su apartado punitivo, apenas se aplican. Hasta ahora, sólo hay constancia de sendas sanciones a dos militantes franquistas por un acto ultraderechista celebrado el 12 de octubre de 2020, en el barrio valenciano de Benimaclet, donde los manifestantes convocados por España 2000 ‘exhibieron simbología nazi, la bandera española con el escudo franquista, la bandera de la falange, saludos fascistas y antorchas’, según la resolución adoptada por la Dirección General de Calidad Democrática, Responsabilidad Social y Fomento del Autogobierno de la Generalitat Valenciana. Las multas alcanzaron los 8.000 euros”.
València cuenta con ese amparo legal contra la exaltación franquista desde finales de 2017, cuando el Parlamento dio su visto bueno a la ley de memoria con los votos a favor del PSPV, Compromís y Podemos. El PP votó en contra y Ciudadanos se abstuvo. Desde entonces, se registraron en ese territorio diferentes actos de homenaje a la dictadura que no recibieron sanción alguna. Tras imponer las primeras multas por el acto franquista de Benimaclet, la Generalitat valenciana estudia ahora posibles sanciones contra los ultraderechistas que, en abril pasado, increparon al diputado de ERC Gabriel Rufián en la localidad de Dènia. Los radicales que insultaron al representante catalán llevaban simbología nazi. La ley valenciana establece multas de entre 2.000 y 10.000 euros para quienes celebren actos u homenajes ‘contrarios a la memoria democrática y a la dignidad de las víctimas y sus familiares’. También se persigue ‘la exaltación individual o colectiva de la sublevación militar o del franquismo’, así como ‘la utilización de expresiones ofensivas, vejatorias o atentatorias contra la dignidad de las víctimas o de sus familiares’. Del mismo modo, se prevén sanciones más elevadas para aquellos casos de destrucción de fosas comunes o el incumplimiento en la retirada de ‘elementos contrarios a la memoria democrática’ en espacios públicos. Según señalan fuentes del Gobierno valenciano, una de las principales dificultades a la hora de imponer sanciones –principalmente en lo referido a actos de exaltación franquista– se debe a la falta de identificaciones policiales cuando se producen actos de exaltación del régimen. De hecho, la Generalitat trabaja actualmente en la elaboración de unos materiales didácticos dirigidos a la Policía, a fin de promover la aplicación de la Ley de Memoria Democrática en sus actuaciones.
La primera normativa autonómica de ese tipo nació en Andalucía. En abril de 2017, el Parlamento dio su visto bueno a la Ley de Memoria Histórica y Democrática de esa comunidad, que salió adelante con los votos favorables del PSOE –entonces a cargo del Gobierno andaluz–, Podemos, IU y la abstención del PP y de Ciudadanos. En ese texto también se fijan sanciones para los casos de “exhibición pública de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones –entre los que ubica el callejero– realizados en conmemoración, exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del golpe militar de 1936 y del franquismo”. Además, se establece que las administraciones públicas de Andalucía “prevendrán y evitarán la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares”, así como la “exaltación del golpe militar o del franquismo”. En una respuesta enviada en marzo pasado a la parlamentaria ultraderechista Luz Belinda Rodríguez –primero en Vox, ahora en Falange Española de las JONS–, el Gobierno andaluz señalaba que, hasta ese momento, no se había registrado ninguna multa por vulnerar la ley de memoria, según dio a conocer el diario La Razón. En ese contexto, Público realizó una petición de información a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico –encargada de los asuntos relacionados con la memoria democrática–, pero de momento no ha habido respuesta. “En su momento, esa fue una ley vanguardista, pero luego no hubo ninguna sanción”, lamenta Ana Naranjo, parlamentaria autonómica de Unidas Podemos. En esa línea, advierte que ni la Policía ni los tribunales actúan contra el enaltecimiento de la dictadura. “El 20 de noviembre anterior, desde IU Córdoba, presentamos una denuncia en el juzgado por un acto de exaltación franquista. El expediente se archivó sin que movieran ni un dedo”, sostiene Naranjo, quien destaca que en otros casos “hay vecinos que llaman a la Policía” para denunciar hechos de ese tipo, pero los agentes “ni siquiera acuden a parar esas exaltaciones”. Cada verano, los homenajes a los “mártires de La Garrofa”, celebrados en Almería, forman parte del listado de actos franquistas que se celebran en territorio andaluz sin ningún tipo de sanción. El ultraderechista Movimiento Católico Español (MCE) está detrás de los mismos, que posteriormente son reflejados en su página web con abundantes fotografías.
