El Sol de Soria, la Ley Mordaza, insultos y otras expresiones a voleo.

El ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria.

La movilización social conseguida para respaldar la denuncia por prevaricación contra Alberto Nadal, secretario de Estado de Energía, y por extensión contra su superior político, el ministro José Manuel Soria, fue, al principio, algo lenta. Hasta que entró en acción Avaaz, la plataforma global de movilización especializada en denunciar los abusos de poder y la corrupción de los políticos, se movió pesadamente. A partir de ese momento, este imparable movimiento ciudadano ‘online’  consiguió convertir la batalla del sector renovable contra el Gobierno español en ‘trending topic’ mundial. El mensaje colocado por Avaaz, a modo de carta en su web, rezaba así: “A la Fiscalía Especial contra la Corrupción y al Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy: Como ciudadanos consternados ante el aniquilamiento de las energías renovables a favor de las grandes eléctricas, exigimos la inmediata dimisión del ministro Soria y la actuación de la Fiscalía Anticorrupción para determinar en qué circunstancias, quién y por qué motivo se procedió a recortar 3.000 millones anuales a las energías renovables sin contar con informes técnicos que avalaran dicha medida”. Esta “comunidad activista”, conseguía en pocos días 143.000 firmas, que fueron aportadas a Anticorrupción. Poco después, era la Audiencia Nacional la que decidía admitir a trámite la querella contra los ex ministros de Zapatero, Miguel Sebastián y Elena Salgado, por no exigir a las compañías la devolución de los 3.400 millones de euros cobrados de más. Hoy, Plataforma y Fundación confían en conseguir más firmas aún, y esta comunidad lucha en infinidad de frentes: lo mismo respalda que se esclarezca la muerte, en el 2009, de 49 niños en una guardería de México que promueve el movimiento “Cero pactos con quienes ocultan a corruptos”, justo en el momento en el que se están definiendo los acuerdos de gobernabilidad en España, pasando por contribuir a la salida de Blatter de la FIFA. Ahora le toca el turno a la defensa de las energías renovables y a los abusos de poder que supuestamente ha practicado el Gobierno de Rajoy, en un sector que ha sido casi exterminado, según esta plataforma. “Hoy ya sabemos que Industria nos engañó, perpetrando un mortal recorte a las energías renovables de más de 3.000 millones de euros anuales, basándose en un informe que NO existía. Para justificarlo, el Ministerio contrató a dedo a dos consultoras. Una de ellas rompió el contrato. ¡La otra entregó su informe una vez que el recorte ya había sido aprobado! El gobierno está aún grogui tras el costalazo electoral y un numeroso grupo de organizaciones medioambientales, de consumidores y de otros sectores de la sociedad civil están a punto de presentar una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción” señala Avaaz en su web.

