La masiva entrada de inmigrantes ilegales desbordó todos los
medios de que dispone el Ayuntamiento de Cartagena, cuya alcaldesa se ha
limitado a protestar por la falta de coordinación con la Delegación de Gobierno
Oleadas de pateras llegaron a las
costas españolas durante el 2017, rememorando la crisis de los cayucos de 2006.
Más de 21.468 consiguieron llegar a
España tras una travesía en cayuco y otros 5.473 lo hicieron a través de
fronteras terrestres. Según los últimos datos de la Organización Internacional
de las Migraciones (OIM), hasta el 20 diciembre, 26.941 inmigrantes arribaron a
territorio español, frente a los 13.246 de 2016.
Pese a ese aumento en las cifras,
las llegadas a España quedan lejos de las que registran otros países del sur de
Europa. En Italia, entraron a través de las costas 118.914 inmigrantes (181.436
en 2016) y acumula desde 2015 la cifra de 453.288 llegadas. Grecia, con una
cifra acumulada que supera el millón de llegadas en dos años (1.066.891),
registró este año casi 34.000 llegadas, frente a las 176.900 de 2016.
Una ola creciente pese al frío de
la estación invernal que no ha frenado su número creciente, contabilizando
fines de semana con más de 600 personas rescatadas. Expertos en el rescate de
migrantes atribuyen este aumento a la buena climatología que se prolongó hasta
bien avanzado el año y las redadas de la Gendarmería marroquí en los entornos
de las fronteras de Ceuta y Melilla. Pero, lejos de acoger a un número determinado
de inmigrantes, el Gobierno “dejaba tirados” el pasado mes de noviembre a 50
inmigrantes llegados en patera a las costas de Cartagena. El Ayuntamiento
denunció que los trasladó a la capital desde Motril en autobús y luego los abandonó
en la estación, “sin recursos y sin teléfonos”, tras haber pasado a disposición
policial después de su desembarco.
La decisión del Gobierno de
ubicar en la cárcel de Archidona (Málaga), aún sin funcionar, a la mayoría de
los 519 inmigrantes llegados a Murcia enervó a todos ellos, dado que la ley de
extranjería señala expresamente la imposibilidad de aplicar régimen carcelario
a los migrantes. Interior defiende su propuesta porque “el sistema ha
colapsado, y en lugar de campamentos que pudiéramos montar hemos optado por que
esas personas estén en un sitio con calefacción y duchas”, según explicó el
ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.
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