El MCE también participa en los actos de enaltecimiento de la dictadura que se celebran anualmente en las ruinas de Belchite, uno de los símbolos de la guerra civil en Aragón. Allí se despliegan banderas franquistas y falangistas y se hace apología a viva voz de la dictadura. Tampoco faltan los brazos en alto y homenajes franquistas en actos por el 20 de noviembre en la ciudad de Zaragoza. Si bien Aragón cuenta, desde finales de 2018, con una Ley de Memoria Democrática, fuentes del Gobierno autonómico señalaron a Público que, hasta ahora, no ha habido ninguna sanción por exaltación franquista. “Lamentablemente, la Ley de Memoria Democrática de Aragón no se está aplicando como debería”, señala Inmaculada Rebla, integrante de la asociación memorialista Charata.
También en Illes Balears se aplican multas para “las manifestaciones o exhibiciones por parte de representantes públicos y funcionarios de la administración de la comunidad autónoma que enaltezcan o hagan apología del golpe militar de 1936, la Guerra Civil y la Dictadura”. Además, en el apartado de “actos contrarios a la ley de memoria histórica” se incluye textualmente “la celebración de actos y/u homenajes de cualquier naturaleza” que tengan como fin “la exaltación o el enaltecimiento individual o colectivo” de la dictadura, de sus dirigentes o de las “organizaciones que sustentaron el régimen dictatorial”. Falange Española de las JONS cuenta en Baleares con una exmilitante de Vox que actúa ahora como jefa local falangista en el municipio de Llucmajor. Su nombre es María Garau y, en los últimos meses, difundió varios videos a través de su cuenta en Youtube. “El 18 de julio de 1936, España ganó al comunismo. Tal día como hoy fuimos libres”, afirma en uno de sus últimos mensajes. “Hoy celebramos que España ganó la batalla al comunismo”, repite poco después mientras que, de fondo suena el “Cara al sol”.
Y, pasando a otro tema, cuando 3l rey emérito, Juan Carlos I, se fue, aquel 3 de agosto de 2020, les hizo saber a los suyos que pensaba volver “muy pronto” y que lo haría para instalarse de nuevo en el Palacio de la Zarzuela, su “hogar”. Pero nada de eso ha sucedido y el primer aniversario de su marcha lo cumplió el jueves pasado en Abu Dabi, con su hija Elena como única acompañante española. Lo poco que sabemos de aquella partida lo contaba él mismo en un comunicado que se hizo público la tarde del mismo día en que se marchó a la Península Arábica. “Así que –nos cuenta Silvia Taulés el pasado 3 de agosto– trató de buscar planes y el último, antes de recibir a su hija mayor en casa, fue una escapada a las islas Seychelles, tal como informó este fin de semana Mariángel Alcázar en ‘La Vanguardia’ y confirmaba Vanitatis. En el sopor, hay que buscarse alegrías. Y, entre esas alegrías, se cuenta el viaje que la infanta Elena inició el pasado sábado en la visita a su padre. Desconfiada y algo molesta porque sus salidas y entradas aparecen en prensa, la primogénita del Emérito amagó con cancelar su viaje, pero fue consciente de que su ausencia iba a ser más dolorosa que cualquier artículo periodístico (…) El Emérito sigue siendo un ‘disfrutón’ a quien le gusta degustar buenos platos y buenos vinos. Así que las vistas de amigos y de su familia sirven para poder probar restaurantes y cartas de la zona. Para mantener la cabeza en su sitio, el monarca lee la prensa a diario en un resumen que le entregan en su despacho. Si las noticias son sobre su situación, todavía le interesan más, aunque todo lo relacionado con la monarquía es uno de los puntos a los que más tiempo dedica. ‘No se pierde nada’, nos dicen sus allegados, quienes comentan que cuando sus hijas le visitan, las acribilla a preguntas sobre la vida en España y Europa. Esta semana, con la visita de doña Elena, tendrá la excusa perfecta para salir y, cómo no, para informarse de primera mano”.
