sábado, 28 de septiembre de 2013

Florentino provoca terremotos por las inyecciones de gas en El Castor, otras prospecciones en la Costa andaluza y en Canarias y Jaque al Rey.


Imagen de la ampliación del proyecto Castor.
 
Ubicado frente a la costa de la localidad castellonense de Vinaròs, a 22 kilómetros de la costa y a unos 1.700 metros de profundidad, el almacén subterráneo de Gas Natural Castor, del proyecto del mismo nombre, iniciaba el 14 de junio de este año su actividad con los trabajos para el llenado de "gas colchón" de la infraestructura, con casi un año de retraso sobre los plazos previstos inicialmente. El "gas colchón" es el volumen mínimo de gas natural que debe haber en un almacén subterráneo para que se pueda extraer gas útil a la presión adecuada e introducirlo en la red. La primera fase consistió en la puesta en marcha de los motores y compresores y en la inyección de gas, hasta alcanzar la presión nominal de trabajo de 100 bares en el gasoducto de conexión entre la planta de tierra y la plataforma marina. Debido a las condiciones geológicas "extraordinarias", los caudales de inyección nominales se podían alcanzar desde el primer día de operación, frente a lo que ocurre en la mayoría de los almacenamientos convencionales, donde puede requerirse un número considerable de años hasta alcanzar esos caudales nominales. El gas inyectado en el Almacén Castor proviene del gasoducto de la red nacional de alta presión en el tramo que une Valencia con Tarragona (Paterna-Tivissa), la de mayor capacidad de transporte de la península ibérica, lo que constituye otro elemento esencial para que el aporte de la infraestructura de Vinaròs a la seguridad de suministro sea "aún más notable". El acondicionamiento bajo el mar convirtió esta infraestructura en la más cara de los depósitos construidos hasta el momento –unos 1.300 millones de euros– y tan compleja que el promotor del proyecto, Escal UGS –participada por el grupo español ACS (66%) y la sociedad canadiense CPL (33%)–, contrató la segunda grúa flotante más grande del mundo para ensamblar la plataforma de perforación. Un gigante de casi cien metros de altura que a las seis de la mañana del 26 de agosto de 2010 quedaba acoplado al suelo marino, a 92 metros de profundidad, y dispuesto sobre el antiguo yacimiento, preparado para horadar.

Maqueta del proyecto Castor.
 
Desde el 11 de septiembre de este año, en que ACS (Actividades de Construcción y Servicios) comenzó a inyectar gas en el almacén subterráneo de El Castor, se han producido, según datos del Servicio de  Información Sísmica del Instituto Geográfico nacional (IGN), 140 terremotos en el Golfo de Valencia, frente a la costa de Peñíscola, Benicarló y Vinaroz. Grupos ecologistas y partidos como Coalició Compromís han criticado duramente estos días el excesivo número de terremotos y la falta de transparencia y de información de Escal, que no ha avisado de que habría tantos seísmos durante tantos días seguidos. Compromís –coalición política creada por el Bloc Nacionalista Valencià (BLOC), Iniciativa del Poble Valencià (IdPV), Els Verds- Esquerra Ecologista del País Valencià (EV-EE) y, desde marzo de 2013, por el Estat Valencià– ha conseguido que Bruselas vigile de cerca la sucesión de seísmos y sus consecuencias en la zona. Sin embargo, lejos de amainar, la avalancha de pequeños terremotos que ha asolado en los últimos días el Golfo de Valencia ha seguido creciendo. El presidente de ACS, Florentino Pérez, dueño del almacén subterráneo, ha seguido permitiendo inyectar gas colchón hasta que se han terminado las existencias que había destinado el Ministerio de Industria y Energía para poner a punto el reservorio. Vozpópuli informaba que, en sólo seis días, desde que el 11 de septiembre, la empresa del presidente del Real Madrid comenzara a inyectar gas, se produjeron unos 100 terremotos, la mayoría de ellos de muy baja intensidad aunque algunos llegaron a una magnitud de 3 grados en la escala Richter (viernes 13 a las 6:35 horas). Y, en los siguientes seis días, el número de pequeños seísmos se ha disparado hasta los 140, la mayoría de ellos de baja intensidad (son imperceptibles para el ser humano). El de mayor magnitud se produjo el jueves 19 a las 19:08, de 2,6 grados. El número de terremotos en tan pocos días puso en guardia a los ayuntamientos de Vinaroz, Benicarló y Peñíscola, que han exigido a ACS más transparencia e información más detallada sobre los sismos.
 
Recaredo del Potro, presidente de Escal UGS.
 
