La votación de los cuatro
nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, fruto de un pacto entre el PP y
el PSOE junto a Unidas Podemos, sigue calentando el debate público. Dos de
ellos, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel, propuestos por el PP, fueron
especialmente polémicos por su evidente vinculación a dicho partido. No
obstante, Pablo Casado, defiende sus perfiles, considerándoles personas “independientes”
y de “reconocido prestigio profesional”. Y acusa a otros partidos “minoritarios”
de intentar “confundir” a la opinión pública, “manteniendo que hay que
despolitizar el Poder Judicial”, que, según dijo, “es el Tribunal Supremo”. Pese
a la abrumadora cantidad de información que vincula tanto a Arnaldo —de quien
remarcó su “imparcialidad absoluta”— como a Espejel con su partido, Casado intenta
esquivar cualquier duda incómoda, afirmando que el PP ha seguido “los
parámetros” que manda la Constitución para la renovación de los órganos
jurisdiccionales, que “no marca vetos” sino la “idoneidad profesional”.
Las críticas más duras
las recibió el ahora magistrado del Constitucional electo Enrique Arnaldo, tan
cercano al Partido Popular que puede decirse que ha medrado gracias a esa
afinidad. Es público y notorio su perfil como conferenciante asiduo de la
Fundación FAES, y ha publicado más de 300 columnas de opinión en las que se ha
mostrado abiertamente contrario a asuntos como el aborto o la recuperación de
la memoria histórica. Hace años estuvo envuelto en casos de corrupción como el
caso Palma Arena, en el que fue investigado y luego “desimputado”. Sus
actividades empresariales y cargos en fundaciones han generado dudas razonables
por cuestiones de incompatibilidad. Una de las guindas que coronan sus
actitudes de dudosa “imparcialidad” fue su papel como organizador de un master
en la Universidad Rey Juan Carlos. En dicha universidad, Casado aseguró haber
cursado un máster de 20 créditos y aprobó 12 asignaturas de Derecho en cuatro
meses. Allí se licenció en Administración y Dirección de Empresas, y también
aprobó un máster en derecho. Ese trata del mismo máster, lleno de
irregularidades, que el Tribunal Supremo decidió no investigar.
Por su parte, la
magistrada Concepción Espejel es abiertamente afín al PP, tanto que se ha visto
varias veces apartada de manera forzosa en casos que investigaban la corrupción
en el PP, como el de la trama Gürtel o el de los papeles de Bárcenas. La hasta
ahora presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional —un
nombramiento que ya en 2017 levantó ampollas— es amiga personal María Dolores
de Cospedal, ex secretaria general del partido y exministra de Defensa, para
quien siempre fue su “querida Concha”.
Ambos han defendido
recientemente su “imparcialidad” y han negado haber pagado “peajes políticos”
por sus nombramientos. Pero la resaca de los polémicos nombramientos —ocho
diputados en la izquierda rechazaron a Enrique Arnaldo en el Congreso,
rompiendo la disciplina de partido— evidencia los roces y el desgaste entre los
socios del Gobierno por “tragarse el sapo” de votar a candidatos tan vinculados
al PP, con el fin de desbloquear la renovación de éste y otros órganos
jurisdiccionales básicos para el Estado.
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