Licenciado en Historia, Doctor en Derecho, con Premio Extraordinario, letrado del Consejo de Estado con el número uno y profesor titular de Derecho de la Comunicación audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid, José María Michavila Núñez, fue un ministro español que brilló especialmente en la época de Aznar. Actualmente es diputado por Valencia, pero ni a él ni Ángel Acebes se prodigado en apariciones por las Cortes, habiendo prácticamente “desaparecido” del Hemiciclo desde el inicio de esta legislatura. El segundo aún no ha intervenido en el Parlamento y el primero lo hizo por última vez hace cuatro meses.
En cambio, Michavila sí es conocido por su actual ejercicio de letrado, pisando terrenos patanosos y prodigando su actividad allende nuestras fronteras. Alberto Borrego de Carlos y Andrés Jiménez Días, dos de los letrados de las Cortes adscritos al despacho EIUS Abogados, del ex ministro Michavila, han trabajado en una docena de pleitos, defendiendo al Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid), del que era alcalde Arturo González Panero (PP), hasta que dimitió hace unos días al verse implicado en caso Gürtel. Y, en el mismo bufete de abogados, también trabaja el portavoz de Economía del PP en les Corts Valencianes, José Marí Olano.
Hace unos días, la Comisión del Estatuto del Diputado, con la oposición del PSOE e IU, autorizaba a Michavila su actividad remunerada en la firma Michavila y De Fernando Family Office, una boutique de banca privada dedicada a gestionar los patrimonios de familias ricas, fundada por el ex ministro de Justicia en el 2007. Sin renunciar por supuesto al salario anual de unos 60.000 euros como diputado que sigue siendo de las Cortes. El otro socio fundador de la empresa con sede en la calle Claudio Coello de Madrid es Daniel García de Fernando, ex director general de BBVA, banca privada. Y a principios de este año, se incorporaron el consejero de Telefónica, Luis Colomer, y el presidente del conglomerado turístico Grupo Barceló, Simón Pedro Barceló.
Los socialistas querían saber si los diputados del PP, Ángel Acebes y José María Michavila, podían compatibilizar sus despachos de abogados con el acta parlamentaria. Los letrados del Congreso no encontraron ninguna incompatibilidad. Según ellos, Acebes y Michavila son “compatibles” y tienen luz verde para compaginar los dos sueldos que cada uno recibe en el sector privado con el salario oficial que cobran del Estado. Sólo los representantes del PSOE y de IU se opusieron y reclamaron que éste aportase más información sobre la naturaleza de su empresa, oponiéndose a ellos el resto de grupos. Gaspar Llamazares pidió el cambio del Reglamento del Congreso para endurecer las incompatibilidades y se negó a votar como gesto contra una ley que supone un “coladero” en todo lo que se aprueba.
Michavila es, además, representante de estrellas del espectáculo –entre ellas los cantantes Miguel Bosé, Alejandro Sanz y Shakira–, preside una fundación en favor de la educación infantil y viaja frecuentemente al extranjero por razones ajenas a su actividad parlamentaria. Sus constantes viajes por toda Europa no le dejan mucho tiempo para cumplir con las Cortes. Hasta el punto que su compañera y jefa de filas, Soraya Sáenz de Santamaría, lo habría llamado al orden por “su baja productividad” y tuvo que recoger por él el premio al diputado “desconocido” otorgado por los periodistas parlamentarios.
El ex ministro por el PP y ahora abogado famoso también se ocupa de cuestiones relacionadas con el mundo del arte. Representó al director holandés Menno Meyjes en el caso de la película Manolete, cuyo estreno lleva paralizado al parecer desde hace más de un año. La película, protagonizada por Adrien Brody y Penélope Cruz, ha tenido todo tipo de problemas. Ya no sólo por las críticas recibidas por los ecologistas sino que llegó a hablarse de problemas financieros de la productora, algo que influyó en la paralización del proceso de postproducción y consecuentemente en el retraso de su estreno.
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