En un artículo con este
mismo título aparecido ayer en Público, David Torres afirma que, aparte de ese
cariño cortesano que el pueblo español brinda a sus reyes desde los gloriosos
tiempos de Fernando VII, el PSOE, el PP, Vox y el resto de la derecha “han
blindado, que no brindado, cualquier posibilidad de abrir una comisión
parlamentaria sobre estos y otros feos asuntos. Y eso que hace poco más de un
año la ministra de Hacienda tachó la conducta del rey Juan Carlos de ‘reprobable,
reprochable y nada edificante’. Sin embargo, al igual que el resto del país, la
justicia británica conduce por la izquierda y además sigue utilizando esos
pelucones completamente pasados de moda que, en buena ley, corresponderían más
bien a un monarca de pro, borbón concretamente. Aunque poca gente lo recuerda,
fue en Inglaterra donde se inauguró la lamentable costumbre europea de
decapitar soberanos, y mucho antes de Carlos I y contra todas las tradiciones
de la época, Enrique VIII practicó el divorcio por las bravas de diversas y
vistosas maneras, algunas de las cuales incluían el hacha.
“Quizá por eso, por
costumbre, en Londres también estuvieron a punto de juzgar a un ex gobernante
extranjero, el dictador chileno Augusto Pinochet, a quien el recurso de
impunidad tampoco le funcionaba fuera de casa y permaneció en arresto
domiciliario durante casi año y medio, hasta que montó el numerito de la silla
de ruedas y el dodotis para convencer al juez de que ya no era una bestia
genocida sino un anciano chocho.
“De momento, la defensa
del rey emérito se ha topado con el chasco de que el
estatuto de inviolabilidad no tiene cobertura en el extranjero, tampoco en
Gran Bretaña, y menos aún en el caso de acoso a una súbdita británica. El
Tribunal Superior de Londres ha tenido que explicar a los abogados que, si
aplicaran el principio de inmunidad previsto por la Constitución española, el
rey Juan Carlos podría entrar en una joyería de Hatton Garden y robar un anillo
de diamantes sin enfrentarse a ninguna consecuencia penal. Menos mal que
llevaban la peluca apretada a fondo, porque se la llegan a quitar para dejar
circular la sangre y se habrían dado cuenta de que acababan de definir la
situación de la justicia en España.
“Casi igual de divertida
ha sido la explicación de que amenazar la vida de una mujer y de sus hijos ‘no
entra en la esfera de actividades gubernamentales o soberanas’. En ese punto,
el juez le ha pedido a Corinna Larsen que especifique si los actos criminales
que atribuye a Félix Sanz Roldán, director del CNI por aquel entonces, fueron a
título personal o profesional, lo que es lo mismo que preguntar si James Bond
tenía licencia para matar o sólo estaba matando en su tiempo libre. Con todas
estas minucias -termina David Torres-, sumadas a su manía de hacer cumplir la
ley a cualquier precio, parece que los jueces británicos no se dieran cuenta de
que están armando un incidente internacional que podría desembocar en que el
rey Juan Carlos tenga que pasar otras navidades entre palmeras o en un asalto a
Gibraltar para dar a los monos la nacionalidad española”.
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