Una honda preocupación se ha extendido por la zona afectada, por las posibles consecuencias que esto pueda tener en la estabilidad sísmica de la zona en el futuro, sobre todo cuando el almacén subterráneo entre en operación comercial y se produzcan entradas y salidas de gas de forma continuada. Recaredo del Potro, presidente de Escal UGS, la compañía controlada en un 70% por ACS que explota El Castor, explicaba a Vozpópuli que “todo estaba previsto y dentro de los parámetros esperados. Habíamos avisado de que se producirían microseísmos, aunque no hicimos una estimación de cuántos podrían producirse, dado que cada zona tiene sus propias condiciones y mecanismos sísmicos. Por eso, decidimos comprar nosotros dos sismógrafos para que, desde el Observatorio del Ebro, se siga con exactitud el proceso y hemos informado a los ayuntamientos de que no hay riesgo alguno para los ciudadanos”. Los ayuntamientos de Vinaroz, Benicarló y Peñíscola firmaron una carta conjunta en la que señalan que “Escal UGS considera normales y previsibles los microseísmos producidos hasta el momento, en la medida en que todos ellos han sido de magnitud inferior a 3, imperceptibles para las personas y sólo registrados por los sismógrafos, siendo un 95% de los producidos inferior a 2, transmitiendo tranquilidad a los vecinos y ofreciendo a los alcaldes toda la información al respecto. Tras la reunión con Escal UGS y la información recibida por los organismos competentes para valorar la trascendencia de los hechos acaecidos se transmite por parte de todos ellos que no existe motivo alguno que justifique la preocupación de ningún ciudadano”. Sin embargo, la Coalición Compromís ha denunciado ante la Comisión Europea la sucesión de estos terremotos provocados por la inyección de gas y ha exigido que, desde Bruselas, se vigile de cerca todo el proceso. Los tres ayuntamientos de la costa afectados por los seísmos reconocen que su encuentro con Escal UGS ha sido tranquilizador, pero que, a partir de ahora, quieren que la compañía de Florentino Pérez sea más transparente y facilite toda la información disponible, en línea con la que también ofrece el IGN. Les preocupa que los microseísmos se sigan produciendo, aunque Escal UGS haya dejado ya de inyectar gas. Según su presidente, el 16 de septiembre fue el último día que se inyectó, pero al día siguiente, el mismo 17, se produjeron nueve seísmos. Y todavía se siguen produciendo día tras día, aunque ya no se está inyectando gas.
 

José Manuel Soria, ministro de Industria, turismo y energía, anunciaba, en abril del 2012, en Valencia, que su departamento “frenaría” la puesta en marcha de infraestructuras gasísticas como el almacén submarino Castor, para no incrementar la tarifa del gas natural. Soria explicó entonces que las infraestructuras gasísticas en España estaban sobredimensionadas debido a las inversiones realizadas en los últimos años y la caída de la actividad industrial.  “El grado de utilización de las infraestructuras de gas está por debajo del 50 por ciento”, subrayaba, y añadía que a los inversores “hay que retribuirles, se utilicen o no” estas infraestructuras. El Gobierno aprobó entonces unas medidas, que, según Soria, iban en la línea de "retribuir el valor del capital de estas instalaciones, pero frenando su puesta en marcha”, de manera que el coste, que se repercutiese en la factura del gas, fuera más asumible. El ministro no entró a valorar el sobrecoste que, en concreto, tuvo el proyecto Castor, hasta los 1.300 millones de euros cuando estaba presupuestado en 500 millones. Un mes más tarde, el presidente de Escal UGS, Recaredo del Potro, anunciaba que las obras del almacén submarino de gas Castor, estarían acabadas el 29 de mayo de ese año, pero que el llamado gas no llegaría hasta el próximo 15 de junio. “La compra del gas colchón la organiza la Administración, y ha habido un retraso; nosotros acabamos las obras en las fechas previstas, pero tenemos que esperar porque el gas no estará disponible hasta el 15 de junio”, manifestó. La instalación ya había recibido gas en pruebas en las últimas semanas, con el fin de comprobar que todo funcionaba correctamente. Según el presidente de la empresa promotora del almacén, participada por ACS, “cuando esté en funcionamiento dará empleo a un centenar de personas, que cubrirán los diferentes turnos.  Escal UGS no participará en el comercio de gas –la ley no lo permite–, sino que recibirá gas de sus clientes, lo almacenará y lo devolverá según estos se lo vayan demandando”. Estaba previsto que Enagas entrase en el capital de Escal UGS cuando la planta empezase a operar, comprando la mitad de la participación actual del grupo ACS, de manera que el capital de la operadora del almacén quedase repartido al 33,3 por ciento entre estas dos empresas y la canadiense CLP. La puesta en marcha del almacén se produciría dos meses después de que el ministro de Industria, J. M. Soria, anunciase en Valencia que paralizaría infraestructuras gasísticas como la de Escal UGS, para no incrementar la tarifa del gas natural. Sus promotores presionaron junto al Ayuntamiento de Vinaròs, y finalmente el Ministerio rectificó y permitió seguir adelante con el calendario previsto.

Florentino no cede, pese a que ya son 140 los terremotos aparecidos por las inyecciones de gas en el almacen El Castor.