A principios de mayo, Vozpópuli publicaba el reportaje 'Colocaciones Soria SL' o los vínculos familiares del PP en el Ministerio de Industria. En él se demuestra que, entre el personal que trabaja a órdenes de  Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo, existen algunos vínculos familiares con destacados miembros del PP. El ministro canario situó a Ángeles Alarcó, exmujer de Rato, en Paradores de Turismo. Su jefa directa era la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego, esposa de Martínez-Pujalte,  y tenía en nómina como asesora a María Zaplana, una hija del ex ministro, Eduardo Zaplana. En ciertos ambientes, se asegura que su ministerio funcionó como una agencia de comunicación. Y se dieron algunas conexiones entre conocidos integrantes del partido gobernante. A raíz del estallido del caso Rato, quedaron en evidencia las relaciones empresariales entre Ángeles Alarcó, presidenta de Paradores, y su exmarido. En febrero de 2012, cuando el PP llega al Ejecutivo el PP, trasciende que Gela Alarcó sería la nueva responsable de la sociedad estatal. Con anterioridad, ella trabajó en los gobiernos de Esperanza Aguirre, como directora general de Turismo.  Tampoco está de más recordar las colocaciones de Soria. Se trata de los fichajes de unos paisanos del ministro para cargos diversos en organismos dependientes del Ministerio. El caso más conocido era el de Red.es. Tras el aterrizaje de Soria, llegaron a esta empresa pública varios canarios que, por supuesto, guardaban excelsas relaciones con el ministro. Fichó como Dircom a Teresa Cruz, ex directora de informativos en la radio canaria y que estuvo casada con Larry Álvarez, estrecho colaborador de Soria cuando hacía política en el archipiélago. En agosto de 2013, el titular de Industria eligió como director general de Red.es a César Miralles, hombre de su confianza al que ya había situado como director financiero de la misma entidad, quien ocupó diversos cargos en el Ejecutivo autonómico de Canarias cuando Soria era vicepresidente del mismo. El hueco que dejó Miralles en la parte financiera de la empresa pública fue para el canario Octavio Falcón. En noviembre de ese mismo 2013, Miralles fichó, como director de Economía Digital y Sistemas de Red.es, a Rubén Pérez Cudero, igualmente,  natural de Canarias y amigo suyo. Y,  en abril de 2014, el Gobierno explicó, gracias a una pregunta parlamentaria de UPyD, que toda la cúpula de Red.es, compuesta por el director general, el secretario general y seis altos cargos, entre ellos algunos de los enchufados por Soria, cobraba sueldos que iban de  93.500 euros anuales a 108.762, muy por encima de la retribución del presidente del Gobierno y de los ministros. 

El impuesto al Sol, del ministro Soria

Pero no es de los que trabajaron con Soria de quien queríamos hablar hoy, sino de sus relaciones con las energías renovables. El año pasado llegaron a la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea varias denuncias anónimas que alertaban de que las primas pagadas a las energías renovables en España podrían ser consideradas ayudas ilegales del Estado. Escondidas bajo el anonimato (Bruselas fomenta este sistema de denuncia para destapar prácticas ilícitas en la UE), estaban las grandes compañías eléctricas, que nunca han confirmado la autoría de esas denuncias. Se sabe que fueron ellas las que pusieron en la pista a la Comisión que, en un año, no movió ficha. El Gobierno del PP, de marcado carácter anti renovable, vio con buenos ojos este primer movimiento de alerta, mientras diseñaba el polémico hachazo renovable que, en junio de 2014, eliminó el sistema de primas y asestó un duro golpe a la retribución de todas las energías limpias. Había pasado un año y las denuncias seguía medio olvidada en algún cajón de Bruselas pero, en la primavera, el Ministerio de Industria y Energía, que se encontraba acorralado en el Tribunal Supremo ante la avalancha de recursos contra el recorte renovable, decidió pasar al ataque con una iniciativa que, en el sector energético, algunos calificaron de tiro en el pie. El Departamento que dirige José Manuel Soria notificó al Ejecutivo comunitario que las subvenciones que se habían pagado a las plantas renovables, residuos y cogeneración desde 2007 (superan los 40.000 millones de euros), podrían ser ayudas ilegales y pidió una investigación.

