Jordi Arasa, inspector de los Mossos, condenado a 2 años y cuatro meses de cárcel por aporrear a manifestantes del 15M.

Jordi Arasa, a la izquierda y sin casco, durante el operativo de desalojo del 15M en 2011.

La Audiencia de Barcelona ha condenado al subinspector de los Mossos d'Esquadra, Jordi Arasa a dos años y cuatro meses de prisión e inhabilitación para ejercer de policía por aporrear a indignados del 15-M durante el desalojo de la plaza Catalunya el 27 de mayo de 2011. La sentencia establece que el mosso, que fue ascendido el pasado marzo a jefe del Área Regional de Recursos Operativos (ARRO), deberá abonar 1.560 euros en concepto de indemnizaciones a cuatro de los denunciantes. También hacerse cargo de cuatro quintas partes de las costas procesales.

Arasa, conocido por los movimientos sociales de Barcelona por su dureza en las actuaciones, defendió durante el juicio que aporreó a varios manifestantes debido a su “resistencia activa” y para permitir que salieran los camiones de limpieza de dentro de la plaza. Aseguró que los golpes fueron de cintura para abajo, de acuerdo con los protocolos, pero a la vez reconoció que esto no siempre es posible. El tribunal concluye que los golpes de porra a los manifestantes que, sentados en el suelo de forma “pacífica”, intentaban impedir el desalojo de la acampada, no estaban “justificados en ningún caso”. La sentencia recoge el contexto en que los denunciantes sufrieron las lesiones: en el caso de una chica, describe que no estaba insultando ni agrediendo a los agentes, “sino que estaba sentada pacíficamente hablando con sus amigas, cuando de repente y, sin necesidad de uso de la fuerza alguna, el acusado Jordi Arasa se acercó a ella por detrás, le cogió por los pelos y le golpeó” con la porra. Señala también que otro manifestante estaba sentado "de forma pacífica, al igual que los que estaban junto a él", que ningún agente le ordenó levantarse, y que Arasa le pegó con la porra en las piernas y en la cabeza sin necesidad.

Las magistradas rechazan como atenuante que Arasa estuviese cumpliendo con su deber profesional porque en ninguna de las situaciones denunciadas hubo violencia por parte de los manifestantes, y consideran que “no hay ninguna justificación ni cabe ningún error en el acusado ya que no había ningún bien a proteger en ese momento”, por lo que, en ningún caso, estaba justificado que usara la porra. La sentencia señala que el lugar estaba lleno de cámaras de periodistas, y que en la causa se han aportado una gran cantidad de vídeos y fotos como prueba: “No hay ninguno en el que, por lo que se refiere a los hechos que nos ocupan, se observe a alguien –perjudicados o personas que les rodearan– agredir a algún agente. Ni uno. Ni tampoco acto de violencia, arrojar objetos a los agentes, insultos. No hay”. La querella que inició este juicio se presentó en diciembre de 2011, con 53 denunciantes, y por todo el tiempo en el que el proceso ha estado parado, también a causa de la muerte del juez instructor, las magistradas añaden a la condena el atenuante de dilaciones indebidas. La sentencia rechaza inhabilitar a Arasa para trabajar como mosso, tal como pedían las acusaciones, pero sí queda inhabilitado para cualquier empleo o cargo público durante el mismo tiempo que dure la condena.

Esta es la segunda condena que recibe el inspector de los Mossos d’Esquadra por su actuación en ese desalojo del 27 de mayo de 2011. La Audiencia de Barcelona le condenó en 2014 por una falta de lesiones al golpear de forma “desproporcionada” al luego diputado de la CUP David Fernández. Por ello tuvo que indemnizarle con 200 euros. Pese a todo, el inspector del cuerpo del ARRO de la policía catalana, ha anunciado que trasladará a Jordi Arasa a un nuevo destino, alejado del orden público.