Unión Ciudadana por la
Mejora de las Residencias U.C.M.R. inició en Charge.org esta petición: “A
día de hoy, en la mayoría de las Comunidades Autónomas, lxs responsables de las
residencias y demás centros de atención a dependientes son avisados, con
antelación, de las visitas de las inspecciones de servicios sociales. Incluso,
en caso de denuncia son informados del objeto de la misma con el tiempo
suficiente para ocultar lo que no quieren que vean las inspecciones y simular
un impecable funcionamiento”.
Esta misma práctica
corrupta y delictiva de las administraciones, boicoteando sus propias inspecciones,
constituye uno de los mayores atentados contra el buen funcionamiento de los
centros socio-sanitarios y, en definitiva, contra la correcta prestación de los
servicios sociales que, por imperativo legal, tienen la obligación de
garantizar. “A nadie se le escapa la proximidad temporal de una inspección, cuando
todo cambia en la residencia. Sabemos el día exacto de la inspección: la comida
es de ‘calidad’ y abundante, en los turnos se incrementa el personal, se
resuelve la sobre-ocupación ocultando o trasladando a las personas usuarias a
otros centros…y la víspera acude el servicio de mantenimiento.
“Trabajadorxs,
familiares, usuarixs, asociaciones de pensionistas y otras, llevamos años
denunciando públicamente y ante los poderes públicos esta práctica. Lxs
responsables de las Administraciones, una y otra vez, niegan con arrogante
despotismo ‘la mayor’. Con el mismo descaro repudian la apertura de una
investigación sobre los hechos denunciados. Clara evidencia de su implicación
en las filtraciones. Recordemos que sin una inspección eficaz no se puede
garantizar un servicio mínimo de calidad, ni el bienestar de lxs residentes, ni
el cumplimiento de los ratios de personal, ni se pueden investigar quejas y
reclamaciones, ni velar por la cobertura de las necesidades básicas de atención
o de evaluación y seguimiento de las personas usuarias, asistencia sanitaria,
comida, higiene, calidad de los servicios, denuncia de casos de abandono,
incumplimientos legales, maltrato, etc., todo eso tan fundamental, queda al libre
albedrío de las residencias cuando no existe inspección, o esta se vuelve
inoperativa al ser boicoteada por sus superiores desde su posición
privilegiada.
“Desde UCMR, no ponemos
en entredicho la labor de lxs funcionarixs inspectorxs. Sin embargo, cuestionamos
seriamente la capacidad de gestión y la labor de los cargos superiores,
responsables de usar con premeditación métodos de trabajo disruptivos en la
prestación del servicio público que no blindan el secreto de las inspecciones. Esta
actuación ilícita de las Administraciones tiene por finalidad garantizar la
impunidad de los centros ‘amigos’ en detrimento de los cuidados y derechos de
las personas más vulnerables y del cumplimiento del mandato del artículo 9.2 de
la Constitución.
“Como conclusión, los ‘chivatazos’
descritos non son más que un eslabón dentro de un proceso torticero, en el que
se muestra la frivolidad con la que los responsables de las Administraciones
actúan ante los problemas sociales. Cítese, caducidad de expedientes,
resoluciones de reclamaciones en serie, prescripción de faltas, sanciones
ridículas en las que el lucro es de docenas de miles de euros superior a la
sanción, fallecimientos sin esclarecer, malos tratos sin investigar... Por todo
eso pedimos: que se establezcan para todo el estado un protocolo que garantice
el secreto en las inspecciones, por ejemplo permitir que el inspector
decida el centro a inspeccionar entre
los que tenga asignados, informando a sus superiores solo en el momento de
iniciar la inspección”.
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