“La empresa de Florentino Pérez –dice Apocalipticus. Orer-blog.es– comenzó a inyectar gas en el almacén subterráneo del Castor, lo que provocó, en sólo seis días, 100 seísmos (algunos de hasta 3 grados en la escala de Richter) a 30 kilómetros de la costa. Los terremotos, pese a ser de baja intensidad, provocaron la alarma en la zona y duras críticas de los alcaldes y grupos ecologistas. La puesta en marcha del almacén subterráneo de gas sigue envuelta en la polémica. Y ahora no es por el desorbitado coste del proyecto, que será de 1.300 millones de euros frente a los 500 inicialmente presupuestados, ni por su contribución al encarecimiento de los precios del gas para los ciudadanos, ni por los cambios normativos ad hoc realizados por el Ministerio de Industria para facilitar a Florentino Pérez, presidente de ACS, su desarrollo y puesta en explotación. El problema tiene una mayor trascendencia social y ha puesto en alerta a toda la zona costera del Maestrazgo. ACS comenzó hace unos días a inyectar gas colchón, el que permite dar presión al almacén para que posteriormente pueda entrar en operación”. Los pequeños terremotos son casi imperceptibles tanto en mar como en tierra, pero su gran número en tan poco tiempo han disparado las alarmas en los municipios de la zona. Los alcaldes de Peñíscola y Vinaròs han criticado su excesivo número y la falta de transparencia. “Desde los ayuntamientos de Peñíscola y Vinaròs –informa el Periódico Mediterráneo–, se ha criticado el alto número de pequeños terremotos y sus posibles consecuencias para la estabilidad sísmica de la zona, a la vez que se exige una explicación a la empresa de ACS que explota el Castor. En Escal UGS afirman que estos pequeños seísmos son normales en este tipo de procesos de inyección de gas en almacenamientos subterráneos y estaban previstos. Grupos ecologistas y partidos como Compromís han criticado duramente estos días el excesivo número de terremotos y la falta de transparencia y de información de Escal, que no ha avisado de que habría tantos seísmos durante tantos días seguidos”. Hasta la madrugada del lunes al martes de esta semana pasada, ninguno de los seísmos había preocupado seriamente ni al ministerio de Industria ni al de Fomento. Hasta que un terremoto de 3, 7 grados registrado a las 21, 50 del pasado 24 de septiembre preocupó muy seriamente al personal y a las autoridades. Esa noche, los vecinos de Vinaroz sintieron el temblor y lo que había sido una polémica se convirtió en verdadera alarma social. En la mañana del martes, los ciudadanos comenzaron a llamar a los ayuntamientos de la zona (Vinaroz, Benicarló y Peñíscola) y éstos al Ministerio de Industria y al IGN. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de críticas contra Florentino Pérez y el Ministerio de Industria. Y sólo entonces, José Manuel Soria, ante un problema que podía írsele de las manos, reconsideró su actitud e hizo que Industria dictara el cierre temporal del almacén de Florentino. Ahora se abre un proceso de cuarentena, en el que Escal tendrá que aportar información detallada de cómo ha inyectado el gas y de por qué se han producido ya unos 160 terremotos. También el IGN tendrá que aportar otro sobre lo ocurrido y sobre las posibles consecuencias que tantos terremotos puedan tener en una zona de alta sensibilidad sísmica, la que va desde el Golfo de Valencia hasta las costas de Murcia.

Más de cien seísmos provocados en seis días en la costa valenciana.
 
Desde hace dos años, las críticas al proyecto han arreciado desde los frentes político, empresarial y ecologista, por su alto coste y por llegar en un contexto de sobrecapacidad del sistema y falta de demanda El almacén subterráneo estará conectado por un gasoducto de 30 kilómetros (22 kilómetros submarinos y 8 en la costa) con la Planta de Operaciones, ubicada en Vinaròs. En los últimos dos años, cuando se ha acelerado su desarrollo, el proyecto ha recibido fuertes críticas desde los frentes político, empresarial y ecologista, en un contexto de sobrecapacidad del sistema gasista y de fuerte caída del consumo por la crisis económica, lo que para muchos expertos hace innecesaria esta nueva infraestructura. De hecho, el ministro de Industria, José Manuel Soria, en marzo de 2012 anunció que se iba a reducir la retribución a los almacenes subterráneos para hacer menos atractiva la inversión en el Castor, con el fin de evitar que la llegada de una nueva y carísima infraestructura contribuyera a aumentar aún más el déficit de tarifa del gas y los precios de la factura que pagan los ciudadanos. Soria dijo que frenaría el Castor pero tuvo que dar marcha atrás para diseñar una norma a medida para que Florentino Pérez rentabilizase la inversión y pudiera salir del proyecto cuando quisiera. Un año después, el mismo Soria diseñaba una norma a la medida del presidente de ACS. Ahora, pese a que se ha casi triplicado su coste, la inversión ya no tiene vuelta atrás y se calcula que el Castor entre en operación comercial sin que el mercado pueda absorber el gas almacenado.


