Ana Luisa Durán, alcaldesa de Villablino.
En los años 90, el dinero
brotaba por las calles de Villablino, la capital de Laciana, donde la concesión
de coches eran negocios prósperos y las entidades financieras mantenían
abiertas una sucursal en cada esquina. Era el efecto de la minería, un sector
que daba empleo a toda la comarca, sirviendo de motor para el sector servicios,
y que alimentaba a una parte de la provincia de León. La zona era muy rica.
Cada día un nuevo negocio, un bar, una discoteca, un súper, tiendas de regalos…
Desgraciadamente, los tiempos
han cambiado. Y ahora, desde hace una década, Laciana agoniza, se muere. La
comarca sufre una lenta agonía. Ha recibido un “golpe mortal” porque el
“Gobierno no ha calculado la dimensión de las medidas que ha tomado”. Así lo
advierte Ana Luisa Durán, alcaldesa de esta localidad de 10.600 habitantes, en
la que hoy “todo el mundo está en paro”. Con la minería cerrada “aquí se ha
parado el motor de la comarca”. Y ahora los negocios agonizan por falta de
clientes.
Durán se enfrenta a uno de los peores momentos como alcaldesa. La
crisis del carbón ha puesto la cuenca al borde de la desesperación y la
situación de sus vecinos es su máxima preocupación. Reconoce que se han
desaprovechado las oportunidades de cambiar el rumbo económico de la comarca y
pide ayuda a Junta y Estado para que Laciana tenga futuro. Ella y el
resto de la corporación municipal alertan de que la situación es ya de
“emergencia social”. Tanto es así, que la corporación decidió no percibir sus
asignaciones de noviembre y diciembre para destinarlas a un fondo de ayuda. “Con
ello se creó una bolsa de 4.800 euros destinada a ayudas a las familias de
mineros necesitadas. Las familias se apuntan en el registro, se evalúa la asignación,
que puede estar en 100 ó 150 euros, o la cantidad que se precise, y la familia
recoge esa cantidad en alimentos en el supermercado”, asegura Durán. El
objetivo es prestar ayuda a quien hoy sufre un claro estado de necesidad. Necesidad
real que, salvo que se tomen las medidas de apoyo al sector, puede finalizar o
en un “estallido social”.
“La gente aquí ya no tiene nada
que perder, y cuando digo nada que perder es nada que perder –sentencia la
alcaldesa–. El Ayuntamiento tiene que acometer en los próximas semanas medidas
de urgencia para evitar los desahucios, porque en breve éste será el nuevo
problema al que nos tendremos que enfrentar”. De momento, según los cálculos de
Olga Santiago, concejal de Asuntos Sociales, hasta medio centenar de familias
percibirán ayuda en forma de alimentos. “Estamos ante una gran crisis social.
Una crisis sin precedentes. Unos 700 trabajadores del sector de la minería han
perdido aquí su empleo, no tienen ingresos, algunos ni siquiera cobran el paro.
La situación se hace límite y el Gobierno mira para otro lado. Hay mucha
desesperación”, insiste Ana Luisa Durán.
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