La huelga indefinida del
sector del metal en la bahía de Cádiz, en la que participaron 25.000 trabajadores están
en huelga desde hace más de una semana, sigue quemando jornadas a la espera de
una solución. Y mientras sindicatos y empresarios negocian con la mediación de
la Junta de Andalucía, se viven “escenas tristes”, con la presencia de
vehículos blindados de la policía. Pese
a ello, el subdelegado del Gobierno, José Pacheco, defiende que la respuesta
policial a los piquetes está siendo “equilibrada y ajustada” y justifica la
presencia de tanquetas antidisturbios en la calle
Los trabajadores del
metal luchan por una cuestión de dinero, pero también de orgullo. En su última
propuesta los empresarios ofrecieron una subida salarial fija del 2% en 2021,
2022 y 2023 y que, al final de este último año se hiciera una revisión, se
actualizaran los salarios de estos tres años en base al IPC, con lo que los
trabajadores recuperarían, en una paga y dentro de dos años, el poder
adquisitivo que hubieran perdido en estos tres ejercicios. Pero los sindicatos exigen
que la subida sea conforme el IPC interanual para no perder poder adquisitivo y
que esta condición se consolide. Y las negociaciones naufragan en el mismo
punto.
El delegado del Gobierno
en Andalucía, Pedro Fernández Peñalver, defendía el martes que la tanqueta de
las Unidades de Intervención Policial (UIP), que se ha visto durante los
últimos días en las calles de Cádiz, se utiliza “en momentos críticos” y ha
añadido que la respuesta a la huelga de los trabajadores del metal está siendo “equilibrada”,
ya que “en ocho días de huelga no ha habido que lamentar prácticamente heridos”.
Pero las protestas no han dejado de crecer. La vicepresidenta segunda, Yolanda
Díaz, reclamó información al entorno de Sánchez y al ministro del Interior
sobre por qué se tomó la decisión de desplegar la tanqueta por las calles de la
ciudad. Y abrió, de esta forma, una nueva crisis en el Gobierno de coalición a
escasas horas de un nuevo Consejo de Ministros en Moncloa.
“Los trabajadores no son
delincuentes, están defendiendo legítimamente sus derechos”, habría declarado Yolanda
Díaz, posicionándose en público sobre las imágenes del camión policial en
Cádiz. “Quiero manifestar nuestro apoyo y solidaridad con estos trabajadores.
El derecho de huelga es constitucional, está entre los derechos fundamentales,
y es clave que respetemos los derechos de manifestación y movilización. Hago un
llamamiento para que las partes alcancen cuanto antes un acuerdo, por el bien
de trabajadores y empresas”. insistió. Por su parte, el exvicepresidente
segundo, Pablo Iglesias, afirmó que “la diferencia de trato a las
movilizaciones, dependiendo de si son de izquierdas o de derechas, es una
constante en los operativos de las UIP, pero usar material militar contra los
trabajadores en Cádiz es un salto cualitativo. Se equivoca Interior permitiendo
esto”. Y el Secretario de Estado de Agenda 2030, Enrique Santiago, considera
que el Gobierno debe “tumbar la reforma laboral para fortalecer la negociación
colectiva. Sus demandas son muy justas”, afirma.
Finalmente, tras la
novena jornada de huelga, patronal y sindicatos, llegaban en la noche de ayer a
un principio de acuerdo sobre el convenio colectivo para desconvocar la huelga
del metal en Cádiz. Los sindicatos valoraron positivamente este preacuerdo, firmado
a las 22.00 horas. Ahora son los trabajadores quienes tienen que dar el visto
bueno.
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