“Se fue sin pedir perdón –recordaba Esther Palomera el pasado lunes en ElDiario.es–, sin rastro de arrepentimiento, con el título de emérito bajo el brazo y con decenas de titulares en las portadas nacionales e internacionales sobre sus cuentas en paraísos fiscales. Marchó a Abu Dabi. Según varias fuentes, no comunicó el destino en aquel momento ni al Gobierno ni a Felipe VI. Con su autoexilio, quería ‘contribuir’, dijo, a que su hijo pudiera desarrollar su función constitucional ‘desde la tranquilidad y el sosiego’, como si su comportamiento y su abultado patrimonio –supuestamente acumulado de forma ilícita– no hubieran provocado suficiente inquietud además de una profunda inestabilidad en la Jefatura del Estado. Tenía 83 años, 40 como rey, 58 de residencia en la Zarzuela, al menos un par de lustros de escándalos económicos y extraconyugales y 12 meses ya de largas vacaciones como expatriado de lujo –con tres ayudantes cuyos sueldos y estancia paga Patrimonio Nacional– en una isla exclusiva del golfo Pérsico, desde donde manda señales a través de terceros sobre su intención de volver a España. La última vez que lo hizo fue la pasada Navidad. El emérito amagó con regresar, según se supo por algunos de sus amigos más cercanos y sin que Felipe VI y el Gobierno tuvieran conocimiento de ello. En la Moncloa y en Zarzuela saltaron todas las alarmas. Juan Carlos I transmitía a quien quisiera escucharlo que se sentía ‘dolido e injustamente tratado’ por las instituciones de su país, por su propio hijo y por los españoles. ‘Solo habla del servicio prestado a España durante 40 años, pero nunca del daño causado’, declara ‘un miembro del Gobierno, que entiende que del comportamiento actual y futuro de Juan Carlos I dependerá que ‘pueda pasar sus últimos días dignamente o morir sin honor’.
“El ex monarca —nos recuerda Diariocrítico— tiene pendientes varias causas, la última sobre su regularización con Hacienda que está investigando la Fiscalía. Además, su hijo Felipe parece querer distanciarse del legado de corrupción y desde que renunció a la herencia dados los escándalos del emérito y le quitó de la asignación anual de los Presupuestos Generales del Estado, apenas se refiere a él en público y la relación personal es más distante que nunca. Sus hijas, Elena y Cristina, sí le han visitado en su autoexilio.
El Emérito, Juan Carlos, reside en una mansión situada en la isla privada de Nurai, en un entorno de 1.050 metros cuadrados para su disfrute personal. Tiene amplio jardín y playa privada. “En nuestro país, las opiniones son muchas. Los sectores más conservadores y monárquicos no tienen duda alguna sobre las posibilidades que tiene y las puertas abiertas con todos los honores para regresar a España. La izquierda y los nacionalistas, más que nunca, ejercen una presión para que el rey emérito no regrese o que, en caso de hacerlo, responda ante las Cortes y sobre todo, ante la Justicia. Dicen las malas lenguas que la Casa Real espera a un cambio de legislatura y que el centro-derecha y la derecha vuelva al Gobierno, asegurándose mayorías parlamentarias y en el Poder Judicial que garanticen un regreso tranquilo del monarca. Eso sería en 2023, en el mejor de los casos”.