También el Mar de Alborán, en aguas de Almería y Málaga, corre el riesgo de sumarse a la lista donde las grandes compañías petrolíferas piensan obtener hidrocarburos extrayéndolos con perforaciones a gran profundidad sin importarles los riesgos y daños derivados. Si nadie lo remedia, los trabajos preliminares a las prospecciones en alta mar en busca de gas natural comenzarán en 2014. Se trata de la realización de barridos sismológicos submarinos desde embarcaciones, mediante la emisión de ondas acústicas de gran potencia capaces de traspasar la lámina de agua de entre 700 y 900 metros para alcanzar los 2.000 metros bajo el suelo marino y determinar si frente a esa costa andaluza hay bolsas de gas natural, según cuenta la revista Nova Ciencia, en su número de septiembre. El mar de Alborán es zona de transición entre el Mediterráneo y el Atlántico y mezcla características de ambos. Es actualmente un ecosistema muy rico cuyas pesquerías son fundamentales para el equlibrio alimentario del sur peninsular. Varias voces ecologistas – Equo y Greenpeace especialmente– han puesto el grito en el cielo por el impacto que estos barridos sismológicos tendrán sobre flora y fauna marinas. Después vendrían las perforaciones. WWF ha mostrado su rechazo al proyecto, presentando alegaciones dentro del plazo de información pública del proyecto. La ONG denuncia que afecta “gravemente” a la red Natura 2000 y a los recursos piscícolas porque ocupa un área de navegación de 1.564 kilómetros cuadrados que “destaca por su riqueza pesquera y su altísima biodiversidad”. La amenaza de las prospecciones petrolíferas a costas y aguas españolas no deja de crecer, favorecida por una política general de potenciación de los combustibles fósiles, y especialmente los hidrocarburos, frente a las energías renovables o alternativas, por mucho que Soria, ministro de Industria, niegue la impresión que hay en Bruselas de que España no alcanzará el Objetivo 20/20 (veinte por ciento de energías renovables para dentro de siete años). En los últimos meses se ha insistido en los peligros y perjuicios que las perforaciones en aguas canarias de Lanzarote y Fuerteventura pueden causar no ya exclusivamente a los ecosistemas marinos, sino también a la industria turística isleña como principal fuente de riqueza a largo plazo entendida desde la sostenibilidad. La preocupación y el rechazo de los ciudadanos han crecido proporcionalmente en toda España, sumando los nuevos problemas derivados de la extracción del gas de esquisto a los ya sabidos relacionados con las perforaciones marinas a gran profundidad y dando lugar a iniciativas políticas. Sorprende el empecinamiento gubernamental en facilitar las búsquedas de petróleo y gas sin que esté demostrado que su explotación sea significativamente rentable en España. Mientras tanto el mismo ejecutivo boicotea por norma el crecimiento posible y rentable de las energías alternativas, de las que ya sí conocemos su rentabilidad social y ambiental.

Exploraciones de petróleo en Canarias.
 
El Consejo Científico del Programa Man and Biosphere de la Unesco ha hecho público un contundente informe en el que reprueba las prospecciones petrolíferas previstas en aguas canarias por los impactos que supondrían tanto para el medio ambiente como para la sociedad en general. Tras analizar las situación de las zonas autorizadas para las exploraciones en Lanzarote y Fuerteventura y valorar las posibles consecuencias que se derivarían de ellos, el Consejo es tajante: “Los vertidos de hidrocarburos causarían un importante impacto medioambiental ya que podrían verse afectados ecosistemas con valores naturales de gran interés y la rica biodiversidad marina existente en las islas de Fuerteventura y Lanzarote, pudiendo ser dañadas igualmente otras islas del archipiélago canario. Comunidades marinas y de costa con un alto interés ecológico podrían verse afectadas”.  El texto advierte de que los daños no se ceñirían únicamente al medio ambiente y dedica un epígrafe a señalar los efectos sobre la Economía y el Modelo de Desarrollo. “Las Islas de Fuerteventura y Lanzarote, e igualmente las restantes del archipiélago, han apostado por un modelo de desarrollo sostenible, potenciando la conservación del medio ambiente, su uso sostenible, la incorporación progresiva de energías renovables, etcétera. Su economía está basada en gran medida en el sector turístico, orientándolo hacia un turismo responsable. La publicación del Decreto ha despertado mucha preocupación en el sector”, señala. Aunque no es vinculante, el documento resulta de relevancia. El Comité Español del Programa Man and Biosphere es un órgano interministerial que depende del Ministerio de Medio Ambiente y que tiene carácter consultivo para temas sobre la conservación de la biodiversidad. Según informa la Delegación del Gobierno en Canarias, hasta la fecha se han registrado unas 2.600 alegaciones, aunque todavía podrían sumarse algunas más dado que el plazo acordado (45 días) vence a partir del momento en que las instituciones o colectivos recibieron el documento. Tanto Ben Magec-Ecologistas en Acción como SEO/BirdLife, que forman parte del Comité Español del programa de la UNESCO, piden que el informe del Consejo Científico sea “decisivo” en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental que se está llevando a cabo para los sondeos petrolíferos en las islas. Según explican en un comunicado, el documento detalla motivos suficientes como para que la evaluación “desemboque necesariamente en una declaración de Impacto Ambiental negativa”. Declaraciones e informes que de muy poco servirán si el Ministerio de Industria mantiene que los yacimientos en esta zona podrían generar hasta 10.000 barriles de crudo diarios, suficientes para cubrir el 10% del consumo de este carburante en España.
 


