A mediados de julio pasado, se iniciaron negociaciones entre Aerolíneas Argentinas y Austral (mayoritariamente controladas por Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz Ferrán, vicepresidente y presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales) y el Estado argentino para la transferencia de acciones. Según el secretario de Transportes, Ricardo Jaime, el Estado paga los sueldos de las empresas aéreas a partir del 8 de julio pasado. “Hicimos esto para que no se paralizara la empresa y se generara un caos total en la Argentina”. El Gobierno pretende que se reconozca que ha habido una mala gestión. La empresa se queja de que se ha cortado su financiación justo en un momento en que sus condiciones económicas habían mejorado. Los propietarios españoles sospechan que, desde ese momento, nació un supuesto complot encabezado por el Gobierno argentino, que presionó tanto a los bancos como a los gremios.
El secretario de Transporte manifiesta su desacuerdo con el proyecto de quiebra de Aerolíneas presentado por la oposición y asegura que la deuda de la empresa no asciende a 800 ó 900 millones de dólares, sino que la exigible es de 186 millones, de la que se deben descontar 50 millones que son una deuda con el Estado. “Mientras se debate en el Congreso la compra por parte del Estado Nacional de ambas empresas -Aerolíneas y Austral-, lo que queremos es que la gente vuelva a volar”, dijo Jaime quien, según “La Nación”, estaría preparando el proyecto de ley para la nacionalización del 100% de los títulos de la compañía aérea, algo que fuentes sindicales tildan de “expropiación”, aunque el Ejecutivo prefiere evitar esta palabra “porque suena a Chávez”.
Marsans responsabiliza de la crisis a los sindicatos o gremios y a los gobiernos de los Kirchner. El Gobierno argentino exige a Vicente Muñoz, subdirector general de Viajes Marsans, el desembolso de 90 millones de dólares (56,5 millones de euros) para cubrir las operaciones de los 90 días. Éste se defiende ante la Cámara de Diputados: “El principal escollo que nos impide continuar al frente de Aerolíneas es la actual conducción sindical de los pilotos. Hasta que dichas personas no sean reveladas por otras más afines a la empresa, el problema no tiene salida”. Pero Julio De Vido, el ministro de Planificación, niega que el Gobierno esté dispuesto a pagar “cualquier cosa por AA, ni escapar de todos los organismos de control, incluido el Congreso. Y advierte: “No vamos a negociar de rodillas, sino de pie”.
El vicepresidente del sindicato de Pilotos, Pablo Biró, apunta contra los directivos, calificándolos de “gallegos y ladrones” y la mayoría de líderes sindicales apoyan la “reestatalización”. Por su parte, el principal partido de la oposición argentina, La Unión Cívica Radical (UCR), denuncia tanto a los directivos de Marsans como a los funcionarios del Gobierno de la peronista Fernández de Kirchner por el presunto “vaciamiento de Aerolínas Argentinas”. Gerardo Morales, presidente del Comité Nacional, les acusa del “delito de administración fraudulenta de los recursos que el Estado argentino cedió a Marsans, empresa que generó el vaciamiento de la compañía aérea”.
Cledis Candelaresi y Daniel Miguez, en un artículo publicado en el diario “Página/12”, aseguran que la nacionalización, pese a ser la solución más probable, choca con dos problemas: el precio de la línea aérea, difícil de establecer dado el nivel de endeudamiento, y la cifra que deberá aportar el Estado para conseguir las acciones de Marsans. “El Gobierno debe, además, gestionar las reclamaciones de los 9.000 empleados de Aerolíneas, organizados sindicalmente, que se han mostrado dispuestos a firmar una paz social por tres años si la empresa es nacionalizada”.
Tras la usura y la corrupción, vendrá la intervención, Más tarde, -de nuevo- la adjudicación y venta para poner fin a la falta de libertades, que nos devolverán de nuevo a la primera linea de este escrito. Y así sucesivamente. Los cambios sólo se producen en la autoría de los hechos. Ahora gallegos y ladrones, después quien sabe. Quizá peronistas. chiflos.
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