Lo que un año antes hicieron las grandes eléctricas sirvió de modelo a seguir por el Gobierno, al que el Comisario de Energía y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, echó un cable al anunciar públicamente que esa investigación ya estaba en marcha. La Abogacía del Estado lo confirmó ante el Supremo, a través de un escrito en el que señalaba que “las autoridades españolas han comunicado oficialmente a la Comisión Europea” que estas primas podrían ser ayudas del Estado. Sorprendió en el sector que hubiera sido el propio Gobierno el que acudiera a Bruselas para abrir un proceso que, en el peor de los casos, podría volverse contra España. Si se declaraban ilegales estas ayudas del Estado, ¿habría que devolverlas? ¿Quién las pagaría?, se preguntaron las miles de empresas e inversores renovables que operan en nuestro país. Pero lo que realmente buscaba el chivatazo de Industria era paralizar todos los contenciosos, denuncias y arbitrajes presentados ante el Supremo y ante organismos internacionales por decenas de miles de inversores renovables afectados por el hachazo de junio de 2014. Los procesos abiertos en el Alto Tribunal español se habían torcido en las últimas semanas para Industria, que fue obligada a presentar documentación adicional e hizo sospechar que se había legislado a sabiendas de que las normas aprobadas eran contrarias a la situación real del sector y sin utilizar los informes independientes que se pidieron para ello. Una vez aireada la investigación abierta en Bruselas, la Abogacía del Estado pidió que se suspendiesen todas las denuncias presentadas en España y en los Tribunales Arbitrales hasta que la Comisión se pronunciase sobre la supuesta ilegalidad de estas ayudas. Con esta jugada “urdida a la desesperada”, según fuentes jurídicas del sector renovable, tanto las grandes eléctricas como el Gobierno pretendían paralizar la andanada de recursos y denuncias que avanzaban en el Supremo y podrían dar un disgusto al Ejecutivo en pleno año electoral. Y Rafael Villaseca, consejero delegado de Gas Natural Fenosa y uno de los jefes del sector eléctrico más combativos contra las primas renovables, especialmente las pagadas a la energía solar, refrendó esta tesis: “Nos parece estupendo que Bruselas esté investigando si ha habido ayudas de Estado y profundice en el tema para unificar las políticas y saber así a qué atenernos”.

Con mucha ironía, el pasado 5 de junio, día Mundial del Medio Ambiente, el Gobierno presentaba el borrador de Real Decreto de Autoconsumo, que, en la práctica, era una apuesta clara por frenar el autoconsumo en nuestro país. El nuevo texto, propuesto por el Ministerio de Industria, obliga a los consumidores conectados a la red que quieran generar su propia energía a pagar un “impuesto al Sol”. Es decir, tendrán que pagar por duplicado los costes que tiene el sistema eléctrico: primero, cuando consuman energía de la red, y segundo, cuando consuman la energía que ellos mismos produzcan. Además, se les pone un sinfín de barreras administrativas y económicas. En el país del Sol, no tiene ningún sentido poner trabas a que la ciudadanía pueda producir su propia electricidad, con una fuente que es renovable, abundante y barata, y que, además, podría reducir nuestra dependencia energética, generar energía de forma sostenible y descentralizada y fomentar la economía ciudadana. Sin embargo, el ministro Soria, parece empeñado en proteger los intereses de las grandes empresas eléctricas, boicoteando esta forma de producir energía. “Por eso Greenpeace –reza la web Avaaz– te anima a que le pidas al ministro Soria que mire un poco más por la ciudadanía, un poco menos por las grandes eléctricas y que retire el borrador y con él, el ‘impuesto al sol’. ¿Y cómo hacerlo? Se abrió un trámite de audiencia pública del borrador, en el que todo ciudadano pudo enviar por email sus comentarios antes del próximo 24 de junio. Una vez enviada la alegación, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo podría ponerse en contacto contigo por correo electrónico para que aportases tu número del DNI o lo enviaras por PDF (se llama subsanación de defecto formal). En este caso, tenías la opción de enviar una copia de tu DNI o bien no hacerlo. En cualquier caso, habrás colaborado ya a dificultar y frenar la tramitación del nuevo proyecto de Ley contra el autoconsumo. ¡Gracias!”. La plataforma consiguió casi 200.000 firmas en solo 5 días para apoyar la denuncia por prevaricación que la Fundación y Plataforma renovables presentó en la Fiscalía Anticorrupción.