El Gobierno canario ha pedido al Ejecutivo central que “frene de inmediato” las prospecciones petrolíferas previstas frente a Lanzarote y Fuerteventura, tras el informe del Comité Español del Programa Hombre y Biosfera (MaB) de la Unesco, que alerta del grave impacto que generaría. Por su parte, Industria niega en un comunicado que el informe sea de UNESCO y sitúa su origen en Lanzarote. Enrique Hernández Bento, subsecretario general del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, señala que ese informe tampoco puede atribuirse al Comité Español de su programa Hombre y Biosfera (MaB), que no lo ha votado. Dice que se trata de un informe encargado por el Cabildo de Lanzarote, “entidad que desde el primer momento se ha opuesto a las prospecciones” Y recuerda que los yacimientos de esa zona del Atlántico podrían generar hasta 10.000 barriles de crudo diarios, suficientes para cubrir el 10 por ciento del consumo de petróleo de España. Pero, en un comunicado de la presidencia del Gobierno autónomo, tras las conclusiones de este informe “elaborado por un organismo riguroso” de la UNESCO, informa que cualquier otra postura del Ejecutivo que no sea la paralización inmediata de las prospecciones “chocaría frontalmente” con el interés general de Canarias. Por ello, insta al Ministerio de Industria, Energía y Turismo y al Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy a “rendirse a la evidencia científica y a actuar en consecuencia”.  El estudio alerta de que los perjuicios no se quedarían en aspectos de carácter medioambiental, ya que “los daños se extenderían al ámbito económico y, todo ello repercutiría en el bienestar de la población”, según el Gobierno canario. E incide en que la economía de ambas islas está basada en gran medida en el sector turístico, advirtiendo que “accidentales derrames de hidrocarburos podrían afectar a la biodiversidad de estas islas, a su patrimonio natural, a los intereses medioambientales y al turismo, por las posibles contaminaciones de las playas”.

 
Ese informe, divulgado por Ecologistas en Acción, sostiene que, de producirse un vertido de hidrocarburos en la zona que Repsol pretende perforar, se provocaría “un importante impacto medioambiental, ya que podrían verse afectados ecosistemas con valores naturales de gran interés y la rica biodiversidad marina existente en las islas de Fuerteventura y Lanzarote, pudiendo ser dañadas igualmente otras islas del archipiélago canario.


La organización ecologista WWF afirma que el Estudio de Impacto Ambiental aportado por EIA (Asociación Española de Evaluación de Impacto Ambiental) “carece de rigor y está plagado de omisiones, vaguedades e indefiniciones que impiden evaluar de forma objetiva el riesgo e impacto que tendrían las prospecciones petrolíferas”. Recuerda que existen informes elaborados por universidades, entidades científicas de referencia y organizaciones conservacionistas que avalan la importancia ambiental del área. Especialmente destaca por ser una de las áreas más importante del mundo para los cetáceos, con más de 30 especies, varias de ellas clasificadas como vulnerables y amenazadas en los catálogos de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza). Destaca la falta de rigor en el análisis socio-económico efectuado en  EIA al omitir o minimizar impactos potenciales de gran repercusión en el ámbito insular, como la afección a sectores económicos tan importantes como el turismo y la pesca o el riesgo que supone para el proceso de desalación de agua marina, del que depende el 100% de la población de las islas orientales. Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España, comenta que “EIA ha ignorado información científica crucial sobre los valores naturales del área, como la importancia mundial que tiene esta área para los cetáceos”. Y agrega que minusvaloró los impactos que el proyecto tendrá sobre la fauna y los ecosistemas marinos, por lo que pedimos que se repita este estudio de Impacto Ambiental presentado por Repsol para una evaluación adecuada del proyecto y que el Ministerio de Industria rechace el proyecto de explotación petrolera en Canarias dados los excepcionales valores naturales del área y la enorme oposición social al proyecto”.
 
 
El Gobierno Rajoy dio vía libre este 16 de marzo de 2012 para realizar prospecciones de hidrocarburos en aguas de Canarias. Aznar ya dio, en enero de 2002, los permisos necesarios para que la petrolera iniciara las prospecciones en nueve campos de exploración al este de Fuerteventura y Lanzarote. Una iniciativa en la que Repsol controlaba un 50% del proyecto y a la que acudía de la mano de dos socios, la australiana Woodside (30%) y la alemana RWE DEA (20%). El Tribunal Supremo paralizó el proyecto en 2004 por un defecto de forma en la Ley de Hidrocarburos, que no respetaba suficientemente la legislación medioambiental. Y Zapatero, que se apuntaba a un 'bombardeo' con tal de quedar bien con los progres, dejó en barbecho el plan. Al perder el PSOE las elecciones, llegó Rajoy a Moncloa y nombró ministro de de Industria a José Manuel Soria, quien ve con buenos ojos retomar aquellos planes y reactivar los estudios para determinar si frente a las costas canarias existen yacimientos de hidrocarburos.

Una plataforma marroquí situada al lado de donde Repsol pretende perforar en Canarias.

