El Consejo de Europa tira de las orejas a España por su tibieza en la lucha contra la corrupción.

El último informe del GRECO traslada numerosas objeciones al Gobierno de Rajoy.

El Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) presentó un informe con once recomendaciones y considera que España sólo cumple siete de ellas de forma parcial, mientras que otras cuatro no las cumple en absoluto. El Consejo de Europa pide a España que los parlamentarios detallen en sus declaraciones de bienes los regalos que reciban y los viajes a los que sean invitados, así como las empresas donde tengan participaciones o acciones y sus ingresos por dietas o compensaciones.

Esta es una de las recomendaciones que Greco hace a España en su informe anual sobre la cuarta ronda de evaluación, dedicada a los parlamentarios, jueces y fiscales, que finaliza en diciembre de 2018. Su dictamen es que la situación de España es “globalmente insatisfactoria”. Sobre los parlamentarios, hace cuatro recomendaciones, de las que España no cumple dos: adoptar un código de conducta público y crear un sistema para constatar que son ciertas las declaraciones de intereses económicos, bienes y actividades complementarias que presentan los diputados y senadores. El Consejo de Europa valora que estén obligados a declarar sus actividades y sus bienes, pero echa en falta más detalles. Pide que se incluya información sobre las empresas en las que los parlamentarios tienen acciones o participaciones, los regalos que reciben, los viajes a los que son invitados, los tipos de interés que pagan por sus hipotecas y sus ingresos por actividades complementarias (incluidas dietas y compensaciones). El Greco toma nota de que en el Congreso se esté analizando cómo mejorar su autonomía, pero considera que la comunicación entre el fiscal general del Estado y el Gobierno debe realizarse de manera transparente, por escrito y con una publicidad adecuada. Valora que exista un borrador de código ético en caso de posibles conflictos de intereses de fiscales, pero queda a la espera de su definitiva aprobación, y pide un procedimiento específico para los procesos disciplinarios a los miembros del Ministerio Fiscal.

Respecto a los jueces, el Greco reitera que los miembros del Congreso no deberían participar en ninguna etapa del proceso de selección de los vocales del CGPJ y recomienda que se fijen por ley criterios objetivos para el nombramiento de los altos cargos de la judicatura. También pide que se amplíe el periodo de caducidad de los procedimientos disciplinarios contra magistrados. Fuentes del Ministerio de Justicia español indican que el Gobierno pretende ·avanzar hacia el cumplimiento pleno” de las recomendaciones del Greco, y destaca que ya existe una obligación de declarar bienes y actividades por parte de los parlamentarios, con asesoramiento jurídico por parte de los letrados de las Cortes. Las mismas fuentes hacen notar que profundizar en el detalle de estas declaraciones está sometido, en todo caso, al consenso de los parlamentarios, y destacan que se facilitan por la página web del Congreso y Senado. Por su parte, Justicia recuerda que ya se está discutiendo en el Congreso, a propuesta de Ciudadanos, una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para cambiar el sistema de nombramiento del presidente y los vocales del CGPJ y que no intervengan los partidos.