En sólo unas horas, al grito de #ElHachazodeSoria ¡Investigación y Dimisión YA!, este imparable movimiento ciudadano ‘online’ convertió la batalla del sector renovable contra el Gobierno español en ‘trending topic’ mundial. A un vertiginoso ritmo de 3.000 firmas online por hora, Avaaz consiguió casi 200.000 firmas de respaldo a la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción que, en principio, iban dirigidas sólo contra Alberto Nadal por presunta prevaricación en el diseño del hachazo renovable aprobado en junio de 2014. El mensaje colocado por Avaaz, a modo de carta en su web, rezaba así: “A la Fiscalía Especial contra la Corrupción y al Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy: Como ciudadanos consternados ante el aniquilamiento de las energías renovables a favor de las grandes eléctricas, exigimos la inmediata dimisión del ministro Soria y la actuación de la Fiscalía Anticorrupción para determinar en qué circunstancias, quién y por qué motivo se procedió a recortar 3.000 millones anuales a las energías renovables sin contar con informes técnicos que avalaran dicha medida”. La iniciativa de Avaaz se puso en marcha en coordinación con la Plataforma y la Fundación renovables, que en los últimos días pidió ayuda a este movimiento sin ánimo de lucro. Avaaz cuenta con 1,75 millones de socios en España y en sólo día y medio consiguió que más de 75.000 de ellos firmasen a favor de la denuncia sobre el hachazo renovable.

Esta “comunidad activista”, como ellos mismos se autodefinen, que cuenta con 41,5 millones de socios en todo el mundo (1,75 millones en España), consiguió en pocos días 143.000 firmas, que fueron aportadas a Anticorrupción. Unos meses después, no fue la Fiscalía pero sí la Audiencia Nacional la que decidió admitir a trámite la querella contra los ex ministros de Zapatero, Miguel Sebastián y Elena Salgado, por no exigir a las compañías la devolución de los 3.400 millones de euros cobrados de más. Ahora, Plataforma y Fundación confían en conseguir todavía más firmas, gracias al apoyo de Avaaz. Con un estilo similar al de Change.org., esta comunidad lucha en infinidad de frentes: lo mismo respalda que se esclarezca la muerte, en el 2009, de 49 niños, en una guardería de México, que promueve el movimiento “Cero pactos con quienes ocultan a corruptos”, justo en el momento en el que se están definiendo los acuerdos de gobernabilidad en España, pasando por contribuir a la salida de Blatter de la FIFA. Ahora le toca el turno a la defensa de las energías renovables y a los abusos de poder que supuestamente ha practicado el Gobierno de Rajoy en un sector que ha sido casi exterminado, según esta plataforma. “Hoy ya sabemos que Industria nos engañó –dice la Avaaz en su web–, perpetrando un mortal recorte a las energías renovables de más de 3.000 millones de euros anuales, basándose en un informe que NO existía. Para justificarlo, el Ministerio contrató a dedo a dos consultoras. Una de ellas rompió el contrato. ¡La otra entregó su informe una vez que el recorte ya había sido aprobado! Pero juntos podemos rectificar este disparate. El gobierno está aún grogui tras el costalazo electoral y un numeroso grupo de organizaciones medioambientales, de consumidores y de otros sectores de la sociedad civil, está a punto de presentar una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción”. Y lanza un mensaje a navegantes: “Si en las próximas 72 horas desatamos una inesperada tormenta ciudadana, podemos sobrecalentar la atmósfera mediática y ayudar a que se inicien las acciones necesarias para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades penales y políticas. También las del ministro Soria. Únete a la denuncia y compártela con todo el mundo”.