Soria está obsesionado por el déficit energético español y ve con ilusión el proyecto. Según los cálculos de Repsol, en aguas canarias podrían llegar a producirse alrededor de 38 millones de barriles cada año, lo que equivaldría nada menos que a un 10% del consumo actual total de crudo de España. Eso, con una explotación efectiva de los posibles pozos de entre 20 y 30 años, 13.000 millones de dólares (unos 10.000 millones de euros) en inversiones y la creación de 5.000 empleos. El proyecto cuenta con el rechazo inicial del PSOE y del Gobierno canario, de la oposición regional de izquierdas, de los grupos ecologistas y de una parte sustancial de la población de las islas. Argumentan que eventuales vertidos procedentes de las zonas de prospección y explotación, que, en caso de producirse, pondrían en jaque toda la economía regional, basada en el turismo, y tendría graves consecuencias medioambientales. Existe una limitación oficiosa respetada de facto por España y Marruecos. Sin embargo, expertos en seguridad y defensa advierten de la posibilidad de que, en caso de Repsol encuentre petróleo, Marruecos se verá tentado a reactivar la vieja disputa sobre la titularidad de esas aguas. El Ejecutivo convalida los permisos que en 2001 le otorgó a Repsol YPF para llevar a cabo exploraciones petrolíferas frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote y que el Tribunal Supremo suspendió en 2004 por defectos de forma respecto a consideraciones medioambientales. Se apuntan unas posibles reservas de más de 100.000 barriles de petróleo diarios, lo que significaría reducir en un 10% las importaciones de hidrocarburos en España, que hasta la fecha tan sólo produce alrededor de 2.000 barriles al día. En todo caso, tras la aprobación de la autorización por parte del Gobierno, aún dista un largo camino.

Rupert Murdoch usa su poder mediático para ayudar a sus amigos del petróleo a frenar la acción de los gobiernos para evitar que sus beneficios disminuyan.
 
“En 24 horas –escribe Alice Jay en Avaaz.org (avaaz@avaaz.org)–, los mejores científicos del mundo darán a conocer el informe más importante de las últimas décadas, demostrando de una vez por todas que, aunque el cambio climático supone una gran amenaza, aún puede remediarse si los gobiernos emprenden acciones inmediatas. Se trata de una llamada de atención global para salvar nuestro planeta, pero los gigantes energéticos y las grandes petroleras tienen a un poderoso aliado que está haciendo campaña para ocultar la verdad. Rupert Murdoch posee cientos de medios de comunicación mundialmente conocidos, como el canal de televisión ultra-conservador Fox News y el periódico Wall Street Journal; y está usando su poder mediático para ayudar a sus amigos del petróleo a frenar la acción de los gobiernos para evitar que sus beneficios disminuyan. Solo en EE.UU., el 80% de las noticias sobre calentamiento global recogidas en algunos de sus periódicos más conocidos inducen a error a sus lectores. Ahora que Murdoch ha puesto este informe pionero en su punto de mira, su imperio mediático amenaza con dominar la conversación global, a no ser que nos unamos para acallar su mensaje. Batallas como ésta se ganan o se pierden en el terreno de la opinión pública. Una enorme petición mundial exigiendo toda la verdad sobre el cambio climático junto con el envío de cartas a los directores de los periódicos, tuits y mensajes en redes sociales podría ser el golpe que necesitamos para ganar esta lucha. Vamos a hacer un llamamiento a Murdoch y a persuadirlo para que retroceda en su ataque contra la ciencia y publique la verdad”. A. Jay invita a unirse a él y a correr su voz.

 
Rato se incorpora al consejo asesor internacional del Banco Santander. El dibujante J. R. Mora hace un comentario de este dibujo humorístico que comienza recordando la frase escuchada repetidas veces como despedida. “Cuando la situación mejore volveremos a contar contigo”. A continuación, comenta con atinado tino: “Casi nunca se cumple la promesa, es una de esas frases amables para que el adiós no te deje un vacío demasiado profundo. Una mentira de protocolo. Las empresas suelen olvidarse de los despedidos, cuando se renueva la flota se alquilan máquinas nuevas. No es el caso de Botín, que ha vuelto a comprar a Rato para que se incorpore de nuevo al Banco Santander”.


“El vicepresidente económico y ministro de Economía del Gobierno español desde 1996, expresidente del FMI, saliendo cinco minutos antes de la quiebra de Lehman Brothers y actor protagonista del golpe a Bankia, que costará un puñado de decenas de miles de millones de los bolsillos públicos, vuelve a tocar la campana. Es de agradecer –nos recuerda J. R. Mora– que personas que se acercan a la edad de la jubilación sigan encadenando contratos que les permitan un retiro digno. Se agradece que haya empresas ejemplares que no dejen a sus empleados en el abismo del paro de larga duración a esa edad tan crítica. Se agradece que desde las grandes empresas, emblemas del éxito y reparto generoso de prosperidad, se siga dando ejemplo de que la honradez, el trabajo y la honestidad son los únicos caminos posibles. Espero que no tardemos demasiado en despertar un día soleado con la feliz noticia de que Tomás de Torquemada ha sido galardonado con el premio príncipe de Asturias de la concordia”.

