Desde que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) introdujera en sus estudios la última valoración ciudadana sobre la monarquía ya han pasado más de seis años. En octubre pasado, en un momento en el que la institución monárquica pasaba por momentos agitados, la Plataforma de Medios Independientes (PMI) encargó al Instituto 40dB una encuesta para conocer el estado de la cuestión. Hoy, esa situación continúa, y por eso se ha realizado una segunda entrega de la denominada “Encuesta sobre la Monarquía”, un estudio financiado gracias a las aportaciones de 1.965 mecenas. El resultado del mismo, en la que un 39,4% de los españoles votaría por la república frente a un 31% que apoyaría la monarquía, es muy parecido al de hace un año. Y recoge la misma imagen que la institución continúa en fase de erosión y que el consenso sobre el que se sostiene la monarquía contrasta en teoría con la enorme división que existe entre la ciudadanía acerca de esta cuestión. “Este estudio –publicaba hace dos semanas Alexis Romero, en Público– recoge que, si se celebrase un referéndum sobre la forma de Estado, la opción de la república sería mayoritaria a la de la monarquía, en un contexto en que los indecisos podrían decantar la balanza hacia uno u otro lado. En concreto, un 39,4% de los encuestados apoyarían la opción republicana frente a un 31% que respaldarían a la monarquía. Casi un 30% de los ciudadanos se sitúa entre los ‘no alineados’, es decir, entre aquellos que no saben qué votarían, que no irían a votar o que votarían en blanco. En la encuesta también se preguntó sobre la necesidad de celebrar un referéndum para elegir la forma de Estado. Baja la cifra de encuestados que creen que sería necesario celebrar un referéndum entre monarquía o república, aunque sigue siendo mayoritaria. En la primera encuesta de la PMI, hasta un 47,8% apostaba por la celebración de una consulta sobre la forma de Estado; en la encuesta de este año esta cifra se sitúa en el 43,8%. El porcentaje de encuestados que defienden que no es necesario celebrar un referéndum se mantiene intacto respecto al pasado año, con un 36,1%. Los indecisos han crecido 4 puntos (que coinciden con los que pierde la opción favorable al referéndum) pasando del 16,1% en la anterior encuesta al 20,1% en este estudio”.
Más allá de un eventual
referéndum, el informe recoge la percepción de la ciudadanía sobre la
institución monárquica. La Corona suspende en este aspecto y el nivel de
confianza ciudadano se sitúa en un 4,1 sobre 10, por detrás de las Fuerzas
Armadas (6), del Poder Judicial (4,8) y de los medios de comunicación (4,5),
aunque sigue siendo más “confiable” que instituciones como el Parlamento, los
sindicatos o la Iglesia Católica. Por edades, la valoración de la monarquía ni
siquiera llega al 4 entre los votantes comprendidos entre 18 y 44 años. Entre
45 y 64 años se califica con un 4,1, y los mayores de 65, con un 4,8. También
baja el porcentaje de encuestados que aseguran estar satisfechos con la
monarquía. En 2020 un 42% aseguraba estar satisfecho con la institución,
mientras que en esta encuesta ese porcentaje baja al 35,7%. Y el 29% de los
encuestados asegura estar “nada satisfecho” con la institución. La encuesta
pulsa la opinión de los ciudadanos acerca de las funciones de la Corona y de su
situación en el momento actual. En este sentido, se establece una escala de
valoraciones sobre el enunciado “La monarquía proporciona orden y estabilidad
política” con el que los encuestados aseguran estar más o menos de acuerdo. Esta
afirmación ha perdido bastante apoyo respecto a la encuesta del año 2020. Más
de un 48% de los consultados en este estudio se muestran de acuerdo con ese
enunciado, mientras que un 36,3% asegura no estar de acuerdo. Quienes están de
acuerdo con que la monarquía proporciona orden y estabilidad bajan más de un
5%, hasta el 42,6%, mientras que los que no ven a la institución monárquica
como garante de la estabilidad política suben un 4,5%, hasta el 40,8%. También
crece el número de indecisos, que pasa del 15,6% en 2020 al 16,6% actual. Aumenta
el número de encuestados que creen que “la monarquía es una institución de
otros tiempos que no tiene sentido en una democracia”. El 53% de los
encuestados lo cree así, frente a un 31,6% que no respalda esta afirmación. En
2020, respaldaban este enunciado un 47,9% de los encuestados y lo rechazaba un
36,6%. La Encuesta Monarquía se realizó entre el 22 de septiembre y el 4 de
octubre de 2021 a través de 1.000 encuestas a ciudadanos mayores de 16 años y
residentes en España. El estudio fue llevado a cabo por el Instituto 40dB y
financiado a través de un crowdfunding que puso en marcha la Plataforma de
Medios Independientes (PMI).