“En España el autoconsumo y el almacenamiento de la energía solar es un acto más criminal que el de derramar residuos radiactivos”. Con esta frase comienza Aísha Abdelhamid, un crítico artículo publicado en Planetsave, un medio de comunicación americano, que ridiculiza el sistema energético existente en el país. El trabajo,  publicado en Planetsave, asegura que este es “el mensaje implícito” en una ley recientemente elaborada por el gobierno –y que verá la luz en los próximos meses– que prevé multar de una manera mucho más agresiva a los ciudadanos y empresas que practiquen el autoconsumo eléctrico que a otros que realicen actividades mucho menos respetuosas con el medioambiente.  La autora del artículo, que se puso en contacto con la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), señala, además, que esta sería la única ley de autoconsumo en el mundo, una medida “creada solo para prohibir el desarrollo de esta forma de uso de la electricidad”. Según se explica en las líneas de la publicación, UNEF les aseguró que esta nueva medida será de carácter retroactivo ya que aquellos proyectos que no encajan dentro de los nuevos parámetros se convertirán en ilegales, incluso aunque anteriormente a la nueva legislación hayan sido aprobados de manera legal. En concreto, asegura, esta nueva ley requeriría que propietario y consumidor sean la misma persona, además de que las instalaciones no podrán superar los 100 kW. “Las infracciones de aquellos que no cumplan estas premisas serán sancionadas de manera realmente seria, llegando hasta multas de 60 millones de euros. Una cantidad que es el doble de lo que actualmente supone en España causar una fuga de residuos radiactivos, que se multa con tan solo 30 millones de euros”. José Donoso, director general de UNEF, sentencia en el crítico reportaje: “Hay una campaña ideológica contra la energía solar”. Y denuncia que existe “un lobby del sector energético que tiene una posición dominante en el mercado”. 

“Prevaricación, malversación y ahora desobediencia al Supremo: a Soria le llueven las acusaciones”, titulaba Hartos.org el pasado día 19 de junio. El artículo, de Baltasar Montaño, dice textualmente: “El sector renovable da un paso más en su batalla contra el Ministerio de Industria y Energía por el hachazo a la retribución de las energías verdes y otras normas polémicas como la del autoconsumo. La Asociación de Empresas de Energías Renovables-APPA, que agrupa a centenares de empresas de todos los sectores energéticos verdes, ha pedido al Tribunal Supremo que lleve al ministro de Industria, José Manuel Soria, ante la Fiscalía General del Estado por un supuesto delito de ‘desobediencia a la autoridad’ por negarse a cumplir los mandatos del Alto Tribunal. Concretamente, la patronal en la que militan gigantes como Acciona o Abengoa, entre otras muchas, ha presentado ‘un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo para que el alto tribunal traslade a la Fiscalía General del Estado, por si fuera constitutiva de delito, la conducta del Ministerio de Industria, Energía y Turismo-MINETUR de incumplir reiteradamente los plazos de entrega para completar el expediente sobre la retribución a las renovables’. Según las fuentes consultadas, Soria y su número dos, el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, se han negado en reiteradas ocasiones a aportar documentación sensible a los cientos de contenciosos abiertos en el Supremo por las denuncias de grandes, pequeños y medianos inversores y promotores renovables tras el hachazo de 3.000 millones de euros aplicado en 2014. Industria se niega a aportar al Alto Tribunal los informes fantasmas de las renovables y la metodología utilizada para aprobar el recorte de 3.000 millones. El Alto Tribunal ha dado plazos de diez días y ampliaciones de éstos para que Industria aporte documentos como los llamados informes fantasma (las dos versiones anteriores del elaborado por Roland Berger y el de Boston Consulting, que no gustó al Ministerio y provocó la expulsión de la consultora del proceso), así como la metodología utilizada para establecer los recortes a la retribución. Sin embargo, el Ministerio, con el respaldo de la Abogacía del Estado, ha estado jugando al despiste e incumpliendo estos requerimientos desde hace meses. Appa considera que ‘la citada documentación es esencial para una efectiva defensa legal en los recursos presentados contra la Orden IET1045/2014’, pero ‘el Ministerio no ha entregado el expediente solicitado’ de forma que, según los servicios jurídicos de la patronal, podría haber indicios suficientes para considerar que el Ministerio haya podido incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad’.

Acusan a Nadal y a Soria de prevaricación a la hora de diseñar y aprobar las normas del ajuste renovable de junio del 2014.