 
Un año después de la manifestación en la que miles de personas clamaron por la dimisión del Gobierno a las puertas del Congreso de los Diputados, la Coordinadora 25-S, volvió a hacer un llamamiento a la movilización fijando el objetivo de su protesta en la figura del rey. La manifestación conocida como Jaque al rey, tenia previsto partir del metro Moncloa y llegar hasta la plaza de Oriente, donde se concentraría frente al Palacio Real de forma indefinida, según habían explicado a los medios. En su manifiesto, la Coordinadora exigió la abolición de la monarquía, “una institución arcaica, clasista y antidemocrática; impuesta por deseo expreso del dictador Francisco Franco”. Recordó que el propio Juan Carlos de Borbón juró lealtad a los principios del Movimiento Nacional y se declaró heredero de “la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936”, fecha que dio comienzo la Guerra Civil española con el levantamiento militar que impuso 40 años de dictadura fascista. Cerca de una centenar de colectivos y plataformas de todo el país se adhirieron a esta convocatoria que quería abrir una “proceso destituyente que ponga fin al régimen monárquico”, paso previo para “iniciar un proceso constituyente”. “Los Borbones –afirmaron– han tenido que huir del país en dos ocasiones y esperamos que haya una tercera”. La presentación pública del Jaque al rey coincidió con la nueva operación de cadera del monarca, de quien aseguran que puede permitirse los mejores tratamientos en clínicas privadas mientras cada día se anuncian nuevos recortes en la Sanidad pública.
 
 
Cientos de personas se manifestaron bajo una intensa lluvia en Madrid para pedir la abdicación de don Juan Carlos y la instauración de la República. La marcha, a los gritos de “Viva la lucha de la clase obrera”, “España mañana será republicana”, “¡Madrid será la tumba del fascismo!”, “No hay dos sin tres, República otra vez” y otras, avanzó lentamente desde el barrio de Moncloa hasta que se incorporaron varios grupos de jóvenes retenidos por la policía, según los organizadores. Muchos cánticos y muchas banderas republicanas. “¡Los Borbones a los tiburones!” fue uno de los sloganes más coreados.  Poco después de las siete y media de la tarde, la cabecera de la protesta alcanzó la calle Vergara, muy cerca del Palacio Real, destino de la protesta, donde los agentes antidisturbios les cortaron el paso. Tras casi una hora coreando consignas, y ante la imposibilidad de romper el cordón policial, los manifestantes  decidieron concluir la protesta. “Nos gustaría romper el cerco y entrar a la plaza de Oriente, pero hoy no puede ser. La correlación de fuerzas lo impide”, afirmaba un portavoz de la Coordinadora mientras los congregados se dispersaban. En las pancartas se podía leer: “El Rey no da golpe desde el 23-F” o “Jefes responsables, no reyes impunes”. La protesta fue vigilada por un dispositivo policial de 1.400 antidisturbios desplegados con motivo de la manifestación y del derbi madrileño, que se jugaba a las diez de la noche en el Bernabéu, impidiendo entrar a nadie en la plaza de Oriente. Decenas de furgones policiales rodearon el Palacio Real. Por la plaza, apenas transitaron un par de peatones rezagados y otro par de curiosos. Había decenas de agentes a pie o a caballo y los accesos estaban sellados. La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, aún de baja por el accidente de moto que sufriera el pasado 20 de agosto, siguió desde la delegación la manifestación. Varios jóvenes lamentaron, mientras avanzaban hacia el Palacio Real, no haber tenido la oportunidad de votar la Constitución. “El próximo desahucio que sea en la Zarzuela” vitoreaban. La Policía identificó, según la agencia EFE, a un total de “49 personas que portaban palos cuando se incorporaban a la manifestación, contra las que presentará denuncia judicial en aplicación de la ley de seguridad ciudadana”. La lluvia y la fuerte presencia policial disuadieron a muchos manifestantes de seguir adelante. La policía cifró los asistentes, en 800 los asistentes. Los organizadores, en unos 8.000.

Juan Carlos Monedero.

La convocatoria tenía un “carácter pacífico” y era una respuesta social a los “recortes y a las políticas antisociales” aplicados por el Ejecutivo de Rajoy. “Creemos que luchas como las que se han desarrollado por la Sanidad, la Educación, o contra los desahucios son imprescindibles –manifestaron los convocantes– y no son suficientes”.  Para este Jaque al rey se desplazaron a Madrid personas de todo el Estado transportados por autobuses desde distintos puntos como Valencia, Miranda de Ebro o Valladolid. Personalidades del mundo de la cultura y la universidad como el profesor Juan Carlos Monedero, Carlos Taibo o Carlos Bardem apoyaron públicamente este pulso a la monarquía. Casi un centenar de asociaciones, partidos políticos, colectivos profesionales, mareas ciudadanas y ramificaciones del 15-M se movilizaron para exigir la “abolición de la Monarquía”. El economista, politólogo y escritor madrileño, Juan Carlos Monedero expresa sus razones para apoyar este “Jaque al Rey”: “El rey fue el garante pactado por militares, burócratas del franquismo y los Estados Unidos (además del mismo Franco) de que la democracia llegaría a España sin pedir cuentas a los responsables del golpe de Estado de 1936 y sin exigir responsabilidades a los que mantuvieron a España bajo una dictadura durante 40 años. Esa impunidad política devino en impunidad económica, social, política, etcétera. Si los responsables de la dictadura podían ser los responsables de la democracia, ¿qué freno iban a tener? Eso explica que el rey, que carecía de patrimonio, sea hoy una de las personas más ricas de España. Como financistas de esa fortuna están los grandes empresarios, banqueros y constructoras que vieron en el rey la coartada perfecta para el entramado corrupto que hoy sufrimos. Igualmente, el rey es el referente de una versión de la historia de España donde no existe el pueblo ni la lucha por la democracia y, mucho menos, la lucha por la República. El ejemplo más claro fue ver al Borbón dando lecciones a los españoles con motivo del aniversario de la Constitución de Cadiz de 1812, dejando de lado el papel del pueblo –ejemplificado en Rafael de Riego exigiendo a Fernando VII acatar la Constitución–. Esa lectura interesada de la historia de España coincide con la interpretación de la derecha, que tiene un relato sin fisuras que sostiene su privilegio y su desprecio por las formas democráticas”, explica Monedero.