El pasado mes de julio, El Confidencial desvelaba que el fiscal suizo había encontrado una nueva cuenta al emérito en la entidad Credit Suisse, de Ginebra, y que su titular era una sociedad panameña llamada Lactuva SA. Era un testaferro “especializado en montar redes opacas” que montó la mercantil y que ya había servido al monarca para cobrar 100 millones de euros de Arabia Saudí. Según el mismo diario, el auténtico titular de la cuenta era un miembro del entorno familiar de Juan Carlos, que usó presuntamente el depósito para ocultar fondos a la Agencia Tributaria a través de la Fundación Zagatka, cuyo administrador es Álvaro de Orleans, el primo del rey emérito. “Durante 2021 —recordaba El Confidencial—, para tratar de eludir posibles responsabilidades penales, el padre de Felipe VI ha presentado dos regularizaciones fiscales por las que ha abonado de forma voluntaria más de cinco millones de euros, la constatación de que hubo fraude a Hacienda. La Zarzuela jamás se ha pronunciado al respecto y el Gobierno tan sólo para solemnizar lo que, a estas alturas, no parece tan obvio: que la justicia es igual para todos. Sobre un posible regreso de Juan Carlos I a España hay diversidad de opiniones. Están los que creen que debería volver cuanto antes y que no merece pasar sus últimos años de vida lejos del país al que sirvió durante tantos años y quienes defienden que el Gobierno debería acordar con Zarzuela sin más dilación un ‘regreso discreto’’ y una residencia ‘más discreta aún’ donde pueda llevar una vida ‘cerca de sus familiares y amigos’. Y es que aún hay quien cree que proteger al rey, sea Juan Carlos I o Felipe VI, es proteger a la democracia. Y de ahí la opacidad y el silencio, no sólo de la vida que lleva el emérito en Abu Dabi en este último año, sino de 40 años con demasiadas sombras que han convertido al emérito en el peor adversario de Felipe VI. ‘Nadie [como ya ha escrito el periodista José Antonio Zarzalejos] le ha procurado más daño moral y político que su progenitor, antes y después de su abdicación’. Y es que costará que los españoles olviden que quien le antecedió en el trono arrastró por el fango el nombre de España, el de la Corona y el suyo propio durante al menos las dos últimas décadas”.
Ione Belarra y Pablo Echenique, dos de los máximos dirigentes de Podemos, centraron esta semana, en el primer aniversario de su salida de España, sendos ataques contra el rey emérito por presuntos negocios irregulares en el extranjero, investigados por la Fiscalía del Tribunal Supremo por si pudo cometer algún delito cuando dejó de ser inviolable tras abdicar. Ambos publicaron una serie de tuits en sus cuentas oficiales en los que criticaron el “enorme descrédito para las instituciones” y la “grave anomalía democrática” que supusieron estos hechos. Belarra, secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, considera que “la huida de Juan Carlos I supone, a todas luces, una grave anomalía democrática en España, que produce un enorme descrédito de las instituciones”. La ministra considera que el rey “viva a todo lujo en Abu Dabi, mientras se persigue penalmente a quien hace una canción crítica con la monarquía, lo pone claramente en cuestión, además de la libertad de expresión, el principio de justicia e igualdad ante la ley”. Echenique, por su parte, también cuestiona el papel que jugó Felipe VI en este caso. “El rey esperó hasta el día 15, justo después de la declaración del estado de alarma y con España en estado de shock por el virus, para repudiar a su padre”, denuncia Echenique: “En su comunicado, Felipe VI no sólo reconoce el origen ilícito de la fortuna de Juan Carlos I sino que, además, desvela que conocía esta información al menos desde marzo de 2019 y, por tanto, lo mantuvo oculto durante un año. Hasta que el Telegraph no lo publica, él no actúa”.