Los ciudadanos dan al
jefe del Estado una media de 6,5 y lo ubicAn en posiciones ideológicas más
cercanas a la derecha que a la izquierda. Por categorías, más de un 43% de los
encuestados sitúan a Felipe VI en posiciones conservadoras. Según Alexis
Romero, en Público, desde algunas formaciones se ha criticado en los últimos
años que Felipe VI podría estar posicionándose en la lucha partidista e
ideológica, tras protagonizar algunas polémicas y desencuentros con el
Gobierno, y después de que, en octubre de 2017, decidiese intervenir en el
conflicto con Catalunya para cargar contra las actuaciones de las formaciones
independentistas. Entre las cualidades más valoradas del monarca en la encuesta
del 2020, su “defensa de la integridad territorial de España”, su capacidad
para “promocionar a España en el exterior”, o el hecho de que estuviera “bien
formado y preparado”; frente a otras, peor consideradas por la ciudadanía, como
su “capacidad para mediar entre las fuerzas políticas” o su falta de neutralidad.
La Encuesta Monarquía también recoge una valoración de los miembros de la
familia real. Felipe VI es el mejor valorado con un 5,7, y él y la reina
emérita Sofía (5,6) son los únicos miembros que obtienen la aprobación de los
encuestados. Tanto la reina Letizia como el rey emérito Juan Carlos I suspenden
a ojos de los ciudadanos. En el caso de la reina, los encuestados le dan un
4,7. El emérito es el peor parado de los miembros de la familia real y obtiene
un 3,2. La última Encuesta Monarquía se realizó entre el 22 de septiembre y el
4 de octubre de 2021 a través de 1.000 encuestas a ciudadanos mayores de 16
años y residentes en España.
Viviendo en Emiratos Árabes y a escándalo publicado por semana, la imagen del rey emérito, Juan Carlos I (que estaría sopesando, según apuntan algunas informaciones, regresar a España) sigue completamente hundida entre la ciudadanía. Según los datos recabados, el monarca sigue siendo el miembro peor valorado de la familia real, con mucha diferencia. Juan Carlos I obtiene una nota de 3,2 sobre 10. El siguiente miembro de la Casa Real que peor nota obtiene es la reina Letizia, con un 4,7, un punto y medio por encima del emérito. La reina emérita Sofía, con un 5,6, y Felipe VI, con un 5,7, son los dos miembros mejor valorados, y los únicos que aprueban en la valoración de los ciudadanos. Pero este dato no es el único del estudio que apunta que la figura del emérito no logra levantar cabeza a ojos de los encuestados. Un 72,6% de los ciudadanos consultados creen que los escándalos de la familia real dañan la imagen internacional de España. En los últimos años, Juan Carlos I ha sido el foco principal de prácticamente todos los escándalos y supuestas actividades ilegales que se han atribuido a la familia real, a través de revelaciones que apuntan que el rey emérito habría amasado una fortuna derivada directamente de su actividad como jefe del Estado, actuando, incluso, como presunto comisionista en algunas operaciones. En el estudio, la ciudadanía ubica ideológicamente a los miembros de la familia real, a través de una clasificación ordenada entre 0 y 10, donde el 0 se identifica con la “extrema izquierda” y el 10 con la “extrema derecha”. La media del rey emérito atendiendo a esta clasificación es de 6,8.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se mostraba partidario, el lunes, 18 de los corrientes, de retirarle la inviolabilidad al jefe del Estado que establece la Constitución, si bien reconoció que para ello es necesario que el PP apoye una reforma de la Carta Magna, algo que ha confesado que ve improbable. “Yo lo he dicho, creo que no es necesario que se reconozca esa condición, que es producto de otra época, una etapa legítima, pero no una etapa de una democracia consolidada con más de 40 años de historia”, explicó Sánchez en una entrevista en la Cadena Ser. “Creo que no es necesario que se le reconozca esa condición de inviolabilidad del rey, que es producto de otra época, una etapa legítima, pero no una etapa de una democracia consolidada con más de 40 años de historia”, explicó. No obstante, reconoció que, para reformar ese aspecto en la Carta Magna, es preciso contar con el primer partido de la oposición, con el PP, y “dos no bailan si uno no quiere”. Además, volvió a defender la necesidad de que el Rey Juan Carlos dé explicaciones, en concreto, sobre “las razones que le han llevado a ausentarse de España y sobre lo que se está viendo en los medios de comunicación”.