“Ya el 24 de marzo, el Supremo emitió una diligencia para pedir al Ministerio que completara en diez días el expediente administrativo con la documentación requerida, algo que no ha ocurrido. Pero Soria y Nadal no sólo están acusados de desobediencia. La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y la Fundación Renovables, con el apoyo de todos los partidos de la oposición excepto CiU y PNV, han presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en la que acusan a Nadal, y por extensión a su jefe político, de prevaricación a la hora de diseñar y aprobar las normas del ajuste renovable de junio de 2014. La denuncia, asesorada por el despacho especializado Holtrop, no ha incluido, por ahora, la acusación de malversación de caudales públicos al destinar 600.000 euros a unos informes que nunca se usaron, que elaboraron unas consultoras que fueron elegidas a dedo, sin concurso público. En la investigación que realice Anticorrupción, se admite a trámite la denuncia. Las nuevas acusaciones lanzadas contra Soria desde el sector renovable se producen en un momento en el que el ministro ha sido duramente criticado por sus propias filas desde su tierra, Canarias, y desde Castilla y León, por haber sido supuestamente el principal culpable de los batacazos electorales del PP el 24-M. Prospecciones petrolíferas en Canarias y ayudas al carbón en Castilla y León han sido dos banderas del ministro y son las que, según su propio partido, podrían haber provocado la desbandada de votantes del PP a otras fuerzas políticas. Pese a todo ello, el experimentado político canario suena con fuerza en las quinielas para ocupar un nuevo puesto de peso ya sea en el Gobierno o en el partido, si Rajoy decide a realizar los cambios esperados”.

 Jaume Fornés, presidente de ASINEM.

La patronal de los instaladores de Mallorca (ASINEM) presentó, hace unos días, una serie de alegaciones en contra del proyecto de real decreto que regulará el autoconsumo que, de no atenderse, “supondrá la práctica desaparición de este fenómeno, al gravar de una forma incomprensible” la producción de energía mediante placas solares fotovoltaicas o mediante cualquier otra forma de generación de energías limpias. Este “impuesto al Sol”  grava, según un comunicado de ASINEM, la independencia energética, la defensa del medioambiente y la voluntad del usuario de contribuir a la generación distribuida. Según apuntan, a los gravámenes citados hay que añadir la carga administrativa que supone poder legalizar este tipo de instalaciones que se verán sometidas al criterio de las compañías eléctricas a las que se les otorga la potestad de admitir o denegar nuevas instalaciones bajo “criterios de seguridad y calidad del suministro” en una inadmisible posición de juez y parte por parte de aquéllas. Desde ASINEM se cree que muchos de los actuales usuarios de este tipo de instalaciones “podrían verse obligados a desmantelarlas, dada la inasumible carga administrativa que conllevarían y dados los importantes gravámenes que deberá soportar” que, según afirman, multiplicaría por diez el período de amortización de su inversión. No obstante ello, la patronal prevé un corto recorrido a este proyecto de RD ya que no solo iría en contra de las directivas europeas que promueven instalaciones de pequeño tamaño y procedimientos administrativos simplificados, sino que “va en contra del proceso natural” en la evolución de la industria y el mercado”. La medida va incluso en contra de lo que, en el resto de países de nuestro entorno, se tiene asumido ya desde hace años, que el autoconsumo es un fenómeno imparable que acabará desarrollándose en nuestro país.

Lecciones de neolengua para sobrevivir a la Ley Mordaza: “A partir del 1 de julio, los de sangre roja tenemos que llevar un poco más de cuidado con la lengua. Por si acaso, aquí os traemos algunos ejercicios formales para que vayáis practicando eso del veto a la libertad de expresión, traduciendo algunos de los insultos más reconocidos de nuestra lengua a algo mucho más... bueno, a algo menos terrorista”. Así presentan en la web 'Lengua Azul' el nuevo curso que han iniciado de manera altruista para que el personal vaya sorteando los hachazos a las libertades más elementales que trae consigo la Ley Mordaza a partir de este primero de julio, cuando entra en vigor. La ley, aprobada el pasado mes de octubre merced al rodillo del PP en el Congreso, criminaliza actos como grabar a un antidisturbios apaleando a un manifestante o insultar a la Corona en las redes sociales. Aún quedan dos días para que empiecen a aplicarnos el garrote vil. A continuación, “algunos de los insultos más reconocidos de nuestra lengua a algo mucho más… bueno, a algo menos terrorista”.

