La semana pasada se producía el juicio a Alberto Rodríguez, diputado de Unidas Podemos en el Congreso. Anita Botwin así nos lo recordaba en Público:
“El diputado aseguró que
los hechos de los que se le acusó eran ‘falsos’ y negó que diera una patada a
un agente en una manifestación en La Laguna (Tenerife) porque ‘los hechos no
ocurrieron’ ya que él ‘estaba a 500 metros’ del mismo. Al ser preguntado por la
fiscal sobre por qué entonces había un agente acusándole de agresiones,
Rodríguez explicó que ‘hay un montaje policial con intención de recriminar a
determinadas caras visibles del activismo social de la isla’. En el juicio al
diputado no había ninguna prueba que le incriminase, tan sólo la palabra del
agente contra la suya.
Botwin aprovecha para citar
otros casos: “No es la primera vez que ocurre que tras una protesta se pide
prisión a alguien y se tienen que enfrentar dos versiones, considerándose solo
válida la de la policía. Sin embargo, se ha demostrado con el trascurso de los
años y de varios tipos de protestas que la Policía no siempre dice la verdad, y
que tienen lugar montajes como el del 4F, también conocido con el nombre de
Ciutat Morta, título del documental que habla del caso, en el que se culparon a
varios jóvenes okupas de golpear a un mosso y de dejarle en coma. Ninguno de
los acusados resultó ser culpable, y una de las detenidas, Patri Heras, terminó
suicidándose.
“Por mencionar algo en
primera persona, y salvando las distancias, en su momento fui acusada de
desacato a la autoridad, en el que se me culpaba por haber gritado a la Policía
e insultarles, cuando mi delito real fue realizar algunas fotos incómodas a
unos agentes que estaban pegando a varios manifestantes. Cualquiera que se haya
manifestado, que haya luchado por sus derechos y los de los demás, cualquiera
que se haya manifestado sin ser nazi quiero decir, sabrá que la Policía tiene
esa doble vara de medir y esa interpretación tan subjetiva y aleatoria a veces
de lo que es legítimo o no.
“Esa doble vara de medir
es la que permite que grupos de extrema derecha siempre se hayan podido
manifestar o ir a clubes de fútbol mostrando clara simbología neonazi, algo que,
por otro lado, tampoco está prohibido en el código penal, y que debería
rectificarse ipso facto. En Alemania, el Código Penal tipifica desde 2005 la
exaltación del nazismo como delito de incitación al odio racial y contempla
penas de hasta 3 años de cárcel. En nuestro país, la joven fascista, Isabel
Peralta declaró al pueblo judío ‘enemigo’. La Fiscalía abrió una investigación
por delito de odio y la jueza archivó la causa sin practicar una sola
diligencia.
“Sin embargo, a la actriz
y monologuista, Pamela Palenciano, autora de 'No sólo duelen los golpes', se le
acusa de delitos de odio contra los hombres, al haber sido admitida a trámite
una querella contra ella por parte de la llamada ‘Asociación Hombres
Maltratados’, que, a su vez, forma parte de un bufete de abogados de Madrid. Pero
¿qué es lo que está permitiendo que se criminalice la protesta de izquierdas
mientras se permite el delito de odio de grupos nazis? No nos podemos olvidar
del pasado reciente de nuestro país y de cómo no se restauró una verdadera
democracia donde hubiera memoria, justicia y reparación. No podemos olvidar que,
en nuestro país, existen miles de fosas de desaparecidos por una dictadura
franquista a la que no se castigó. Esa impunidad de entonces es la que aún
ahora aparece en la judicatura de nuestro país y en las estructuras del
sistema. Necesitaremos un tiempo, mucha lucha por los derechos humanos y
paciencia para terminar con los últimos resquicios franquistas”.
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