Según el HuffPost del pasado miércoles, el comisario retirado, José Manuel Villarejo, llevó su particular espectáculo al Congreso, explayándose sobre las apetencias sexuales del Emérito. El comisario jubilado de la Policía Nacional aseguró que al rey Juan Carlos I se le inyectaron hormonas femeninas para rebajarle la libido, ya que se consideraba un “asunto de estado” que el monarca fuera “tan ardiente”. El excomisario confirmó la identidad de Juan Carlos I tras las dudas que le había planteado Gabriel Rufián, que había dejado caer si se había sugerido hacer algo así “a según quién para hacer según qué”. “No se llegó a plantear, se hizo”, puntualizó el compareciente en la Comisión por la ‘Operación Kitchen’. El comisario aseguró que, en ciertos sectores, se consideraba “un tema de Estado” que el rey Juan Carlos fuera “tan ardiente” y que llegaron a fabricar “hormonas femeninas” e inhibidoras de testosterona para bajarle la libido. Los rumores y la lista de ‘conquistas’ asociadas a Juan Carlos I le acompañan desde, prácticamente, la primera hora de su reinado, con la figura de su ‘amiga’ Corinna Larsen en el centro de todas las polémicas en los últimos años. De hecho, apuntó que el rey le había regalado 65 millones de euros en señal de “gratitud y amor”. Corinna llegó incluso a revelarle a Villarrejo, según consta en unas de sus grabaciones, que al Rey Juan Carlos le habían estado medicando con hormonas femeninas “para quitarle la fuerza”. “Le han quitado todo, ni podía estar con una mujer ni nada [...]”, argumentó. Preguntado sobre si tuvo alguna participación en la suministración de dichas hormonas al rey emérito, el comisario aseguró que no, explicando que todo esto lo supo “a posteriori”, cuando la propia empresaria alemana se lo comentara.
“Orgullosos” miembros del malintencionadamente llamado Régimen del 78, el expresidente del Gobierno Felipe González y el padre de la Constitución, Miquel Roca, participaron el pasado martes en un debate en el marco del ciclo Agendas Cruzadas Madrid Barcelona, organizado por el Círculo Ecuestre de la Ciudad Condal. Quien fuera inquilino del Palacio de la Moncloa entre 1982 y 1996 manifestó, en su repaso a la actualidad española, su deseo de que Juan Carlos I regresase a España, tras más de un año de residencia en Abu Dabi, “respetándose su presunción de inocencia”. Los que no lo hacen, añadió González, “no son constitucionalistas”. Miquel Roca —quien fuese abogado de la infanta Cristina, hija del Emérito durante el juicio del caso Nóos— añadió, irónicamente: “Es que es mucho más apasionante la presunción de culpabilidad; es más divertida”. Asimismo, González reivindicó el “legado” del monarca. “Todos —apostilló— llevamos una mochila, si hemos hecho algo en la vida”.