Cuca Gamarra, portavoz parlamentaria del Partido Popular, censuró el pasado miércoles el “silencio cómplice” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la “erosión” de la Corona y el último ataque de la secretaria general de Unidas Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, a Juan Carlos I. En una entrevista concedida a Onda Cero, Gamarra reprochó que la parte socialista del Gobierno callase, “participando de la erosión de las instituciones”. Unas declaraciones que se enmarcan tras los ataques de Ione Belarra a la Monarquía y, en particular, a la figura del rey emérito, cuya huida calificó de “anomalía democrática”.
Por su parte, el diario Público exige, con más de 84.000 firmas recogidas, que el Gobierno retire el título vitalicio y honorífico de emérito a Juan Carlos I. Tras su abdicación en el año 2014, Juan Carlos de Borbón recibió, por decisión del Gobierno de Rajoy, la designación de rey emérito. “Las investigaciones de Público y otros medios demuestran que las actividades de Juan Carlos de Borbón son incompatibles con un título de tanto honor y respeto como el de rey emérito. Sus negocios y sus prácticas, llevadas a cabo tanto antes como después de su abdicación y objeto ahora de investigación judicial, están tan alejadas de la ejemplaridad que se le supone a una figura como el jefe (o exjefe) del Estado, que resulta inexcusable la retirada de ese título lo antes posible por parte del actual Gobierno. Firma nuestra petición y exige la retirada de los honores a Juan Carlos de Borbón ahora”. Público decide dar un paso adelante y demostrar la implicación de la prensa española, la misma que lleva 40 años riéndole las gracias a Juan Carlos I, iniciando una petición de firmas para exigir al Gobierno que retire su título de rey honorífico a Juan Carlos de Borbón. Una obligación moral para quienes se precian de luchar contra la corrupción.
Imágenes, fotomontajes y
fotos sorprendentes.
Alberto Fernández y Fátima Gálvez consiguieron el sábado, 31 de julio, la primera medalla de oro española en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 gracias a su triunfo en la final de Foso Olímpico (Trap) mixto, disciplina de nuevo cuño que se estrenaba en estos Juegos. La pareja española, que, por separado, no pudo subir al podio en las finales individuales, firmó una matinal espectacular, primero, con su clasificación para la final, al disparar con acierto a 73 de los 75 platos, y luego, con su victoria en la final ante la pareja de San Marino, formada por la medallista de bronce individual Alessandra Perilli y Gian Marco Berti.
Ambos atletas son negros y españoles, tal y como recuerda Peleteiro —ella ha sufrido discriminación en su propio país por su color de piel—, y ambos dieron una lección a los racistas que antepusieron su ceguera a todo lo demás.
Ana Peleteiro y Ray Zapata , son españoles y grandes deportistas y triunfadores en los Juegos de Tokio. Ana Peleteiro es la madrina de la hija de Rayderley Zapata, Olympia.
Pese a que Zapata llegó a Canarias con nueve años y es ciudadano español de pleno derecho o que Peleteiro haya nacido en Riveira, de madre gallega y padre africano (a quien, confiesa, no conoce), los líderes del PP y deVox hacen claras distinciones a la hora de felicitar a los deportistas españoles. A Santiago Abascal los Juegos de Tokio no le interesan mucho (o poco). Su partido sólo celebra los oros olímpicos cuando son españoles de pura cepa y ni Pablo Casado ni Santiago Abascal felicitan a través de sus perfiles en redes sociales a Ray Zapata o Ana Peleteiro o a Alberto Ginés por sus medallas ganadas.