Seis observadores de la OSCE (Organización para la Seguridad y Cooperación Europea) que habían llegado a España para evaluar el derecho de reunión y manifestación y pretendían supervisar con los ministerios de Interior y Exteriores, así como con la delegación del Gobierno y con los convocantes de la marcha “Jaque al rey”, fueron invitados por el Gobierno a abandonar el país. El Ejecutivo les comunicaba el viernes pasado que consideraba la marcha anticonstitucional y que lo mejor era que se fueran. La OSCE emitió una nota de queja y se preguntaba por “las intenciones” de las autoridades españolas. Entre ellos estaba Omar Fisher, el subdirector de Derechos Humanos de la OSCE, quien había llegado a España acompañado de Irina Urumova, asesora en derechos humanos de la institución y cuatro expertos: Aleksandra Dloubak, Bartlomiej Lipinski, Marcin Jezulin y Yevgenia Aretisova. Todos ellos pretendían reunirse con representantes de los ministerios de Exteriores e Interior, con la Defensora del Pueblo, la Delegación del Gobierno y los convocantes del “Jaque al rey”. El responsable del Ministerio en las relaciones con la OSCE, Juan Armando-Andrada Vanderwilde Parada, les comunicó que el Gobierno consideraba la manifestación como un acto anticonstitucional y que por esta razón lo mejor era que se fueran de España. El mismo viernes, la OSCE publicaba en su web una nota en la que mostraba su decepción por la decisión de las autoridades españolas. “Como cualquier miembro de la OSCE, España se ha comprometido a garantizar el derecho de reunión y el trabajo de los observadores es crítico para asegurar que se respeta la libertad”, dijo Janez Lenarčič, para quien resultaba “sorprendente este giro radical” teniendo en cuenta que “nuestra oficina siempre ha tenido una buena cooperación con España”. El director la Oficina para las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos añadía, de modo contundente: “La repentina oposición de las autoridades españolas provoca cierta preocupación por las intenciones que puedan tener mañana”. La OSCE llamó a las autoridades a asegurar “el respeto a la libertad de reunión, en la línea de los compromisos de la OSCE y otros estándares internacionales de los derechos humanos”.
 

He aquí cinco portadas de Lansac Films. La primera, formada por tres ex presidentes del Gobierno: Felipe González (PSOE), José María Aznar (PP) y José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE). Y el actual, Mariano Rajoy (PP), el único que se muestra con la lengua afuera. En la siguiente, Rajoy encuentra su oportunidad en el caos. Cristóbal Montorín, el bufón de la Corte del PP. El PSOE prepara, por su parte, la jubilación de Rubalcaba. Por último, el asombroso mundo de José Mari y Anita.




 
En el humor de esta semana, nos acercamos a Peridis, Vergara, El Jueves, Erlich, Pat y a otros dibujantes humoristas.










 
Pep Roig nos muestra: Matemáticas a conveniencia, Matador por decreto, Bauzá, el crispador absoluto, Prepotencia mayormente absoluta, y Un caso de abuso de menores.





 
 
Terminamos con cinco vídeos. En el primero, el ministro de Industria, José Manuel Soria, en referencia a algún decreto que podría dictar el Gobierno de Canarias, asegura que “aunque el gobierno regional adopte un decreto diciendo 'El meridiano de Greenwich no pasa por Canarias', es que el meridiano de Greenwich va a seguir pasando por Canarias”.



En el segundo, el quinteto Chamorro, compuesto por Joan Chamorro (contrabajo), Eva Fernández (saxo alto), Iscle Datzira (saxo tenor), Joseph Traver (guitarra), y Olivier Rocque (batería), unido a Andrea Montis (voz y trompeta) forman un conjunto de ensueño, como podrán apreciar.



Como inicio de este otoño que acaba de empezar, no estaría mal que recordáramos a Miles Davis en
Autumn Leaves (Hojas de otoño)



El gobierno del PP de Bauzá i Camps está demostrando estar ciego, sordo, insensible y mentiroso ante las protestas de la sociedad por la imposición del TIL sin consenso alguno y poniendo en peligro el futuro de la educación.


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