Izquierda Unida (IU), el Partido Comunista de España (PCE), junto al Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda, adelantaban el pasado viernes que recurrirían ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por la “inacción de las instituciones judiciales españolas” en la investigación de las presuntas corruptelas del rey emérito. La decisión se tomó, según informó infoLibre, después de que el Tribunal Constitucional (TC) rechazase el recurso de amparo presentado. Dicho Tribunal rechazó por dos veces admitir sus querellas contra Juan Carlos de Borbón. En una providencia, el tribunal de garantías explicó que su Sección Primera examinó el recurso presentado y acordó “no admitirlo a trámite por no apreciar en el mismo la especial trascendencia constitucional” que, como condición para su admisión, requiere la ley. Su paso por el TC tenía dos finalidades: por un lado, intentar que se consideraran vulnerados los derechos de los querellantes por parte del Supremo y así obligar a éste a abrir la investigación contra el rey emérito que se le había solicitado en una querella –ampliada posteriormente, tras las revelaciones publicadas en medios de comunicación sobre las diligencias puestas en marcha en la Fiscalía y las averiguaciones en Suiza–, pero también porque era el trámite necesario para poder acudir al tribunal con sede en Estrasburgo. Las querellas presentadas en el Supremo imputaban hasta trece supuestos delitos –siete de ellos referidos directamente a Juan Carlos I–, entre ellos el de cohecho, contra la Hacienda Pública, administración desleal, fraude y exacciones ilegales, tráfico de influencias, constitución de grupo criminal, blanqueo de capitales, encubrimiento, amenazas de muerte condicionales, descubrimiento y revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos o corrupción entre particulares.
Antonio Maestre escribió
el viernes en La estrategia de Bordieu, bajo el titular de ‘El golpe togado de
lluvia fina’:
“La estrategia del
lawfare es menos llamativa y ostentosa que ver a Pavía entrando en el Congreso
a caballo con la espada enhiesta, pero tiene unos métodos de efectividad
parecidos, aunque más sibilinos. La ofensiva conjunta de la extrema derecha
parlamentaria en conjunción con el integrismo de la judicatura alcanzó ayer un
nuevo episodio en el interior de Congreso con el objetivo de disciplinar a ese
gobierno socialcomunista que no se deja controlar.
“La condena, sin pruebas,
al diputado Alberto Rodríguez y el intento de inhabilitación como diputado es
la última estrategia de la judicatura para influir en la legislatura. Marchena
no lleva bien que haya estructuras del Estado que quedan lejos de su cometido y
ya ha perdido la compostura para hacerlo evidente. La carta del magistrado del
Tribunal Supremo para intentar enmendar la plana a la decisión del Congreso,
tras el informe de los letrados, para que suspendan al diputado de Unidas
Podemos es imprudente hasta para un juez que hace tiempo que perdió la
apariencia de independencia. Ni las vergüenzas tiene escondidas a estas
alturas.
“Meritxell Batet ha sido
sensible a las presiones, que en algunos casos han podido adquirir el nombre de
advertencia legal al poner sobre la mesa de manera subrepticia el nombre de
Carme Forcadell. La cercanía personal de Batet con la judicatura, con Marchena
incluido en ese círculo, y que no es una persona excesivamente corajuda a la
hora de poner pie en pared ante los desmanes del Deep State, le llevó a pedir
que constara en acta que ella estaba a favor de la suspensión del diputado de
Unidas Podemos. Para curarse en salud y dejar que la ofensiva antidemocrática
se apuntara un nuevo punto con tal de salvarse de posibles acciones judiciales,
que es consciente de que tienen visos de prosperar con una parte de la
judicatura echada al monte
“Batet tuvo que
rectificar por exigencia de PSOE y Unidas Podemos que se amparan en el informe
de los letrados. Informe que es meridianamente claro al explicar que la condena
fui sustituida por una multa y lo que es más importante: que la condena de
inhabilitación para el sufragio pasivo no conlleva la pérdida del cargo en
curso, sino la imposibilidad de presentarse para cargo público en el tiempo que
transcurre la condena impuesta. La pérdida de escaño hubiera sido inmediata con
una condena de inhabilitación para cargo público, algo a lo que el Tribunal
Supremo de Marchena no le condenó. Que el Tribunal de Estrasburgo no es tan
sensible a las presiones.
