El presidente de la
Conferencia Episcopal Española (CEE), Ricardo Blázquez.
Un informe, elaborado por
el profesor Enrique Ruiz del Rosal hace un minucioso repaso por las cuentas
públicas de la Iglesia católica, destacando cómo, en situación de privilegio, “sigue
sacando cantidades enormes de dinero del erario público que se desvían para el
fortalecimiento de sus múltiples actividades. Ello, sin que el Estado realice,
a través del Tribunal de Cuentas o a nivel de transparencia en el Parlamento,
una fiscalización de su destino y de su uso”. En efecto, la Iglesia católica en
España, según la conclusión a la que llega la organización Europa Laica tras
analizar en profundidad la última Memoria Anual de Actividades de la
Conferencia Episcopal y comprobar los consiguientes privilegios fiscales, funciona
“como un paraíso fiscal”.
Entre otras cosas, y
según su propia memoria correspondiente al año 2017, la Iglesia recauda
anualmente 335 millones de euros en donativos sin control fiscal, lo que supone
un 36% de su financiación. El estudio, de más de un centenar de páginas, cifra
en no menos de 11.600 millones de euros, más del 1% del PIB de España, el
dinero que “se hurta” a los Presupuestos Generales del Estado con los distintos
privilegios fiscales, patrimoniales y económicos de la Iglesia en nuestro país.
Entre los puntos novedosos del informe se encuentra la información relativa al
Fondo de Reserva de la Conferencia Episcopal, que incluye dinero de los fondos
recibidos a través de la 'X' en la casilla del IRPF. Según Europa Laica, este
dinero es utilizado en “inversiones fiscales” de cuyo contenido no se informa.
Además de los 80 millones
que la Iglesia se llevó en 2007, el fondo cuenta con otros 85 que no se han
gastado en los últimos años (y cuyo destino tampoco se desglosa). En este
punto, la organización se apoya en una investigación que la revista Tiempo
publicó en enero de 2017, según la cual la Iglesia católica habría ingresado
unos 23 millones de euros como consecuencia de sus múltiples inversiones
financieras, que no habrían sido inferiores a 2.500 millones y que podrían
llegar hasta los 5.000 millones. “Ninguna información acerca de esta cuestión
se ofrece en la Memoria publicada por la Conferencia Episcopal”, lamenta el
informe, que sí da cifras estimativas de los ingresos financieros de algunas
diócesis.
El informe no sólo culpa
a la Iglesia católica de disfrutar de esta situación de “paraíso fiscal”, sino
que también apunta a otro lado: “El responsable de la situación de privilegio
económico que disfruta la Iglesia católica en España, denuncia Europa Laica, es
el poder político y, por tanto, los sucesivos gobiernos de nuestra democracia
desde hace 38 años”. Así, relata cómo “Felipe González concedió los conciertos
educativos, la asignación tributaria, la exención del IVA o los acuerdos con
las confesiones minoritarias; Aznar, el Plan de catedrales, la reforma de la
Ley Hipotecaria que favoreció las inmatriculaciones, las dos casillas en el
IRPF o la Ley de Mecenazgo; Zapatero, el acuerdo con la Iglesia para subir la
financiación en el IRPF o la contratación indefinida del profesorado de
religión; y Rajoy, la amnistía registral para las inmatriculaciones o la Ley
Wert”.
El problema, culmina
Europa Laica, “sigue siendo la connivencia y el clamoroso silencio cómplice del
Estado y de todas las Administraciones Públicas”. Y e objetivo debe ser poner
coto “al presunto enriquecimiento injusto o a las cantidades desconocidas
imposibles de cuantificar y procedentes de conciertos educativos o sanitarios,
que sirven para financiar tanto sus actividades económicas como las
asistenciales, así como a su propia estructura organizativa”.
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