Peleteiro, Zapata y Ginés son, según Tremending, tres deportistas que sufren el rechazo de la ultraderecha. Peleteiro mandó a casa a Santiago Abascal en un perfecto gallego y Vox se “olvidó” de felicitar a la atleta y al gimnasta Ray Zapata, tras lograr sus medallas. El partido de ultraderecha tendrá que lidiar con el nuevo triunfo del deportista español, Albert Ginés, un deportista que denunció en febrero, en su cuenta de Twitter, que había usuarios que afirmaban que no se merecía representar a España en Tokio porque era “rojo”. Cuando la formación difundió en Twitter una campaña sobre “lo que quieren los jóvenes”, el deportista respondió “los jóvenes no os queremos a vosotros”.
La karateca española, Sandra Sánchez, cortó el aire del Nippon Budokan con un kata perfecto, un 'Chatanyara Kushanku' que le dio la medalla de oro, la primera de la recién nacida historia olímpica de este deporte.
Mientras asistía en las
gradas a la final femenina del trampolín de 3 metros, sacó los círculos y se
puso a tejer, su gran pasión, hasta el punto de tener también una página de
Instagram titulada “Made with love by Tom Daley”, donde presenta sus creaciones
y luego las subasta, devolviendo todo el dinero a las casas de acogida para
chicos Lgbtq+ echados de casa. Con un solo gesto, espontáneo y naturalísimo,
ridiculizó en mundovisión de décadas de tabúes, prejuicios y estereotipos de la
sociedad patriarcal, poniendo su pasión al servicio de quienes aún hoy, en
2021, son discriminados y rechazados por su orientación sexual.
El Barça anunció el pasado jueves que Messi no “seguirá ligado” al club. El club alegó “obstáculos económicos y estructurales”. El comunicado oficial de F.C. Barcelona decía: “A pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el FC Barcelona y Leo Messi y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales (normativa de LaLiga española)”.
El pasado lunes llegó a Mallorca, fondeando frente a Puerto Portals. Concebido para la navegación polar y valorado en unos 200 millones de dólares, destaca por su propulsión híbrida diésel-eléctrica. En su cubierta, solario con piscina, jacuzzi y ‘beach club’, un garaje con juguetes náuticos, además del helipuerto convertible en pista deportiva. Puede prescindir del ancla para fondeo, gracias a un sistema de posicionamiento dinámico por satélite, que le permite preservar el fondo marino.
Luna llena sobre la Torre
Comares, la mayor de las torres existentes en la Alhambra, con una altura de 45
metros. Su nombre se debe a las vidrieras de colores de los balcones que
iluminan la gran sala que ocupa el interior de la torre, denominadas “comarías”.
“Para liquidar a los pueblos se empieza por privarlos de la memoria. Destruyen tus libros, tu cultura, tu historia. Y alguien más escribe otros libros, les da otra cultura, inventa otra historia; después de eso, la gente comienza a olvidar lentamente lo que son y lo que fueron. Y el mundo que te rodea se olvida aún más rápido”. (Milán Kundera)
El humor en la prensa de esta semana: El Roto, Peridis, Enrique, Ferranmartín, Malagón, Eneko, Manuel F., Vergara, Armengol, Paddylla…
Una pequeña ampliación.
Pep Roig, desde Mallorca, lanza sus viñetas: Pues, ya vendrá otro, algún día, El pasado futuro presente, ¡Qué mal que empiece a ir bien!, Que no, que no y que no, Los ricos más ricos, Turista con exigencias…
Los vídeos de esta
semana:
El Gobierno aprueba la Ley de Memoria con Carmen Calvo fuera del Ejecutivo
LA LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA: malas noticias para los FASCISTAS
Un año de la marcha del rey emérito I MARCA
Juan Carlos I cumple un año de exilio en Emiratos Árabes sin fecha de regreso
Alberto Ginés: "No lo veía nada posible" | Juegos Olímpicos de Tokio 2020
ANA PELETEIRO le pide a su PADRE que le perfeccione la estantería de sus medallas | Tokio 2020
SANDRA SÁNCHEZ gana el ORO en kata femenina | Kárate | Juegos Olímpicos de Tokio 2020
Emotivo video de Messi y su paso por el FC Barcelona
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