“El juez Marchena tiene muy sencillo influir en el legislativo. Se conoce la ley, la separación de poderes y el ordenamiento constitucional, simplemente tiene que colgar la toga, dejar su tribunal, presentarse a unas listas para el Congreso y que los ciudadanos le voten. En VOX estarán tristes porque perderán un gran activo en los tribunales, pero creer en la democracia es respetar sus procedimientos. Aunque seas juez del más alto tribunal y te creas que esas cosas son solo para la plebe. El golpe togado de lluvia fina sigue su curso. Ver menos”
Y el Despacho Abogados W
& T añadió:
Nos encontramos ante una
vergonzante persecución política. La tortuga se convirtió en correcaminos para
quitarse el escaño a Alberto Rodríguez.
La Sentencia del Tribunal Supremo contra Alberto Rodríguez, cómo mínimo sufre un error formal en su fallo, dado que no menciona para nada la inhabilitación del diputado de Unidas Podemos, lo único que menciona es que no `tiene derecho al sufragio’ y ser elegido por el tiempo de la condena (45 días). La pena de mes y medio de prisión con la accesoria de inhabilitación fue conmutada por una multa de 6 euros diarios, que ya fue pagado en su integridad, por tanto, no hay inhabilitación.
La derecha le tiró de las orejas al Juez Marchena por su error en redactar el fallo de la Sentencia, pero no se lo perdonaron, le obligaron a que rectifique en la práctica el fallo sin modificarlo, obligando con toda la desvergüenza a la mesa de la Cámara de Diputados para que le retiren el escaño a nuestro querido Alberto Rodríguez.
El Tribunal Supremo ahora aduce que Alberto Rodríguez tiene “inegibilidad sobrevenida por la condena”, esto es una aberración jurídica que intenta confundir a la población. Nada tiene que ver la inhabilitación con la pena de prohibición de sufragio a ser elegido. Todo esto es una burda cacería de progresistas… ¡Tener miedo al pueblo!, ¡Todo es pasajero en esta vida!...
La formación morada
critica que la presidenta de la Cámara ha cedido “ante la vergonzosa presión
del Supremo y a la extrema derecha”, lo que supone “un daño enorme a la
democracia y a nuestro país”. Fuentes de Podemos señalan que Batet “ha tomado
la decisión de manera unilateral, contra el criterio de los letrados de la
Cámara y de la Mesa del Congreso que se reunió el pasado martes y ayer”. Batet
se puso en contacto con Rodríguez para trasladarle el oficio del presidente del
Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, por el que se daba traslado de la sentencia de
la Sala Segunda, que comporta la pérdida de su condición de diputado, y del
auto por el que se disponía su ejecución. Podemos llevaba ya varios días
advirtiendo de que la sentencia explicitaba únicamente la inhabilitación al
sufragio pasivo, es decir, presentarse a los comicios, y que inferir de ello la
pérdida de su escaño era un claro caso de prevaricación. Y, para el portavoz en
el Congreso, Pablo Echenique, la pena por delito de atentado contra la
autoridad contra Rodríguez ya estaba cumplida, una vez que se pagó la multa que
sustituía el mes y medio de prisión impuesto por el fallo del Supremo. Diversos
cargos del espacio confederal de Unidas Podemos criticaron sin cortapisas,
sobre todo en las redes sociales, la actuación de Batet. La ministra de
Derechos Sociales, Ione Belarra, apuntó a un posible caso de prevaricación,
tras confirmarse la pérdida de escaño de Rodríguez y acusó al Supremo de
presionar a la presidenta del Congreso para que se lo quitara pese a que “ambos
sabían” que esa inhabilitación no es lo que dice la sentencia. Su homóloga en
Igualdad, Irene Montero, sostiene que no hay “un solo argumento legal” que
permita la pérdida de la condición de diputado de Rodríguez, como explicaron
los letrados de la Cámara. Y cree que, detrás de la decisión, “está la reacción
judicial y política más profunda”, lo que constituye “un asalto a la
democracia”.
