miércoles, 16 de octubre de 2019

Gobierno e indígenas llegan a un acuerdo que termina con las protestas en Ecuador.


 Manifestantes marchando contra las políticas adoptadas por el Gobierno del presidente Lenin Moreno, en el centro de Quito (Ecuador).


Octubre arrancó en Ecuador con el anuncio de una serie de medidas de ajuste económico por parte del presidente, Lenín Moreno. Medidas conocidas como el “paquetazo”, que contemplaban, entre otras cuestiones, una reforma laboral y la eliminación de los subsidios a la gasolina y el diésel (por primera vez en cuatro décadas). Lo que fue determinante para el inicio de las movilizaciones y las protestas contra el gobierno ecuatoriano. Como antesala al “paquetazo”, el Decreto 883 como parte del acuerdo alcanzado en febrero con el FMI, organismo multilateral que afirmaba que estas medidas económicas “tienen como objetivo mejorar la resiliencia y sostenibilidad de la economía ecuatoriana”. Era una de las condiciones para que el FMI concediese a Ecuador una línea de crédito de 4.000 millones de euros.

La escalada de la violencia se acrecentó en este país con lamentables episodios que han dejado varios muertos y cientos de heridos y detenidos, principalmente en la parte andina del país, donde se concentraron las protestas. Así, y con el gobierno “exiliado” en Guayaquil, según la Conaie llegaron a Quito alrededor de 20.000 personas procedentes de diferentes comunidades indígena, movilizándose contra el “paquetazo” y la acción militar. El Ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, llegó a decir que las Fuerzas Armadas tenían derecho a la autodefensa. Pero organizaciones de derechos humanos denunciaron los abusos y se desconocen las cifras exactas de víctimas mortales y heridos durante la primera semana de protestas. El único dato oficial por parte del Gobierno fue el de 570 personas detenidas.

Tras diez días de encarnizadas protestas, el Gobierno y los indígenas ecuatorianos llegaron el domingo pasado, a un acuerdo mediante el cual se derogará el decreto 883, se frenará la ola de protestas. “Una comisión elaborará el nuevo decreto”, anunció Arnaud Peral, el coordinador de las Naciones Unidas en Ecuador, tras varias horas de diálogo entre las partes. La comisión estará integrada por las organizaciones del movimiento indígena participantes en el diálogo y el Gobierno, gracias a la mediación de las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana “Con este acuerdo se terminan las movilizaciones y medidas de hecho en todo el Ecuador y nos comprometemos de manera conjunta a restablecer la paz en el país”, reza el texto leído por el coordinador de las Naciones Unidas tras constatar que el país está en “una situación grave, dramática desde hace doce días. Y llegó el momento de la paz, del acuerdo, el momento de mirar el futuro para Ecuador”.

El jefe de Estado, Lenín Moreno, dijo solemnemente que el acuerdo ha significado “sin duda alguna, sacrificio de cada una de las partes porque eso es un acuerdo, el ceder de parte y parte”. Enumeró que “los indígenas han tenido más de 2.000 heridos, más de mil presos, alrededor de diez asesinados y más de cien desaparecidos en el país”, así como la “tortura de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional”. El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), una organización fundada en 1986, accedió al diálogo con el Gobierno. El presidente de la misma, Jaime Vargas, que dirige la movilización nacional y culpa a militantes del correísmo de los hechos de violencia, sostiene que se debe respetar la Constitución, entre otros aspectos, en el campo de la consulta previa antes de acciones sobre sus territorios.  En esa línea, pidió la renuncia de la ministra de Gobierno (Interior), María Paula Romo, y del titular de Defensa, Oswaldo Jarrín. “Solo así el pueblo ecuatoriano tendrá paz y libertad y tendremos la oportunidad de seguir dialogando para construir proyectos participativos, que beneficien verdaderamente al país y al pueblo”.

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