La lluvia no ha sido impedimento para que profesionales sanitarios se hayan dado cita este domingo en las calles de Madrid para apoyar la decimoquinta 'Marea Blanca'. Una “marea blanca” sanitaria
que volvió a manifestarse para pedir la derogación del real
decreto ley 16/2012 y que ha dejado fuera del sistema sanitario a 900.000
personas, en su mayoría inmigrantes irregulares. El Encuentro de Plataformas
por la defensa de la
Sanidad Pública , compuesto hasta la fecha por una 40
plataformas, asociaciones y entidades diversas, de las que la mayoría son
Plataformas Ciudadanas, se manifiesta cada tercer domingo de mes desde hace casi
dos años. La idea de crear este encuentro es unir fuerzas y sumar esfuerzos en
defender la Sanidad
Pública que el Gobierno del PP está empeñado en privatizar. Un encuentro sin más banderas, logos o colores que la de
esgrimir la defensa de una Sanidad Pública para todos, universal y de calidad.
En la vigésimo tercera edición de esta protesta
se pidió insistentemente la retirada del Real Decreto Ley de medidas urgentes
para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. “Un decreto
–declara Rosana Ashbaugh, portavoz de Patusalud– que no sólo puede costar
vidas, sino que afecta a la salud del
resto de ciudadanos de este país (además de los inmigrantes irregulares)
porque la sanidad pública no tiene control sobre las enfermedades infectocontagiosas
de esas personas. En la manifestación, también participaron miembros de la Asociación de
Inmigrantes de Madrid y de la Asociación Española de Enfermos de Hepatitis C
con las pancartas como: “Ningún ser humano es ilegal” y “No a los recortes en
Sanidad”, respectivamente.
Este último colectivo ha solicitado al Gobierno
que administre Sovaldi, un fármaco que se ha revelado
de gran eficacia para tratar los casos más graves de 'hepatitis c', pero que
tiene un coste muy elevado y que, de momento, no está financiado por parte del
Ministerio de Sanidad. Se trata de un nuevo tratamiento contra la 'hepatitis c'
cuyo coste ronda los 60.000 euros y que, de momento, no cuenta con financiación
por parte del Ministerio de Sanidad. Sin embargo, en algunas
comunidades, como en el País Vasco, el Servicio de Salud-Osakidetxa ofrece este fármaco a 14 personas. Jon Darpón, consejero de Salud,
explica que, a la espera de que el uso de este medicamento sea autorizado por
el Ministerio, su departamento ha empezado a suministrárselo a los enfermos más
graves. E indica que lo ocurrido ahora con la 'hepatitis C' ya ha pasado antes
con tratamientos para el cáncer o el sida.
El problema de salud pública de estas
características es como una bomba de relojería para la salud pública”. La
marcha del domingo paró frente al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad. Allí, la
Plataforma de Inmigrantes de Madrid leyó un manifiesto contra
la mencionada normativa. Su coordinador Juan Ricaldes Loayza apuntó que ellos
son “los más afectados” al retirarle “la tarjeta sanitaria a 900.000 personas
legales” en España. Y declaró que “lo estamos llevando muy mal porque la gente
enferma más y las personas desempleadas están entre comer cada día o comprar su
medicación”. “En este mes –añadió–, se
cumplen los dos años de su aprobación y ya se han registrado al menos 3 muertes
provocadas por la falta de control y tratamiento de las enfermedades
infecto-contagiosas, así como por su propagación. Muchas personas no puedan
tener seguimiento de enfermedades crónicas, impidiéndoles la posibilidad de
evitar complicaciones graves”.
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