Otras imágenes, fotomontajes y fotos sorprendentes:
La librería madrileña Mujeres y Compañía, especializada en la venta de obras creadas por mujeres, decidió retirar todos los libros de Carmen Mola que tenían en venta tras conocer que, bajo este pseudónimo, se escondían tres hombres: Antonio Mercero (Madrid, 1969), Agustín Martínez (Lorca, 1975) y Jorge Díaz (Alicante, 1962). La librería anunció su decisión en un vídeo por Twitter en el que se veía cómo apartaban todos los ejemplares. “Nuestra aportación al hashtag Carmen Mola, pero Mola más que los señores no lo ocupen todo” defendieron.
El fallo del premio
Planeta ha despertado un intenso debate en el seno del mundo cultural. En un
lado están los que lo consideran una revelación divertida y una brillante
estrategia comercial. En el otro, quienes creen que Planeta, los tres ganadores
y la editorial responsable de la estrategia han cruzado varias líneas rojas.
Los tres hombres que se esconden tras el seudónimo del momento despiertan todo
tipo de opiniones: las que entienden la estrategia comercial de Alfaguara y
Planeta y las que opinan que han traspasado varias líneas rojas.
Con motivo del décimo aniversario del fin de la violencia de ETA, el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y el secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, sostuvieron una “declaración solemne” en el Palacio de Aiete de San Sebastián, pidiendo por primera vez perdón a las víctimas de la violencia de ETA. Otegi reconoció la violencia del grupo terrorista y admitió que “nunca debió haberse producido”.
“Hoy siento una gran satisfacción al escuchar a Arnaldo Otegi con su declaración que nos permitirá avanzar hacia una sociedad en donde todos podamos decidir y manifestar nuestras alternativas que mejoren las condiciones y el bienestar de todos los ciudadanos. Hay que explicar en todos los centros la historia contemporánea de nuestro país para comprender todo lo que ha estado sucediendo por las intolerancias y los totalitarismos de las instituciones del Estado que impusieron con los sistemas represivos que cientos de miles de personas padecieran por luchar por las libertades y por la democracia. Todos nos tenemos que alegrar y todos poner nuestros esfuerzos para que nunca jamás se pueda vivir esos sufrimientos” (Antonio Casero).
Un grupo de víctimas de la colza denunció la “humillación y el abandono” en el que se encontraban sumidos. Y desplegaron una pancarta con el mensaje “40 años envenenados y condenados a vivir como en 1981 por el abandono del Estado. Víctimas=Enfermas aceite de colza”. El grupo amenazó con permanecer encerrados si el presidente del Gobierno no se comprometía y facilitaba, “con comunicado público, una fecha de encuentro que debe ser inminente antes de que finalice este mes de octubre”. Las víctimas lamentaron que “solo nos dejan la opción de realizar esta acción de dolor, una llamada de socorro”. Y advirtieron de que ejecutarían “el descanso eterno” ingiriendo pastillas, si sus demandas no eran atendidas.
Consta de 3500 pasos estrechos de más de 13 pisos y se extiende 30 metros en el suelo. Las partes más antiguas datan del siglo VIII, mientras que las historias superiores, con la arcada columnata alrededor de él, fueron construidas en el siglo XVIII
El humor, en la prensa de esta semana: Forges, El Roto, Peridis, Enrique, Eneko, Manel F., Vergara, Asier y Javier, J. Morgan, Idígoras…
Pep Roig, desde Mallorca:
Los vídeos de esta semana:
La Casa Real española se
encuentra en horas bajas. El rey emérito Juan Carlos I abandonó el país hacia
un destino desconocido, en medio de una investigación en su contra. Los
escándalos del monarca en los últimos años han decepcionado a muchos españoles.
Juan Carlos I y sus escándalos que dañan la imagen de
la corte real española
La baja popularidad de la monarquía española, menguada
por los escándalos de Juan Carlos I
Alerta en Zarzuela por la serie que negocia Juan
Carlos I sobre su vida, SMI y Errejón sin espacio.
El Supremo confirma la EXPULSIÓN de Alberto Rodríguez
El TS recuerda a Batet que la inhabilitación de
Alberto Rodríguez es obligada
¿Qué está pasando con el escaño de ALBERTO RODRÍGUEZ?
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