 

Repasamos las fotomontajes de esta semana: Dejad de molestar; tres jóvenes españoles lanzan un kit para hacer eléctrica cuaquier bicicleta. (El ministro Soria los tiene en su punto de mira); un científico español de Harvard es uno de los mayores experto del mundo en quitosao, un material biodegradable que abre un escenario prometedor en industria y medicina; el sueldo “digno” de la alcaldesa del Peal de Becerro y el lapsus de Francisco Marhuenda, director de La Razón.

Pep Roig escribe en la “Ultima Hora” del miércoles “Como insultar al prójimo y no ser condenado en el empeño”, en la que dice: “En sentencia firme, la Audiencia de Las Palmas absolvió a un vecino de Telde que llamó ‘hijo de puta’ y ‘maricón’ a otro, porque estas son ‘expresiones ya integradas en el vocabulario’. En otra sentencia, una juez califica que llamar ‘hijo de puta’ a otro es una expresión grosera ‘que con el tiempo ha perdido su significado y ya no puede considerarse injuria’. En Catalunya, una empresa fue condenada a readmitir a un trabajador, o indemnizarlo con 6.493 euros, que había sido despedido por haber llamado ‘hijo de puta’ al gerente. El Tribunal Superior de Justicia dice que: ‘la degradación social del lenguaje ha provocado que las expresiones utilizadas sean de uso corrientes en determinados ambientes o en el marco de las discusiones’. El Juzgado número 5 de Madrid condenó por injuria grave al periodista Carlos Dávila a indemnizar con 5.000 euros al juez Pedraz al que llamó ‘cabrón’. Además, tuvo que pagar una multa de 9.900 euros y las costas del juicio. En cambio, la titular del juzgado número 61 de Madrid considera que llamar durante tres meses a una periodista, en programas de televisión: ‘Hija de puta, sinvergüenza, mala persona, mafiosa, mierda, basura, idiota, etc.’, no es delito ni atenta contra el honor, sino un espectáculo lamentable. Además de insultada, la periodista tuvo que pagar las costas del juicio. En contraste, ahora en Mallorca, el Supremo ha condenado al sindicalista Lorenzo Bravo a indemnizar con 6.000 euros a José Ramón Bauzá por haberle llamado ‘cerdo’ y ‘gilipollas’. Según los jueces, la libertad de expresión no ampara esos insultos, que atentan contra el honor del ‘president’ ”.

Tras el humor del Churro Ilustrado (Ay, estos griegos... ¡Si hicieran las cosas bien, como España!) recordamos el de Forges, Peridis, El Roto, J. R. Mora, Ferrán Martín, Alfons Löpez, Mel, Pat y Raúl Salázar.

Pep Roig, desde Mallorca, dibujó el humor semanal: Podemos esperar, A mejor vida, Propiedad privada, Lo mismo de siempre, Pecado general y Recetas interesadas. 

Entre los vídeos de esta semana recordamos, en primer lugar el cantado por La Bullonera: “Venimos simplemente a trabajar”…

 
Y hacemos un repaso del guionista, dibujante y animador español, Alberto González Vázquez, autor de los vídeos manipulados de “El intermedio” y de libros como "Humor cristiano".
 Alberto González Vázquez se pregunta dónde está la izquierda.
 Guión emitido en "El intermedio" (La Sexta) el 11 de febrero de 2015
 Veamos ahora una recopilación de los mejores "videos manipulados" de “El Intermedio”, relacionados con los políticos. ¡DISFRÚTENLA!
 
 Piezas de poesía emitidas en "El intermedio" (La Sexta) el 26 de febrero de 2015.